"Seguimos luchando y movilizando contra la represión, el hambre, los ajustes y las políticas antipopulares".

Masacre de Avellaneda: “en 18 años ningún gobierno investigó las responsabilidades políticas”

26 de junio de 2020

Si bien por la pandemia este año se suspendió la jornada artística de todos los 25 en la Estación Darío y Maxi (ex Avellaneda), hubo ollas populares frente a la estación y en diferentes puntos del conurbano bonaerense. La acción se repitió este viernes en distintos barrios populares del país, y al mediodía tuvo lugar la tradicional marcha al Puente Pueyrredón, al cumplirse 18 años de los asesinatos de los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a manos de la Policía Bonaerense, el 26 de junio de 2002, bajo el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde y el entonces gobernador bonaerense Felipe Solá. “Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes. Durante estos dieciocho años de impunidad pasaron distintos gobiernos. Ninguno investigó las responsabilidades políticas e intelectuales de la masacre del Puente Pueyrredón”, denunciaron sus familiares y organizaciones en un documento leído sobre el puente.

Difundimos el comunicado leído en el acto central sobre el Puente Pueyrredón:
2002 – 26 de Junio – 2020
18 años de Impunidad en la Masacre de Avellaneda
18 años de lucha por Justicia para Darío Santillán y Maximiliano Kosteki
Los Asesinos de Ayer No Pueden Ser Los Salvadores De Hoy
¡Con ellos no!
No es la pandemia, es la impunidad. 18 años de injusticias
Juicio y castigo a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda: Eduardo Duhalde -Felipe Solá- Aníbal Fernández- Juan José Alvarez – Alfredo Atanasoff – Luis Genoud – Jorge Matzkin – Oscar Rodríguez
¡Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo!
A dieciocho años de los asesinatos de Darío y Maxi seguimos exigiendo juicio y castigo para los responsables políticos e intelectuales de la Masacre de Avellaneda.
El 26 de junio del 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación. Buscaba desatar una ofensiva contra el movimiento popular, disciplinar a les trabajadores y el pueblo para continuar cargando sobre sus espaldas los costos de la crisis capitalista y recomponer una gobernabilidad que había sido quebrada en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y que aún continuaba endeble.
La feroz represión fue decidida desde la cúpula del poder político de aquel momento, con el respaldo de los grupos económicos y de poder y bajo la supervisión imperialista yanqui, como parte de su estrategia regional para los “conflictos de baja intensidad”. Involucró a las policías Federal y Bonaerense, a la Gendarmería, a Prefectura y a los servicios de Inteligencia.
No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros y compañeras heridas con balas de plomo y centenares de personas detenidas en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturados y golpeados.
A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. Quedó al desnudo que se trató de una programada acción estatal de represión y la responsabilidad política del gobierno de Duhalde. Como consecuencia de ello, la crisis de su gobierno fue tal que tuvo que convocar a elecciones y dejar el gobierno al año siguiente.
La versión oficial de los hechos, difundida a través de los medios de comunicación hegemónicos, era que las muertes de nuestros compañeros eran producto de un enfrentamiento interno y que las organizaciones piqueteras éramos responsables de ello. Entre quienes emitían esta mentira a través de conferencias de prensa televisivas, estaban Aníbal Fernández, Secretario General de la Presidencia y Juan José Alvarez, Secretario de Seguridad de la Nación. También Felipe Solá se encargó de distribuir esta versión. Cuenta Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, que ese mismo día mientras miraba por la tele la represión prácticamente en directo al mediodía, llamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires para preguntarle sobre lo que estaba sucediendo en Avellaneda. Solá la atendió y le respondió: “Quédese tranquila Norita, es una pelea entre pobres”. Este testimonio Norita lo declaró en la Causa Federal que se tramita en los Tribunales de Comodoro Py. Gracias al arriesgado compromiso de les trabajadores de prensa, sobre todo las fotografías de Pepe Mateos y Ruso Kowaleswky, revelaron la verdad de lo sucedido aquel mediodía en el interior de la estación de trenes de Avellaneda.
Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.
A pesar de todas las evidencias que aportaron familiares y compañeres de Darío y Maxi las causas judiciales que deben investigar las responsabilidades políticas de la masacre permanecen en un estado de letargo judicial. La causa federal, instruida para acusar a los funcionarios nacionales está cajoneada en el juzgado de Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py. Pasaron cuatro fiscales que dejaron retrasar la investigación. Sin embargo, desde hace algunos años, logramos reabrir la causa federal, pero continúa sin avances. La causa provincial, determinada para el gobernador de la provincia y los miembros del ejecutivo, a cargo de la Jueza Marisa Salvo, titular del juzgado de garantías n.º 5 de Lomas de Zamora permanece inmóvil, casi como cuando Mabel Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara. Y más aún, con un dictado de archivo.
Todos los avances en la causa han sido, pura y exclusivamente esfuerzo de les familiares y compañeres de Darío y Maxi, y sus organizaciones, y cientos de colectivas, agrupaciones y organizaciones piqueteras culturales, gremiales, de derechos humanes, políticas, y de les compañeres abogades.
Durante estos dieciocho años de impunidad pasaron distintos gobiernos. Ninguno investigó las responsabilidades políticas e intelectuales de la masacre del Puente Pueyrredón. Ni el de Néstor Kirchner quien prometió investigar hasta las últimas consecuencias, ni el de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri (partidario confeso de la represión estatal), y hasta el momento, tampoco el de Alberto Fernández. Todos estos gobiernos sostuvieron vínculos políticos con los responsables intelectuales y políticos de la masacre, y en varios casos compartieron candidaturas electorales o les dieron cargos en ministerios y otros ámbitos del estado.
La política de encubrimiento de los sucesivos gobiernos también lo fue en los siguientes asesinatos de luchadores en ocasión de movilizaciones como Mariano Ferreyra y el docente Carlos Fuentealba. En los tres casos Aníbal Fernández tenía un cargo determinante en el 2003 Secretario de la presidencia, en el 2007 Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el 2010 Ministro del Interior.
Denunciamos el nombramiento de Aníbal Fernández como interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales, en la mina de Río Turbio. Este verborrágico personaje se jactaba de contar con información de la SIDE que espiaba a las organizaciones piqueteras. Fue una pieza clave en difundir la versión oficial de la represión en el puente y la estación Avellaneda. Tampoco nunca fue citado a ninguna clase de declaración ni siquiera informativa por parte de la justicia federal.
Repudiamos la designación de Felipe Solá como Ministro de Relaciones Exteriores. Hizo lo posible para que su cipayismo se notara al apoyar las medidas del gobierno de los EEUU contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Mantuvo silencio ante el Golpe de Estado contra la hermana República Plurinacional de Bolivia, y no movió ni un solo dedo para repatriar a Facundo Molares, periodista argentino, que al día de hoy la dictadura boliviana lo mantiene preso y en una situación de delicado estado de salud.
Con estas acciones Solá y el Gobierno de Fernández mostraron la subordinación colonial al imperialismo, de su política exterior.
Felipe Solá es autor confeso en su responsabilidad política como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el momento de la Masacre de Pueyrredón, cuando como conocedor de causa expreso ante el Senado respecto de la represión de este 24 de octubre contra quienes manifestaban cuestionando la Ley de Presupuesto 2019: “Hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que bueno son policías que están en la calle y le pegan a cualquiera. ¡No es cierto! Se los digo después de haber sido seis años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden. Sabe cómo es el protocolo. Firma un protocolo, se lo digo por experiencia antes de salir” (…) “No disociemos la actuación policial de la decisión política porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando”. Esta vez Solá dijo la verdad. Tan clara como el agua clara. Sin embargo nunca fue citado ante la justicia.
Repudiamos también que el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof hayan recibido a Eduardo Duhalde y elogiaran su gobierno que se caracterizó por la megadevaluación que marcó la salida de la convertibilidad, lo que generó condiciones favorables para las exportadoras, lo que luego empalmaría con un récord histórico de los precios internacionales de las materias primas. Esos ingresos extraordinarios, de todas maneras, no sirvieron para industrializar al país sino para financiar la fuga de capitales y el pago de la deuda, que solo durante el 2002 (año en que Duhalde fue presidente) rondó los 21.500 millones de dólares, nada menos que el 22% del PBI. El boom exportador de los años siguientes no mejoró la situación “productiva” del trabajo, ya que un tercio de la fuerza laboral fue sumida en la precariedad, y ese marco se produjo la multitudinaria movilización en la que fueron asesinados Kosteki y Santillán.
Los halagos del Presidente Alberto Fernández a quien es el máximo responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán y la reivindicación de su rol de “bombero” – un bombero que quiso apagar el fuego con sangre del pueblo- mostraron que Alberto Fernández, desde antes de asumir, abría el paraguas ante la situación inflamable en que ocuparía la Casa Rosada, con una crisis social rampante y un movimiento obrero con reservas de lucha.
Durante estos dieciocho años todos los gobiernos buscaron que abandonáramos las calles. Nunca lo hicimos. No cedimos ante el chantaje ni ante la represión. 
Por todo esto, exigimos castigo:
A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.
A Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia.
A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación,
A Alfredo Atanasoff, ex Jefe de Gabinete de Duhalde
Al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi.
A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.
Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, actual Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación.
Todos ellos siguen participando en los partidos del poder y siendo candidatos en las elecciones. ¡Son nuestros candidatos a la cárcel!

Fuente: https://www.anred.org/2020/06/26/masacre-de-avellaneda-en-18-anos-ningun-gobierno-investigo-las-responsabilidades-politicas/