II. Veamos la conciliación del gobierno de Evo con la lógica del Capital.

Extorsión económica

27 de junio de 2018

Por Raúl Prada Alcoreza

Las concesiones en el Salar de Uyuni, es más, la historia de las concesiones en dicho salar, muestran los altos grados de dependencia y subalternización del Estado al monopolio de las empresas trasnacionales. En ensayos anteriores[1] describimos y analizamos las situaciones en las que se repite la increíble y triste historia de la economía basada en el extractivismo, condición exacerbada de la colonialidad heredada y continuada. El caso QUIBORAX alumbra por los niveles de extorsión económica a la que se ha llegado, no solo en lo que respecta a la empresa comprometida en el asunto, sino con participación de dispositivos internacionales jurídicos que defienden las inversiones. Que la empresa haya invertido solo menos de un millón de U$ o alrededor de este monto, que reclame, en principio, 3 millones de U$, y que después del pleito y el veredicto jurídico internacional tenga que pagar el Estado boliviano un poco más de 42 millones de U$, se hace patente que se trata descarnadamente de una extorsión económica. Sin embargo, el “gobierno progresista” declara que esto se debe a un error técnico jurídico del expresidente Carlos Mesa Gisbert; acatando el fallo, que basa su revisión en un documento fraudulento. Esta respuesta, que acepta un fallo incongruente, que solo se sostiene en argumentos leguleyos, de parte de un gobierno que se declara “antiimperialista”, es patética; muestra la enorme degradación a la que se ha llegado. A todas luces resalta la complicidad de un gobierno que debería defender los recursos naturales del pueblo boliviano y que administra el Estado con la empresa expoliadora, que ha incumplido con el convenio y el contrato asignado.

En adelante incursionaremos en esta problemática, la de la colonialidad económica y la dependencia, y en el fenómeno de la extorsión económica, tomando como referente el escabroso caso de QUIBORAX. Comenzaremos haciendo una revisión de lo que resalta en los medios de comunicación, es decir, lo que llega a la opinión pública, a través de los filtros mediáticos y políticos, o lo que se hace visible debido al manejo inmediato de la información, sin auscultar mediante periodismo de investigación, que es la falencia del sistema de comunicación en Bolivia.

Perfiles mediáticos del pleito

El conflicto jurídico sobre el caso QUIBORAX, que tiene atareado al “gobierno progresista” y convulsionada a la opinión pública, impacta de distintas maneras en los diferentes planos de los espesores sociales; uno de los impactos, que se hace más notorio por su masiva difusión, es el que se da a través de los medios de comunicación, también en las reacciones políticas al veredicto del CIADI. A propósito de este impacto comunicacional y político, nos detendremos en el mismo, sobre todo atendiendo al trazo que se configura, que llamamos perfil mediático.

El analista Carlos Böhrt Iraola, en un artículo de prensa, se pregunta ¿Quién es responsable del caso Quiborax? Escribe:

“En diciembre de 2003, Carlos Mesa promulgó la Ley 2564 declarando al Salar de Uyuni reserva fiscal y autorizando la realización de auditorías completas sobre las concesiones existentes en el salar, y, en función de los resultados, declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros de las personas que estén incumpliendo las leyes.

En ejecución de esa ley, en junio de 2004, Carlos Mesa emitió el Decreto 27589, disponiendo “la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Q-NMM. Decreto este con dos delicados errores jurídicos: el Código de Minería vigente por entonces (Ley 1777) no preveía la revocación como modalidad de finalización de la relación jurídica entre el Estado y los titulares de las concesiones, y no le correspondía al Presidente adoptar semejante decisión. No obstante, en el curso de las siguientes semanas la empresa fue desalojada de sus concesiones.

En octubre de ese año, el Superintendente de Minas, autoridad competente para decidir en la materia, declaró la anulación de las pertenencias mineras de Q-NMM, conforme a los artículos 156 y 158 del Código Minero. Finalmente, en diciembre de 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé, al finalizar su mandato, abrogó la errada norma legal de Carlos Mesa mediante el Decreto 28527. La decisión del Estado boliviano se había reencausado legalmente.

Para enervar la acusación en su contra y basado en la documentación publicada por un matutino cruceño, el expresidente denunció la comisión de graves irregularidades por parte de los citados altos funcionarios masistas en este conflicto:

a) En marzo de 2008, Q-NMM ofertó retirar el proceso arbitral ante el CIADI a cambio de tres millones de dólares, transacción rechazada por Héctor Arce Zaconeta, ministro de Defensa Legal del Estado, por la existencia de una deuda impositiva de 9,1 millones de bolivianos, que bien pudieron ser descontados del pago, después de firmar el contrato transaccional,
b) Meses más adelante, en el marco de la acción penal abierta por el Ministerio Público, gracias a la confesión del abogado boliviano David Moscoso, se descubrió que personeros de Q-NMM falsificaron documentos para así cumplir las formalidades exigidas por el CIADI en el inicio de los procesos arbitrales. A pesar de esa confesión, la entonces ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, no fue capaz de proteger los derechos de Bolivia.
c) En agosto de 2016, siendo Procurador General, Héctor Arce, sospechosamente se sostuvo una reunión entre representantes de Q-NMM y la subprocuradora General del Estado, Carmiña Llorenti, en las oficinas de ésta, en la que se acordó cerrar el juicio penal contra los personeros de la empresa y se redactó un proyecto de sentencia de sobreseimiento, confirmando de ese modo la absoluta sumisión de los órganos de justicia al poder político. Por todo ello, sostiene Carlos Mesa, los responsables del pago de 42,6 millones de dólares a Q-NMM son los mencionados miembros del gobierno de Evo Morales.
Conocidos los antecedentes de este delicado caso, todo hace ver que sólo se necesita esclarecer tres hechos:

Que Elizabeth Arismendi, en efecto, no defendió adecuadamente los intereses del Estado;
¿Cuándo y a solicitud de quién se cerró el proceso penal contra los personeros de Q-NMM?
¿A cambio de qué finiquitaron ese juicio? Conclusión final: ¡El Fiscal General está obligado a abrir la investigación criminal contra Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, César Navarro y Pablo Menacho!”[2]

La pregunta de ¿Quién es responsable del caso Quiborax? apunta al aspecto jurídico del problema, incluso, ampliando, se irradia al aspecto político del problema; sin embargo, el problema no se circunscribe a estos dos aspectos, pues la cuestión prioritaria a la que hay que responder es ¿qué clase de relaciones económicas y políticas sostienen la concesión mentada? Como dijimos antes, se otorgan estas concesiones en el marco de la concepción extractivista de que los recursos naturales son objetos, objetos que se reducen a la condición de materias primas, incorporándose a las cadenas productivas. Por otra parte, desconociendo la experiencia de la planta de investigación y experimental de la UMSA, que vino trabajando en el Salar de Uyuni durante décadas. Solo tomando el caso de QUIBORAX, remitiéndonos a los ensayos anteriores para otros incidentes, que consideran un conjunto de casos parecidos o del rubro, en el contexto de la reiterativa política económica extractivista y dependiente, sobresale la dadivosidad del gobierno, de entonces, al hacer la concesión a la empresa cuestionada, que viene acompañada por otras concesiones a la empresa QUIBORAX. Esta concesión se efectúa en pleno periodo neoliberal, cuyas políticas económicas precisamente se caracterizaban por privatizar e incentivar el capital internacional. La corrección que se busca posteriormente a estas dádivas políticas y económicas, declara la ampliación de las reservas fiscales en el Salar de Uyuni, restringiendo el control del espacio concedido a la empresa, después, interviniendo y suspendiendo la concesión, sobre todo por incumplimiento. Desde el punto de vista económico y de los intereses del Estado, el tema principal no es si hubo errores procedimentales, sino si se actúo correctamente en defensa de los recursos naturales, en ese entonces, del Estado. Aquí tampoco hay donde perderse, la responsabilidad del gobierno nacional era recuperar los recursos naturales del Salar de Uyuni, concedidos dadivosamente a las empresas involucradas. Al respecto, sorprende, entonces, la actitud del “gobierno progresista” y “antiimperialista”, cuando se resguarda señalando un “error procedimental”, olvidando la cuestión principal, la soberanía sobre los recursos naturales. ¿Cómo interpretar la incongruente y contradictoria postura gubernamental?

Comencemos por lo que se hace evidente; el “gobierno progresista” no defendió adecuadamente los intereses del Estado boliviano ni los recursos naturales, que son propiedad del pueblo boliviano, tal como establece la Constitución. El veredicto internacional, por más que se sostenga en la jurisprudencia y en argumentos aparentemente legales, es insostenible, pues la diferencia entre la supuesta inversión y el pago a la empresa es de 39 millones de U$, lo que significa que la empresa obtiene 13 veces el monto supuestamente invertido. ¡Una super-ganancia fabulosa! ¿Cómo puede haber ocurrido esto? ¿En que condiciones se obtiene este fabulosa super-ganancia? Estamos en un orden mundial que lo que menos garantiza es la justicia; que funciona, mas bien, como el macro operador de legalización de ilegalidades, el gran garante de la expoliación de naciones y pueblos, el gran legitimador del extractivismo depredador y destructor de los ecosistemas.

Sorprende no solo la actitud del gobierno clientelar, embarcado en su propia decadencia, sino la actitud de los medios de comunicación y “analistas” que obvian, de entrada, los temas de fondo, y se pierden en una discusión leguleya. Teniendo en cuenta esta consideración, ya no es sorprendente la actitud de una “oposición”, que hace de complemento de la vocación de poder del gobierno clientelar; la “oposición” también se pierde en el debate leguleyo. Todos son cómplices de la expoliación económica del orden mundial y de la economía-mundo capitalista, concretamente, en este caso, de la extorsión económica de una empresa sin escrúpulos y de un gobierno secuaz. También sorprende la actitud pusilánime del pueblo, que no atina a responder ante semejante vulneración de su soberanía y atentado extorsionador en contra de sus posesiones y propiedades, las del pueblo boliviano. La pusilanimidad también es una actitud cómplice. Entiéndase, esta cuestión, la del destino de los recursos naturales del Salar de Uyuni, así como la cuestión del pleito jurídico contra el Estado boliviano, abierto por la empresa, no es un tema que compete al debate entre “oficialismo” y “oposición”, aunque sean los actores del espectáculo mediático y político; son cuestiones que atañen al pueblo boliviano, son cuestiones que exigen su responsabilidad.

Volviendo al tema que ocupa a medios de comunicación y a la clase política, en el diario El Deber, se hace una puntualización del asunto:

“El enredo jurídico-político tiene como efecto una oleada de versiones que confunden y pueden obstruir la identificación clara de los responsables del pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano como indemnización a una empresa chilena que se adjudicó hace años concesiones en el salar de Uyuni.

Son tres los asuntos que generan abundantes sospechas y dudas. El primero interpela a quienes avalaron el contrato con QUIBORAX, que luego fue anulado por el Gobierno de Mesa. Este tema no se aborda, pese a ser medular. El segundo ocupa la centralidad de la confrontación política- jurídica y apunta a responsabilizar al vocero de la demanda marítima boliviana por el millonario daño económico que causó la expulsión de la compañía chilena durante su mandato presidencial. La tercera, igual de central, es la cuestionada actuación de la defensa boliviana durante el Gobierno de Evo Morales en el laudo ante el CIADI, que finalmente perdió Bolivia”[3].

Para entender este menjunje debemos retroceder, como se dice, a los inicios de la historia; comenzaremos con breves descripciones de los factores y actores intervinientes en este entramado truculento económico, político y jurídico.

QUIBORAX es una empresa minera chilena, fundada en 1986, cuyas actividades y operaciones se dan en el Salar de Surire, en la I Región. QUIBORAX produce una gama de productos de boro, incluyendo ácido bórico; gránulos de boro – conocidos como granulex -; y fertilizantes e insecticidas, los cuales combinan boro o ácido bórico con sulfato de calcio, boratos de sodio y otras sales. En junio del 2004 el Ministerio de Minería e Hidrocarburos (MMH) de Bolivia tomó la decisión de revertir las concesiones de QUIBORAX para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, – ubicado en el departamento boliviano de Potosí – argumentando el incumplimiento de normas ambientales e irregularidades en la entrega de las áreas. QUIBORAX es el controlador chileno de la empresa boliviana Non Metallic Minerals, a través de la cual explotaba ulexita y otros recursos evaporíticos en el Salar de Uyuni[4].

Entonces, QUIBORAX es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encarga de producir ácido bórico y productos agroquímicos. Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo. La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA. Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía QUIBORAX en esa región potosina.

En el periódico Los Tiempos se publica un articulo que hace un recuento, titulado Claves para entender el caso QUIBORAX; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones, donde se describe la situación:

“En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a Bolivia por 66 millones de dólares.

En septiembre de 2015, CIADI falló a favor de QUIBORAX, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, CIADI desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.

En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el CIADI informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.

El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó CIADI y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.

El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares, pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados”[5].

El expresidente Carlos Mesa Gispert va más lejos, acusa al gobierno de haberse comprometido con la empresa cuestionada. ERBOL publica un artículo titulado Mesa: Procurador pactó caso Quiborax con asesor de Chile, donde se dice que:

“El expresidente Carlos Mesa reveló este martes que la Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Pablo Menacho, hizo un acuerdo transaccional por el caso QUIBORAX, con el abogado Andrés Jana, quien es asesor de Chile en el juicio por demanda marítima que se desarrolla en La Haya”[6].

Hasta aquí el perfil mediático del pleito, que, de todas maneras, nos muestra las consecuencias jurídicas y económicas del arbitraje internacional, además de mostrarnos el manejo político del tema, tanto por el “oficialismo” y la “oposición”, así como por los medios de comunicación. Todo esto es ilustrativo de la hegemonía jurídica-política-económica de las empresas trasnacionales en la economía-mundo capitalista y en el orden mundial. Ahora, en lo que sigue, intentaremos adentrarnos a otros perfiles del asunto; el que tomaremos en cuenta en este texto es el relativo a la extorsión económica. Comenzaremos con una descripción somera del drama de la soberanía de los recursos naturales, drama donde la soberanía tiene que abrirse camino en una maraña de obstáculos, alambres de púas, casamatas, artilugios, que usan las empresas trasnacionales para defenderse, evitando la realización de la soberanía, que queda como atrapada en la telaraña jurídica-política-económica de la economía mundo; llevándose como botín los recursos naturales expoliados a los países, pueblos y Estado-nación subalternos de la periferia del sistema-mundo capitalista.

Perfil económico-político del pleito

Otro plano de intensidad, en el que impactó el conflicto jurídico mentado, es el que podemos definir como el de la crítica, que es sensible ante los síntomas de los eventos y sucesos sociales, políticos, económicos y culturales. La perspectiva crítica busca, mas bien, interpretar los síntomas, efectuar una sintomatología, buscando auscultar lo que pasa en los substratos de las dinámicas sociales. Como aproximación a estos substratos se puede configurar un perfil económico-político. En este escrito haremos anotaciones que ayuden a dibujar este perfil, que aparece como actitud analítica del problema en cuestión.

En Lucha por el territorio de Nor-Lipez de Manuel Gysler se dice que después del conflicto con la LITHCO, las comunidades instalaron una planta de sal yodada, así como que tenían proyectada la instalación de una planta piloto de litio en el salar. Se tardó hasta la promulgación del Decreto supremo 29496, del 1 de abril de 2008, cuando se estableció la creación de una entidad que se encargaría de la instalación de una planta piloto de carbonato de litio. En mayo de 2008 el presidente colocó la piedra fundamental de la planta, contando con una inversión de 5,7 millones de U$, cuya conclusión debería efectuarse en el transcurso de 18 meses. Fuera de este proyecto connotado, existían 68 concesiones en el Salar de Uyuni; del total de estas empresas 46 se tramitaron en la gestión de gobierno de Hugo Banzer Suarez (1997-2001). Después de una evaluación 41 concesiones fueron consideradas como inactivas, 4 habrían finalizado sus trabajos de exploración y solo una concesión habría quedado activa. Se dice en el libro que “bajo estas consideraciones el gobierno de Evo Morales Ayma anuló las concesiones de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA.”, aunque fue el gobierno de Carlos Mesa el que lo hizo. Se puede entender, para lo que compete en la descripción, que el gobierno de Evo morales consolida dicha anulación. Las concesiones a esta empresa fueron otorgadas en 1998 por la Superintendencia de Minas de Tupiza de una forma ilegal. Fue la misma autoridad la que en el 2004 anuló los trámites por errores procedimentales, mediante Resolución Administrativa. Posteriormente, el 2006, la empresa QUIBORAX presentó una demanda contra el Estado boliviano ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), argumentando que siendo accionista de la empresa Non Metallic sus inversiones en el Salar de Uyuni quedaban afectadas debido a la anulación de las concesiones. Ante este reclamo el gobierno se comprometió entregar a la empresa demandante 350.000 toneladas de ulexita con el objeto de cubrir el supuesto daño que se causó. De acuerdo al presidente de CIRESU, Daniel Howard, no existía sociedad alguna entre Non Metallic y QUIBORAX, en consecuencia, la empresa demandante no tenia nada que reclamar ni tenia derecho a ninguna indemnización. Por otra parte, los dirigentes del Comité Cívico Potosino (COMCIPO) afirmaron que las inversiones de QUIBORAX no eran de 3 millones de dólares, como había declarado la empresa, sino mucho menos, incluso la cifra pírrica de 500 U$. Comprando las cargas de la empresa boliviana Non Metallic, QUIBORAX no habría sido dueña de la concesión otorgada. El ex presidente del Comité propuso que se debería procesar a la empresa por el saqueo de los recursos naturales[7].

Como se puede ver esta historia económica parece corresponder a uno de los estilos típicos de las relaciones entre empresas trasnacionales y los Estado-nación subalternos, en lo que respecta al tratamiento, por ambos, de los recursos naturales. Empresas trasnacionales y Estado-nación subalternos consideran a los recursos naturales como objetos de extracción, objetos que son catalogados en las cadenas productivas como materias primas. Los monopolios, que conforman estas empresas trasnacionales, controlan las reservas de materias primas; controlan las concentraciones industriales, que pueden también disgregarse, para poder ser congregadas en el armado industrial; controlan los recorridos del transporte y los mercados; de alguna manera, aunque con contingencias, controlan, por lo menos durante ciertos periodos, la determinación de los precios. Dando lugar a relaciones de términos de intercambio en detrimento de los Estado-nación subalternos. En lo que respecta a la explotación y a las inversiones, se dividen o conforman subsidiarias; en su caso, llegan a acuerdos con otras empresas nacionales, con el objeto de controlar mejor las cadenas productivas; en la base de estos procesos, lograr mejores concesiones en los países donde operan sus capitales y sus máquinas económicas. En otras palabras, logran camuflar los controles monopólicos, presentándose de manera separada a las licitaciones, concesiones y contratos.

Cuando hablamos del bórax, de la ulexita, del manganeso y del litio, estamos hablando de minerales que se consideran metálicos y no metálicos, dependiendo. Son usados en los procesos industriales de reciente generación; por ejemplo, en la producción de semiconductores; así como también en la agroindustria. La exportación de ulexita se realiza principalmente para agroindustrias que aprovechan el bórax refinado, del que se obtiene potasio y magnesio como fertilizantes. El manganeso tiene variados usos, para el aumento del octanaje, en las baterías desechables estándar, para producir acero y hierro, en aleación con el aluminio, para oxidar el alcohol bencílico, para verdear el vidrio, en la fabricación de pinturas, en la cerámica. El litio también tiene usos múltiples, dependiendo de las composiciones donde participa; son excelentes secantes y se emplean en bombas de calor, para el tratamiento de la manía; como lubricante, en naves espaciales y submarinos; en la construcción aeronáutica; también en la fabricación de lentes y telescopios; así como tiene aplicaciones nucleares. Entonces, no estamos hablando, por así decirlo, del clásico extractivismo, sino de un extractivismo más sofisticado, que requiere para su extracción de tecnologías avanzadas; también su incorporación a las cadenas productivas se efectúa en industrias de alta tecnología. El mercado de estos minerales metálicos y no metálicos es también especializado. Sus reservas se hallan concentradas en el llamado “triángulo del litio”, que se encuentra entre Argentina, Bolivia y Chile, donde las mayores reservas se ubican en Bolivia.

Se puede decir que la historia de las concesiones, así como la defensa de los recursos naturales, en Bolivia, incumbe a una guerra por el control de las reservas. Lo primero que habrían hecho las empresas trasnacionales es lograr el control de las reservas; por eso sus convenios y compromisos resultan tan ambivalentes. En lo que respecta a la soberanía, al parecer, las empresas trasnacionales han boicoteado esta posibilidad, pues, al controlar el mercado, buscan disminuir sus costos en la cadena productiva y obtener super-ganancias; por eso intervienen suspendiendo la soberanía, desconociéndola en la práctica, aunque lo hagan de dientes para afuera, en el discurso. En tercer lugar, en el contexto y la fase de la dominancia del capitalismo financiero y especulativo, las empresas trasnacionales especulan con las concesiones que obtienen, buscando obtener super-ganancias a través de procedimientos especulativos; incluso llegar a extorsionar a los Estado-nación subalternos involucrados.

En este contexto histórico-económico-político no es inverosímil lo que ha pasado en el asunto de QUIBORAX; se puede interpretar el entramado sinuoso de su decurso y sus desenlaces como parte del funcionamiento de las máquinas económicas del sistema-mundo capitalista en la fase del capitalismo financiero y especulativo. Se trata, en este caso, de máquinas económicas más sofisticadas, que logran manipular mediante el monopolio del control de las tecnologías requeridas para explotación y combinar este monopolio con estrategias especulativas y de extorsión.

Cuando preguntábamos sobre las condiciones de posibilidad en las que se da la super-ganancia de la empresa en cuestión, a través de un veredicto jurídico internacional, nos abrimos a la gama de factores articulados que acabamos de mencionar; sin pretender abarcarlos todos, vale la pena mencionar uno más, el relativo a la corrosión institucional y a la corrupción. Lo que ha ocurrido, la derrota gubernamental en el conflicto jurídico desatado por la empresa contra el Estado boliviano, la obtención de una super-ganancia, insostenible económicamente, ganada de manera leguleya por la empresa, solo puede haberse dado en concomitancia con el gobierno clientelar. Se han tenido que hacer partícipes de esta extorsión a altos personeros del gobierno clientelar.

Estamos ante un perfil de la extorsión económica. La extorsión económica es el mecanismo mediante el cual se obtienen super-ganancias, que ya no tienen que ver con el desenvolvimiento corriente de la economía y el mercado, sino con despliegues del lado opaco y el lado oscuro de la economía, así como tienen que ver con el lado oscuro del poder. La ganancia obtenida no es resultado del cálculo costo y beneficio, sino de la extorsión, que funciona en la sinuosa maquinaria de la economía política del chantaje. Por más que se encubra jurídicamente esta extorsión, no resulta del funcionamiento económico propiamente dicho, sino del funcionamiento de las formas paralelas del ejercicio del poder. Se trata de ganancia extraordinaria, lograda por el empleo de la coerción y el chantaje, por el uso de la violencia solapada, encubierta con lenguaje jurídico.

La extorsión económica es un indicativo de a dónde ha llegado la dominación ejercida por las máquinas del poder; también es indicativo de a dónde ha llegado la subalternización, que adquiere la característica de sumisión descarnada; así mismo es indicativo de los elevados niveles de corrosión institucional y de corrupción.

Notas

[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Periplos del desarrollismo; también Colonialismo extractivista y dependencia con el litio.

https://pradaraul.wordpress.com/2018/04/06/periplos-del-desarrollismo/.

https://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/colonialismo-extractivista-y-dependencia-con-el-litio/.

[2] Leer ¿Quién es responsable del caso Quiborax? http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/6/21/quien-es-responsable-del-caso-quiborax-184289.html.

[3] Leer La politización del caso Quiborax. https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-politizacion-del-caso-Quiborax-20180621-9463.html.

El artículo sigue el relato: Aunque la expulsión de QUIBORAX es aprobada prácticamente por unanimidad, la forma en la que se lo hizo habría provocado la millonaria indemnización, según el Gobierno, y es lo que tiene acorralado a Mesa. El exmandatario ha reconocido fallas en los procedimientos de anulación de concesiones, pero asegura que fueron corregidas incluso por su sucesor Eduardo Rodríguez Veltzé. Este es el punto que Mesa debe todavía esclarecer de forma más convincente para quedar libre de sospecha y, sobre todo, de culpa.

Si la verdadera intención del proceso es dar con los responsables del millonario daño, se tiene que considerar con la misma preponderancia las denuncias que alcanzan a funcionarios de Evo Morales que manejaron la defensa del caso QUIBORAX. En la última semana se ha sabido de que los chilenos usaron un acta falsa en el laudo, lo que debió ayudar a frenarlo. Es llamativa también la revelación de que el Gobierno recibió la oferta de cerrar el proceso con el pago de 3 millones de dólares en vez de lo que al final resultó 42,6 millones de dólares. También es delicada la revelación de que se filtró documentación confidencial boliviana a los chilenos durante una negociación.

En consecuencia, la investigación debería transcurrir con igual celeridad para aclarar la actuación de Mesa como la de los ministros y el procurador acusados. De lo contrario, parecerá ser solo el eje de un sistemático plan de eliminación de un potencial rival electoral del oficialismo.

[4] Quiborax S.A. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/quiborax-sa-quiborax.

[5] Leer Claves para entender el caso Quiborax; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones. http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180613/claves-entender-caso-quiborax-juicio-que-bolivia-pierde-us-426-millones.

El artículo continúa con el recuento de las posiciones encontradas:

Gobierno del MAS acusa a Mesa

El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con QUIBORAX.

La Procuraduría dijo que en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.

La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante QUIBORAX son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.

Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante CIADI en 2015, defendió la legalidad de esa norma.

Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé

El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Sin embargo, Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.

“Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.

En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.

Mesa acusa a QUIBORAX de falsificar acta para demandar a Bolivia

El expresidente de Bolivia aseguró ayer que la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.

Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.

“El Arbitraje en el caso QUIBORAX en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, expresó en un artículo publicado en su página web.

Ante esta situación, Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra dentro de este caso.

Gastos y honorarios del Comité; un pago extra

CIADI determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del CIADI en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.

La entidad internacional determinó que QUIBORAX pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).

[6] Leer Mesa: Procurador pactó caso Quiborax con asesor de Chile. http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/12062018/mesa_procurador_pacto_caso_quiborax_con_asesor_de_chile.

El articulo continua el relato de la siguiente manera:

Jana apareció la semana pasada en una conferencia de prensa junto al procurador Pablo Menacho y el ministro de Minería, César Navarro, para anunciar que se había llegado a un acuerdo para pagar a QUIBORAX más de 42 millones de dólares, debido a la indemnización surgida por la expulsión de la empresa chilena de la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni.

“El señor Andrés Jana es parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene en La Haya, o sea llegamos al caso increíble de que el Procurador General del Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quibórax nada menos que al representante de QUIBORAX, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile”, dijo Mesa en Sucre.

Reportes de medios chilenos confirman a Jana como asesor de su país ante el proceso en La Haya. En marzo reciente, el jurista afirmó que la demanda boliviana es débil en su sustento jurídico, según La Tercera.

La Procuraduría culpa a Mesa por la indemnización a QUIBORAX y le inició un proceso, bajo el argumento de que un decreto suyo con errores legales fue el causante de que la empresa chilena acuda a la CIADI y logre un pago millonario.

Mesa se presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado en Sucre para solicitar de nuevo el rechazo de esa denuncia de la Procuraduría. Esta vez, el expresidente planteó el argumento de que la empresa chilena usó un documento falsificado para llevar adelante el arbitraje ante CIADI.

Explicó que la empresa chilena usó un acta falsificada de poderes para forzar el arbitraje contra el Estado boliviano. Dijo que el fraude en ese documento se confirmó porque en 2009 el accionista de QUIBORAX David Moscoso fue condenado a dos años de cárcel por ese delito.

Dijo entonces que el motivo del arbitraje no es el decreto que él emitió, sino ese documento falsificado. Crítico que la CIADI haya aceptado una falsificación en este proceso que calificó de ilegal.

“Lo que más llama la atención es que la defensa del Estado de Bolivia en el arbitraje, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, contra ésta abierta parcialización del Tribunal Arbitral, deja pasar esta írrita decisión como si se tratara de una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del Arbitraje”, dice el memorial presentado por Mesa.

[7] Leer de Manuel Gysler La lucha por el territorio de Nor- Lipez. Editorial Plural y AGRUCO. La Paz 2011; págs. 77-79.

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/06/27/extorsion-economica/