Argentina: El cuento
de lo apolítico
para hacer lobby
6 de abril de 2017
6 de abril de 2017
Por Darío Aranda
Una investigación de
la ONG señaló que al menos treinta funcionarios y legisladores y empresas de
transgénicos, que dominan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas,
están detrás del impulso a la nueva ley.
"Quien controla las semillas,
controla la alimentación”, señala en el comienzo la reciente investigación de
Greenpeace que denuncia el lobby empresario que impulsa una nueva ley de
semillas y precisa que al menos treinta funcionarios tienen conflictos de
intereses por sus vínculos con las compañías que serían beneficiadas con la ley. El estudio también
denuncia el rol de ONG y fundaciones que se presentan como “apolíticas” y
“científicas” pero son financiadas por las empresas dedicadas a productos
transgénicos. Cuatro conglomerados dominan el 60 por ciento del mercado mundial
de semillas: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF.
“Ley de semillas: del
campo al plato, el lobby de las empresas químicas” es el nombre de la
investigación que detalla los intereses detrás del nuevo proyecto para
modificar la legislación vigente. “Conflicto de intereses, ‘puertas giratorias’
(ayer en las empresas, hoy en el Gobierno, y viceversa), negocios compartidos y
lobby son algunas de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto
de ley que sólo busca beneficiar a las grandes compañías”, denuncia Greenpeace.
Entre los funcionarios
señalados con preocupación en el informe figuran Ricardo Buryaile (ministro de
Agroindustria), Guillermo Bernaudo (jefe de Gabinete de Agroindustria), Ricardo
Negri (secretario de Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz
“Pilu” Giraudo (coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo
Sustentable), Ignacio Garciarena (director nacional de Agricultura), Gustavo Lopetegui (coordinador Económico de Jefatura
de Gabinete), Martín Lema (director nacional de Biotecnología), Leonardo
Sarquís (ministro de Agroindustria de Buenos Aires) y Gustavo
Idígoras (ex Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros. Todos ellos
figuran con conflictos de intereses por pertenecer a espacios (como ONGs y
empresas) que tienen vínculos con las compañías que impulsan la nueva ley de
semillas.
En octubre, el
Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que avanza en el Derecho de
Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas, un paso más hacia el patentamiento
de semillas, como si fueran un invento empresario, que limita el “uso propio”
(guardar semillas de una cosecha y utilizarlas en la próxima siembra, una
práctica tan antigua como la agricultura). El oficialismo intenta aprobarla
este año. “La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas,
en particular del agronegocio, atenta contra la democracia y es un importante
factor de destrucción de los ecosistemas”, alerta el informe.
Fundamental es el rol
de organizaciones que se presentan como “apolíticas” o “científicas”, pero son
parte fundamental del lobby empresario: Aapresid (Asociación Argentina de
Productores de Siembra Directa), Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la
Información y el Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación Semilleros
Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas), Arpov
(Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales), Casafe
(Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas
Agrícolas), ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación
Barbechando. Todas ellas impulsan la nueva ley y tienen vínculos directos con
las compañías de semillas y agroquímicos.
La investigación
cuenta con un apartado que explicita el vínculo entre funcionarios y empresas.
Una de las personas mencionadas es la funcionaria Beatriz
“Pilu” Giraudo, hasta 2016 presidenta de Aapresid (impulsores del modelo
transgénico), entidad que cuenta con financiamientos y auspicios de
Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow-Dupont y BASF. “Aapresid es una organización
clave para camuflar el uso de agrotóxicos con un discurso ‘sustentable’”,
denuncia Greenpeace. Giraudo asumió en el ministerio de Agroindustria un área
que le crearon especialmente, desde donde impulsa beneficios para el
agronegocios.
“Argenbio se presenta
como un espacio científico, difunde las supuestas bondades del modelo
transgénico. Ejercen lobby en el ámbito académico pero desde allí proponen
políticas públicas de promoción del agronegocios. Sus fundadores y
financiadores son Basf, Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, Nidera, Piooner y Syngenta”,
señala el informe.
Greenpeace cuestiona
los intentos de una ley que pretende limitar el uso libre de semillas, en
beneficio de las grandes empresas. Al mismo tiempo, no se contempló ninguna de
las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y
universidades. “Se trata de un proyecto de ley de semillas que da más poder a
empresas agroquímicas, y sólo puede traer más contaminación para los pueblos
fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables”,
explicó Franco Segesso, de Greenpeace.
Sobresale el rol de la Fundación Red de
Acción Política (RAP), que tiene como objetivo fundacional “ocupar espacios de
poder para transformar el país en función de valores y conductas compartidas”.
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense
(Amcham): Dow Chemical, Barrick Gold, Coca Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo,
Monsanto y el fondo NML Capital (presidido por Paul Singer).
La Multisectorial
contra la Ley Monsanto
de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas,
ambientales y académicas, rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas
vigente (20.247) y exige que los senadores y diputados detengan “las maniobras
que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la
vida y la alimentación de los argentinos”.
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_El_cuento_de_lo_apolitico_para_hacer_lobby
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