Paraíso transgénico II:
Una alfombra roja de mantengo
corporativo
impulsa
los transgénicos en Puerto Rico
14 de marzo de 2017
14 de marzo de 2017
Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo
Nadie consultó a los vecinos del municipio de
Juana Díaz, ni siquiera al alcalde Ramón Hernández, si las semilleras
multinacionales podían adueñarse de una tercera parte de sus mejores tierras
agrícolas, convertirlas en laboratorio transgénico y recibir exenciones
contributivas a costa de ingresar menos a las arcas del pueblo. “Aquí un
carrito de hot dog paga más patentes que Monsanto, que
gana millones”, denunció Hernández.
Frente a la plaza del pueblo, la tienda Pepe ’s vende
carteras, estolas y trajes, y desembolsó $2,421 en patentes municipales en el
año fiscal 2017. Eso es más de lo que pagó Monsanto, que sólo aportó $1,826 a
pesar de informar un volumen de venta de $22.6 millones sólo en Juana Díaz,
según la alcaldía. La
empresa está en la lista de las 500 corporaciones más ricas del mundo que
publica la revista
Fortune. Si el gobierno no le hubiera otorgado tasas
contributivas especiales a la multinacional, ésta habría pagado casi medio
millón de dólares al municipio en cinco años, como corresponde a cualquier
negocio con un volumen de ventas similar.
Durante
la década de la crisis fiscal en Puerto Rico, cuando la Isla se convirtió en el
primer centro de experimentos con semillas transgénicas, el gobierno regaló a
estas multinacionales más de $526 millones. Estos beneficios incluyen
descuentos en las patentes de Juana Díaz e irrigación para las fincas a precios
reducidos, así como tasas contributivas preferenciales, exenciones, incentivos
industriales, subsidios salariales y agua gratis de los acuíferos del sur. Así
lo reveló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras solicitar y analizar
informes del Departamento de Hacienda, la Administración para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales. Los números no incluyen el costo fiscal por reducción
de patentes en todos los municipios en los que operan semilleras como Illinois
Crop Improvement Association, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences, Bayer
CropScience, Dupont-Pioneer, AgReliant Genetics, Mycogen Seeds y RiceTec.
¿Valió
la pena dar esos incentivos? ¿Ingresaron a cambio más contribuciones al País?
El gobierno dio a las empresas 16 veces más de lo que éstas aportaron al fisco.
Las
multinacionales de biotecnología acogidas a exenciones contributivas de agricultores bonafide sólo
devolvieron a Puerto Rico $413,829 en impuestos entre 2005 y 2014, según el
Departamento de Hacienda, que hizo disponibles los números más recientes. Entre
las semilleras se encuentra 3rd Millenium Genetics, que se diferencia de las
demás por ser la única fundada en la Isla, y por haber apoyado en el
procesamiento de semillas de un proyecto gubernamental para el cultivo de
arroz.
Un
grupo de semilleras no identificadas por el Departamento de Hacienda se acogió
a contribuciones especiales de las leyes 135 de 1997 y 73 de 2008, por lo que
aportaron unos $31.4 millones en la misma década. Estos decretos resultaron más
efectivos que las exenciones de agricultores bonafide para ingresar dinero a
las arcas públicas, confirmó Edwin Ríos, secretario auxiliar para Asuntos
Económicos y Financieros en la agencia gubernamental.
Las
siete corporaciones de la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola
de Puerto Rico (PRABIA) crearon 3,385 empleos directos en el pasado año fiscal,
según Beatriz Carrión, directora ejecutiva de la entidad. Sin embargo,
las semilleras recibieron durante la crisis más de $37.2 millones de parte de
la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias para subsidiar
el salario de sus empleados. La agencia gubernamental les devuelve $2.72 de
dólares por cada hora de trabajo que pagaron a sus obreros no diestros.
Frank
Terhorst, Principal Ejecutivo Global de Semillas de Bayer, defendió las
operaciones de la multinacional como una oportunidad de traer conocimiento a
Puerto Rico sobre gestión empresarial agrícola. “No sólo creamos trabajo e
inversiones, sino que ayudamos a la comunidad a desarrollar sus destrezas para
la producción local”, dijo en septiembre de 2016, luego de inaugurar
instalaciones de la multinacional en Guánica y Sabana Grande, donde anunció
sobre 25 empleos. “Veo una situación en la que ganamos ambas partes cuando
traemos la tecnología más avanzada. Hay una oportunidad de aprendizaje. Creo
que la agricultura de Puerto Rico se beneficiaría de eso”, apuntó.
Todo
el sector de biotecnología agrícola invirtió $96 millones en su negocio en
Puerto Rico en el año fiscal 2015, según una encuesta del Instituto de
Estadísticas, lo que demuestra la estabilidad de las semilleras en medio de la crisis. La empresa
Syngenta Seeds arrancó el 2017 con una inversión de $6 millones para mejorar
sus instalaciones en Salinas y Juana Díaz.
El
Departamento de Agricultura no ha hecho un estudio que analice los beneficios
de esas inversiones versus el costo de las semilleras para un país que rodó por
el barranco de una crisis fiscal, y chocó con el impago a sus bonistas y
pensionados.
La
Junta de Control Fiscal, impuesta por EE.UU. para que Puerto Rico pague su
deuda, ahora le ordena al gobierno de la Isla establecer medidas de austeridad.
El País no tiene dinero ni para costear el plan de salud gubernamental que
asegura a 1.4 millones de ciudadanos. Se acrecienta hacia la metrópoli el éxodo
más grande desde la
Gran Depresión. La Universidad de Puerto Rico enfrenta la
posibilidad de recortes de $300 millones de su presupuesto. El Departamento de
Hacienda entregó el reintegro de los contribuyentes fuera de plazo durante dos
años consecutivos.
El
gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo en su primer mensaje ante la
legislatura que revisará los incentivos “obsoletos” que no representaran un
retorno de inversión. No accedió sin embargo a una entrevista con el CPI para
discutir el mantengo corporativo a estas multinacionales.
Hasta
la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación pública que tampoco ha
podido cumplir con los pagos a sus bonistas y acaba de subir la tarifa a los
abonados para conseguir el dinero que no tiene, ofrece tasas preferenciales a
siete semilleras. Encargada de suministrar el agua de los antiguos canales de
riego agrícola, cobra desde $2 por cada acre-pie (325,900 galones ) a
estas empresas, cuando al resto de los clientes industriales les factura entre
$163 y $325 por el mismo volumen. Así, el costo fiscal de ese subsidio a las
semilleras fue más de $6.3 millones entre 2006 y 2015, según información
suministrada por la AEE.
Bona fide, buena fe. El término latino refiere a un principio del
derecho que reconoce la honradez o veracidad de un asunto. El Departamento de
Agricultura, que certifica a las empresas comoagricultores bonafide para que puedan acogerse a exenciones,
envió a Juana Díaz las certificaciones de Monsanto y de Illinois Crop
Improvement Association. El alcalde Ramón Hernández las había solicitado en
2016, cuestionando que las empresas cumplieran con los requisitos para tener
ese privilegio. En la sala de reuniones de la alcaldía, Hernández puso sobre
una mesa una copia de la Ley de Incentivos Agrícolas de Puerto Rico, que otorga
este incentivo a quienes trabajan la tierra. Estaba señalado, con un marcador
amarillo, el Artículo 2-A-(b): indica que los bonafide han sembrado, cosechado y vendido el
producto agrícola. El Artículo 3 (b) (1) indica que el negocio incentivado es
para la producción de alimentos para seres humanos y animales, algo que no
hacen las semilleras, que exportan los transgénicos para desarrollos
subsiguientes fuera de la
Isla. Existe además una opinión del Departamento de Justicia
que establece que estas empresas no se dedican a la agricultura, porque llevan
a cabo investigación y desarrollo. Al no ser agricultores, el Gobierno les
permite controlar más del límite constitucional de 500 acres de tierra.
El
alcalde denunció entonces que, al dominar gran parte de las fincas agrícolas,
las semilleras afectan la capacidad de Juana Díaz para producir una economía
local del tomate, cebolla, mangó, plátano o cualquier otro alimento. “¿Y en una
emergencia, qué vamos a comer?”
El
objetivo de ofrecer beneficios para empresas extranjeras es crear una ventaja
competitiva; atraer inversión para una industria que no existe en el país o que
de lo contrario se quedarían en localidades extranjeras que ofrecen mejores condiciones
para este sector empresarial. La Asociación de la Industria de Biotecnología
Agrícola de Puerto Rico sostiene que esos incentivos son importantes para
asegurar la permanencia de las corporaciones que representa. Pero Puerto Rico
ya tiene la gran ventaja competitiva independiente a los incentivos, atractiva
para cualquier semillera: una temperatura anual promedio de 27 ℃ (80 ℉) en el sur de la Isla, que
permite llevar a cabo hasta cuatro cosechas cada año del maíz y la soya, cuando
en EE.UU. continental sólo pueden hacer dos.
“Los
incentivos son la salsa”, explicó Ed Baumgartner, en cuyo resumé destacan 21 años de experiencia en Dow
AgroSciences y la creación de la empresa 3rd Millennium Genetics en Santa
Isabel. “Las
semilleras en realidad vienen por el índice de calor, que es lo más importante.
Nos permite cosechar maíz en 90 días, más rápido que en Hawaii, donde toma unos
100, y que en Estados Unidos continental, donde toma unos 150 días. Se
necesitan unos diez años para desarrollar un nuevo producto de las semilleras.
Puerto Rico les permite recortar el proceso de investigación a la mitad”.
En
ningún otro estado o territorio de Estados Unidos, el país más liberal en
materia de cultivos modificados genéticamente y agroquímicos asociados a esos
cultivos, se puede encontrar esa ventaja competitiva natural que ofrece Puerto
Rico. Además, los envíos de semillas hacia América del Norte son más rápidos y
menos costosos que los de Hawaii, el principal competidor del Estado Libre
Asociado en experimentos transgénicos. En efecto, ocho semilleras extranjeras
ya se habían establecido en Puerto Rico entre 1983 y 2003, antes de que fuera
creada la Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola
de 2009. El estatuto instaura una política pública para poner la mayor cantidad
de incentivos posibles en manos de la semilleras, para que Puerto Rico “se
convierta en meca del desarrollo y establecimiento de la industria del
conocimiento en la rama de la agricultura”, indica el texto. La medida no exige
ninguna rendición de cuentas ni auditoría a las semilleras. Uno de los autores
fue el representante Carlos Johnny Méndez, quien ahora preside la Cámara de
Representantes, mientras que lo firmó el senador Thomas Rivera Schatz, actual
presidente senatorial, cuando ocupaba la misma posición en 2009.
“¿Para
qué entonces tender una alfombra roja multimillonaria de incentivos, si ya las
empresas hubieran venido de otra manera? ¿Por qué entregar la casa de
antemano?”, cuestionó Deepak Lamba Nieves, director de investigación del Centro
para una Nueva Economía, organización independiente que investiga y analiza
asuntos de política pública en la Isla. “La lógica corporativa es que Puerto
Rico tiene que hacer todo lo posible para proteger esos empleos. Eso es una lógica
de rehén. Si estamos anclando el modelo económico en empresas que nos amenazan
con irse a la menor provocación, pues eso no es un contexto para salir de
crisis. Las exenciones y los incentivos son importantes para competir con otros
países, pero es un mecanismo dentro de un plan de desarrollo económico, y en
Puerto Rico los incentivos se han convertido en la norma en lugar de
excepción”.
El
economista agrícola Parimal Choudhury, profesor retirado de la Universidad de
Puerto Rico, ha sido consultor durante 50 años en temas de agricultura en la
Isla, y entiende que no es buen negocio que los experimentos incentivados con
fondos públicos no resuelvan problemas de los cultivos puertorriqueños, que las
corporaciones usen las mejores tierras para experimentos en lugar de producir
comida y que devuelvan menos a las arcas de lo que reciben. “Tenemos que subsidiar a
las empresas locales que producen comida en vez de dar subsidios a la
biotecnología agrícola”, opinó Choudhury. “Cuando el 80% de la comida de los
puertorriqueños viene de afuera del País, tenemos un problema. Siempre hemos
dado subsidios, pero no están enfocados en incentivar la producción ni en
resultados”.
El
alcalde Ramón Hernández considera una “jaibería” estos incentivos. “No estamos
en contra de ninguna empresa. Pero es injusto que paguen tan poco. Los
municipios no participamos al momento en que el gobierno central le otorga
decretos”, continuó. Se refería a cómo los tratos contributivos preferenciales
afectan la capacidad de recaudación municipal y no se traducen en la creación
de riqueza local. Y reclama que el Departamento de Agricultura evalúe la
calidad de los empleos creados por estas corporaciones, que en su mayoría son
temporales. “El dinero de las semilleras no se queda aquí, se va a la matriz
fuera de Puerto Rico. Así es imposible que el país eche pa’ lante”.
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