Monsanto,
responsable de “ecocidio”
21 de abril de 2017
21 de abril de 2017
El
Tribunal consideró a la empresa responsable de "ecocidio",
entendiendo esa figura como la de "causar daño severo o destruir el
medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes
o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen",
e instó a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma
que rige a la
Corte Penal Internacional de La Haya.
Por Franco Spinetta
Afectación negativa al derecho a un medio
ambiente saludable, a la alimentación y a la salud, a la libertad para la
investigación científica. El Tribunal Internacional Monsanto analizó el
testimonio de más de 30 testigos, damnificados directos por la conducta de la
empresa, y el aporte de más de mil organizaciones ambientalistas, para acusar a
la multinacional de semillas transgénicas y glifosato como responsable del
delito de “ecocidio”.
La opinión consultiva emitida hoy por cinco
“jueces” de distintos países –entre ellos la jurista Eleonora Lamm ,
de la Argentina- no tiene validez legal, ya que se trata de un tribunal
extraordinario, pero sus representantes creen que la carga probatoria podría
servir para impulsar procesos penales contra Monsanto.
“Las aseveraciones del Tribunal pueden
utilizarse en los juicios de cada país, las pruebas sientan un precedente
porque están jurídica y científicamente probadas”, explicó a Página/12 Lamm. “Este tribunal es producto de
una iniciativa popular y como tal la opinión consultiva está en manos de la
sociedad; ahora depende de todos apropiársela, difundirla”, añadió.
La jurista mendocina destacó que en la
“disyuntiva entre derechos económicos de la empresa y los derechos humanos, el
acento tiene que ponerse en los derechos humanos. Si se sigue haciendo
prevalecer los derechos económicos de las corporaciones, los perjudicados son
los derechos de la población”.
Sobre la incidencia de Monsanto en Argentina,
Lamm reconoció que nuestro país tiene una “legislación avanzada” en cuanto al
reconocimiento de los derechos ambientales, incluso existe una Ley General del
Ambiente, que establece principios de prevención y precaución. “Es una base
sólida, sin embargo no existen políticas para aplicar y hacer efectiva esta
legislación. La opinión consultiva puede influir para hacer efectiva estas
leyes y porque, si bien algunas provincias habían limitado el uso del
glifosato, otras no han dispuesto nada y muchas no son regulaciones buenas. En
la Ciudad de Buenos Aires se prohíbe el glifosato en lugares públicos, ¿pero
qué sucede en los ámbitos privados?”, se preguntó.
Lamm pidió también la creación en la Argentina
de Tribunales Ambientales, que tengan competencia específica en estos temas,
con jueces especializados en la
materia. La opinión consultiva también podría influir, según
la jurista especializada en bioética, para que no avance la Ley de Semillas,
conocida como la Ley
Monsanto , que prevé el patentamiento de las semillas: “De
avanzar esa legislación, el modelo agro-industrial será la regla y el
agro-ecológico, la excepción”.
El proceso contra la máxima productora mundial
de herbicidas se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 2016 en La
Haya, emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional
que tiene sede en esa ciudad.
Durante esas jornadas, Lamm junto a su par
senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional ),
el mexicano Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman, y la belga Françoise Tulkens
(ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) evaluaron pruebas y
testimonios de investigadores, médicos, científicos y víctimas sobre las
consecuencias del uso de los productos fabricados por Monsanto.
El Tribunal consideró a la empresa responsable
de "ecocidio", entendiendo esa figura como la de "causar daño
severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y
duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos
grupos humanos dependen", e instó a Naciones Unidas a incorporarlo como
delito penal al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional
de La Haya. Además
exigió que las empresas y corporaciones sean consideradas sujetas al derecho
internacional, con responsabilidad civil y penal.
En tanto, la Comisión Directiva Global
de Derechos Humanos de Monsanto expresó que "el evento fue organizado por
un selecto grupo de críticos anti-tecnología en la agricultura y anti-Monsanto,
que actuaron como organizadores, jueces y jurados", según consignó la agencia Télam.
La empresa afirmó que "se negó la
evidencia científica existente y los antecedentes jurídicos de varios temas y
fue organizado con un resultado ya predeterminado". Además advirtió que
"en una época en la que el público está tratando de separar los hechos de
la ficción, esta opinión no-judicial podría ser malinterpretada".
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Monsanto_responsable_de_ecocidio
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