UNASUR: Organizaciones sociales cuestionan el
sentido y el impacto de la integración Suramericana
¿Qué
es UNASUR?, ¿Cuál es la importancia de la IIRSA para la constitución de
UNASUR?, ¿A qué intereses responde el Consejo de Infraestructura y
Planificación COSIPLAN, dependiente de UNASUR? ¿Toma en cuenta los derechos de
los pueblos y comunidades donde se ejecutan sus proyectos? ¿Cuál es el rol de
las transnacionales y el capital financiero internacional en los proyectos de
UNASUR? ¿Tienen los mismos beneficios en la integración Bolivia
y Brasil?
Bajo estas cuestiones reflexionaron
diversos representantes de organizaciones sociales indígenas, originarias y
campesinas de los valles, el altiplano y la amazonia; sindicatos y
organizaciones vecinales de Bolivia que dieron respuesta a estos interrogantes
en el taller de reflexión “UNASUR y COSIPLAN: sus impactos y su financiamiento”
(1) llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba organizado por la Coalición Regional
(2) de la que forma parte el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario – CEDLA
¿La integración al servicio de quién?
El coordinador del Programa Urbano,
Carlos Revilla explicó que UNASUR y la idea de crear una comunidad de naciones
suramericanas fue impulsada por el Brasil desde el año 2000. Dicha comunidad se
basaba en tres ejes: la integración económica, el fortalecimiento de la
democracia, y la creación de una red de infraestructura regional de transporte,
energía y comunicaciones que contempla proyectos como carreteras, hidrovías y
represas con un importante impacto sobre el ambiente y las comunidades. Para
llevar a cabo esta red, Brasil creó el Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social -BNDES- que da créditos para la construcción de carreteras con la
condición de que sean sus empresas quienes ejecuten dichos proyectos. Empresas
como Odebrecht a cargo de la carretera de Palos Blancos y OAS en el caso TIPNIS
En el taller con las organizaciones
sociales se reflexionó sobre los intereses implícitos de las construcciones de
infraestructura de transporte regional. Geovane Sousa, representante de los
afectados de las represas de Brasil, apuntó que su país necesita exportar su
producción de soya de manera más rápida y con menor costo, por lo que la
infraestructura vial no responde a un desarrollo para los pueblos sino a los
intereses de bancos y transnacionales.
Según Revilla, la trayectoria de UNASUR
no sostiene una integración política real, debido a que existen tensiones entre
los países integrantes en temas por ejemplo territoriales y de liderazgos. “Lo
que mantiene unida a UNASUR es el financiamiento de Brasil a través de IIRSA y
los créditos de estos bancos”. IIRSA es la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana ), que actualmente es
impulsada por COSIPLAN.
¿IIRSA/COSIPLAN es integración social y
política?
El término de integración se ha
reducido a hablar de obras de infraestructura para la conexión física
(transporte, energía, comunicaciones, marcos regulatorios), explicó Silvia
Molina, investigadora del CEDLA a tiempo de dar a conocer las características y
la relación entre el IIRSA y COSIPLAN.
Molina resaltó que la cartera de
proyectos del COSIPLAN se concentra en un 88,2% en transporte, 10,01% en
energía y 1,7% en comunicaciones y que el 74,5% de estos proyectos es
financiado por el sector público.
En este sentido Molina preguntó ¿Hay
transparencia, información y participación? ¿Quién decide, quién se beneficia y
quién paga en los proyectos IIRSA/COSIPLAN? ¿Hay representación de la sociedad
civil? ¿Hay mecanismos de rendición de cuentas?
Irineo Tancara de la Federación Intercultural
de Comunidades Ecológicas del Alto Beni área VII – FICEAB, mencionó al
respecto: “Para mi somos un país de paso y no nos beneficia (…) en la
Constitución dice que los derechos de tierra y territorio son un asunto Estatal
y el Convenio 169 de la OIT nos da un derecho de que debemos ser consultados
(…) los pueblos por los que pasan esas carreteras tampoco se van a beneficiar,
van a pasar los tráiler y no va consumir”.
Por su parte Abrahan Cuellar,
investigador que trabajó con diversas organizaciones sociales en Bolivia,
señaló: “No hay mecanismos de difusión de información sobre los recursos. Hay
una imposición de política pública y de proyectos de desarrollo regional. La
sociedad tiene derecho a decidir qué tipo de desarrollo o en qué va invertir
sus recursos”.
“Agua y energía con soberanía,
distribución de la riqueza y control popular”
Geovane Sousa, representante de los
afectados por las represas en Rondonia – Brasil, manifestó “Son aproximadamente
1700 familias afectadas por las represas. Los estudios no se hicieron de manera
adecuada y otras personas también fueron afectadas indirectamente, los suelos
ya no se pueden cultivar y el agua está contaminada. La lucha de los afectados
es para que sus derechos sean respetados por el Estado”
Sousa señaló que quienes manejan el
capital financiero para este tipo de proyectos son los que manejan las leyes
beneficiando a los capitales transnacionales y no a las personas que necesitan
energía.
“Creemos que el problema central de la energía
es la política y el modelo de energía. La clase obrera quiere discutir y
decidir sobre la política energética, el control de las fuentes, la
planificación, la producción y la distribución de la energía y la riqueza
generada allí. El problema no es la cantidad de energía, el problema es para
quién se genera energía, es para mantener el sistema capitalista y no para la
población” concluyó Sousa.
Participación traspasando la
institucionalidad vigente
Jorge Zanafria, del Centro de Derechos
Económicos y Sociales – CDES de Ecuador, planteó las condiciones ofrecidas por
los gobiernos para efectivizar el plan de integración de infraestructura del
COSIPLAN. Por un lado, el debilitamiento del marco normativo tributario para
atraer inversión extranjera, y las facilidades ofrecidas con el fin de que los
recursos naturales sigan siendo extraídos en grandes cantidades. Afirmó que
América Latina sigue siendo una región proveedora de materias primas,
postergándose la
industrialización. El ecuatoriano resaltó que este proceso de
modernización del capitalismo en Bolivia, Ecuador y Brasil supone sacrificar
nuestras culturas, ecosistemas, formas de vida y derechos, justificado con el
mito del desarrollo (fetiche=carreteras). Concluyó haciendo un llamado a la
participación social, más allá de los márgenes establecidos por la
institucionalidad oficial, para construir una integración social desde las
organizaciones sociales.
¿Cómo construimos la integración?
Un primer paso mencionado por las
organizaciones es el identificarse como clase trabajadora sin perder las
identidades culturales, para tener una visión conjunta de la lucha y del
desarrollo que se quiere como pueblos y de los proyectos que realmente son
prioridad para mejorar la vida de la gente. “Para ello debemos reconocer contra
quienes nos enfrentamos. Es importante no concentrarnos en temas puntuales sino
en las causas”, manifestaron.
Las organizaciones sociales presentes
en el evento plantearon cómo construir una integración desde los pueblos con
las siguientes propuestas:
• Generar más espacios y foros de
debate para la construcción de una visión conjunta de desarrollo.
• Que los Estados inviertan en generar
condiciones para el desarrollo productivo enfocado a los pequeños productores.
• La generación de energía debe estar
enfocada para el beneficio de las comunidades y no para la especulación
financiera.
• Control social y fiscalización de
nuestros recursos naturales: la vida no se negocia, el medio ambiente no se
negocia.
• Compensación a las comunidades
afectadas por los impactos negativos de los megaproyectos.
• Modificación profunda del sistema
financiero.
• Desarrollo nacional con una visión
desde las necesidades de la gente: priorizar la salud y educación.
• Recuperar la agenda de octubre de
2003 y una verdadera nacionalización de las empresas estratégicas.
• Establecer mecanismos de información
y difusión sobre el manejo de los recursos.
• Derecho a decidir sobre el desarrollo
que queremos.
• Derecho a la consulta previa, libre,
informada y vinculante.
(1) El evento fue co- organizado por el Programa NINA y el
Programa Urbano de la red
UNITAS.
(2) La
Coalición Regional está conformada por Asociación Ambiente y
Sociedad (AAS) de Colombia, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA) de Bolivia, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE) de Brasil, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
de Ecuador, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) del Perú.
Fuente: fp-fip.org/es/unasur-organizaciones-sociales-cuestionan-el-sentido-y-el-impacto-de-la-integracion-suramericana/
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