Graves violaciones de
los DDHH como estrategia de rentabilidad empresaria
27 de septiembre de 2016
27 de septiembre de 2016
Por Alejandro Jasinski
En la represión contra
los trabajadores durante la dictadura de 1976, aunque la narrativa les da un
rol subsidiario, el involucramiento de los empresarios fue decisivo
El título es provocador y se puede aclarar: nos referimos
a la responsabilidad de empresas en los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante el terrorismo de Estado en Argentina. Un reciente informe investigó 25
casos y evidenció cómo un grupo de empresarios dispuso una estrategia de
rentabilidad que se consubstanció con la represión estatal ilegal para reprimir
a los trabajadores.1 La discusión se
inserta en el más amplio y actual debate sobre empresas y derechos humanos, que
alcanza a las Naciones Unidas.2 Qué empresarios, cómo y por qué, se
involucraron en estos delitos contra la humanidad. Ford ,
Fiat, Mercedes Benz y otras multinacionales, incluidas.
En marzo de este año, en el marco de las conmemoraciones por los
40 años de iniciada la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), se
conoció el fallo judicial que dictaminaba por primera vez en la historia de
este país la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad
contra trabajadores. Marcos Levín, ex dueño de la importante compañía de
transporte La Veloz del Norte, oriunda de la provincia de Salta, fue condenado
a doce años de prisión por participar del secuestro y los tormentos que sufrió
un trabajador y delegado gremial de su empresa.
La oportunidad del fallo no pudo ser mayor: por la fecha que se
conmemoraba y por los cambios políticos que advertían el final de una etapa,
sobre todo en materia de derechos humanos. Otros juicios e investigaciones
judiciales esperan su turno: Ford, Mercedes Benz, Techint, Fiat, son algunas de
las empresas cuya responsabilidad en delitos de lesa humanidad está
suficientemente informada, aunque su transitar por el campo de la justicia se
hace demasiado pedregoso.
La presentación ante la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad del Ministerio Público Fiscal argentino del informe que analiza en
conjunto y comparativamente 25 casos de participación empresarial en la
represión durante el terrorismo de Estado procura contribuir a que el proceso
de justicia por graves violaciones a los derechos humanos en el país asimile la
noción ya ampliamente aceptada en el campo de la memoria y la verdad sobre la
co-responsabilidad de grupos de poder del campo civil junto a las fuerzas
represivas del Estado en los hechos de aquella época.
El informe sobre los crímenes empresariales
El trabajo mencionado se terminó y presentó en diciembre de 2015,
tras casi dos años de arduo trabajo conjunto de cuatro instituciones
argentinas, dos civiles y dos estatales. El Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y
el Programa Verdad y
Justicia , dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, juntaron una veintena de investigadores (historiadores,
antropólogos, sociólogos, abogados) para cubrir una cuenta pendiente en la
historia del terrorismo de Estado: analizar la participación empresarial en la
represión contra los trabajadores.
Es una meta diferente a la de indagar el rol de ciertos
empresarios en el manejo de áreas claves del Estado en relación con la
economía, el delito económico o la propia represión contra algunos
empresarios.1 En este sentido, resulta necesario aclarar de entrada: no decimos
“todos los empresarios” participaron de la represión. Si bien
el sector al que pertenecen los casos investigados fue beneficiado por la
represión en términos generales, hablar de responsabilidad en los crímenes de
lesa humanidad y de estrategia se refiere a las personas o empresas
específicamente investigadas. En este sentido, hay que pensar la disputa al
interior de los empresarios, ya que el modelo económico implantado fundió a
numerosos pequeños capitales, mientras que más de un centenar de empresarios
fueron secuestrados y torturados para robarles sus empresas y la dictadura en
muchos casos se refirió a los “empresarios subversivos”.
En esta oportunidad, nos preguntamos quiénes, cómo y por qué,
diferentes empresarios se involucraron en la represión del Terrorismo de
Estado. La preocupación no era nueva. La responsabilidad empresarial había sido
señalada en numerosos testimonios apenas iniciada la transición democrática, a
partir de 1984, ante las comisiones investigadoras (como la Conadep) y
tribunales judiciales (algunos bajo jurisdicción militar), incluyendo el Juicio
a las Juntas de 1985. Asimismo, algunas investigaciones académicas y
periodísticas habían contribuido al tema.
Distintas instancias judiciales nuevamente en los ’90 pusieron de relieve este asunto, destacándose el informe que en 1998 presentó ante el juez Baltasar Garzón en España la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La reapertura de los juicios de lesa humanidad en la primera década del siglo XXI (tras anularse las Leyes de Impunidad de los años noventa), permitió comenzar a sistematizar, según el caso que se investigaba, esta información existente, y a recolectar nueva información.
Distintas instancias judiciales nuevamente en los ’90 pusieron de relieve este asunto, destacándose el informe que en 1998 presentó ante el juez Baltasar Garzón en España la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La reapertura de los juicios de lesa humanidad en la primera década del siglo XXI (tras anularse las Leyes de Impunidad de los años noventa), permitió comenzar a sistematizar, según el caso que se investigaba, esta información existente, y a recolectar nueva información.
Partiendo de estas bases, seleccionamos 25 empresas de entre más
de doscientas con alguna mención sobre trabajadores víctimas, y comenzamos la
tarea de búsqueda de documentos en distintos archivos al tiempo que trabajamos
con entrevistas a ex trabajadores, víctimas y familiares. Las empresas
seleccionadas fueron nacionales y extranjeras, de distinta localización y
actividad (industria automotriz, naval, siderúrgica, de cerámicos, azucarera,
yerbatera, gráfica, cementera, textil y de calzado, frigorífica, y servicios de
transporte, entre otros), todas significativas por su importancia económica y/o
política. Una de ellas, Astilleros Río Santiago, era estatal, bajo dominio de la Armada. Otras
fueron: Ford Motor Argentina, Mercedes Benz, FIAT, ingenios Ledesma, Fronterita
y Concepción, Dálmine-Siderca y Propulsora Siderúrgica, Swift, Acindar, Grafa,
Grafanor y Molinos Río de la Plata, Astilleros Mestrina y Astarsa, Cerámicas
Cattáneo y Lozadur, Petroquímica Sudamericana, Minera Aguilar, La Veloz del
Norte, Loma Negra, Las Marías, Alpartagas y el multimedio La Nueva Provincia.
El estudio, editado en dos tomos de más de mil páginas (disponible
en http://empresasydelitosdelesa.blogspot.com.ar)
enseña que la supremacía militar en el campo represivo se combinó en estos
casos con la activa y decisiva participación de distintos funcionarios de las
empresas. La existencia de un patrón de lo que denominamos prácticas
empresariales represivas permite concluir sobre la puesta en práctica de una
estrategia de rentabilidad anclada en el terrorismo de Estado para disciplinar
y movilizar militarmente la fuerza de trabajo. Se contaron 869 víctimas para
estas 25 empresas: 354 desaparecidas, 65 asesinadas y más de 450 sobrevivientes
El patrón común detectado enseña prácticas que iban desde variadas
formas de militarización de los espacios laborales hasta la provisión de
insumos esenciales que habilitaron, facilitaron y exacerbaron la represión. Encontramos
a los empresarios, mandos altos, medios
y bajos, desde accionistas y dueños hasta capataces, pasando por gerentes de
áreas de Personal y Vigilancia, en posición de franca iniciativa represiva.
Secuestros en fábrica, vinculación entre secuestros y despidos, supervisión
militar de la producción, aporte de legajos laborales y fotos, militares en
cargos claves en las empresas, infiltración de agentes, entre otras. La
práctica más violenta fue la instalación de centros clandestinos de represión
dentro de los predios fabriles, como sucedió en La Fronterita, Acindar o Ford,
entre otros. La mayoría de las víctimas tenían una activa militancia gremial o
política, no necesariamente revolucionaria ni adherente a la lucha armada. En
muchos casos, fueron secuestrados trabajadores sin antecedentes de militancia.
El aleccionamiento fue mayor porque –aunque existieron niveles de intensidad-
no hubo discriminación.
Algunos ejemplos sirven para ilustrar el asunto. Marcos Levin,
dueño de La Veloz del Norte, empleaba en su empresa a un subcomisario con quien
organizó una causa de estafa contra choferes y azafatas, mediante la cual se
permitió detenerlos y llevarlos a la comisaría. Allí , fueron torturados y obligados a
firmar confesiones, estando Levin en el propio centro clandestino de detención.
Este empresario llegó incluso a utilizar micros de su empresa para trasladar
detenidos. En otro caso, José María Menéndez, coronel de Caballería retirado,
fue nombrado gerente general del directorio de Grafa y de Grafanor del grupo
Bunge & Born en septiembre de 1976. A los pocos días, fueron secuestrados 8
trabajadores de esta empresa. De estas víctimas, la única que fue secuestrada
en la puerta de la planta no había entregado meses antes una planilla que la
compañía exigía completar, con el itinerario que seguía cada trabajador de su
casa al trabajo. Todas las demás fueron secuestradas en sus casas o saliendo de
ellas. En Astilleros Río Santiago, el día del Golpe, se instaló un retén
militar en el acceso a la planta industrial: durante semanas, los trabajadores
formaban fila para ser identificados al ingresar. Las demoras del ingreso
podían alcanzar varias horas. Trabajadores identificados en un listado eran
separados y detenidos.
Una veintena de diferentes prácticas hemos detectado en cada
empresa analizada, repitiéndose en numerosas ocasiones las mismas. Los ejemplos
que podríamos dar y que se desarrollan en la investigación son interminables.
Conviene señalar una de las más frecuentes y utilizadas y que enseña el interés
más mundano de la empresa: la vinculación entre el secuestro y el despido. Ford
fue una de las compañías que más abiertamente colaboró con la represión: tenía
un destacamento militar en su interior y el quincho recreativo de los
trabajadores fue utilizado tipo vivac militar
para secuestrar y torturar a delegados gremiales. Los directivos amenazaban a
los trabajadores con el uso del Ejército y enseñaban a toda hora tener un
conocimiento preciso de la situación de los secuestrados.
Oficiales del Ejército admitieron ante los familiares que la
empresa señalaba a quien detener. A poco de producirse el Golpe, directivos de
la empresa explicaron a oficiales de inteligencia policial que tenían la
“urgente necesidad de medidas” para “prescindir del personal que (…) resulte
perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas”. El agente
traducía: “un voto de confianza para que la patronal efectúe los despidos que
crea necesario”. En menos de diez días, una decena de delegados fue
secuestrada. Los trabajadores recibieron telegrama de despidos y cuando sus
familiares respondieron que los trabajadores se encontraban secuestrados,
volvieron a recibir telegramas intimidatorios de la empresa para que se
presenten en sus lugares de trabajo.
La trama de la responsabilidad empresarial: una lectura
histórica
Argentina tiene una larga historia de represiones obreras, legales
e ilegales, bajo gobiernos democráticos y dictatoriales, que incluyen –incluso
en democracia- barbáricas masacres obreras como las de los años 1919-1921 en La
Patagonia o en La
Forestal. En todos estos casos, grupos empresarios tuvieron
notoria responsabilidad. En los procesos represivos más intensos, la
conflictividad laboral estaba atravesada por enfrentamientos sociales más
amplios, que a nivel económico enseñaban profundas transformaciones de los
procesos de trabajo y modelos de acumulación, y a nivel político e ideológico
procesos de intensa lucha entre fuerzas sociales. Los obreros reprimidos entre
1919-1921 fueron acusados por los empresarios de instalar “soviets” en las
fábricas o campos. Los obreros reprimidos en la década de 1970 fueron acusados
de “subversivos”, “guerrilleros” o “terroristas”. Durante los años sesenta y
setenta del siglo XX, los conflictos a nivel fabril estaban atravesados por los
procesos globales de descolonización y de luchas revolucionarias que seguían,
entre otros, el ejemplo cubano.
En 1969, los estallidos sociales en las ciudades de Córdoba y
Rosario, expusieron la peligrosidad que representaba para las empresas el
ascenso de la militancia y organización sindical en los establecimientos
laborales, vinculada o no a organizaciones revolucionarias y armadas. Los
términos “ausentismo”, “insubordinación”, “improductividad”, organizaron el
discurso de los sectores empresariales, que se potenciaba con el temor a las
huelgas, tomas de fábrica e incluso experiencias de autogestión y control
obrero de la
producción. El costo del trabajo y la pérdida de autoridad y
disciplina empresarial advirtieron la crisis del sistema. La represión más
despiadada no se hizo esperar.
Numerosas leyes represivas se dictaron desde 1974 en adelante,
antes de iniciado el Golpe. Cuando éste sobrevino, la capacidad política y
militar de las organizaciones revolucionarias estaba seriamente dañada. Pero
las movilizaciones obreras de junio y julio de 1975 y febrero y marzo de 1976,
enseñaban que la “guerrilla fabril” –como la llamaron los sectores dominantes-
todavía constituía un serio obstáculo a la acumulación del capital. El Golpe
del 24 de marzo de 1976 selló una etapa histórica.
Desde entonces y hasta 1979, se desarrolló una represión sin
precedentes, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, sobre la clase
obrera y el movimiento sindical: miles de trabajadores, dirigentes y activistas
fueron asesinados, presos, desaparecidos, exiliados, al tiempo que se
desarrollaron distintas formas de violencia en los lugares de trabajo, se
prohibieron asambleas y reuniones y se profundizaron las estructuras de
seguimiento, vigilancia y control, con los consecuentes efectos sobre los
derechos obreros y los ritmos de producción. La modificación de la legislación
laboral, una batería de leyes represivas sobre la organización y la acción
sindical y las transformaciones económicas que alteraron las bases
estructurales de poder obrero conformaron el monumental dispositivo represivo.
Esta transformación no implicaba la eliminación de todo formato
sindical, sino, en principio, de lo que el gobierno dictatorial consideró
“excesos” del poder. Los objetivos generales eran “asegurar el libre
desenvolvimiento de las actividades industriales y laboral” y “lograr un eficiente
funcionamiento del aparato productivo del país”. Para los empresarios se
trataba de eliminar el poder obrero en las fábricas, recuperar la autoridad
sobre los procesos productivos y reducir costos. Pese a sus diferencias, la
combinación del accionar militar y empresarial fue letal: las “fuerzas amigas”
(como denominaban los documentos del Ejército a los “empresarios
consubstanciados” con la dictadura –también se refirieron de esta forma a
algunos dirigentes sindicales) cumplieron con sus objetivos inmediatos. Es en
este punto que retomo el concepto de “estrategia de rentabilidad” que ofrecen
Robert Boyer y Michel Freyssenet en Modelos productivos, como camino que toma una
empresa para combinar distintas fuentes de ganancia. Más enfocadas como
estrategias de negocio, la última de las seis estrategias que identifican es
“la reducción permanente de los costes para mantener un margen suficiente en
cualquier circunstancia”. La flexibilización conceptual puede ser oportuna.
Hablar de estrategia empresarial y de responsabilidad en los
crímenes de lesa humanidad, pone el problema en otra perspectiva. Por un lado,
el foco no está puesto exclusivamente en la lucha de las organizaciones
revolucionarias y el Ejército, sino en la formación de fuerzas sociales ordenadas
en buena medida por esa disputa fundamental entre capital y trabajo. En
referencia estricta al rol de los empresarios en la represión contra los
trabajadores, se quita a aquellos de un rol secundario o subsidiario (que
implicaría una noción de complicidad): su involucramiento fue decisivo.
Responder por qué participaron de estas masacres puede resultar muy complejo.
En un nivel, se pueden explicar sus motivaciones más mundanas, ya señaladas. En
otro, hay que subrayar el hecho de que su involucramiento hizo posible que la
represión llegara tan lejos, hasta la médula del poder obrero: cuerpos de
delegados, comisiones internas y activistas de los establecimientos laborales.
A poco de producido el Golpe, lejos de horrorizarse por la bestial represión
que se realizaba en las fábricas, este grupo de empresarios se dirigía al
general Horacio Liendo, al mando del Ministerio de Trabajo, para felicitarlo
por su designación, desearle éxitos y ofrecerle su “franca colaboración”. Se
sentían “honrados” de “establecer un vínculo permanente fundado en una común
causa patriótica”.
________________
Notas
1.[1]
Esta nota presenta algunos resultados del informe señalado. El autor participó
como co-coordinador e investigador, por parte del Programa Verdad y Justicia , del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo,
aquí los conceptos vertidos más allá de los estrictos resultados de la
investigación son pura responsabilidad del autor y no representan a las
instituciones participantes del informe.
2. Y se expresa en los informes y el Marco elaborado por John
Ruggie y el seguimiento que se hace desde “Business & Human Rights Resource
Centre”, entre otros.
3. Estas temáticas fueron investigadas y analizadas incluso
judicialmente: ver “Causa Olmos”, una denuncia del periodista Alejandro Olmos
por los manejos delictivos del endeudamiento externo y la estatización de
deudas privadas; y numerosas investigaciones académicas, entre las cuales
destacamos dos producciones colectivas recientes: La
dictadura del capital financiero y El
Banco Nación de la Argentina y la Dictadura. También , 1976.
El Golpe Civil.
Investig’Action
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