Envuelve a todo
el país y hasta al mundo en que la peor contradicción con la democracia
es
la prisión de Milagro Sala.
Así se conforma parte relevante de la
polarización entre kirchnerismo versus macrismo. Ambos bandos la propulsan
y es falsa porque los dos se pelean por ser quienes establecen la
gobernabilidad del sistema oligopólico de saqueo y expoliación.
Pero lo cierto que nos
compete a todos los de abajo y a la izquierda es la lucha de la Asamblea de
Comunidades e Indígenas Libres porque, en acuerdo con
Carlos Vacaflores
Rivero ,
sostenemos:
"La «forma comunitaria de vida» produce un núcleo cultural diferenciado, es fuente de diversidad y diversificación de lo social, en términos culturales, de arreglos institucionales, de conocimiento, de artefactos e instrumentos producidos y construidos, de cultivos y tipos de animales criados, y así estos núcleos diferenciados a partir de su adaptación a los entornos ambientales se constituyen en formas peculiares de constitución de sociedad desde lo local hacia lo regional y hacia lo global, con una territorialidad característica propia que encierra en si misma el germen de un potencial de desarrollo humano, cultural, económico y social cuyos límites los podría colocar la propia voluntad del pueblo o entidad social en cuestión".
De modo que es doblemente
criminal la racionalidad de CFK, de Morales, de Macri y de todos los
representantes del gran capital local e imperialista sobre la valorización
territorial por desplazar a las comunidades privilegiando las corporaciones
petroleras, mineras, agroindustriales. Por un lado arrasa con ese potencial
de diversidad humana hasta el extremo de implantar ecocidios-genocidios-etnocidios.
Por otro, las intervenciones a gran escala en la Madre Tierra tienden a ser
irreversibles porque rompen equilibrios ecológicos que se crearon a lo
largo de milenios. Además no quedan restringidos localmente y afectan los
subsistemas que posibilitan la vida planetaria.
Incluso desde más de una
deKada debemos poner en cuestión al saber científico y tecnológico que hizo,
por ejemplo, cuanto pudo por instalar la mega minería de litio desestimando
las territorialidades indígenas de siglos en las salinas.
Involucrémonos en qué nos advierte la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres.
Argentina - Jujuy:
“Basta de saqueo a la
Pachamama”
31 de marzo de 2017
31 de marzo de 2017
Siete días de caminata, 300 kilómetros y
decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy
que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus
territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de
Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades
extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las
tierras indígenas.
La extensa marcha finalizó el jueves en la
capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron
la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de
hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.
Las banderas al frente de la marcha resumieron
los motivos: “Por el agua y el territorio”, “no a la minería”, “por la
vida en nuestros territorios”, “no a la ley 5915”. Partieron el 16 de
marzo de la localidad de Casira, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa,
Humahuaca y Tilcara. El 21 fue el turno de una ceremonia del agua en
Purmamarca y el encuentro con comunidades kollas y atacama de Susques y
la Cuenca de Guayatayoc (que resisten a la minería de litio). El
miércoles 22 fue el turno de las localidades de Volcán y Bárcena. Y el
23 finalizó en San Salvador de Jujuy.
“Repudiamos la continuidad y profundización de
políticas netamente mercantilistas, neoliberales, de saqueo, represión y
exterminio de nuestros pueblos indígenas”, afirma el comunicado de la Asamblea de
Comunidades e Indígenas Libres, espacio de articulación nacido en 2016 y
que, ya desde el nombre, marca distancia de comunidades y ONG que
participan del gobierno de Gerardo Morales.
Los referentes indígenas caminaron largas horas
por la ruta. Eran niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. Al
llegar a otras comunidades se realizaron asambleas para informar los
alcances de la ley cuestionada, la avanzada de empresas mineras y
también se analizaron situaciones puntuales de cada comunidad. Se
descansaba por las noches y a primera hora se volvía a marchar, con
nuevos delegados (de las comunidades visitadas) que se sumaban a la
marcha. Estuvieron presentes el Pueblo Kolla, Atacama, Omaguaca y Ocloya,
entre otros.
El gobierno de Gerardo Morales aprobó en mayo
de 2016 la Ley 5915, conocido como “de servidumbre” para el paso de
electroductos y proyectos de generación de energía. Autoriza a empresas
a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las leyes
(tanto nacionales como internacionales) que establecen la consulta y el
consentimiento de los pueblos originarios.
Las comunidades indígenas no tienen dudas de
que se trata de una avanzada sobre los derechos y territorios indígenas.
Lo entienden como un paso más para facilitar el avance minero y,
precisan, es violatorio de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Al asumir la gobernación, Morales nombró al
frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas a Natalia Sarapura,
conocida activista kolla, del Consejo de Organizaciones Aborígenes de
Jujuy (COAJ), que recibió apoyos de algunas comunidades pero también
críticas por formar parte de un gobierno que impulsa el extractivismo en
territorios indígenas.
Ante las denuncias por la Ley 5915, Sarapura
reconoció que fue sancionada sin respetar la participación indígena y
convocó a una audiencia en diciembre pasado. “Ha sido una normativa que
trajo controversia y preocupación. Por esa razón se decidió convocar a
una asamblea de presidentes de comunidades y autoridades legislativas.
Estamos dispuestos a escuchar las preocupaciones de las comunidades”,
explicó la funcionaria en diciembre.
En la audiencia fue mayoritario el repudio a la
ley, pero el Gobierno igual la sostuvo. La Asamblea de Comunidades e
Indígenas Libres remarcó que exige la derogación de la norma y no una
“supuesta participación” sobre lo ya sancionado. “Es una norma que
atenta contra los derechos de pueblos originarios por inconsulta,
inconstitucional y de despojo. Es un vía libre encubierto para el avance
de empresas extractivas”, resumió Enrique González, uno de los voceros
de la marcha indígena.
Una estrategia de los gobiernos provinciales y
nacional es modificar las leyes indígenas y ambientales que puedan ser
frenos al avance del modelo extractivo. La Secretaría de Minería de
Nación ya reconoció los intentos de modificación de la ley de glaciares,
en Córdoba se pretende una nueva norma que permita más desmontes y en
Río Negro se intenta avanzar en un nuevo “código de tierras fiscales”
(que avanza sobre territorios mapuches).
Las comunidades indígenas de Jujuy resaltaron
su preocupación por la gran sequía que afecta a la zona de la Puna y la
Quebrada, y denunciaron el intento de la explotación minera
“Chinchillas” (de explotación de plata y plomo, de la empresa Golden
Arrow) y la minería de litio (con enormes uso de agua y contaminación).
También precisaron desalojos y criminalización de la comunidades Cueva
del Inca y Pucará en Tilcara (en beneficio de empresarios turísticos),
exigieron la entrega de títulos comunitarios y reiteraron, una vez más,
la contaminación y violación de derechos de la empresa Minera Aguilar
(de la multinacional Glencore-Xstrata).
El gobierno de Morales suele utilizar dos
slogans: “Pachamama yo te cuido” y “Jujuy es Pachamama”. El kolla
Enrique González, desde la marcha indígena, lo cuestionó: “Las palabras
del gobierno suenan a hipocresía y a folklorismo superficial y vacío, ya
que las políticas aplicadas promueven la desaparición de nuestras formas
de vida tradicionales”.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_-_Jujuy_Basta_de_saqueo_a_la_Pachamama
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