El estallido haitiano
Haití vivió estos días
un amotinamiento social producto de la suba de los combustibles reclamada por
el Fondo Monetario Internacional (FMI), que derivó en una crisis política y en
la renuncia del primer ministro Jack Guy Lafontant. Sin haberse recuperado del
terremoto de 2010, que destruyó buena parte de las infraestructuras, el país sigue
sometido a una elite corrupta y a la crónica inestabilidad política y social.
El viernes 6 de julio
se jugaba el partido Brasil-Bélgica en la Copa Mundial. Ya
desde la época de Pelé y Diego Maradona los haitianos, a falta de un equipo
local que los represente, han adoptado a esos equipos e hinchan como fanáticos
«brasileños» o «argentinos» como si fueran nativos de esos países. Por eso el
gobierno haitiano, pensando que el equipo de Brasil ganaría el partido, decidió
lanzar el decreto del aumento del precio de los combustibles impuesto por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) apostando a que la euforia por ese triunfo
serviría de distracción para que los haitianos aceptaran ajustes de gran
magnitud (38% en la gasolina, 47% en el diésel y 51% en el kerosene).
La combinación de la derrota brasileña
y del aumento de precios fue, sin embargo, un coctel explosivo que desencadenó
el estallido social más grande que se haya conocido desde hace años. Las causas
del amotinamiento social venían acumulándose desde hace tiempo e hicieron que
el volcán social explotara en todo el país. Media hora después del final del
partido, bandas de jóvenes y motociclistas de barrios marginales tomaron las
principales calles, incluso las de zonas secundarias no asfaltadas. Instalaron
barricadas de piedras, neumáticos incendiados, automóviles y todo lo que
pudieron encontrar a la
mano. Luego empezaron los saqueos, la destrucción y el
incendio de numerosos comercios, incluyendo los más importantes de la zona
metropolitana.
La ciudad de
Pétion-Ville, que forma parte de la zona metropolitana de Puerto Príncipe –la
capital haitiana– y que desde el terremoto de 2010 es el principal centro
comercial del país, con los principales hoteles y supermercados, fue el
epicentro de las mayores destrucciones. Al día siguiente de los motines la zona
parecía el escenario de una guerra. Y estas imágenes se repitieron en el área
cercana del aeropuerto, donde se encuentran los mayores concesionarios de venta
de vehículos. En las ciudades de la provincia se vieron las mismas escenas,
pero sin destrucción de negocios.
Las características de los motines
El país se bloqueó. Los
ciudadanos que no pudieron regresar a sus casas la tarde del viernes y el
sábado que siguieron a los disturbios debieron refugiarse donde pudieron y
regresar a sus hogares al día siguiente de madrugada o varios días después,
muchos recorriendo grandes distancias a pie. Pero ¿cuáles fueron las características de
este movimiento y de este momento particular, además de la violencia inusitada?
La primera
característica de este movimiento es su simultaneidad en puntos distantes del
país, y su organización. Existe un debate en las redes sociales sobre si ha
sido un movimiento espontáneo del pueblo enfurecido o si ha sido un movimiento
bien preparado y dirigido. Contra la tesis de la espontaneidad juegan la buena
organización y la enorme extensión territorial de los motines, junto con el
hecho de que la mayoría de los blancos de los ataques parecían bien
determinados de antemano. Aparte de algunos daños colaterales, las principales
víctimas fueron las grandes tiendas, hoteles, concesionarios de vehículos,
todos ellos pertenecientes a familias acaudaladas, en muchos casos
descendientes de cristian os
sirio-libaneses, así como sucursales de las compañías de teléfonos celulares.
No se tocó ningún medio de comunicación, ni siquiera la Televisión Nacional
de Haití (RTNH).
Una estación de radio
difundió durante los días precedentes consignas bastante precisas y jugó en un
cierto sentido un papel de organizador colectivo de la rebelión. Nadie ,
empero, quiso asumir la responsabilidad por los acontecimientos, probablemente
por los riesgos de consecuencias penales. Por otro lado, como son muchos los
grupos que rivalizan para presentarse como la «vanguardia» de la sublevación
popular, el motín ha quedado en manos del «pueblo», para satisfacción de todos.
Lo evidente es que se trata de un movimiento sin dirección política y con una
actitud incluso nihilista. En consecuencia, hay que pensarlo en un contexto en
el que los «desarraigados» del éxodo rural y los «desesperados» que viven en
los barrios marginales, presentes en todos los rincones de las ciudades, se
están volviendo el grupo mayoritario del país.
Hace falta un análisis
profundo de lo que Karl Marx llamaba con desprecio el «lumpenproletariado» y
los cristian os han recuperado como
«un pueblo mesiánico». Pero no cabe duda de que el propio gobierno contribuyó a
esta explosión social. Desde hace meses, contra todos las advertencias de
sindicatos, asociaciones gremiales, organizaciones de la sociedad civil,
oposición política, iglesias, universitarios y economistas, el gobierno del
primer ministro Lafontant y su portavoz, el ministro de Cultura y
Comunicaciones Guyler C. Delv, anunciaban la inminencia del aumento de los
combustibles, indicando que, no obstante, esta medida iba a afectar
principalmente a las clases pudientes con grandes vehículos. Era claro que esto
no era cierto, ya que el aumento del transporte se derramaría luego sobre otros
productos de consumo popular. Se agregaba además el hecho de que los
trabajadores demandaban, desde hacía meses, el aumento del salario mínimo –hoy
de poco más de 5 dólares mensuales– sin obtener satisfacción a su reclamo. Pero
no solo eso: agregando leña a la caldera social, el 4 de julio, solo dos días
antes de los motines, el fiscal de Puerto Príncipe dio la orden, sin un fallo
de un tribunal que lo aprobara, para demoler sorpresivamente, incluso con
personas adentro, una veintena de casas de bloques pobres, construidas ilegalmente en
la alrededores de la casa donde vive el presidente Jovenel Moïse, y dejar en la
calle a las familias desalojadas. La razón que dieron es que esas casas
representaban un peligro para la seguridad y la intimidad de la pareja
presidencial.
La población de
diferentes estratos sociales interpretó esta noticia como un abuso de poder de
un ser insensible hacia los pobres. Durante dos días se erigieron barricadas de
protesta por las víctimas de estos actos en la vía de acceso a la casa del
presidente, en medio de insultos. Hay que señalar que Moïse, al ser elegido
presidente en 2017 por el Partido de Haitianos de Calabazas Rapadas (PHTK,
en referencia a su propio look personal), eligió esa casa para
instalarse en la capital en una zona en la que ya existían estas casas
precarias. Durante el año y medio de su mandato, el número de viviendas
precarias siguió aumentando, como sucede en toda área metropolitana ante la
ausencia total de una política pública de construcción de viviendas de bajo
costo, y más aún después del terremoto de 2010 que dejó sin techo a cientos de
miles de haitianos.
La otra característica
del estallido social fue la pasividad e inacción de la Policía Nacional ,
que no tomó ninguna medida preventiva para proteger los puntos neurálgicos de
la ciudad ante la inminencia del aumento de precios ni intervino durante las
jornadas del 6 y 7 de julio. El jefe de la Policía, Michel-Ange Gedeon, al ser
interrogado por periodistas, dijo que el gobierno no le había pasado ninguna
información ni directiva en previsión de posibles movimientos de protesta en
caso de publicarse oficialmente el decreto del aumento de los combustibles.
Tampoco llegó ninguna orden durante los acontecimientos, y por otra parte no
disponían de los medios necesarios,
ni en efectivos, ni en material, para hacer frente a motines de esa
envergadura. Por el contrario –dijo–, la Policía evitó un baño de sangre.
Una parte del sector
privado declaró que la Policía era responsable de lo sucedido por falta de
asistencia a las personas en peligro. Hasta se sugirió que la institución
policial habría estado en el origen de las revueltas, en una tentativa de
derrocar al gobierno actual. Se rumoreó incluso que los motines podrían ser un
complot de la Policía con agentes de Estados Unidos por la posición amigable
del gobierno haitiano hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro en la
Organización de Estados Americanos (OEA), donde recientemente Haití se abstuvo
de condenar a Venezuela. Desde hacía varias semanas reinaba un clima de
descontento en la dirigencia de la Policía respecto del Poder Ejecutivo, debido
a que este último trató de atribuirse prerrogativas como el nombramiento y
desplazamiento a puestos de provincia de los comandantes de las policías
regionales.
Marcha atrás con los aumentos
Las fuertes
manifestaciones y motines se prolongaron desde el viernes 5 a la tarde hasta el sábado
por la noche, cuando el presidente, tras 24 horas de silencio, apareció en la Televisión Nacional
y pronunció un discurso surrealista en el que, parafraseando al general Charles
de Gaulle, declaró: «Ustedes hablaron y yo los escuché», para anunciar que el
gobierno retiraba el decreto del aumento de los precios de los combustibles.
Sin embargo, para
aumentar la confusión y el surrealismo, el domingo, cuando las manifestaciones
se calmaron, el secretario del Consejo de Ministros Renald Luberice afirmó que
ni él ni el primer ministro ni el presidente estaban al tanto de la publicación
del decreto de aumento. Inmediatamente después empezaron las reacciones. La oposición
radical al gobierno, que ya desde el principio del mandato de Moïse en febrero
de 2017 había organizado varias marchas y manifestaciones en su contra, pidió
la renuncia del presidente.
El diputado de
Pétion-Ville Jerry Tardieu, ex-directivo del Hotel Oasis, uno de los afectados
por los motines, pidió la renuncia del primer ministro, por inepto, en una
carta al presidente. Los diferentes grupos del sector privado de la economía,
reunidos en el Foro Económico del Sector Privado, emitieron el lunes 9 de julio
un comunicado en el que condenaban «los actos de violencia y vandalismo que han
golpeado empresas e instituciones privadas y públicas, a ciudadanos haitianos y
extranjeros, actos de barbarie que perjudican la capacidad de atraer
inversiones». Subrayaron, además, «su convicción que estos actos reflejan en
gran medida un alto grado de frustración y hasta de desamparo de la mayoría de
los conciudadanos frente al deterioro de sus condiciones de vida desde hace
muchos años». El Foro «se extrañó de la inacción de las fuerzas del orden» y
estimó que «esta situación refleja la ausencia de liderazgo de las más altas
autoridades del Estado haitiano, incluyendo el presidente y al primer
ministro». En el documento se sostiene que «el presidente de la República debería
sacar las conclusiones lógicas de esta situación y pedir al primer ministro y a
su gobierno que presenten su renuncia».
El miércoles 11, los
alcaldes de todo el país se sumaron a los pedidos de renuncia de Lafontant, un
médico amigo del presidente sin pasado político. El Core Group, heredado de la
Misión de Estabilización de la Naciones Unidas en Haití (Minustah) que finalizó
en 2017 y constituido por el representante del secretario general adjunto de la
ONU, la OEA y los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y
Brasil, también se reunió con Moïse, pidiéndole la renuncia de su primer
ministro para salvar la
Presidencia. Sin embargo, Lafontant parecía aferrado a su
puesto. Los parlamentarios, incluso muchos de su mismo grupo político, reclamaban
su renuncia y denunciaban intentos de «compra de votos» para conseguir una
mayoría que evitara su renuncia. Lafontant estaba ya bajo interpelación del
Parlamento, cuya sesión final había sido pospuesta por maniobras del Poder
Ejecutivo para evitar la caída del primer ministro.
En estas
circunstancias, el Parlamento lo convocó nuevamente y Lafontant se presentó
triunfante a la sesión el sábado 14 creyendo que iba a tener la mayoría a su
favor o que la sesión no tendría lugar por falta de quórum. Finalmente, el
primer ministro escuchó las alegaciones en su contra e inmediatamente, en un
breve discurso de 10 minutos, expresó su frustración, pidió que el Parlamento
le quitara el poder a la Policía y profetizó que esta terminaría disuelta, como
el Ejército de Haití. Se despidió sin mayor protocolo anunciando que ya había
entregado su carta de renuncia al presidente antes de asistir a esa sesión.
Por otra parte, el
miércoles 11, el ministro de Relaciones Exteriores haitiano Antonio Rodríguez
se reunió de urgencia en Caracas con el canciller venezolano, Jorge Arreaza,
para reactivar proyectos de desarrollo en Haití en el marco del proyecto
Petrocaribe, un convenio de cooperación para el suministro de petróleo a bajo
costo y en condiciones preferenciales. Hay que recordar que este convenio, que
comenzó hace una década, cuando Hugo Chávez y René Préval –ambos ya fallecidos–
estaban en el poder, ha sido la fuente de malestar y de manifestaciones y
disturbios: cuando Moïse llegó al poder en 2017, salió a la luz que gran parte
de este fondo de unos 3.800 millones de dólares se había esfumado sin dejar
ninguna obra tangible que ayudara al desarrollo del país. Pero aunque el actual
presidente declaró ser el paladín de la lucha anticorrupción, no tomó ninguna
medida contra los corruptos de una lista que presentó el Parlamento, y bloqueó
así las posibles salidas para que estos fueran llevados a tribunales.
El jueves 12 de julio,
Jerry Rice, representante del FMI, declaró en Washington que iba a seguir
cooperando estrechamente con las autoridades haitianas para corregir la
estrategia de aumento de las tarifas y avanzar en aumentos progresivos en
paralelo a la reducción progresiva de las subvenciones al precio del
combustible.
En busca de un nuevo gobierno
Ya empezaron las
tratativas para designar a un nuevo primer ministro y formar un nuevo gobierno.
Moïse, por ahora, logró permanecer en el cargo. Pero la mayoría de las voces
aconsejan conformar un gobierno de consenso nacional, con un primer ministro
que no pertenezca al círculo del presidente. Habrá que eliminar los privilegios
suntuarios de las autoridades y parlamentarios, llevar adelante una verdadera
lucha contra la corrupción y apuntar a políticas de desarrollo económico y
social que den la esperanza de una salida real a la mayoría de la población
pobre, para evitar que continúe el éxodo masivo de jóvenes al exterior en busca
de una vida decente, para que Haití pase a ser un país con esperanza.
Mientras tanto, hay una
sensación de vacío de poder y todos los políticos están con los colmillos
afuera. «Hay un perfume de poder en el aire», en palabras del fallecido
presidente Leslie Manigat. Todas las opciones son posibles en Haití en este
verano caliente y en esta estación ciclónica.
nuso.org
Fuente:
http://contrahegemoniaweb.com.ar/el-estallido-haitiano/
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