Litio y espejos de colores
3 de diciembre de 2018
Por Darío Aranda
La minería de litio es
parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y
sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de
académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el
sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero.
“Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se
puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra
vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el
lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas,
cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos,
computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos
colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos
indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del
extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra
en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de
vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de
litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre
Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la
multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a
escala en Argentina.
A partir de fines de la
década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de
empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos
provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo
del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría
más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en
explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad
entre la empresa
Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las
multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto
Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium
Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi ).
Ambas están en Susques, 200
kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades
indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada
que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores
(Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron
(y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de
litio en particular.
Mauricio Macri lo
promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que
la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a
transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el
nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015.
Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido
Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un
“recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la
exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También
propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería,
decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de
explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén
debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado
Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en
la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las
grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también
presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la
Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del
progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio
tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos
indígenas. El artículo 24
señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el
directorio de la
Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que
en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de
las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento
de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de
ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser
“consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran
coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido
el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda
la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la
materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás
Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas,
George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de
Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En
una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que
el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras).
Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde
está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del
lugar.
Otro espacio de
investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes
Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas,
cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el
extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor
captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de
beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro
publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es
uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet,
doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que
no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la
organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial
Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre
participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en
Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea
empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al
“triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de
dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló
que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un
modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país
con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta,
el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las
comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que
provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta
de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a
buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres
por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin
calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el
litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se
plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos
inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz
emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile,
de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado
es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el
modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en
toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe
fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de
la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de
litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones
energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear
una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones
de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de
Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una
postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del
ambiente.
¿Se puede hacer minería
con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los
pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es
posible.
Slipak aclara que, además de la
consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”,
vigente en la Ley General
del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como
afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún
si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes
abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres,
de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma
parte de la cuenca de la
Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en
2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del
lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de
Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a
las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que
se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre
ellas, la
Constitución Nacional ), el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de
2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día
de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda)
desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron
sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente
interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se
desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial
y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los
voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy
estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica
que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la
organización territorial.
Flores también
cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos
académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con
beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un
cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si
vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están
queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del
modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no
realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete
las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en
la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el
sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la
construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo
plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora
de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en
biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una
zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección
minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos
de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes ”,
se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están
generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y
acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de
baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables
consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción
de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se
esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos
de baja salinidad”.
Una de las referentes
de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de
Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del
colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio
ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta
libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial.
“Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró
a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la
necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso
demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos
consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de
emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca
de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de
propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal,
provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación”
sobre el territorio indígena.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el
vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento
de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de
litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de
Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros
son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”,
subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre,
comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo
y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el
hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por
la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de
goma y golpes.
“El gobierno provincial
salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación
provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales
y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la
noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron:
“Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos
la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que
destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad,
contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
Por Darío Aranda
“Se debe respetar la posición de las
comunidades”
Entrevista a Ariel Slipak.
-¿Cuál es el rol de las comunidades en
la minería de litio?
-La participación de
las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las
únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada
(derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se
aplica en Argentina), pero necesitan información.
-¿Qué sucede si la comunidad dice no a
la minería?
-Mi posición, no de
todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la
comunidad.
-Usted reivindicó el trabajo del
científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, “menos
contaminante”. Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que
sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.
-Es cierto que Calvo
hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/litio-y-espejos-de-colores/
No hay comentarios:
Publicar un comentario