Más allá del grifo:
crisis del agua y del
extractivismo de
ajuste en Venezuela.
12 de julio de 2018
La lógica del extractivismo en Venezuela ha
organizado el territorio nacional en diferentes “polos de desarrollo” y
cinturones de asentamiento poblacional, básicamente en función de la
acumulación capitalista. Estos polos de desarrollo han generado enormes
impactos en las cuencas del país, organizados bajo una racionalidad económica
en la que claramente prevalece el beneficio de grupos particulares (nacionales
e internacionales) aunque se haya dicho por cien años que el sacrificio era por
el “progreso de la nación”.
Por Emiliano Teran Mantovani*
Si usted vive en
Venezuela, probablemente tenga en este momento serios problemas de acceso al
agua potable y de calidad. Al calor de la crisis que vivimos, florecen en todos
los rincones del país múltiples protestas, de familias y comunidades que han
pasado semanas consecutivas, y hasta meses, sin recibir el líquido.
La situación es muy
preocupante. Pero no piense que se trata sólo de consecuencias coyunturales.
Ciertamente ha existido una gestión del agua cada vez más indolente,
improvisada e irresponsable por parte del Gobierno nacional (aunado a su
deficiente y lenta capacidad de resolución ante averías e incidencias que
afectan al sistema de distribución). A la vez, vivimos tiempos de eventos
climáticos cada vez más extremos y frecuentes –recordemos las extraordinarias
sequías de 2010, 2013/2014 y 2015/2016–, en el marco de las tendencias del cambio climático, que apuntan a aumentos progresivos de la
temperatura media, así como a la disminución de las precipitaciones y cambios
en sus ciclos.
Pero es importante
resaltar que esta crisis hídrica es también el reflejo de un problema de fondo,
que tiene que ver con el modelo de desarrollo extractivista y desarrollista;
con décadas de degradación de las fuentes de agua por las lógicas depredadoras
que conlleva; y con las formas de ocupar los territorios y de relacionarnos con
la naturaleza.
Todo esto significa
que esta crisis va más allá de sus ojos, más allá del grifo: el agua fluye por
múltiples ámbitos geográficos, se mueve en ciclos vitales, y si alguna parte o
ámbito de esos ciclos es afectada, eso impactará en el agua que usted
finalmente consumirá (o no).
Así que esto nos lleva
a hacernos preguntas de más amplio alcance. Y la situación nos invita a actuar
con premura, aunque hayan empezado las lluvias.
La geografía del agua
y el extractivismo en Venezuela
Si usted revisa las
noticias y la discusión general sobre la problemática del agua, verá que hay un
enorme sesgo que favorece a los procesos finales de la distribución de este bien
común: racionamiento social en los hogares, sistema de tuberías y bombeo, etc.
Son claramente los temas más mediáticos porque son los más próximos al grueso
de la sociedad afectada. En este sentido, muy poco se habla de lo que va
ocurriendo “aguas arriba” de todos estos procesos.
Previo al envío para
el consumo último están los procesos de potabilización de las aguas, los cuales
se han precarizado en los últimos años. Pero esto no ocurre únicamente por
insuficiencias técnicas en las plantas, sino también porque las aguas están
llegando aún más contaminadas, lo que acentúa el trabajo de potabilización.
Esto nos lleva evaluar
la situación de los embalses del país, desde donde se envían estas aguas. La
imagen recurrente de la crisis es la del drama de los embalses secos. En junio pasado, el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) apuntaba que de los 62 reservorios destinados
para el aprovechamiento humano, 31 mostraban indicadores de almacenaje
precarios.
Sin embargo, va siendo
también determinante el deterioro de la calidad de las aguas de estos
importantes depósitos hídricos (como ocurre en La Mariposa, Camatagua o
Pao-Cachinche). Destacamos factores que causan esta situación: la falta de
mantenimiento de estos reservorios; el trasvase de ríos cloacales hacia ellos;
defectos en la capacidad de depuración de las aguas que los alimentan; la
deforestación de las laderas circundantes; la contaminación provocada por
asentamientos humanos aledaños, que vierten desechos químicos y orgánicos; y
actividades económicas como las agrícolas, pecuarias, o incluso derrames de
petróleo (como ha ocurrido en el estado Monagas).
Una evidencia de esta
situación son los procesos de eutrofización que se han generado sobre algunos
embalses, como reacción a la presencia de materia orgánica (que proviene de
aguas negras no tratadas) y desechos de la actividad agrícola (nitrógeno,
fósforo, etc). Esto es lo que produce la aparición de algas en la superficie
del agua o la “lemna”, lo que a su vez puede provocar la aparición de “cianobacterias”
que pueden generar toxinas capaces de, por ejemplo, envenenar animales que
beben estas aguas o habitan esas zonas.
De esta manera, los
embalses son también alimentados de aguas contaminadas y desde cuencas que van
siendo cada vez más degradadas. Este es uno de nuestros argumentos principales:
los efectos de la crisis del agua que vivimos tienen también que ver con la
situación de las cuencas hidrográfica, de nuestros ríos y mares, y estas ha
sido y siguen siendo impactadas determinantemente por las lógicas de
apropiación y explotación de la naturaleza del modelo de desarrollo
extractivista y desarrollista, de sus modos de ocupación de los territorios, o
bien por el crecimiento descontrolado de sus modalidades informales e
ilegales.
La lógica del
extractivismo en Venezuela ha organizado el territorio nacional en diferentes
“polos de desarrollo” y cinturones de asentamiento poblacional, básicamente en
función de la acumulación capitalista. Un factor histórico determinante ha sido
la particular geografía del agua en el país, que tiene a las grandes áreas de
concentración de la población en la zona norte-costera, mientras que las
principales fuentes de agua se encuentran lejos, más al sur y en torno a la
cuenca del río Orinoco. Esto ya determina mayores esfuerzos y vulnerabilidades
dada la considerable distancia para trasladar el agua hasta las principales
ciudades.
Pero es importante
resaltar cómo estos polos de desarrollo han generado enormes impactos en las
cuencas del país, organizados bajo una racionalidad económica en la que
claramente prevalece el beneficio de grupos particulares (nacionales e
internacionales) aunque se haya dicho por cien años que el sacrificio era por
el “progreso de la nación”. El imaginario de riqueza del “oro negro” en
Venezuela ha logrado colocarse muy encima de cualquier cosa que nos permita
comprender que el agua vale más que el petróleo, el gas, el oro, u otro
commodity.
Prolongados e intensos
impactos de la industria petrolera en las cuencas del Lago de Maracaibo, del
rio San Juan y el Orinoco; ríos contaminados y degradados por la actividad
agrícola (como ocurre en Los Andes o en Los Llanos Occidentales); deforestación
de bosques ribereños y partes altas de las cuencas; proyectos mineros que
devastan áreas y que vierten desechos tóxicos a los ríos aledaños (como ocurre
con el río Guasare y la minería de carbón al norte del Zulia); o los terribles
efectos que la minería ilegal y su vertido masivo de mercurio en las aguas
están provocando al sur del río Orinoco; por mencionar los efectos más
emblemáticos y visibles.
En el Mapa de Conflictos socio-ambientales que hemos elaborado desde el
Observatorio de Ecología Política de Venezuela, podemos
encontrar que prácticamente el 100% de los casos registrados son expresiones de
impactos de diversa magnitud sobre el agua y sus ciclos en el país. El mapa en sí mismo refleja la
problemática geografía política del agua de la que hablamos. Una geografía
que también refleja que las actividades económicas que provocan las
afectaciones a las cuencas hidrográficas, o suelen tener poca regulación, o son
muy difíciles de interpelar desde la ciudadanía (o incluso las propias
instituciones).
Estos emprendimientos
suelen hacerse sin ninguna consulta a las poblaciones locales, y las gestiones
de seguridad ambiental y remediación suelen ser marcadamente indolentes, lo que
implica que se les imponen daños a las aguas a los habitantes de las áreas
impactadas, condenándolos a enfermedades y serios problemas de acceso a este
importante bien común, sin tener prácticamente canales de justicia para reparar
la situación.
Cuando los impactos
locales se van haciendo cada vez más significativos, generan modificaciones
cuantitativas y cualitativas en las cuencas hidrográficas, lo que con el tiempo
va a afectar todo el proceso de distribución del agua en el país, y por ende,
toda la vida que gira en torno a estos ciclos. Las tendencias planteadas hacen
la situación insostenible. En el corto y mediano plazo podría comprometer la
reproducción de la vida socio-ecológica de millones de venezolanos.
Una serie de proyectos
han sido presentados, sea nuevos o el relanzamiento de otros más viejos. Estos
abarcan todo el territorio nacional. En esta propuesta la (mega)minería toma un
rol que no había tenido antes en la historia, siendo el proyecto del Arco Minero del Orinoco el de las mayores dimensiones y
consecuencias.
La multiplicación de
emprendimientos en todo el país, bajo la lógica depredadora que ha producido la
actual crisis ambiental, no promete otra cosa que agravar aún más el ya
complejo problema del agua. A estas alturas, han sido muy bien documentados los terribles impactos que la
minería y su
expansión producen en las fuentes de agua y la población.
La propuesta de las
“Zonas Económicas Especiales”, impulsada por el Gobierno nacional desde 2014,
plantea una desregulación radical de los territorios para favorecer el rápido
desarrollo del capital en la zona seleccionada. Es muy importante resaltar que
la desregulación es integral, es decir, no sólo es económica, sino que
cualquier forma de protección ambiental, en los hechos, queda también
suspendida.
Sin mencionar de
ninguna manera la reversión de los impactos de esta profundización del
extractivismo, el Gobierno nacional ha propuesto el “Plan Nacional de aguas 2018” , siendo anunciado un presupuesto de 2,8 billones de bolívares por
el entonces ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez Araguayán. El plan contempla la adquisición de
repuestos (bombas, motores, transformadores eléctricos), mantenimiento de
embalses y en general la recuperación de todo el sistema de bombeo,
distribución y almacenamiento de agua.
El problema es que estas inversiones no tienen
ningún sentido sino se ataca de raíz el problema de la salud de las cuencas
hidrológicas y ciclos del agua, o si ni siquiera se discute la lógica poco
transparente, responsable y democrática que tiene la gestión hídrica en el
país.
Es importante destacar
la propuesta del presidente
Maduro de comprarle a China e instalar en el país más de un centenar de plantas
desalinizadoras ,
como forma de enfrentar la crisis del agua y teniendo en cuenta que la
desalinización sería el “futuro de la humanidad”, a decir del Presidente.
No obstante, poco se
habla de los costos y consecuencias de esta nueva panacea: las desalinizadoras
requieren enormes cantidades de energía eléctrica para funcionar (lo cual
contrasta notoriamente con la crisis eléctrica que vive el país); tiene altos
costos de inversión y mantenimiento (por lo que requiere grandes presupuestos),
lo que incrementa de hecho los costos de la distribución del agua; y genera
importantes daños ambientales, como el vertido de grandes cantidades de sal
(salmuera) y contaminantes al mar, además de la destrucción de las zonas
costeras donde se instalan, y su contribución al problema del cambio climático
(alta emisión de gases de efecto invernadero).
Lo fundamental, es que esta propuesta de la
proliferación de plantas desalinizadoras, en un país con grandes y ricas
fuentes de agua dulce, refleja claramente el no cuestionamiento al modelo de desarrollo
imperante.
Más bien se debería empezar por un cuidado meticuloso de las cuencas, de los
consumos y las distribuciones del agua; por una transformación del modelo
económico, que es sencillamente insostenible.
La mezcla de la lógica
extractivista del Gobierno nacional con una clara incapacidad e indolencia en
la gestión del agua apuntan al agravamiento de la delicada situación hídrica
del país. Del mismo modo en el que se reza para que suban los precios del
crudo, el Ejecutivo parece dejar la salida de la crisis en manos de la llegada
de las lluvias.
Estamos ante
complicados tiempos para el ambiente. El Gobierno no puede utilizar como excusa
el problema del cambio climático para justificar la situación. En
cambio, se debe iniciar un programa urgente de adaptación ante los escenarios
de eventos climáticos extremos. Es una imperiosa necesidad.
Y el rol de las
organizaciones sociales y ciudadanía en general es fundamental. Ampliar la
sensibilización y valoración del tema es determinante, para lograr que el agua
tenga más dolientes de los que existen. Movilizarnos por el agua, interpelar a
los gestores, reclamar los cuidados de las fuentes naturales, crear campañas
para su protección. Pero al mismo tiempo, tratar de construir una cultura de gestión
social del agua, impulsar colectivamente usos territoriales del líquido, y con
él, de todos los ecosistemas en los que vivimos.
Más que nunca el agua
debe ser uno de los principales punto de la agenda de luchas en Venezuela. Sin
agua no hay patria, ni estabilidad, ni futuro.
Julio de 2018
* Sociólogo,
investigador asociado al CENDES y miembro de la coordinación del Observatorio
de Ecología Política de Venezuela
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