Catorce personas
defensoras del territorio fueron asesinadas entre enero y
agosto en el país
centroamericano
CODECA avanza hacia
una Asamblea Constituyente Popular
y Plurinacional en Guatemala
29 de noviembre de 2018
Cuatro columnas de manifestantes se dirigieron
al centro histórico de Ciudad de Guatemala, el pasado 12 de septiembre, para
denunciar la corrupción y pedir la dimisión tanto del actual presidente, Jimmy
Morales, como de los diputados corruptos. En la convocatoria y la movilización
participó de manera destacada el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
Además en la marcha se reivindicó la continuidad en el país de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que Morales solicitó que no se
prorrogara el mandato –que finaliza en septiembre de 2019- de este organismo de
Naciones Unidas. El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, que ha recibido
este año el Premio Nobel “Alternativo” de la Fundación sueca Right Livelihood
Award, se ha significado en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Una
manifestación similar se produjo el 12 de junio en la capital, convocada por
CODECA y la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), de
la que forma parte; y otra movilización popular, el 24 de abril.
En un acto organizado por el comité de solidaridad CEDSALA en
Valencia ha participado Leiria Vay García, miembro del Consejo de Dirección
Política de CODECA. La activista resalta que otro eje de las marchas es
denunciar la persecución y asesinato de líderes sociales. En mayo el comité
campesino hizo responsable a Jimmy Morales “y sus grupos criminales” del
asesinato del defensor de derechos humanos y dirigente del Comité de Desarrollo
Campesino, Luis Arturo Marroquín, perpetrado en el municipio de San Luis
Jilotepeque (Jalapa). Una semana antes del crimen, Morales arremetió -en un
discurso ante un grupo de simpatizantes- contra CODECA por los bloqueos de
carreteras, críticas que extendió al Ministerio Público y la Procuradoría de
Derechos Humanos.
A primeros de junio las organizaciones campesinas hicieron
balance: siete líderes indígenas asesinados en apenas un mes –el último
Francisco Munguía, albañil y campesino de 68 años, vicepresidente comunitario
en la aldea
Divosadero Xalapan , en Jalapa. Los siete activistas eliminados
eran miembros de CODECA o del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). El pasado
27 de julio se sumó a la nómina de asesinadas la joven maya ixil Juana
Raymundo, enfermera e integrante del comité municipal del Movimiento para la
Liberación de los Pueblos (MLP) y de CODECA; antes que su cadáver apareciera en
el municipio de Nebaj (Quiché), la lideresa fue secuestrada y sometida a
torturas.
Las organizaciones International Land Coalition, Civicus, Front
Line Defenders y un reportero del periódico The Guardian realizaron en agosto
-a instancias de las organizaciones campesinas- una visita a Guatemala, cuyo
resultado es el informe “Perder la vida por defender la tierra”. El documento
registra el asesinato de 14 personas defensoras del derecho a la tierra entre
enero y principios de agosto de 2018. Además “la situación se agrava con el
nivel de impunidad imperante”, denuncia el informe; “las mismas entidades
públicas criminalizan y persiguen a los liderazgos comunitarios”.
En diciembre de 2017 International Land Coalition hizo públicos
los nombres de seis defensores de derechos humanos, la mayoría miembros de
CODECA, objeto de “criminalización”, entendida como difamación en los medios
informativos, denuncia judicial o detención arbitraria e ilegal. Se trata de
Edwin Amado Sánchez Cabrera, Blanca Julia Ajtum Mejía, Mauro Vay Gonón (uno de
los fundadores del Comité de Desarrollo Campesino), Vicenta Jerónimo Jiménez
(coordinadora del área de mujeres a nivel estatal), Jacinto Brito y Josefa
Ceferina Xaminez Yaxon (defensora de la tierra y la nacionalización de la
energía eléctrica); en algunos casos sufrieron amenazas, ataques y secuestros,
y dos de ellos eran además comunicadores de Radio Victoria -La
Voz de los Pueblos.
En la manifestación del 12 de septiembre en Ciudad de Guatemala,
CODECA y CNOC también reivindicaron un proceso de Asamblea Constituyente
Popular y Plurinacional. En marzo de 2016 la primera organización publicó un
documento de 62 páginas con el siguiente punto de partida: “No creemos que las
reformas al Estado fracasado sea una solución a nuestros históricos problemas
irresueltos”. El objetivo es que la nueva Constitución
Política Plurinacional represente a todos los pueblos y
sectores, no sólo a “un pequeño grupo de ricos ladinos”. La propuesta de CODECA
incluye el reconocimiento de los idiomas de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna;
los derechos de la Madre
Tierra , el derecho humano al agua, la recuperación de los
bienes comunes privatizados; que el 60% de las tierra cultivables de Guatemala
se destinen a la producción de alimentos para el país, la consulta popular para
la aprobación de leyes, la revocatoria de mandato para todos los representantes
electos y que ningún funcionario pueda ganar más de cinco salarios mínimos,
entre otros puntos.
En julio el periódico Prensa Comunitaria informó de un
conversatorio organizado en la capital (“por qué CODECA es una alternativa
cultural y política al capitalismo”), ejemplo de las acciones del movimiento
campesino para difundir el proceso de Asamblea Constituyente Popular y
Plurinacional entre los sectores urbanos; “esta propuesta no salió de la
academia, sino de las comunidades; si se quieren sumar, allí está; revísenla,
compártanla, critíquenla, es fruto de años de reflexión y lucha”, afirmó la
dirigente de CODECA, Thelma Cabrera. En septiembre de 2017 Prensa Comunitaria
se hizo eco de otro ejemplo de socialización de la propuesta, en la aldea de
Cayuga (municipio de Morales, Izabal). Por otra parte, los días uno y dos de
diciembre el Comité de Desarrollo Campesino ha organizado en Mazatenango el
Encuentro Juvenil “Juana Raymundo” por la Constituyente
Plurinacional.
El pasado siete de noviembre se produjo un hecho de relevancia. El
Tribunal Supremo Electoral publicó en el Diario Oficial del Estado de Guatemala
el escrito de constitución como “partido político” del Movimiento para la
Liberación de los Pueblos (MLP), impulsado por CODECA. Pero la denominación
recogida en el boletín oficial no es exacta. El activista, nómada quechua y
defensor de la Madre
Tierra , Ollantay Itzamná, aportó algunas claves en el
artículo “Instrumento político no es lo mismo que partido político” (septiembre
de 2017) en su blog de Telesur; el MLP es “el único instrumento político de
indígenas y campesinos organizados, de alcance nacional, que está siendo
construido -de manera asamblearia- para hacer posible el proceso constituyente
plurinacional en Guatemala”.
A diferencia de los partidos –“jerárquicos” y
“verticales”-, el “instrumento” político es “una herramienta de multitudes
organizadas/movilizadas para construir/acceder al poder (mediante elecciones) y
emprender cambios estructurales”, apunta Ollantay Itzamná. El secretario
general (provisional) del MLP es Byron Alfredo González Tool, miembro de
CODECA.
El recorrido histórico del Comité de Desarrollo Campesino puede
seguirse a través de las acciones de resistencia, las movilizaciones y la
represión, pero también a partir de sus investigaciones y denuncias. “CODECA
surgió en 1992 para exigir el derecho al acceso a la tierra y salarios justos
en las fincas agrícolas de la
Costa Sur de Guatemala”, recordó Leiria Vay García en la revista Entremundos. En
2005 el comité campesino publicó un informe sobre la situación laboral en 149
fincas de los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa
y sur de Quetzaltenango; concluía dibujando un panorama de latifundios
dedicados al monocultivo (y orientados a la exportación), con despidos masivos,
abaratamiento del coste de la fuerza laboral para hacer competitivas las
fincas; sin presencia sindical, con una contratación mucho menor de mujeres que
de hombres y una población infantil sin los derechos laborales mínimos.
En 2008 CODECA hizo público otro documento que apenas constataba
cambios en la Costa Sur ;
según los datos de la investigación, “el 91% de los trabajadores del campo
reciben un salario por debajo del mínimo legal establecido por el Código
Laboral de Guatemala”; “muchos trabajadores” resultaban intoxicados por el uso
de insecticidas y herbicidas, según el informe, que además denunciaba los altos
niveles de desnutrición y analfabetismo; CODECA daba cuenta del apoyo prestado
a la comunidad agraria Monseñor Romero para lograr el acceso a la tierra.
Una investigación más amplia fue la recogida en un informe de
2013, realizada en 609 fincas de 14 departamentos del país; el escenario
continuaba siendo similar: la población agrícola –mayoritariamente de origen
Maya, Garífuna y Xinca- afirmaba no tener vacaciones (90%), ni estar afiliada
al Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social (90%); los jornaleros
entrevistados consideraban que trabajaban en situación de “peligro latente” y
“sin protección adecuada” (94%), y que los inspectores de trabajo estaban
sobornados por los patrones (82%). En “La represión contra CODECA: la criminalización
de la organización” (Entremundos, 2015), Leiria Vay señala que esta labor de
pesquisas y denuncia tuvo su coste en la época: los 117 investigadores
comunitarios voluntarios sufrieron “algún tipo de persecución”, a la que se
agrega el asesinato de dos líderes de las comunidades.
Otra cuestión es la batalla contra la privatización del derecho a
la energía eléctrica, título de una investigación realizada por CODECA y
publicada en octubre de 2014, que resume el panorama de abusos de las
distribuidoras, las luchas populares y la represión estatal hasta esa fecha; el
balance del periodo 2012-agosto de 2014 fue de al menos 17 usuarios en
resistencia asesinados, 220 heridos o agredidos, 97 presos, siete secuestrados
y 581 amenazados del Comité de Desarrollo Campesino, el Frente de Resistencia
en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA) y
los 48 cantones de Totonicapán (el informe no incluye a todas las víctimas). Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249608
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