Qué hay
detrás de
la campaña
antimapuche
Las
presiones de terratenientes y empresas. La operación de los medios. El rol del
modelo económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta
nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches.
El
modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal. Una multinacional
(Benetton) con directa influencia en el poder político y
judicial. Políticas de Estado de despojo y sometimiento. Un genocidio que
jamás tuvo su “nunca más”. Sólo algunos de los elementos detrás de la campaña
que pide represión para el Pueblo Mapuche.
Extractivo
Durante
el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del
extractivismo en Argentina: leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal,
aprobación de transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero
la implementación en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos
mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de
hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).
El macrismo continúa esa línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro,
flexibilización laboral para trabajadores petroleros.Más extractivismo, más avance sobre
territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.
Amnistía
Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos,
entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas
(agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad,
por acción u omisión, de los gobiernos.
Cómo
sucedió con la Campaña del Desierto,
que tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo XXI repite la historia de
avanzar sobre los pueblos indígenas.
Preexistente
“Mapuche”
significa en mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los
pueblos indígenas del continente, son a partir del vínculo con el territorio. De
allí proviene su historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese
territorio dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.
Un
argumento falaz para atacar a los indígenas del sur es que decir que son
chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años de historia, y el Pueblo Mapuche en particular
existe desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir,
son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución Nacional lo reconoce: “Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…). Asegurar la
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten”.
Ante cada
campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades
de sectores periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet
escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que
los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los
tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos
preexistentes. Esto
significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y
que había mapuches en lo que hoy es Argentina”.
Periodismo
represivo
“Denuncian
vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso
artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La
nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la
acción de (Facundo ) Huala y su grupo
puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer
política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más
personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores
argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del
grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico
de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.
Dos días
después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche.
Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de
Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres
represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de
heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el
cuello, recorrió el país.
A la
campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín,
con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página
interna. “Facundo Jones Huala, el
mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el
título, firmado por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales
del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad.
Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de
hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín :
-Los
mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.
-Recibieron
financiamiento del kirchnerismo.
-Afirma que
el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos,
entre otros hechos.
No
se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario
Das Neves y voces en off.
Gonzalo
Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en
Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la
comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda
coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de
sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan.
Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía
y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y
la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de MartínDinatale,
con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría
haber sido escrito por Patricia Bullrich.
Insólita la
nota de ClaudiaPeiró en Infobae. Acusó a los mapuches de
estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el pueblo originario con
sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba que acredite esa
relación.
Clarín
retrucó. “Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha
armada. Desde el penal donde está detenido, el referente mapuche convocó
abiertamente a la acción violenta”. Firmada por el corresponsal el Bariloche ,Claudio Andrade,
conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.
Por otro
lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no
dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo,
silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras
radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían
entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban
a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo
apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se
violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con
el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se
horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.
Periodistas
de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin
recorrer el territorio. No visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son
periodistas de escritorio. Ysus mentiras repercuten de la peor
manera: legitiman represiones.
Genocidio
Robo de
bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.
Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar.
Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.
El Pueblo Mapuche también padeció robó de bebés,
desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero
no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un
“nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.
Diana
Lenton, doctora en antropología y docente de la UBA, lo resume así: “El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera más
diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se
garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que
se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado”.
Recuperaciones
“Wiñomüleiñ
ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un
anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos
originarios volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En
los últimos quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y
judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de
grandes terratenientes.
Los
pequeños burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los indígenas no
ocuparán los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las
mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy
están en manos de grandes empresas.
Los
legalistas también deben estar conformes: las recuperaciones territoriales
están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las
leyes locales.
“Siempre
que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a
sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron
su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a
las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
“Las
comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho
internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de
Derechos Humanos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal
del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión ancestral: “Los
miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión
de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros
inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual
extensión y calidad”.
La recuperación territorial implica mucho más que
hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el
concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un
espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el
desarrollo como pueblo originario.
Benetton
En 2007, la
comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro
de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud
Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso tomó
repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, autoridades
de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel.
Se entrevistaron con la
familia Benetton , que prometió la donación de tierras dentro
de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció parcelas que eran improductivas.
La
comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos indígenas no aceptaban “donación”
sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa
avanzó en tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció
en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque
habilitaría que otras comunidades repitieran la acción.
En
noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento
territorial de la
comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160
reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por
parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció las irregularidades en
el título que adquirió la
compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese
ajeno sur”, del investigador Ramón Minieri).
El 13 de
marzo de 2015 se produjo una nueva recuperación territorial en la estancia Leleque
de Benetton. “Actuamos ante la
situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el
acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene
realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por
parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de
reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”,
explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en
Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo
(MAP).
Ya no era
un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.
Benetton descargó todo su maquinaria legal
contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y lobby
(JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como
nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal,
que se presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de crisis”.
Periódicamente
llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta definición de los “atentados”
que sufría la
estancia Benetton. Sus principales destinatarios: el diario
Jornada (Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los mismos
comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y
sus ministros.
La campaña
mediático daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos
paramilitares (ETA, FARC).
Enemigo
interno
En
diciembre de 2016, el gobernador Das Neves pidió juicio político para el juez
Guido Otranto por no haber condenado a Facundo
Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). “No queremos jueces
federales que actúen en connivencia con delincuentes”, refirió en relación a mapuches.
Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione,
que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.
El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto
de 2016 a
los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los
responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba.
El informe
interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática
en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como
“amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el
discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que
realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar
de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio
de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)
emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al
Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”,
cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las
reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social
(…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al
pueblo mapuche”.
El 21 de
junio pasado, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la
comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos
internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación
petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron
que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se
retiren del territorio indígena.
La
Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF
usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin
consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin
mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad)
fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el
Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó
la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, de una “escalada de represión”.
Peligro
“Ser
indígena hoy es ser subversivo”, resumió con simpleza en una mateada Jeremías
Chauque, mapuche, músico, productor de alimentos sanos (sin agrotóxicos).
“Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo
aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas
transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”, amplió.
Disparen
Ante la
desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de Gendarmería
Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó
contra las comunidades indígenas:“No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de
la Argentina.Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento
del Estado argentino, la lógica anarquista”.
“Un estado
prlurinacional no depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a
una existencia de miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de
existencia”, explicó la Confederación Mapuche.
“La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni
excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los
mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y
peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”, afirmó.
El Consejo
Asesor Indígena (CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también
emitió un documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que
han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas
de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional
por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios”.
“No
queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de
represión, discriminación y racismo”, precisó la organización indígena. Recordó
que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y
policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y
el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos nuestros reclamos y la firmeza en
nuestra lucha”.
¿Solución?
Una
pregunta recurrente es por dónde pasa la solución. Y la respuesta indígena suele ser
simple:“Que se respete la ley”.
Argentina
tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional
(Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los
desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre
Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas
deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la
“consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera
afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede
ingresar a territorio indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta
(que puede llevar hasta años) con la comunidad.
De la mano
de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen. ¿Por qué el incumplimiento?
Porque es una política de Estado que atraviesa a todos los
gobiernos: violar los derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes
estancieros, empresas del agronegocio y mineras.
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Fuente: https://latinta.com.ar/2017/11/campana-antimapuche/
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