La codicia por la
tierra en Paraguay
Por Santi Carneri / Resumen Latinoamericano /02
de Marzo 2017.-
Las
fértiles tierras agrícolas del país se concentran en manos de unos pocos
latifundistas que expulsan impunemente a sus habitantes para producir soja y
ganado bovino
Las fértiles
tierras agrícolas de Paraguay se concentran en manos de unos pocos
latifundistas que expulsan impunemente a sus habitantes para producir soja y
ganado bovino, los principales productos de exportación del país sudamericano. Un 2,5% de la población de Paraguay concentra el 85% de sus tierras
agrícolas, lo que lo convierten en uno de los países con
más latifundios de América Latina y del mundo.
Entre 2004 y
2014 el precio de una hectárea de suelo paraguayo de la región más productiva
aumentó de 200 dólares a 1.200 o más. En las zonas más fértiles y con
infraestructuras viales desarrolladas los precios pueden alcanzar los 15.000
dólares por hectárea.
“¡Avancen!
¡Avancen! ¡Avancen!”. Así gritaba el jefe de un batallón de 150 policías con
escudos, cascos, porras y escopetas desplegado frente a una asamblea de 50
campesinos. Las familias labriegas reunidas con sus niños bajo la sombra de un
gigantesco mango no tuvieron tiempo de reaccionar: “¡Vamos a hablar!”,
suplicaban sin efecto algunos, mientras veían venir los porrazos.
“No escucharon.
Empezaron a agarrar a las señoras, a otro le quebraron la cabeza y nos tuvimos
que esconder”, cuenta Milcíades Añazco, un labriego paraguayo de 30 años que
vive con su esposa y sus dos hijos en una pequeña porción de tierra colorada
cubierta de frutales en Guahory, distrito de Tembiaporã, departamento de
Caaguazú, a 250
kilómetros de Asunción y a solo 80 de la frontera con
Brasil.
La
comunidad, a la que solo se llega por caminos de tierra, está siendo asediada y
destruida impunemente desde el pasado septiembre por latifundistas vecinos de
origen brasileño, según denuncian sus habitantes, la principal organización
civil del campo, la Federación Nacional
Campesina (FNC), y parlamentarios de los tres principales
partidos que han acudido al lugar para intentar frenar los enfrentamientos.
Dos
de cada 10 paraguayos ingiere menos calorías de lo necesario para llevar una
vida sana
“Con
la connivencia de la fiscalía del distrito y de la Policía Nacional
los brasileños vienen y destruyen nuestros cultivos y nuestras casas. Después
vienen los cascos azules a pegarnos y robarnos lo que queda”, dice Añazco
mientras va señalando sus 15 heridas de balín en las piernas, nalgas, pecho,
hombro y las marcas de culatazos en la espalda.
El
3 de enero, tras sabotear la asamblea vecinal, los agentes persiguieron a las
familias campesinas en una desigual batalla campal hasta el terreno privado y
la modesta vivienda de madera de Añazco, donde una veintena de mujeres y niños
se refugió junto a algunos hombres.
“Salí
a decirles que esto era propiedad privada y que no iban a entrar. Prohibido.
Hay criaturas. Vamos a hablar. Pero ahí volvieron a atacar”, narra el
campesino. La respuesta de los policías fue derribar la resistencia a patadas.
Tiraron gases lacrimógenos y cuando toda la gente comenzó a salir de la casa
para no asfixiarse, los persiguieron otra vez y les dispararon con balines de
goma. La gente corría por las inmensas plantaciones de soja para escapar de las
balas.
Al
día siguiente del desalojo todavía estaban impresas en la puerta blanca de la
casa de los Añazco las marcas marrones de las botas policiales. Las
pertenencias de la familia quedaron destruidas: la motocicleta, su antena
parabólica y todo el mobiliario. Además, robaron una cartera con 600.000
guaraníes (unos 100 euros) y todos los documentos. A su hijo de 10 años le
pegaron tan fuerte en la mano que lo tuvieron que llevar a Asunción para ser
atendido de urgencia por una fisura.
“Esposaron,
rompieron bocas, cabezas. Nos maltrataron mucho. A todos los que agarraban les
daban y les subían a la patrullera y se llevaban las motos, todo. Las señoras
les gritaban: ‘¡Aquí hay criaturas, nos rendimos, no hacemos nada!’, pero igual
les pegaban”, recuerda Añazco.
La
Policía aseguró que intervino por orden de la Fiscalía que afirma que los
campesinos ocupan ilegalmente tierras de los brasileños. También acusa a los
labriegos de entrar en las plantaciones de soja de los brasileños para bloquear
el paso de sus máquinas e impedir que fumiguen con agroquímicos.
Sólo
el 6,3% de la tierra cultivable se dedica a la producción familiar campesina,
una cantidad insuficiente para abastecer de frutas y hortalizas a todo el país
Tierra muy fértil,
pero muy mal repartida
En Paraguay
el 80% del campesinado, aproximadamente un 35% de la población de unos siete
millones de habitantes, no posee tierras. Mientras las vacas ya duplican a la
gente, dos de cada 10 paraguayos ingieren menos calorías de lo necesario para
llevar una vida sana. Las tierras más fértiles han sido deforestadas y ahora
son o pasto para vacas o plantaciones de soja transgénica porque el agronegocio
es muy rentable y aporta más de un 30% al producto interno bruto del país.
Solo el 6,3%
de la tierra cultivable se dedica a la producción familiar campesina, una
cantidad insuficiente para abastecer de frutas y hortalizas a todo el país, que
se ha acostumbrado a importar desde Argentina y Brasil alimentos que podrían
ser producidos por su campesinado, según datos del Centro
de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), una
organización no gubernamental.
Guahory
representa un paradigma de la situación de muchos rincones de Paraguay. Este lugar, que originalmente era una selva subtropical con monos y
jaguares, se ha convertido en una llanura limpia, sin árboles,
donde solo hay plantaciones de soja cuyo fin no se ve en la línea del
horizonte. El asentamiento campesino ha quedado en medio de un siniestro mar
verde de plantas de soja por donde no suele pasar un alma a menos que sea en un
gran tractor para fumigar.
La cría de
ganado y las plantaciones de soja para exportación son la norma en el campo
paraguayo, por eso el país sudamericano es el cuarto exportador de soja y el
sexto de carne bovina del mundo. Pero esas riquezas están en manos de una
pequeña minoría. El 2,5% de la población es dueña del 85% del suelo productivo
de Paraguay, según Oxfam.
El caso Guahory
El
2,5% de la población es dueña del 85% del suelo productivo de Paraguay
La comunidad
de Guahory es un oasis de árboles frutales y palmeras en medio de ese desierto
verde. Pese a que, contraviniendo la ley, la soja de los latifundios llega
hasta los caminos sin que haya una barrera de árboles que frenen los tóxicos de
uso obligado para estas producciones, unas mil personas muy jóvenes, con muchas
niñas y niños, vivían aquí arando su propia tierra de forma tradicional con
agua de pozo y animales de granja.
El
asentamiento ubicado en pleno corazón de la producción sojera de Paraguay, con
más de 30 años de historia, está creado sobre tierras estatales y ha sido
invadido en tres ocasiones desde el pasado septiembre por los terratenientes
vecinos de origen brasileño que reclaman la titularidad de las tierras ante la
justicia paraguaya.
Según
denuncian los campesinos, los colonos brasileños, dueños de cientos de
hectáreas de cultivos de soja en la zona, destruyeron con sus propias máquinas
y tractores las cosechas de alimentos de las familias locales.
Así ocurrió
en septiembre pasado, cuando los labriegos de Guahory fueron desalojados por
primera vez por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin
orden judicial, según denuncia la Codehupy.
“Las
familias campesinas paraguayas pagaron por las tierras y sus trámites se
encuentran en distintos niveles, los productores brasiguayos habrían pagado
millonarias sumas a la Policía para ejecutar el desalojo”, aseguró la Codehupy
en un informe en enero.
El Gobierno
paraguayo dice que las tierras son de los brasileños
Los
desalojos también afectan a los pueblos indígenas, que son expulsados
continuamente de sus tierras ancestrales
El titular
del gubernamental Instituto Nacional de Desarrollo
Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, explica que
“todos los brasileños que han recibido títulos en Guahory, lo hicieron antes de
2004” ,
antes de que cambiara la ley sobre el estatuto agrario y se prohibiera que el
Estado otorgara tierras públicas a extranjeros.
“Las
maquinarias ingresaron efectivamente a destruir las viviendas de los paraguayos
porque estaban en propiedad privada de los brasileños. La Policía ha hecho su
tarea, y eso ocurre aquí, en España, Suecia, Estados Unidos o donde usted
quiera”, asegura Cárdenas.
Un mes
después del último desalojo campesino, el Gobierno paraguayo anunció que los
afectados serían reubicados en nuevas tierras, algo que la mayoría de los
agricultores rechazó desde el principio, porque prefieren quedarse en sus
tierras originales que son mucho más productivas.
El
funcionario público dijo que finalmente llegaron a un acuerdo: 30 familias
campesinas permanecerán en la colonia de Guahory con unas ocho hectáreas
aproximadamente cada una, mientras que 15 hectáreas serán
dedicadas a una reserva forestal. Al resto de personas que puedan demostrar
arraigo y cumplan las condiciones legales para ser beneficiarios de tierras
estatales, el Gobierno les ofrece tierras en un asentamiento nuevo, 1.500
hectáreas que el Estado está comprando a un privado, a unos 35 kilómetros de las
tierras originales. Por el momento, sigue siendo un páramo sin árboles. “Ya hay
30 familias y hay espacio para 100 más. Vamos a convertirla en una colonia
modelo porque tiene la ventaja de que está sobre la ruta”, asegura.
Según
Cárdenas, esa entrega de tierras “cierra de forma definitiva el problema de
Guahory”, algo que también ha debido explicar a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), que ha pedido en enero al Estado
paraguayo que informe sobre las “medidas para proteger la vida e integridad
personal” de los labriegos desalojados. El titular del Indert aseguró haber
enviado ya respuesta.
Curuguaty, un
desalojo que terminó con un Gobierno
En Paraguay,
los conflictos entre grandes empresarios agrícolas, Estado y campesinado están
a la orden del día. En 2012, la masacre de Curuguaty, que aún no ha sido
esclarecida, dejó 11 campesinos y seis policías muertos por unos terrenos
públicos en disputa. El conflicto causó la destitución una semana más tarde del
único Gobierno progresista que ha tenido la joven democracia de Paraguay. El
enfrentamiento causó la destitución en un juicio político del entonces
presidente, el exobispo Fernando Lugo.
Aquel 15 de
junio, unos 300 agentes en dos pelotones acudieron a desalojar a 70 campesinos
de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty (departamento de
Canindeyú, a unos cien kilómetros de la frontera con Brasil) para pedir que
aquellas fueran parte de la reforma agraria.
Mientras
policías y labriegos negociaban para realizar el desalojo, unos disparos de
armas automáticas, que la investigación fiscal no ha explicado de dónde
provinieron, abatieron al jefe de Policía, comenzando una refriega de tiros,
según relataron decenas de testigos a lo largo del juicio donde finalmente los
únicos condenados fueron los campesinos.
Los
desalojos también afectan a los pueblos indígenas (hay casi una veintena de
pueblos originarios presentes en el territorio de Paraguay) que son expulsados
continuamente de sus tierras ancestrales. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos ya ha condenado a Paraguay en tres ocasiones por permitir
la violación de los derechos de las comunidades Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok
Kásek. Todas ellas fueron desalojadas de sus territorios milenarios en el Chaco
paraguayo por empresarios ganaderos.
“Es culpa
del Gobierno por lo que estamos pasando esto. Mis hijos quedaron sin comida. La
Policía quemó mi casa, mi ropa, mis colchones, todo. Nos quedamos en la calle”,
dijo al día siguiente del último desalojo Gregoria Fernández, una de las madres
de familia de Guahory.
“Nosotros
vivimos de la comida, de la
naturaleza. Del maní, el poroto, la mandioca. Pero nos
fundieron todo. Pusieron veneno en todos lados. Las hojas caen secas. Mataron
nuestras gallinas, fuimos golpeados por nuestra policía”, dijo Fernández
mientras mostraba las marcas de los golpes de las cachiporras en su espalda y
las heridas de los balines de goma en su pecho.
“Tiraron
gases contra las criaturas, no tienen corazón. No son policía, son guerrilleros
y nosotros no somos delincuentes. Sólo queremos un pedazo de tierra. Los
campesinos no tenemos ni voz ni voto en Paraguay”, protestó la mujer.
En la última
década, unas 900.000 personas han abandonado el campo en Paraguay y se han
instalado en asentamientos precarios en la capital debido a la expansión de las
grandes plantaciones de soja y maíz, altamente mecanizadas y con poca demanda
de mano de obra, según la Federación Nacional
Campesina , que pide una reforma agraria. Una enorme migración
forzada pero silenciosa que, como los desalojos, es consecuencia del modelo
extractivo de la economía paraguaya.
Foto:
Campesinos recorren las plantaciones de soja de los brasileños, aledañas a las
tierras de Guahory (Paraguay). Santi
Carneri
Publicación
en : La codicia por la tierra en
Paraguay
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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