Doble vara para medir
4 de octubre de 2016
4 de octubre de 2016
Por Boaventura de Sousa
Santos (Página 12)
¿Cuál es el significado del acto de rendición
judicial detrás del golpe que se ha producido en Brasil? El papel central del
sistema judicial brasileño en los equilibrios y desequilibrios del periodo
posterior a 1985 debe ser analizado en detalle, ya que puede ayudar a
comprender comportamientos posteriores. La operación Lava Jato
presenta grandes ambivalencias. Si, por un lado, hizo que grandes empresarios,
políticos y contratistas fueran procesados penalmente, rompiendo, de algún
modo, con la sensación de impunidad; por otro lado, su gran base de apoyo es el
involucramiento de personajes de la izquierda brasileña, sobre todo del PT. Es
decir, el gran apoyo social y mediático que recibe la operación Lava Jato
se debe a que persigue a la
izquierda. Esto resulta evidente cuando comparamos la operación Lava Jato
con la operación
Satyagraha , que investigó casos de corrupción y blanqueo de
capitales que involucraban, principalmente, al banquero Daniel Dantas con las
privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esta última fue
dirigida por el juez Fausto de Sanctis y por el delegado de la Policía Federal
Protógenes Queiroz. La reacción del Supremo Tribunal Federal
(STF) a esta operación fue muy diferente a la actual: Queiroz fue condenado
penalmente y expulsado de la Policía; el juez De Sanctis sufrió la persecución
del entonces presidente del STF, Gilmar Mendes, que dirigió un oficio en el
Consejo Nacional de Justicia (del que también era presidente) para investigar
la conducta del juez. El arresto del banquero Daniel Dantas, que llegó a ser
esposado, fue, en el fondo, el origen real del sumario vinculante 11 del STF,
que establece: “Solo es lícito el uso de esposas en casos de resistencia y de
riesgo fundado de fuga o peligro para la integridad física propia o ajena, por
parte del preso o de terceros, justificada la excepcionalidad por escrito, bajo
pena de responsabilidad disciplinar, civil y penal del agente o de la autoridad
y de la nulidad de la prisión o del acto procesal al que se refiere”.
Tal vez esto baste para concluir que en Brasil
el éxito de la justicia criminal contra ricos y poderosos parece estar
fuertemente relacionado con la orientación político-partidaria de los
investigados. Pero hay más. La nominación del ex presidente Lula como ministro
llevó al juez Sérgio Moro a cometer uno de los actos más flagrantemente
ilegales de la justicia brasileña contemporánea: permitir la divulgación de un
audio entre la
presidenta Dilma y el ex presidente Lula cuando ya sabía que
él no era competente para el procesamiento. El ministro del STF Teori Zavascki
escribió en su despacho: “Fue también precoz y, al menos parcialmente,
equivocada la decisión que anticipó juicio de validez de las interceptaciones,
obtenidas, en parte importante, sin abrigo judicial, cuando ya había
determinación de interrumpir las escuchas”. Esa divulgación dio un nuevo
impulso al movimiento a favor del impeachment de la presidenta Dilma. A
propósito, el hecho de que la presidenta Dilma haya nominado a Lula como
ministro, incluso si la motivación exclusiva fuese la alteración del foro
competente para el juzgamiento, no constituye por sí sola una obstrucción de la justicia. En efecto,
en la época en que era presidente, Fernando Henrique Cardoso dio status de
ministro al entonces Abogado General de la Unión, Gilmar Mendes, con un
objetivo semejante. De hecho, a fines del siglo pasado e inicio del siglo XXI,
por cuenta de las privatizaciones y el aumento de la carga tributaria, varios
jueces federales comenzaron a pronunciar decisiones preventivas (interrumpiendo
acciones en curso) y a intervenir en el programa económico neoliberal de
Cardoso. El ministro Mendes era entonces Abogado General de la Unión y
criticaba fuertemente la postura de los jueces. Hubo varias acciones de
improbidad y acciones populares en contra del gobierno de Cardoso y del propio
Mendes. Ante el peligro de que Mendes tenga que responder a procesos en primera
instancia fue decretada la Medida 2049-22, del 28 de agosto de 2000, que le
garantizó un fuero de privilegio y lo preservó. En su artículo 13 dispuso: “Son
ministros de Estado los titulares de los ministerios, el jefe de la Casa Civil , el jefe del
Gabinete de Seguridad Institucional, el jefe de la Secretaría General
y el jefe de la Secretaría de Comunicación de Gobierno de la Presidencia y el
Abogado General de la Unión”. En ese momento no hubo ningún tipo de
cuestionamiento, ninguna alegación de inconstitucionalidad o “criminalización”
del presidente Cardoso por obstrucción de justicia.
La idea de que en la justicia brasileña hay
dos pesos y dos medidas parece confirmada y es altamente probable que pronto
surjan más pruebas. A título de ejemplo valdrá la pena observar la discrepancia
entre el ritmo de la
operación Lava Jato centrada en Curitiba y el ritmo de la
misma operación centrada en Río de Janeiro, la que investiga a los empresarios
ligados más a la derecha, al Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB), al ex gobernador Sergio Cabral y al Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSBD).
Es necesario no perder de vista dos hechos
importantes. Por un lado, el sistema judicial continúa teniendo un papel
central en la institucionalidad democrática brasileña, sobre todo mientras
prevalezca el actual sistema político. Por otro lado, hubo fracturas al
interior del sistema judicial y, dependiendo de las circunstancias, estas
pueden ser una contribución importante para renovar la credibilidad de la
democracia brasileña. En el momento en que el sistema judicial parece apostar a
criminalizar a cualquier precio a una personalidad de la talla nacional e
internacional del ex presidente Lula, tal vez sea bueno recordar a los jueces
que en la época de Cardoso fueron objeto de vigilancia y persecución cuando
intervenían con medidas preventivas contra la política económica neoliberal del
gobierno. La política económica que viene de ahí no será menos dura y llega
poseída por un fuerte impulso revanchista. También la derecha tiene su “¡Nunca
Más!”. La mayor incógnita es saber si las condiciones que en el pasado
construyeron la credibilidad del STF y dieron verosimilitud a la idea de un
sistema judicial relativamente independiente del poder político, desaparecerán
para siempre después de esta lamentable trama político-judicial. El letargo del
Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y del Consejo Nacional del Ministerio
Público (CNMP) es verdaderamente preocupante.
Luchas institucionales y extrainstitucionales.
Lo más probable es que el acto de ruptura institucional provocado de arriba
hacia abajo (de las elites contra las clases populares) tendrá que confrontarse
en el futuro con actos de ruptura institucional de abajo hacia arriba (de las
clases populares contra las elites). En ese caso, el sistema político
funcionará durante algún tiempo con una mezcla inestable de acciones políticas
institucionales y extrainstitucionales, dividido entre luchas partidarias y
decisiones del Congreso o de los tribunales, por un lado, y acción política directa,
protestas en las calles o acciones ilegales contra la propiedad privada o
pública, por otro. Estas últimas serán combatidas con elevados niveles de
represión y su eficacia es una cuestión abierta.
Con el golpe parlamentario-judicial, el
régimen político brasileño ha pasado de ser una democracia de baja intensidad
(eran bien conocidos los límites del sistema político y del sistema electoral,
en particular, para expresar la voluntad de las mayorías sin manipulación por
parte de los medios y del financiamiento
de las campañas) a una democracia de bajísima intensidad (mayor distancia entre
el sistema político y los ciudadanos, mayor agresividad de los poderes
fácticos, menos confianza en la intervención moderadora de los tribunales).
Siendo este el régimen político, ¿cuál será la mejor estrategia para que las
fuerzas democráticas puedan llevar a cabo luchas políticas que frenen la deriva
autoritaria y refuercen la democracia? De las fuerzas democráticas de derecha
no es posible esperar una acción vigorosa. Cuando están en el gobierno, las
diferentes fuerzas de derecha se unen más de lo que lo hacen las fuerzas de
izquierda. La razón es que las fuerzas de derecha tienen el control del
gobierno y también el control reforzado del poder económico que siempre ejercen
en las sociedades capitalistas. En cambio, cuando las fuerzas de izquierda
están en el gobierno, no tienen el control del poder económico. Las fuerzas
democráticas de derecha son importantes, pero tenderán a ser relativamente
pasivas en la defensa de la democracia aún existente. Por eso, guste o no, es
en las fuerzas de izquierda donde reside la defensa activa de la democracia y
la lucha por su refuerzo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310807-2016-10-03.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217504
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217504
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