Bolivia - Tariquía:
Reserva natural frente a
la ofensiva petrolera
30 de marzo de 2017
Reserva natural frente a
la ofensiva petrolera
30 de marzo de 2017
El despojo a comunidades
indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es
un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La
agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la
explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras, invasión
neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el
negocio petrolero.
Tariquía, es una reserva natural que está
atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG.
Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal,
la cual ha permitido no sólo abrir legalmente áreas protegidas a actividades
hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las
comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas
actividades: dinero = progreso = desarrollo.
Este supuesto desarrollo que traen las
regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de
cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de
otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y
especies enteras en otros territorios.
Tariquía: reserva
estratégica y protectora de las fuentes de agua
En declaraciones a la
prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los
ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía
lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento
técnico”. Aseguró
que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los
argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional
de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso
hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de
investigación: que la Reserva fue creada como tal por
su importancia hídrica y su
ecosistema único existente en el país.
DATOS.
Cuenta con una superficie de
|
Impulsada por grupos
ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala
indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades,
la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el
Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano, ecosistema de Yungas Andina, que
se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este
ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del
Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta
2002. Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre
casi el 90% de ésta, es húmeda y con la mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.:
55-56).
Como parte del gran
sistema hidrográfico de La Plata, la Reserva, según los estudios de PROMETA y
del Plan de Manejo del 2000- 2004, es catalogada como zona estratégica:
…estratégica desde el
punto de vista hidrográfico, ya que en su seno, y gracias a la selva que actúa
como un poderoso regulador hídrico, se originan numerosos ríos y arroyos que
forman parte de la
Subcuenca Norte de la Cuenca superior del Río Bermejo, la que
a su vez pertenece a la Cuenca del Plata (Ayala
Bluske, 1998: 47)
La reserva de
Tariquía, junto a la de Sama
y el Aguaragüe, “protegen las fuentes de agua más importantes” (Ibíd.: 18), así
como “protege la zona más representativa de la Selva Tucumano- Boliviana ”
(Ibíd.) Según el biólogo Donovan Osorio, la
zona sería un área de recarga hídrica.
Laureles, lapachos,
nogales, cedros, así como antas, zorros de monte, pavas, guacamayos, jaguares,
osos jukumari, carpinchos, tarucas, ocelotes, lobitos de río, loros aliceros,
pumas. En suma, según el Plan de Manejo, existirían por lo menos 1075 especies
de plantas superiores, 169 especies de mamíferos grandes y pequeños, 253
especies de aves, 62 especies de anfibios y reptiles y 65 especies de peces
contabilizados hasta 2004. Todos ellos pueblan la extensión de la Reserva, trece
están en la lista de especies en peligro de extinción.
Por la importancia de esta región, -al ser
única y la más extensa en su ecosistema en el país, al tener un estatus
internacional de vulnerable, al depender sus pobladores de la buena salud de
sus cuencas-, la RNFFT se creó para conservar la biodiversidad del ecosistema
de yungas andino, así como para “regular los caudales hídricos” de los ríos
Bermejo y Grande en Tarija. (Ayala Bluske, 1998)
Actualmente existen
22 comunidades campesinas,organizadas en sindicatos agrarios
dentro la reserva, relacionadas con las aproximadamente 33 comunidades de la
zona externa a la RNFFT, conocida como “de amortiguación”. Estas comunidades
viven de la ganadería y la producción agrícola. Existe como característica
histórica de la región, la práctica de la ganadería trashumante, que significa
trasladar al ganado a pastar a varios niveles de altura, de acuerdo a la época.
(Ayala Bluske, 1998) Estas familias, por lo general tienen propiedades colectivas o
pro indiviso. También se ha registrado emprendimientos exitosos en apicultura.
En los 90, de acuerdo
a los informes de PROMETA y al Plan de Manejo del 2000-2004, se señalaba que
las amenazas principales para la reserva eran: la extracción forestal, la
expansión de la frontera agrícola, la pesca con dinamita y sustancias tóxicas y
las actividades petroleras.
La ofensiva petrolera
La lucha actual de
comunidades campesinas en Tariquía por no permitir la actividad petrolera en la
Reserva, está inscrita en la ampliación del extractivismo petrolero hacia zonas
que son los últimos bastiones de ecosistemas amenazados, ciclos y mundos de
vida de comunidades indígenas o campesinas, cientos de especies de flora y
fauna.
El investigador Jorge
Campanini, en entrevista, afirma que en Bolivia desde fines del 2014, se
produce un golpe de timón a la política hidrocarburífera, al emitir el gobierno
una serie de reglamentos que abren paso a una ofensiva petrolera hacia áreas
protegidas y parques nacionales.
(Audio: Entrevista a
Jorge Campanini)
Ya del 2007 al 2012,
un lapso de 5 años, se calculaba que en Bolivia, la frontera petrolera había
crecido siete veces, es decir, se pasó de 2.1 millones de hectáreas el 2007, a 24,7 millones de
hectáreas el 2012, (769% de incremento), comprometiendo
en ese entonces 11 de las 22 áreas protegidas del país.
Los Decretos Supremos
2298, 2366 y 2400 aprobados todos por el presidente Morales consecutivamente en
el transcurso del año 2015, establecen no solo la apertura de áreas protegidas
y parques nacionales a actividades petroleras e hidrocarburíferas, sino que
implantan nuevas normativas y parámetros ambientales, así como la modificación del
derecho a la Consulta Previa, atribuyéndose el estado, el
derecho de decisión en caso de que no obtuviese respuesta de las comunidades
afectadas, (pudiendo ocurrir esto último por resistencia de dichas comunidades
a estos proyectos extractivos).
En la actualidad se
puede hablar de más de 30 millones de hectáreas abiertas a las actividades
petroleras según Campanini. Sin embargo, no sólo se trata de las áreas
protegidas y parques nacionales, y por consecuencia territorios indígenas
sobrepuestos a éstos, sino de una serie de reglamentaciones que flexibilizan
normativas y derechos reconocidos como el de la Consulta Previa.
La modificación a la
reglamentación ambiental avanzó más el 2016, es así que ahora, afirma
Campanini, se amplía la lista de actividades petroleras que no necesitan
licencia ambiental o consulta: a finales del año pasado, [2016] se ha emitido
un nuevo Decreto Supremo que lo que hace es ampliar la lista de actividades que
no requieren licencia ambiental o no requieren consulta, por ejemplo, dentro de
la gestión, la prevención y el control ambiental. Es decir, hay actividades
hidrocarburíferas, como por ejemplo la magnetotelúrica, entre otras actividades
de exploraciones preliminares o complementarias a una gran exploración, que
ahora no necesitan y no
requieren para nada pasar por los requerimientos ambientales de rigor.
El Plan de Manejo a
principios de los años 2000 señalaba, entre las amenazas en ciernes para la
reserva, que alrededor del 50% de la reserva Tariquía
se hallaba concesionada para actividades petroleras. Se menciona al bloque
Churumas, el pozo Cambarí y el Pozo San Antonio, como
parte de proyectos de exploración sísmica dentro de la reserva.
Los bloques San Telmo y Astillero, en disputa
actual en la Reserva
Tariquía , (el primero está como zona no tradicional, es decir
zona donde no había habido ninguna actividad petrolera previa), fueron ya desde
el 2007 declarados como áreas reservadas de interés hidrocarburífero a favor de
YPFB, mediante los Decretos Supremos 29130 y 29226 respectivamente, lo cual daba algunas pistas, ya en
los dos primeros años del gobierno del Movimiento Al Socialismo, del derrotero
que tomaría, posteriormente, la política de exploración y explotación petrolera
e hidrocarburífera.
(Audio 2: Entrevista a
Jorge Campanini)
Es en 2011 cuando se
autoriza que PETROBRAS realice un estudio que determinaría si se podía llevar
adelante proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera en San Telmo y
Astillero. El informe de PETROBRAS de 2012, según Campanini, certificó 4.4 TCF
de gas y miles de millones de barriles de condensado.
Cabe puntualizar que
la RNFFT, figura entre las áreas que el decreto
2366 de 2015 abría por ley a las actividades petroleras.
DATOS: Según datos del
gobierno las áreas San Telmo y Astillero tendrán una extensión de 210 hectáreas ,
calculándose que tendrían 3.4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural.
De ser exitosos los
resultados, se calcula que se invertirá en San Telmo 610 millones de dólaresy en
Astillero 608 millones de dólares.
La firma de un
contrato para el siguiente paso de exploración y explotación con permiso de la Asamblea Legislativa ,
continúa explicando el investigador del CEDIB, demora, y es en los años que van
del 2015 al 2017, cuando se firman dos convenios entre PETROBRAS y el gobierno,
donde los bloques San Telmo y Astillero quedangarantizados para la empresa
brasileña, a pesar de que no existe un acuerdo final.
Las autoridades
afirman que la afectación por la actividad petrolera será mínima entre un 0.03%
y un 00.4 de la reserva, (muy poco territorio a cambio de muchos beneficios,
dicen). El mismo ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, había afirmado que
las afectaciones serían “nada
frente a los beneficios que los recursos puedan proveer de estas áreas”.
Argumentos parecidos
esgrime el gobierno, en casos como el del Proyecto Hidroeléctrico El Bala –
Chepete.
Sin embargo, como se
observa en los mapas, las concesiones petroleras San Telmo, Astillero, así como
la de Churumas ,
afectan directamente la zona núcleo de la Reserva, de protección estricta, y a
zonas donde viven especies como el jukumari u oso andino, y el jaguar, entre
otras, declaradas en peligro de extinción.
Los bloques San Telmo
y Astillero, no son los únicos en la RNFFT. La Reserva
tiene cuatro proyectos petroleros. El investigador Jorge Campanini explica que
el Bloque Churumas, proveniente de la época neoliberal y homologado en el
gobierno del MAS, está concesionado a la empresa Chaco ,
provocando la preocupación en los pobladores. De la misma forma en el Bloque
Huacareta, al extremo norte de la reserva, la actividad petrolera es ejecutada
en una pequeña parte por BG, que
no es sino la empresa Shell, ampliamente cuestionada y
rechazada en todo el mundo por los casos de corrupción y contaminación que
ha ocasionado.
Y, si la versión
gubernamental sostiene que se tratará de ínfimas afectaciones al territorio,
algo que en realidad no se ha demostrado en el caso de otros casos de exploración
y explotación petrolera en distintas áreas protegidas, ¿por qué los pobladores
de la reserva no fueron debidamente informados desde un principio?.
Resistencia al despojo y a la actividad petrolera, y los métodos del estado para imponerla
El que autoridades de
estado no hayan transmitido a tiempo la información completa ni consultado a
las comunidades directamente afectada en la Reserva, -que es ya una
característica del actuar estatal en éste y otros proyecto extractivos y de
megainfraestructura-, provocó el estado de alerta y luego la movilización de
las comunidades campesinas en Tariquía.
En julio de 2015, una
vez aprobado el decreto 2366, representantes de Tariquía, declararon desconocer
y no haber sido informados por el gobierno sobre la apertura de actividades de
exploración y explotación petrolera en la reserva. Por lo menos
10 comunidades se reunieron aquella ocasión, para
firmar una carta mediante la cual exigían a las autoridades ser informadas al
respecto.
La información a la
población de la reserva sobre antiguos o nuevos proyectos de prospección y
explotación petrolera, es tan escasa, que muchos especulaban sobre si habrían
existido ya actividades hidrocarburíferas en Tariquía.
El Director
departamental de Tarija, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP),
Julio Guerrero, afirmó a fines de 2015, que las comunidades de Tariquía habían
aceptado los proyectos de exploración petrolera, porque les traerían beneficios
mediante compensaciones económicas. La población a través de su sindicato
campesino, exigió una reunión de información y debate para el 15 de noviembre
de 2015, con los ministros del área, que debió realizarse en Tariquía, sin
embargo, las
autoridades no asistieron presentando cartas de excusa.
Contrariamente a lo
que sostenía Guerrero, 10 comunidades de la Reserva Tariquía ,
en Magna Asamblea, el 27 de marzo de 2016, emitieron una Resolución para
RECHAZAR DE MANERA UNÁNIME el proyecto de exploración y explotación
de hidrocarburos en la reserva. Dirigentes y pobladores de
Tariquía habían evidenciado en visitas a zonas y parques nacionales vecinos del
Chaco, que a pesar de las promesas empresariales y gubernamentales, la
actividad hidrocarburífera no había llevado beneficios a las comunidades, y,
por el contrario, si había agudizado la sequía y contaminación de suelos y
agua. Por tanto, pidieron respeto de las autoridades a su decisión.
En este mismo lapso de tiempo, varios y diversos grupos de vecina/os de la ciudad de Tarija, comenzaron a organizarse para rechazar los proyectos petroleros en la Reserva, y apoyar a las comunidades en Tariquía. Hubo grupos relacionados con derechos humanos, jóvenes de la pastoral, mujeres, entre otra/os, quienes en su gran mayoría son voluntarios. También se plegó gente de la gobernación departamental.
Christian, de la
pastoral señala que su grupo se preocupó porque se dieron cuenta que la
provisión de agua de la ciudad de Tarija depende de la lluvia que se forma en
Tariquía, De la misma forma que, señala, en Tariquía se depende de lo que en
las ciudades se haga con los ríos que también pasan por la reserva.
Existe una especie de simbiosis entre la gente de la reserva y la gente de la ciudad, donde ambos vivimos de lo del otro. Lo que vayamos a hacer en el valle central en Tarija les afecta directamente a ellos, porque nuestro río Guadalquivir va y alimenta directamente las aguas del Rio Grande en Tarija, entonces lo que hagamos en la ciudad les afecta a ellos, y lo que ellos hagan en su ecosistema en el bosque en Tariquía nos afecta a nosotros, entonces nace una suerte de lucha conjunta donde los compañeros se paran fuerte. (Testimonio brindado en evento público organizado por el Cedib y Territorios en Resistencia, febrero 2017, en Cochabamba)
En esta perspectiva,
cuentan los activistas, solicitaron por su parte información a diferentes
instancias estatales desde 2014, sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas.
(Audio 3: Testimonio
Christian, activista en defensa de la RNFFT)
Según las personas que participan en las redes urbanas, el gobierno optó por ingresar a la reserva con un proyecto caminero, esperado por muchos años por los habitantes de Tariquía. Sin embargo, dicha vía, también se convirtió en el mecanismo mediante el cual el gobierno comenzó a difundir el proyecto sin un proceso claro de información ni de consulta a las comunidades que viven en
No hace mucho entra el
estado al municipio de Padcaya y comienza a socializar los proyectos CRIAR,
donde existe una contraparte de la comunidad y una contraparte del estado, y
pueda comprar maquinaria y puedan desarrollar de manera un poco más la
actividad agropecuaria, pero el estado les dice “como ustedes son reserva no
pueden acceder a este tipo de proyectos”, porque ellos ya se habían opuesto a
cualquier tipo de actividad de hidrocarburífera en un Voto Resolutivo, tras de
que el estado entra a intentar hacer firmar estos documentos en blanco,
entonces ellos se oponen y les niegan el acceso a estos proyectos, y así a
muchos otros (Testimonio ofrecido en el evento público organizado por el CEDIB
y Territorios En Resistencia, febrero de 2017 en Cochabamba)
El gobierno, a pesar
de la oposición de las comunidades, como describía el investigador Jorge
Campanini, firmó en noviembre de 2016 un convenio con PETROBRAS, denominado “Contratos
de servicios petroleros para las áreas San Telmo y Astillero”.
Ante este panorama, ya a principios de 2017, se llevaron a
cabo movilizaciones de los grupos urbanos y comunarios de Tariquía, en el
centro de la ciudad de Tarija, donde
también participó gente de la gobernación departamental, a
pesar de una postura más abierta de esta instancia el 2015 respecto a la
actividad petrolera en áreas protegidas[7].
Las movilizaciones de
los pobladores de la RNFFT, volvieron a exigir en enero de 2017, información
clara respecto a los
proyectos de actividad petrolera en Tariquía, evidenciando
de nuevo que hasta este año, no se había puesto a consideración de los
directamente afectados los detalles de dichos proyectos.
Si bien el ministro de
hidrocarburos, Luis Sánchez, había anunciado la posibilidad de hacer una consulta a las comunidades,
a la par, el gobierno inició una campaña contra las organizaciones que apoyan
la resistencia campesina en la Reserva.
Abundaron las
acusaciones de las autoridades contra la institución dependiente de la iglesia,
Cáritas, acusándola de promover el conflicto[8],
así como la descalificación pública de los argumentos de la gente que se opone
a la actividad petrolera en la
zona. El ministro Sánchez declaró que las personas opuestas a
la exploración y posible explotación en los bloques San Telmo y Astilleros eran mentirosas y “anti-tarijeñas”.
De otro lado, al
tratar de convencer a los pobladores de Tariquía de las bondades de los
proyectos petroleros, autoridades de estado han llevado a éstos, a observar
directamente trabajos de exploración inicial magnetotelúrica de otros proyectos
cercanos, afirmando que éste método es no intrusivo
ni destructivo, lo cual sólo es una parte de la verdad
completa.
Afirma Campanini, que
los trabajos con tecnología magneto telúrica, además de haber sido legalizados
como actividad que no necesita licencias ambientales ni consulta, (o sea, les
otorgaría directamente una categoría de dispensación tres), son, casi siempre,
sólo un paso previo y a veces prescindible de las agresivas exploraciones
sísmicas 2d o 3d.
Los intentos de
dividir a las comunidades de base, las verdades a medias, las descalificaciones
a activistas, así como las promesas de desarrollo para el departamento y la
Reserva a través de las regalías petroleras, confirman hechos sustanciales: que
los recursos generados por la explotación petrolera que deberían beneficiar al
departamento no han generado una forma distinta de concebir el desarrollo ni la
economía, sino han agudizado una manera contaminante y destructiva de
explotación que está basada en la devastación socioambiental.
¿Desarrollo y
beneficios para quienes?
El ministro Sánchez,
afirma que por culpa de los “activistas políticos” que impiden el desarrollo de
los proyectos petroleros en San Telmo y Astillero, Tarija
perdería 2.877 millones de dólares.
No obstante, la
reciente nota de prensa del diario El País, de Tarija, “Indígenas
compran el agua y la comparten con sus animales”, es un reciente
testimonio esclarecedor de mujeres indígenas que sobreviven entre pozos
petroleros en el Chaco Boliviano: deben comprar agua para ellos, su familia y
sus animales, ya que, a pesar de vivir sobre pozos del “oro negro”, no tienen
acceso ni siquiera a un derecho básico como el agua. La deforestación por la
actividad petrolera también les obliga a ir a buscar leña a otros lugares,
porque, paradójicamente, siendo nominalmente dueña/os del territorio, tampoco
tienen posibilidades de conseguir garrafas de gas licuado de uso doméstico.
¿Quiénes pierden
realmente?
La lógica
extractivista, como hemos visto, aduce que a cambio de una pequeña afectación,
se darán beneficios económicos a través de compensaciones económicas o dinero
proveniente de la explotación petrolera, ¿Pero, es “pequeño” el daño, cuando se
trata de ecosistemas dependientes entre si, y cuando las exploraciones y
posible explotación se realizarán en la zona núcleo de alta fragilidad
ecológica?
Las “compensaciones”
en muchos casos también han servido para corromper y acallar resistencias.
La ofensiva petrolera
que ahora se instaura en la
Reserva Tariquía , avanza en varias otras reservas y áreas
protegidas.
Las supuestas
soluciones estatales a nuestra dependencia de la energía fósil, -las
hidroeléctricas-, no constituyen en realidad ninguna salida. Sin embargo, el
proyecto hidroeléctrico
Cambarí en el corazón de Tariquía, se cierne como otra amenaza grave para
la reserva.
Aunque algunas
instituciones y comunidades en Bermejo, -provincia Arce, Tarija-, aceptaron la explotación en la
reserva, la resistencia de los comunarios continúa, enfrentando las formas
en que el estado ingresa a las comunidades.
Es una lucha desigual
por la reserva que protege las fuentes de agua más importantes de Tarija,
donde, pese a la contaminación, la deforestación y los proyectos petroleros,
aún dejan su huella los jaguares.
________________
NOTAS
[1] Aún no existe una
reciente actualización del Plan de Manejo.
[2] El director del
Sernap en Tarija Además sostuvo que el daño ambiental sería mínimo, en un 10%
de la superficie total de la reserva. (http://enlace.comunicacion.gob.bo)
[3] Según la nota de El
País, especies como el jaguar, amenazadas por la cacería indiscriminada, se han
visto obligados a esconderse en la zona núcleo de la Reserva, zona también
amenazada a su vez por el proyecto hidrocarburífero. (http://www.elpaisonline.com)
[4] “Limborio Méndez
dijo que existe la versión popular de que hace tres años atrás se realizó en
Chiquiaca – O´connor “una exploración de la que nadie se enteró”. Por este
motivo piensan que el Gobierno ya sabe que hay muchas posibilidades de
encontrar hidrocarburos en la zona. (http://blogverdebolivia.blogspot.com/)
[5] A este respecto
surgieron cuestionamientos a la actividad del SERNAP, institución que debería
en teoría resguardar las áreas protegidas, puesto que por el contrario,
anunciaron la socialización de los proyectos de exploración y explotación
petrolera en Tariquía.( http://www.elpaisonline.com yhttp://www.cedib.org/ ).
[6] Las comunidades de
San Pedro Chillahuatas, Volcán Blanco, San José, Acherallitos, Junta Nuclear,
Puesto Rueda, Sindicato Agrario, Motoví y Pampa Grande.
[7] El gobernado Adrián
Oliva, a la par de pedir una consulta en Tariquía, también había afirmado el
2015: “El departamento tiene problemas para la generación de ingresos y, por
otro lado, tiene áreas que son protegidas, y que hay que conservarlas. Con el
debido cuidado se puede intervenir en ellas, porque si el área de acción es
menor al 4% no estamos afectando las mismas, más bien estamos garantizando que
mañana hayan más recursos” (http://www.paginasiete.bo/)
[8] La Diocesis de
Tarija rechazó estas acusaciones, aceptando que apoya la divulgación y cumplimiento
de la
Encíclica Papal Laudato Si´ del Papa Francisco (Aclaración
Pública, marzo 2017)
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