Por la vida:
¡territorios libres de minería!
28 de julio de 2018
Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)
En el Día
Mundial Contra la
Megaminería a cielo abierto, varios colectivos, así como la Red Mexicana de
Afectados por la Minería (Rema), hicieron público un comunicado dirigido a las
y los mexicanos, y al próximo gobierno de la República, en un contexto
marcado por la precariedad
laboral, inseguridad, violencia generalizada, impunidad, falta de procuración
de justicia, corrupción, violación de derechos humanos, criminalización de la
protesta social, destrucción y contaminación de los ecosistemas y los bienes
naturales, así como la imposición de políticas y leyes neoliberales
entreguistas que atentan contra la identidad y cultura del y de los pueblos de
México.
Manifiestan y visibilizan su repudio a la megaminería: porque justo esta
actividad extractiva, es la que mejor representa el despojo y desplazamiento
forzado de la población, la que más encarna la eliminación de la vida en su
conjunto, y la que se encuentra encabezada por un grupo de ‘selectos
empresarios’ que recurrentemente violan las leyes –sin que existan
consecuencias al respecto–, violentan a las y los habitantes opositores a este
tipo de proyectos, y establecen, en la mayoría de los casos, un abierto contubernio
con el crimen organizado para implantar control territorial”.“
De las
reformas estructurales neoliberales, se menciona, en particular, la nefasta ley
minera de 1992, que en su artículo sexto otorga carácter preferente a la
exploración y explotación mineras sobre
cualquier otro uso de la
tierra. Esta ley, entre otras, ha traído afectaciones graves
a cientos de comunidades, cuyos daños
han sido documentados por científicos comprometidos que se han decidido a
acompañar este tipo de procesos, así como igualmente los han documentado y
denunciado cientos de grupos de la sociedad civil. En todos los casos el
gobierno mexicano ha mostrado opacidad, omisión con la sociedad, y en
consecuencia, complicidad para con las empresas y los empresarios.
Muy graves son
las denuncias de las instituciones
universitarias, quienes se están acostumbrando a recibir jugosas donaciones,
que las mete en conflictos de interés y no en pocos casos, salen a proteger a
los empresarios al ocultar, maquillar y manipular datos sobre los terribles
daños a la salud y al ambiente que las empresas ocasionan durante su operación
cotidiana.
Demandan al
gobierno electo: “a). JUSTICIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Ya no es posible dar
continuidad a este modelo extractivo depredador; ya no es posible continuar
reafirmando la ‘institucionalización’, tanto de los principios rectores
empresariales como la responsabilidad social empresarial o la existencia de la
minería verde/sustentable, menos aún se dé continuidad a la falsa premisa de
que el que contamina paga (…) b). CANCELAR CONCESIONES MINERAS: Cortar de facto con esta política indiscriminada y
entreguista de concesiones mineras, como si los bienes naturales de México
fueran de los gobernantes y no de la nación (…) TODAS las concesiones mineras
deben ser canceladas DE FORMA INMEDIATA, porque todas sin excepción, han
violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y
vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente
(…) c). ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Y DE LOS DERECHOS HUMANOS: (…) Los pueblos tienen auto-adscripción, autonomía y
libre determinación que hacen valer sus decisiones, a partir de las estructuras
de gobernanza que para ello tienen definidas, mismas que están reconocidas por
el Estado mexicano. (…) Los proyectos de muerte no merecen ni siquiera
preguntarse, se prohíben desde el proyecto de nación de forma tajante. d). FIN
DE LA
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL (…) que PROFEPA Y SEMARNAT dejen de
ser totalmente lo que han sido hasta ahora; fieles artífices, amigos y
coadjutores del modelo extractivo depredador que busca minerales, agua, gas,
petróleo, a la vez que impone plantaciones como palma africana y transgénicos
(…) e). DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Es deseable que el gobierno electo construya
una estrategia integral e integradora para que la nación deje de ser
corporativa y regrese a su principal función, una nación social. f). RECUPERAR LA SOBERANIA Y LA PAZ
SOCIAL: (…) Este ‘nuevo amanecer democrático’ debe también poner un alto al
intervencionismo extranjero. Hace falta un ¡ya basta! para que el gobierno
canadiense deje, de forma directa y a través de su embajada en México, de
impulsar su agenda minera por encima de nosotros como mexicanos. Su política
intervencionista y voraz es violatoria a la protección de los derechos humanos
y colectivos, en aquellos territorios que son devastados por la operación de
empresas mineras canadienses.”
Rema y los colectivos señalan: No hay tiempo ni espacio para mezclas o matices.
En algunos temas y procesos, tal como lo señalamos contra el modelo extractivo,
esperamos contundencia y no deseamos continuidad, a medias o en transición
simulada.
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