Visibilicemos cómo el Estado racista garantiza la desposesión de territorios a los pueblos originarios. ¿Podemos hablar de democracia?

Asesinatos en serie de chicos Wichí en Formosa

14 de abril de 2017

“Quiero pan” . Un niño wichí de 11 años baleado por un policía en el pueblo formoseño Ingeniero Juárez está luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público. El contexto de esteataque policial es aterrador: testigos de la localidad denuncian asesinatos en serie de no menos que 17 chicos indígenas, en parte asesinados por la policía. A esto se suman asesinatos de personas mayores, violaciones sistemáticas de niñas, muertes dudosas en hospitales y tráfico de órganos; una violencia morbosa que se replica en todo el noroeste del país. 

Por Stefan Biskamp, corresponsal alemán para América Latina, para ANRed / Imágenes: comunidad wichí de Ingeniero Juárez.

El niño Wichí de 11 años Nazareno Chávez se encuentra todavía en el Hospital de la Madre y el Niño de Formosa Capital, a unos 500 kilómetros de su comunidad en Ingeniero Juárez. Los huesos de su rodilla de izquierda fueron astilladas por una bala de plomo de un policía hace más que tres semanas. Su situación es precaria. Cuenta el referente de comunidades Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, quién visito a Nazareno recién: “El chico apenas podía hablar. Me dijo: Quiero pan, ¿tenes algo de pan? Su boca estaba seca y sus ojos lleno de dolor. Es un niño que no sabe porqué le pegaron. Perdió mucha sangre y su herida es muy grave. Ahora no parece que vuelva a caminar, todavía no está recuperando.”

La herida de Nazareno es producto de una verdadera cacería de niños realizada por policías provinciales en la tarde del viernes 21 de Marzo, como ya se pudo documentar. Un grupo de niños se había sentado tranquilamente en la vereda frente a la Plaza Juan Domingo Perón cuando efectivos bajando de un patrullero dispararon a los chicos y los siguieron disparando con balas de goma y de plomo por una distancia de más que 100 metros. El resultado fue tres niños heridos, dos de ellos por bala de plomo, lo más grave Nazareno.

“Es muy triste ver las lágrimas en los ojos de la madre, porque su hijo casi murió y está luchando por su vida”, dice Santillán. Critica a las instituciones por ocultar la gravedad de la herida. “Los políticos dicen, que Nazareno está bien, pero no es así. Nadie investiga, ni los médicos dieron explicación. Les pregunte si hay un resumen médico, pero me dijeron que no hay.“ Cuando la madre Ana Chávez, acompañado por el referente, quería denunciar el crimen en la comisaría de Ingeniero Juárez: “ellos no aceptaron la denuncia. Ni nos atendieron.”

Recientemente, el hospital pidió a la madre Chávez el carnet de vacunas de su hijo. Por eso, tuvo que volver a su casa, un viaje de unos mil kilómetros en total que solo pudo pagar con donaciones de una organización humanitaria. Lo mismo pasa con la comida en el hospital: “Lo que más bronca me da, es que el hospital no les da de comer, ni a los acompañantes y ni al herido, la comida se la tienen que comprar”, dice Santillán.

En toda su crueldad la cacería de niños en Ingeniero Juárez es parte de una violencia generalizada contra los pueblos originarios especialmente en las provincias Formosa, Chaco y Salta. Es aparentemente un fenómeno creciente. Como dice el ex cura de la teología de la liberación Patricio Doyle, quién vivió 20 años hasta mediados de los 90´ con los Wichí: “Esto no había cuando yo estaba.”

Al contrario de los originarios de la Patagonia, como los Mapuche, pueblos como los Wichí del noroeste no fueron asesinados sino esclavizados en el siglo XIX, porque los grandes ingenios necesitaban una mano de obra barata. “Fue la iglesia quien los quebró, no la fuerza armada”, dice Doyle. Explica que los misionarios quebraron su autoestima enseñándoles “que toda su cultura era mal” y así los esclavizaron. Sufrieron un genocidio silencioso durante el siglo XX. “El Impenetrable fue un cementerio de proyectos de desarrollo”, remarca.

Pero en los últimos tiempos en lugar de la demanda de esclavos, creció la demanda de tierra para la explotación de recursos naturales, especialmente para extender la frontera del sistema agro-exportador transgénico – un sistema agropecuario casi sin mano de obra. El originario no se necesita más y en esta lucha territorial se repite la masacre en el sur del siglo XIX. Por eso los ataques violentos contra las comunidades Wichí en Ingeniero Juárez y de los Qom en La Primavera, Riacho de Oro, Pampa del Indio y una multitud de otras en la región..

Así se puede entender, por qué el crimen policial contra el niño Nazareno y sus amigos tiene un contexto aún más aterrador. Según testigos, son 17 los asesinatos de chicos Wichí – no incluyendo los asesinatos de personas grandes – a manos de integrantes de instituciones estadales o por sus protegidos. Estos números dan cuenta de lo sucedido: desde el año 2000 sólo en Ingeniero Juárez, con 19 mil habitantes, se trata de un patrón de crímenes contra los jóvenes originarios que según testimonios de vecinos se repite allí, en otras localidades de las Provincias de Formosa, Chaco y Salta.

En ningún caso de Ingeniero Juárez hubo un juicio, la mayoría de los asesinatos ni siquiera fueron investigados oficialmente, algunos de ellos se supone que fueron cometidos directamente por integrantes de la policía. En general, tampoco hubo denuncias de familiares por miedo a la represión y “porque acá en Juárez no toman la denuncia” – la misma experiencia que tuvo la madre de Nazareno –, aunque, como dicen los vecinos, “sabemos quiénes son que los matan”.

Por ejemplo, un joven Wichí se encontró muerto en un basural. 
“Sabemos que los que lo mataron y torturaron son policías y la causa quedó en la nada”, dice un referente. “Luego encontramos un chico todo esqueleto, le sacaron toda la piel y de eso no hubo justicia tampoco. Otro chico fue yendo para un paraje y sabemos quiénes lo mataron, porque tienen muchas vacas y entonces son políticos”, dice un vecino. Hace tres años una mujer joven fue violada. “La chica la mataron, le sacaron los dientes. El hospital dice que murió por deshidratación, pero como va a morir por deshidratación, teniendo así la boca y sin dientes, con todos los moretones. El tobillo estaba torcido y se veía que peleó con su agresor.” El asesino fue “uno de los dirigentes de acá de Juárez”.

En el año pasado asesinaron a Víctor “Oli” Segundo, el número 17 de los asesinatos de chicos Wichí en Ingeniero Juárez, un crimen morboso que se podría reconstruir de manera precisa con nuevos testimonios, aunque el sistema judicial cerró el caso. El joven, supuestamente de 16 años (no tenía DNI), fue golpeado brutalmente el 22 de Junio. Según testigos el asesino fue el dueño criollo de un comercio y la razón del acto había sido el hecho que el Wichí Olivero se había sentado en la vereda del local criollo.

“No sé cómo, pero Oli salió del barrio”, cuenta la referente de la comunidad Barrio Belgrano, Ercilia Agüero. “Se dice que le mandaron a comprar algo ahí en ese negocio, pero cuando le mandaron ellos pensaron que el chico se había ido a su casa, pero luego él no aparecía. Dos días estuvo desaparecido, al tercer día lo encontraron a 50 metros de ese negocio en una chacra, como un perro muerto”.

El joven fue desfigurado por golpes y encontrado sin ropa, lo que impidió identificarlo. Fue declarado fallecido y llevado al cementerio. Allá el encargado se dio cuenta que Víctor Segundo todavía estaba vivo, significa que el joven había sufrido – “como un perro tirado en la chacra” – dos días de agonía antes de detectarlo. Entonces fue traslado a la terapia intensiva de un hospital de Formosa Capital, donde murió. Solo cuando volvió su cuerpo, cosido como un matambre como se puede ver en las fotos tomadas, su identidad fue revelada y sus familiares, preparando el cuerpo para el funeral, detectaron que fue vaciado de sus órganos.

Unas semanas antes de estos hechos una mujer fue violada y golpeada por criollos de la localidad. Fue atacada en un galpón abandonado del ferrocarril y murió en el hospital, caso que tampoco fue resuelto por la justicia. Estos crimines están acompañados por muertos dudosos en hospitales. En una cantidad de comunidades hay denuncias de personas trasladadas a los hospitales de las capitales provinciales de Formosa y de Chaco que volvieron muertos con falta de unos órganos.

El supuesto asesino del joven Víctor Segundo, a quien miembros de la comunidad Wichí acusan de participar también en violaciones de mujeres Wichí, hoy en día está suelto y en libertad. Un hecho inédito, especialmente en el contexto de los linchamientos de las últimas semanas, es lo que paso, después de que las comunidades se dieron cuenta del asesinato.Unas mil personas se juntaron para reclamar justicia y fueron al lugar del asesinato. Dice un testigo: “Ellos llevaron al negociante y la señora, pero después la gente se frenó un poco. Pensaba que por fin va a haber justicia. Entonces les entregaron a la policía.”

Mientras que en el barrio porteño Palermo un ladrón que robó un reloj marca Rolex de una turista casi es linchado, unos mil vecinos de un joven asesinado bestialmente se resisten a ajusticiarlo y entregan al supuesto asesino para que el estado haga justicia. Pero en lugar de cumplir con su función, el sistema judicial liberó al comerciante y ahora está persiguiendo a los manifestantes acusándolos de robo en banda y en poblado. Entre los imputados se encuentran personas que probadamente no estaban en la manifestación, como una mujer que ese día estaba internada en un hospital. Otros imputados estaban, con testigos, en el campo afuera del pueblo. La comunidad Wichí decidió no atender las audiencias judiciales en el pueblo de Las Lomitas, unos 200 kilómetros de Ingeniero Juárez. No tenían los recursos para viajar “y tenemos miedo”, dice un imputado: “pensamos si vamos, nos pueden encerrar, y la gente se puso de acuerdo de no ir. Ahora estamos como en rebeldía. Pero si lo va a buscar la policía a una persona no la dejamos que se la lleven.”

El caso Víctor Segundo es emblemático, como lo es la herida del niño Nazareno Chávez, por su crueldad. Ambos son casos que exponen la perversión social donde las jóvenes y niñas originarias son golpeadas y violadas casi a diario. De hecho, existe un verbo que da cuenta de esta práctica en el noroeste argentino: se dice “vamos a chinear” cuando unos criollos buscan una chica indígena para violarla.

Pero los casos de Olivar y Nazareno también demuestran, cómo las instituciones del estado están involucradas directamente en los crímenes: la policía, el sistema judicial y el de salud y el poder ejecutivo. El estado no está ausente en este juego violento, está bien presente y es un participante activo en crímenes organizados como el tráfico de órganos. Recientemente un médico que atendió a un paciente Wichí refirió el caso de un paciente que le comentó sobre una operación de apéndice que le practicaron en un hospital público.

Cuando el médico pregunto dónde estaba su cicatriz, el paciente la mostró. El médico sorprendido constató que se encontraba en la espalda justo encima del riñón.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7548