lunes, 17 de diciembre de 2018

“Estamos en un verdadero estado de suspensión de derechos y garantías, que esta resolución lleva a una fase superior. Viola las normas internacionales, que establece que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad es el último recurso y prohíbe disparar a quien está en fuga”

Impotente contra la inflación,
el Gobierno argentino se cobija 
en la mano dura
17  de diciembre de 2018

Por Daniel Gutman
IPS

La paradoja es que estas medidas se anuncian en un contexto de disminución de los delitos violentos, de acuerdo a los números oficiales. Pero pese a ese logro, el gobierno maneja el discurso de que es necesario endurecerse en el combate a la delincuencia.
El Ministerio de Justicia presentó en junio estadísticas según las cuales la tasa de homicidios intencionales cayó de seis cada 100.000 habitantes en 2016 (2.605 en números absolutos) a 5,2 (2.293) en 2017.
También hubo una bajada en los delitos contra la propiedad denunciados: 1.828 el año pasado contra 1.942 en 2016.
En cambio, en el área económica, nadie se anima a asegurar que 2019 traerá mejores noticias para el gobierno, luego de un 2018 que cerrará con una inflación cercana a 50 por ciento, que hizo más pobres a la enorme mayoría de los argentinos, y un derrumbe de la actividad.
Según una organización de derechos humanos que lleva un registro, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde que asumió Macri, en diciembre de 2015, hubo un fuerte aumento de los casos de gatillo fácil.
Esos excesos, precisa, ya eran comunes durante las gestiones precedentes de los centroizquierdistas Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda, Cristina Fernández (2007-2015).

“Durante los 12 años de kirchnerismo contamos 3.100 muertes por gatillo fácil. Ahora estamos haciendo el registro y a comienzos de 2019 vamos a presentar el balance de los primeros tres años de Macri. Van a ser más de 1.000 casos. Es un crecimiento enorme”, dijo a IPS la abogada María del Carmen Verdú, responsable de Correpi.
“Estamos en un verdadero estado de suspensión de derechos y garantías, que esta resolución lleva a una fase superior. Viola las normas internacionales, que establece que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad es el último recurso y prohíbe disparar a quien está en fuga”, agregó Verdú.

En el último tiempo, fueron varios los casos en los que el gobierno reivindicó a miembros de fuerzas de seguridad imputados por la Justicia debido a supuestos delitos cometidos en el combate, precisamente, del delito.
El más emblemático ha sido el caso de Luis Chocobar, un policía que en diciembre de 2017 mató por la espalda, con dos tiros, a un joven que presuntamente acababa de asaltar y apuñalar a un turista estadounidense en el barrio de La Boca de esta capital.
Luego de que un tribunal lo procesara por homicidio, al considerar que había suficientes pruebas para someterle a juicio, Chocobar fue recibido en la Casa Rosada, la sede del gobierno, por Macri, quien manifestó que “confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”.
Sin embargo, otras instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmaron el procesamiento de Chocobar, quien será sometido a juicio oral en 2019.
Efectivamente, el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno tendrá que superar el control judicial, cosa que no parece fácil.
Pocos días después del dictada la nueva resolución, otros dos miembros de seguridad que están a la espera de ser juzgados pidieron que el archivo de la causa, con el argumento de que debe aplicarse retroactivamente la norma, ya que resulta más benigna para ellos como imputados.
Se trata de un caso ocurrido en agosto de 2016 en la provincia de Chaco, en el norte del país: dos agentes confundieron con un narcotraficante a un hombre que regresaba de una tarde pesca en su automóvil, junto a su hija, y lo mataron a balazos.
El fiscal, Federico Carniel, se opuso a que los dos agentes sean exculpados.
“Una resolución emanada de un ministerio solo podría aplicarse si el Código Penal hubiera dejado un vacío legal, pero ese no es el caso”, explicó Carniel a IPS.
“Por el contrario el artículo 34 del Código Penal establece muy claramente que los límites de un delito cometido en ejercicio de la legítima defensa, que no pueden ser modificados por una resolución”, puntualizó.
El criterio de Carniel anticipa que el próximo campo de batalla en el que se dirimirá si es válido el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de Macri serán los tribunales.
Edición: Estrella Gutiérrez

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