Ecuador: SOS pueblo shuar, los hijos de las cascadas sagradas
desplazados por una empresa minera
21
de abril de 2017
"En el Ecuador, desde hace ya mucho
tiempo organizaciones indígenas, campesinas, de derechos humanos y ecologistas
venimos alertando sobre las consecuencias que pudieran derivarse por el
continuo atropello a los derechos del pueblo shuar y campesino en la Cordillera
del Cóndor para dar paso a la explotación minera".
En agosto de 2016, las
comunidades shuar asentadas en la Parroquia
Panantza-San Carlos-Provincia de Morona Santiago, en la Amazonía Sur del
Ecuador, fueron desalojadas de manera violenta de su territorio, mediante
operativos policiales y militares desproporcionados. El desalojo forzoso de la
comunidad de Nankintz fue ordenado por el Intendente Provincial de Morona
Santiago, quien autorizó el desalojo sobre un área de 94 hectáreas , a pesar
de que solamente dos hectáreas eran las que habían sido otorgadas mediante
sentencia a la empresa
EXSA.
La zona en conflicto está ubicada mayoritariamente
en territorio del pueblo shuar. En este espacio se proyectan abrir dos minas a
cielo abierto que contaminarán el territorio con enormes cantidades de desechos
tóxicos y utilizarán millones de litros de agua afectando los ríos y otras fuentes
de agua. Al terminar de explotar los minerales quedarán dos cráteres en el
corazón de la Cordillera del Cóndor, con irreversibles impactos ambientales,
sociales y culturales.
En el Ecuador, desde hace ya mucho tiempo
organizaciones indígenas, campesinas, de derechos humanos y ecologistas venimos
alertando sobre las consecuencias que pudieran derivarse por el continuo
atropello a los derechos del pueblo shuar y campesino en la Cordillera del
Cóndor para dar paso a la explotación minera. Hay una total ausencia de
consulta y predisposición a escuchar las demandas de las personas afectadas y
voces locales. La población está sometida a continuos procesos de
criminalización, agresión y hostigamiento. Siguen en la impunidad los tres
asesinatos de personas shuar cometidos en la zona. En el último año se
han llevado a cabo continuos procesos de despojo, expulsión y desalojo forzoso
para entregar los territorios a capitales mineros chinos. Destaca la
inoperancia e incluso la connivencia del Estado ecuatoriano en las agresiones
sufridas.
A pesar de toda violencia cotidiana, son
múltiples las acciones legales y de incidencia, que han llevado a cabo las
comunidades para buscar el diálogo y poner en conocimiento de las autoridades
sus demandas y afectaciones con la intención de que sean resueltas. Varias de
ellas han sido públicas.
El inicio del conflicto en este territorio se
remonta a la década de 1990, cuando el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma
Agraria (IERAC), adjudicó unas tierras de manera irregular y sin ningún proceso
de inspección a un señor Alvarado, quien posteriormente vendería esas tierras a
la empresa minera EXSA, que en esos años estaba conformada por capitales
canadienses.
Desde entonces la población local ha estado
sometida a continuas presiones, hostigamientos, amenazas, operativos militares;
es decir a una continua vulneración de sus derechos, para que abandonen el
territorio sobre el cual mantenían el derecho de posesión; todo esto para
facilitar la operación minera de la empresa EXSA.
El día martes 20 de diciembre, la Comunidad Shuar de
Nankintz, decidió regresar a su territorio. Desde ese momento la tensión en la
zona fue en aumento y la población ha sufrido una continua violación de
derechos humanos y colectivos, de omisiones de garantía de derechos por parte
del Estado ecuatoriano, tales como:
* El derecho a la
consulta y al consentimiento libre, previo e informado, y convenios
internacionales como el de la OIT y La Declaración de Naciones Unidas sobre
derechos de los Pueblos Indígenas
* El incumplimiento del
mandato minero constatado por la propia Contraloría
General del Estado
* La falta de regulación
de autoridades como el Ministerio del Medio Ambiente que otorgó licencias
ambientales al proyecto minero Panantza-San Carlos. Estas licencias estaban
basadas en un Estudio de Impacto Ambiental presentado 10 años atrás cuando
estaba vigente otra normativa constitucional, otra legislación minera y una
legislación ambiental distinta a la actual.
La comunidad de Nankintz, ha acudido durante
mucho tiempo a las instancias oficiales y legales como el Ministerio del
Ambiente, el Ministerio de Minería o la Embajada China en
Ecuador para intentar obtener una interlocución sobre este grave conflicto.
Frente al silencio, no tuvieron más opción que acogerse al derecho de la
resistencia constitucionalmente reconocida para poder ejercer el derecho a
vivir en sus territorios y defender sus fuentes de vida.
La población de Nankintz ha sido totalmente
desalojada y ha sido reemplazada por un campamento minero. Se ha impuesto el
estado de excepción en toda la provincia de Morona Santiago, lo que implica que
se suspende el derecho a la libertad de expresión, movilización y reunión. Toda
la provincia está militarizada. Comunidades enteras han sido casi vaciadas porque
la población tiene miedo de que haya más detenciones.
El presidente de Federación Inter-provincial
de Centros Shuar, Agustín Wachapá, está preso en una cárcel de alta seguridad,
lejana a su pueblo. En las redes sociales se lo vio esposado, cuando se presentó
a la audiencia para que se le otorgue un habeas corpus, recurso que le fue
negado. Se le acusa de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, por haber
pedido en su Facebook “la salida inmediata de militares del territorio Shuar”.
Agresiones a los pueblos indígenas
relacionadas con la industria extractiva ocurren en varios países de nuestro
continente. Por eso, el ex Relator Especial de Derechos Indígenas, James Anaya
en su informe final se centró en este tema. Él manifestó que “como resultado de
las actividades extractivas a lo largo de varios años, diversos pueblos
indígenas en el país han sufrido impactos sociales y ambientales devastadores,
y sin percibir muchos beneficios de estas actividades. A raíz de esta
situación, ha existido un alto nivel de descontento y de desconfianza entre los
pueblos indígenas hacia el Estado y el sector industrial extractivo, lo que ha
resultado en numerosos actos de protesta y enfrentamientos.
El Relator añadió que “Los pueblos indígenas
deberían poder oponerse o denegar su consentimiento a los proyectos extractivos
sin ningún tipo de represalias ni actos de violencia, ni de presiones indebidas
para que acepten o entablen consultas sobre los proyectos extractivos. En este
sentido, el enjuiciamiento de indígenas por sus actos de protesta no debe
emplearse como método para reprimir su libertad de expresión”.
La zona donde se quiere hacer minería a cielo
abierto, la Cordillera de El Cóndor, es uno de los llamados Refugios del
Pleistoceno, zona de altísima biodiversidad y endemismo. Los shuar son los
herederos de la cultura mayo-chinchipe-marañón, de quien se dice, fueron los
domesticadores del cacao. La causa del pueblo shuar, hijos de las cascadas
sagradas y contadores de sueños, no pueden ser olvidada por la comunidad internacional.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Ecuador_SOS_pueblo_shuar_los_hijos_de_las_cascadas_sagradas_desplazados_por_una_empresa_minera
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