lunes, 29 de junio de 2020

Reconozcamos la corrupción e impunidad de la casta política para no seguir delegando en el Estado optimizado como garante de la acumulación gran capitalista mediante criminalidad de lesa humanidad y lesa naturaleza.

De un vistazo y muchas aristas #104

2 de junio de 2020

Por Alianza Biodiversidad
Entrecruzamientos que agravan  los sistemas alimentarios agroindustriales
#Biodiversidad104 | Haciendo eco con toda la documentación de este número de Biodiversidad, sustento y culturas, presentamos varias aristas aparentemente dispersas que nos ayudan a entender la gravedad de la agroindustria: sus fundamentos históricos de acumulación, su filosofía apoyada por una tecno-ciencia filibustera, las riesgosas innovaciones que alimentan sus ganancias, la mentira de su filantropía, sus hilos políticos a nivel internacional, las evidencias de su nocividad en las granjas fabriles, los transgénicos, los agrotóxicos, la deforestación, las pandemias, el caos climático y la represión y el crimen para mantenerlas. Todo se conjuga en este abigarrado mosaico.
La cría industrial de animales en confinamiento (avícola, porcina, bovina) es una verdadera fábrica
de epidemias animales y humanas
Grandes concentraciones de animales, hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados, a los que se administran continuamente antibióticos, según la OMS, son la principal causa de generar resistencia a los mismos a escala global. Un perfecto caldo de cultivo para producir mutaciones de virus más letales y bacterias multirresistentes a los antibióticos, que con los tratados de libre comercio se distribuyen por todo el globo.[...]
La relación entre ganadería industrial y epidemias-pandemias va más allá de los grandes criaderos. Hay causas concomitantes: la cría masiva de animales confluye con la destrucción de hábitats naturales y de biodiversidad que hubieran funcionado como barreras de contención de la expansión de virus en poblaciones de animales silvestres.
Los principales responsables de esta destrucción de ecosistemas son el sistema alimentario agroindustrial en su conjunto, el crecimiento urbano descontrolado y el avance de megaproyectos para servicio de los anteriores: minería, carreteras y corredores comerciales.
El sistema alimentario agroindustrial juega el papel principal: según la FAO, la causa mayoritaria de deforestación en el mundo es la expansión de la frontera agropecuaria industrial. En América Latina causa 70% de la deforestación, y en Brasil hasta 80%.
De toda la tierra agrícola del planeta, 78% (!) se usa para la industria pecuaria a gran escala: sea para pasturas o siembra de forrajes. Más de 60% de cereales que se siembran globalmente son para alimentar animales en confinamiento
En cada paso de la cadena alimentaria agroindustrial, 4-5 grandes transnacionales dominan más de 50% del mercado global.
Solamente tres empresas (Tyson, EW Group y Hendrix) controlan toda la venta de genética avícola en el planeta. Otras tres la mitad de toda la genética porcina. Y unas pocas más la genética bovina. Esto causa una enorme uniformidad genética en los criaderos, que facilita la trasmisión y mutación de virus.
Igual sucede con las empresas del comercio mundial de commodities agrícolas (granos y oleaginosas), controlado casi en totalidad por seis empresas: Cargill, Cofco, ADM, Bunge, Wilmar International y Louis Dreyfus Co, que comercian los forrajes que van a la cría industrial de animales, principalmente soya y maíz transgénico.
Las mayores procesadoras de carne avícola, porcícola y vacuna son actualmente JBS, Tyson Foods, Cargill, WH Group-Smithfield y NH Foods. WH Group, de China, es la mayor empresa porcícola del globo y domina en América del Norte, dueña de Granjas Carroll, donde se originó la gripe porcina.
Es significativo el caso de Cargill, que siendo la mayor empresa global de comercio de commodities agrícolas pasó de proveer forrajes a ser además criadora, siendo la tercer compañía mundial de cárnicos (aves, cerdos, vacas).
Pese a los desastres que está causando la pandemia de Covid-19, esas empresas siguen sus actividades, gestando la próxima pandemia, que podría incluso ocurrir mientras la actual sigue activa.
Es hora de terminar con este sistema agroalimentario absurdo y dañino, que solamente beneficia a las corporaciones. Es el principal factor de cambio climático y pese a utilizar de 70 a 80 por ciento de la tierra, agua y combustibles de uso agrícola, sólo alimentan a 30 por ciento de la población mundial. Silvia Ribeiro, “Gestando la próxima pandemia”, La Jornada, 25 de abril de 2020.
Hay un cruel oscurantismo en la praxis industrial: la aberrante creencia de que las técnicas
costosísimas aplicadas a los actos más humildes vuelven próspera a la gente
La ceguera reforzada por las profesiones dominantes sobre las cantidadesde energía socialmente optimas; la superstición de que los seres humanos no pueden vivir sino en un capullo institucional que los atiborre de educación, calorías y asistencia médica
Hay ya mucha gente que percibe el conflicto latente entre el ser humano y los instrumentos industriales. Iván Illich encarna la esperanza de que este conflicto se manifieste en una Gran Crisis o sea la ocasión de una opción sin precedentes. Cuando se disipe la ilusión industrial, aparecerá, como alternativa muy realista, la posibilidad de una sociedad convivial donde un número creciente de personas hagan más con menos. “Los humanos que saben decir con claridad lo que quieren, lo que pueden y lo que no necesitan” preparan ya el terreno para una crisis franca que requerirá una solución global. Los modos de la crisis dependerán de la diversidad de los horizontes de donde se elevarán estas voces y de la claridad con que se plantee la opción: ¿queremos herramientas conviviales [aquellas que nos devuelven a la comunidad] o que nos aplaste la megamáquina, las herramientas industriales [que nos enajenan del cuerpo social]? Jean Robert, Los cronófagos, de próxima aparición.
El 24 de marzo se realizaron acciones de protesta con bloqueos, cortes de ruta y barricadas en diversos puntos de Chiloé
Como respuesta a la violencia ejercida por fuerzas represivas estatales, quienes quebrantaron la aduana sanitaria para abrir por la fuerza el flujo de camiones de la industria salmonera y de mitilicultura [el cultivo de moluscos] provenientes del continente.
Cabe señalar que organizaciones sociales de Chiloé habían logrado establecer un acuerdo con autoridades regionales para el aislamiento ante la emergencia sanitaria del Covid-19, más aún considerando que en el archipiélago no había casos de contagio, fijándose que pasarían por el Canal de Chacao sólo alimentos e insumos básicos. Sin embargo, el 24 se permitió el flujo de camiones de la industria acuícola y algunos buses, custodiados por fuerzas especiales de carabineros e infantes de guerra de la Marina, quienes reprimieron a habitantes guardianes de la medida sanitaria, deteniendo a dos de ellos: al presidente de la JJVV de Chacao, Andrés Ojeda y al vecino, Pablo Montalva de Coñimó.
Al ser detenido, Ojeda señaló: “es lamentable que Salmon-Chile, sus asociados y la industria de la mitilicultura tengan de rodillas a Chiloé. En estos días complejos anteponen sus actividades económicas por sobre la salud de nuestra gente coludidos como el gobierno regional y varias autoridades locales”.
Chiloé es un archipiélago con más de 40 islas, con unos 170 mil habitantes distribuidos en 10 comunas, que la deja en un estado de extrema vulnerabilidad por no existir condiciones sanitarias para enfrentar una emergencia de este tipo por la conectividad y sistema hospitalario.
Luego de los violentos quiebres sanitarios por parte de agentes represivos estatales, por la tarde y noche en Chiloé se realizaron acciones de protesta con bloqueos, cortes de ruta y barricadas en diversos puntos de Ancud, Quemchi, Castro, Quellón y Queilen. Al otro día, en otros lugares y en Isla Lemuy, cuya cabecera es la comuna de Puqueldón también se realizaron manifestaciones tendientes a la protección efectiva de la población: “La única barrera que en algo nos protegía o pretendía hacerlo, fue derribada por el Estado en el canal de Chacao. Todas las comunas en este minuto se están organizando para proteger el archipiélago de Chiloé y nosotros esperamos hacer nuestra parte por Lemuy”, señalan desde el movimiento social.
Luego de las acciones violentas contra habitantes de Chiloé en el canal de Chacao, Álvaro Montaña, del Movimiento Defendamos Chiloé, dio cuenta de la llegada de una mayor dotación represiva: “En estos momentos, la empresa Transmarchilay ha permitido el ingreso de un guanaco y dos carros más. Ésta es la respuesta del gobierno a nuestra necesidad. No mandan médicos, no mandan camillas, sino que mandan guanacos, gracias al auspicio de la empresa Transmarchilay, para que todos los chilotes sepan”. La escritora poeta canaria-chilota, Maribel Lacave, indicó a Radio Estrella del Mar: “Estamos hablando de una situación extrema, de un problema de agresión contra la vida, entonces defendamos a nuestros vecinas y vecinas que lo único que están haciendo es sacrificándose para evitar que entre el contagio. Estamos velando por la salud de todos”. Rebelión en Chiloé contra irresponsabilidad sanitaria estatal y acuícola, Territorios comunicaciones, Chile, 25 de marzo, 2020
Al mismo tiempo que la usurpación y el vasallaje, para destinar las tierras a la caña de azúcar,
Hernán Cortés llevó a cabo el desplazamiento del cultivo del maíz de los pueblos
Hacia 1524, estableció dos ingenios azucareros en Tuxtla y, en 1532, otro ingenio en Tlaltenango, en las cercanías de Cuernavaca. Al oriente de Morelos, en 1582, la hacienda del Hospital montó un cañaveral en territorio usurpado, entre otros, al pueblo de Anenecuilco. [...]
Este sistema agrario que traspuso la declaración de independencia, a finales de la dictadura de Porfirio Díaz representaba la forma predominante bajo la cual se efectuaba la explotación de los trabajadores del campo. No era un régimen homogéneo, pero en conjunto las haciendas de todo el país detentaban 16.6 millones de hectáreas y tenían el control de los principales productos agrícolas a excepción del más importante de todos, desde el punto de vista económico y civilizatorio: el maíz.
En segundo y tercer grado de importancia, alternándose por años, la caña de azúcar y el henequén eran los cultivos más importantes por el valor de la cosecha y estaban monopolizados por las haciendas. Lo mismo ocurría con otros cultivos importantes, como el tabaco, algodón, café y trigo.
Al final de la dictadura porfirista a principios del siglo XX, la importancia estratégica de las haciendas de Morelos puede observarse considerando que eran unidades capitalistas de alto rendimiento, cuya fuerza radicaba, por un lado, en el monopolio de la tierra y, por otro, en un elevado nivel tecnológico de los ingenios azucareros. En Morelos, el 46 por ciento del territorio estaba en manos de las haciendas y 79 de cada 100 hombres, entre 11 y 60 años, eran peones. Ambos datos fueron los más altos del país, salvo en Guerrero.
Con la tecnología moderna, al interior de las economías azucareras del mundo, se produjo la separación de la propiedad de la tierra y la propiedad del ingenio industrial; sin embargo, en México no ocurrió así. Aquí se aplicó la maquinaria moderna —a gran escala, en el caso de Morelos— al modelo terrateniente colonial. Más aún, se agudizó el monopolio de la tierra y también la centralización de la fase industrial, en manos de los hacendados. La hacienda porfirista combinó la apropiación de una renta absoluta, derivada del monopolio de la tierra, con la apropiación de plusvalía, derivada de la explotación del trabajo asalariado. Esto produjo una clase híbrida —terrateniente y capitalista industrial a la vez— con métodos exacerbados de explotación, humillación y despojo.
Las formas de sujeción se multiplicaron con esa modernización. Pero los asalariados de las haciendas no eran trabajadores “libres”, sino peones sometidos por medio del endeudamiento y la vigilancia especial de los capataces. Para mayor control, con frecuencia los trabajadores vivían “acasillados” dentro de la hacienda. Francisco Pineda, “Emiliano Zapata: maíz, azúcar y petróleo”, Desinformémonos, abril de 2012.
El avance del modelo agroindustrial de monocultivo es parte de la dinámica regional
Por lo cual es importante considerar los acuerdos firmados y los que están negociándose por parte del Mercosur, dado que los Tratados de Libre Comercio ponen en peligro la producción campesina e implicarían una profundización de la presencia de las corporaciones del agronegocio. Se presenta el avance del modelo en la región, tomando como punto de referencia el año 2003, en que empiezan a denominar al cono sur como “República Unida de la Soja”. En estos 15 años, los cultivos de soja pasan de un poco más de 33 millones de hectáreas a casi 58 millones de hectáreas. Base-Is, Con la soja al cuello, Informe sobre los agronegocios en Paraguay, 2018. Marielle Palau, coordinadora.
Los cultivos transgénicos de soja y maíz en Uruguay tienen varios aspectos: económico-político, científico,de salud, medioambiental, bioético, social y cultural.
Las “normas relativas a bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas” dictan una política de “coexistencia regulada” entre cultivos GM y no-GM, así como el etiquetado voluntario de alimentos que contienen OGM, si es que se pueden comprobar en sus productos finales. No se pueden realizar análisis de glifosato en muestras humanas. Es muy complicada la interacción entre academia y política. Las consecuencias son un aumento del PIB por exportaciones, al costo de un mayor uso de pesticidas y plaguicidas, pérdida de biodiversidad, de soberanía alimentaria, desaparición de polinizadores y una serie de impactos que para analizarlos se necesitan nuevos indicadores. Planteamos un espacio interdisciplinario que tenga como objetivos generales hacer evaluación del impacto del paquete tecnológico (evaluando la exposición al glifosato, pesticidas y plaguicidas, la presencia de transgénicos en semillas, cultivos, materias primas y productos finales); la evaluación de sistemas de producción agroeconómica, con indicadores para evaluar la producción agroecológica; aporte de criterios técnicos para regular la bioseguridad y otras políticas y consultas públicas sobre seguridad, soberanía alimentaria y salud humana; y formación de recursos humanos, difusión y comunicación de resultados.
La alternativa es poner en manos de la producción agroecológica los saberes que se tienen, formarse científicamente, aprender de la Madre Tierra, imaginar y reinventar la milpa, dar un marco científico a los buenos usos y costumbres, los buenos hábitos y la buena alimentación. Pablo Galeano y Claudio Martínez, Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ: “Transgénicos y alternativas agroecológicas”.
El tema de la coexistencia entre OGM y semillas nativas surgió en la sesión sobre agricultura y transgénicos
del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México
Ha sido central el debate sobre la introducción de maíz genéticamente modificado a México, centro de origen. La controversia inicia en 2001. Las autoridades competentes (Cibiogem, 2003) habilitan por todos los medios posibles la introducción de OGM. Hay una “actuación de seriedad” (término con el que algunos franceses definieron la actitud de hacer como que hacen todo pero en realidad no hacen nada). Las leyes mexicanas en la materia parecen de avanzada, vistas por encima, pero la realidad es completamente distinta. Hay una pugna entre una epistemología reduccionista y una compleja.
Para los reduccionistas sólo los expertos pueden opinar, sólo las opiniones técnicas son válidas; entonces se impone la noción de que los OGM son un mal necesario; a mayor tecnificación, mayor progreso; y se habla de las posibilidades de coexistencia, imponiendo divisiones artificiales y arbitrarias del país para establecer lugares donde sí se pudieran poner cultivos GM, sobre todo en el noreste de México.
Nuestra respuesta, desde la complejidad, es realizar análisis multidisciplinarios de problemáticas particulares y elaborar documentos de difusión y divulgación, llevando a cabo un trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Intervención de Alma Piñeyro en el seminario Nuevas tendencias tecnológicas y sus impactos en América Latina. Grupo ETC, Memorias del seminario, Heinrich Boll, 21-23 de mayo de 2018.
En Bolivia, los agroindustriales no despojan legalmente de la tierra, sino que generan un proceso de dependencia
Que fuerza a quienes producen en pequeña escala a alquilarles sus hectáreas. Es decir, pueden conservar su propiedad y el acceso a su tierra, pero no participar del modelo de agronegocio, que requiere capital intensivo.
Esta situación de alquiler de tierras tiene relación directa con la estructura agraria del país, con una desigualdad muy clara: el 78% de productoras y productores de soja en Santa Cruz de la Sierra son de pequeña escala (50 hectáreas o menos) y controlan sólo el 9% de la tierra. Apenas 2% de quienes producen (quienes explotan más de mil hectáreas) controlan el 70% de la tierra.
En Paraguay el apoyo institucional al agronegocio y a la concentración de la tierra se da en casi todos los estratos de gobierno, desde el aparato represivo hasta los órganos de control y los ámbitos responsables de la aprobación de las semillas transgénicas. La expulsión de la población campesina e indígena se da principalmente por mecanismos de coacción, intoxicación, alquiler y venta de “derecheras” (posesión sin títulos).
En Uruguay, en tanto, el proceso de concentración de tierras se dio a partir del avance del agronegocio, que (además de la soja) incluye el modelo forestal-celulósico. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, Capítulo 4: Concentración de la tierra y expulsión de pueblos originarios y campesinos de sus territorios
El desarrollo intensivo de monocultivos comerciales para el mercado de exportación ha implicado la
degradación y contaminación de los ecosistemas en las áreas donde se producen
La mayor parte de las importaciones de alimentos de México y casi la totalidad de sus exportaciones agropecuarias se concentran en Estados Unidos, país con una agresiva política a escala global y con una trayectoria en el manejo político de sus exportaciones de alimentos. Con ello, el gobierno mexicano ha perdido autonomía en el manejo de su política agroalimentaria. Consideremos la vulnerabilidad ambiental, manifiesta en la falta de una política clara orientada a preservar y desarrollar la biodiversidad y la riqueza fitogenética de México. Esta situación se relaciona con la disminución de las oportunidades de vida de los pequeños productores campesinos, quienes durante siglos han desarrollado diversidad de razas y variedades de los cultivos básicos, particularmente en el caso del maíz. Estos productores, han tenido que migrar interna e internacionalmente para poder sobrevivir abandonando la agricultura. A causa de esta situación, disminuye la posibilidad de mantener las razas tradicionales de los cultivos y las variedades silvestres en los lugares de donde son originarios. A lo anterior se suman los programas gubernamentales que difunden el uso de semillas híbridas entre campesinas y campesinos y, sobre todo, la entrada sin control de semillas transgénicas de maíz, lo que pone en riesgo el patrimonio biogenético de esta planta. Humberto González y Alejandro Macías, “Vulnerabilidad alimentaria y política agroalimentaria en México”, Desacatos, revista de ciencias sociales, 2014.
El crecimiento del uso de agrotóxicos en la región fue exponencial y tiene directa relación con el avance
del modelo de agronegocio centrado en semillas transgénicas resistentes a herbicidas
Una característica, repetida en todos los países, es que no existe un registro riguroso ni actualizado del uso de agroquímicos. Este dato no es casual: la ausencia de estadísticas oficiales es parte de una estrategia que une a empresas y gobiernos para evitar que se puedan cuantificar y precisar los daños. [...]
En la década de 1990 Monsanto presentaba al glifosato como inocuo y biodegradable. La propuesta era, entonces, reemplazar a los herbicidas más tóxicos por el novedoso producto. Al día de hoy —tras cientos de investigaciones científicas— no sólo quedó desmentida su inocuidad, sino que el mismo sistema hoy promueve, por medio de los transgénicos de resistencias apiladas, los mismos herbicidas a los que supuestamente había reemplazado. Para colmo, venden tecnologías como la resistencia al 2,4D —herbicida que se usa comercialmente desde 1946 y ha sido prohibido en muchas jurisdicciones por su toxicidad— publicitándolas como fórmulas de avanzada. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, Capítulo 3: Agrotóxicos: el crecimiento exponencial de su uso y los impactos en la salud y los territorios
En la historia de larga duración, el cultivo del maíz operó como eje de la auto-organización en la
 comunidad campesina de México y, desde una perspectiva mayor, fue soporte de uno de los 
procesos civilizatorios de la humanidad. Esa historia es la raíz profunda de la revolución del sur.[...]
El maíz no monopoliza los nutrientes de la tierra sino que, por el contrario, incrementa su productividad cuando es sembrado junto con otros cultivos, en “milpa”, con el frijol, la calabaza y el chile; en unidades que también producen tubérculos, cereales, agaves, hortalizas o frutales. El autoabastecimiento de los bienes necesarios, como sabemos, ha sido una barrera de resistencia a la monetarización y mercantilización de todo.
Desde ese punto de vista, es posible considerar que la diversidad —tanto en la producción como en el aprovechamiento del maíz— y la auto-organización constituyen el sustento material y organizativo de la autodeterminación de la comunidad campesina, como práctica cotidiana. Para los zapatistas, la economía del maíz era el sustento de la vida y, a la vez, la base material de su vocación de libertad.
[...] El conflicto nuclear de la revolución del sur, entre las haciendas y los pueblos, puede considerarse, también, como la confrontación violenta entre la economía del azúcar, con sus formas de sometimiento, y la economía del maíz, con sus formas de auto-organización y libertad. Desde esta perspectiva, es posible observar también la respuesta feroz que emprendió el poder contra la acción revolucionaria de los zapatistas. Francisco Pineda, “Emiliano Zapata: maíz, azúcar y petróleo”, Desinformémonos, 6 de agosto de 2012

Los millones de hectáreas que hoy ocupan los monocultivos de soja y maíz transgénicos, y el nivel de concentración de la tierra en poder del agronegocio sólo pudieron concretarse avanzando sobre territorios campesinos e indígenas. La instalación del modelo transgénico se realizó con distintos niveles de coerción. Desde la estafa que representó la compra irregular de tierras —donde un empresario llegaba con supuestos títulos de propiedad y obligaba a irse a campesinas y campesinos con posesión ancestral— hasta el uso de la violencia, ejercida por la fuerza pública o por grupos de choque contra las familias que, conscientes de sus derechos, se negaban a dejar sus parcelas. Esto generó (y sigue generando) que miles de personas sean expulsadas de sus tierras, presas, heridas y asesinadas.
En Argentina, los territorios campesinos e indígenas más afectados están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis y Catamarca. En la mayoría de estos territorios hubo monte y vivieron familias, hasta que el agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos, con el accionar de grupos paramilitares y la complicidad del poder político y judicial; en otros, con el abandono del Estado, y también con los llamados “desalojos silenciosos”.
Esta modalidad no es sino la estafa a familias que desconocían sus derechos y no estaban organizadas. Los empresarios se apropiaban de las tierras exhibiendo falsos títulos de propiedad, logrando que las familias —engañadas por abogados u operadores judiciales— dejen sus tierras sin poder reclamar sus derechos. Estimaciones oficiales señalan un piso de ocho millones de hectáreas en este tipo de conflicto. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, Capítulo 5, Criminalización de luchas campesinas y de pueblos originarios: la violación de derechos humanos, la represión y el asesinato como herramienta disciplinadora, abril de 2020.

Una carta demandando que en la futura “Cumbre sobre sistemas alimentarios” no tengan injerencia ni el Foro Económico Mundial ni la Fundación Bill y Melinda Gates fue enviada la semana del 16 de marzo por 550 movimientos sociales y redes internacionales, organizaciones de la sociedad civil internacionales, movimientos y organizaciones regionales y centros de investigación de todo el mundo por iniciativa del Comité Internacional de Planeación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y la entregaron al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.
En diciembre de 2019, la Secretaría General de la ONU anunció una Cumbre sobre Sistemas Alimentarios en 2021, que el Foro Económico Mundial (FEM o mejor conocido como WEF por sus siglas en inglés y promotor de la agroindustria y la agricultura por contrato como pocos), sería co-organizador y que Agnes Kalibata, actual presidenta de la Alianza para la Revolución Verde en África (AGRA), sería representante de Guterres. Tan pronto se supo, cientos de organizaciones demandaron el fin de la “alianza estratégica” con el FEM por considerar sumamente peligroso el poder que adquirirían las empresas transnacionales sobre la política alimentaria global, cuando son ellas las que “han causado y/o empeorado las crisis sociales, económicas y ambientales a las que se enfrenta el mundo”.
AGRA, financiada por Bill y Melinda Gates, “promueve los intereses de la agroindustria”, por lo cual es absurdo que represente a la ONU. En la carta se dice que “la asociación entre la ONU y el FEM ayuda a que se establezca el capitalismo de las partes interesadas como modelo de gobernanza para todo el planeta”.
En una cumbre así, se privilegiarían los modelos ultra-tecnificados de agroindustria que impulsan las empresas, despreciando las perspectivas de los más afectados por el hambre y la malnutrición: pueblos originarios, personas sin tierra, mujeres, trabajadores rurales, campesinos, pescadores, pastores, consumidores, personas que padecen inseguridad alimentaria en las zonas urbanas y los jóvenes.
El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU nos mantiene al tanto en esta situación. En un boletín del 24 de marzo, proponen que “colocar a la FAO y al Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, así como a los gobiernos al frente de la Cumbre, garantizaría una gobernanza alimentaria multilateral e inclusiva.” De lo contrario “aumenta el riesgo de la influencia corporativa en la cumbre y se ignora el potencial del papel de los pueblos más afectados por el hambre y la malnutrición” haciendo que la gobernanza alimentaria sea peligrosamente antidemocrática en estos tiempos de pandemia. Grupo ETC, “Los accionistas empresariales no deben conducir las políticas alimentarias”, abril 2020.
El barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de la provincia Córdoba (centro de Argentina) 
Es de casas bajas, asfalto gris y chicos y chicas que juegan en la calle. Era como muchos otros barrios, hasta que ganó notoriedad por la gran cantidad de casos de cáncer y de niñez con malformaciones que se registraron entre su población. Sus habitantes miraron y comenzaron a encontrar las causas de tanto mal: al este, norte y sur había campos de soja, sólo separados del barrio por una calle. Las fumigaciones con agrotóxicos llegaban hasta las puertas de las viviendas.
La organización Madres de Ituzaingó, nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban, relevó los casos y denunció a empresarios sojeros como a la dirigencia política, por complicidad. Eran llamadas “las locas”, pero se convirtieron en pioneras en denunciar la contaminación del modelo agrario. En 2009, casi una década después de las primeras denuncias, la Justicia cordobesa prohibió que fumiguen en cercanías del barrio. “Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. En 2012 se transformó en el primer caso en llegar a juicio penal. Luego de dos meses de audiencia, la sentencia determinó que el productor agropecuario y el aerofumigador fueron encontrados culpables de contaminar y afectar la salud de la población, y recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión (condicional, sin cumplimiento efectivo). Las Madres de Ituzaingó reclamaron el cumplimiento de la pena efectiva.
Desde la Campaña Paren de Fumigar Córdoba (que reúne a una decena de organizaciones) valoraron el fallo: “Es el primero en Argentina. Teníamos razón: las fumigaciones son delito y tienen condena”. Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, Capítulo 3, Agrotóxicos: el crecimiento exponencial de su uso y los impactos en la salud y los territorios, abril de 2020
Hay una crisis ética y política en el manejo de la ciencia, en los contenidos mismos, que vuelven
inmanejables los objetos, provocando que se salgan de control y generen problemas efectivos
La biotecnología o la ingeniería genética pueden ser perpetuamente innovadas, pero hay un problema: las tecnologías de edición genética tal vez permitan prescindir del uso masivo de pesticidas, pero la devastación de toda la biodiversidad en la República de la Soya, la devastación que ha generado en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, ésa no se compone con edición genética. Es una devastación irreversible y acumulada. Se van acumulando una serie de desastres de tecnologías cada vez más sofisticadas y cada nueva generación, con cada nuevo paquete de iniciativas arrogantes que implican valorización de capital, van dejando un cúmulo de factores caóticos imprevistos que van haciendo sinergia entre sí. La industria química mundial arroja permanentemente 200 mil sustancias químicas —y en muchos países de América Latina apenas se monitorean demasiado pocas. No se monitorea la interacción entre ellas en el medio ambiente. Hay una sombra invisible de interacción química en la totalidad del medio ambiente, que está interactuando con la totalidad de los ecosistemas y la totalidad de nuestros cuerpos y que está detrás de esa crisis del medio ambiente y de la salud. Andrés Barreda, “Nuevas tecnologías, crisis y capitalismo”, Grupo ETC, Memorias del seminario, Heinrich Boll, 21-23 de mayo de 2018.

Un análisis de la deforestación en el Cerrado a partir de datos recopilados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) reveló que, entre agosto de 2018 y julio de 2019, un área de 933 km² fue destruida sólo en Mato Grosso. De este total, la devastación ocurrió mediante acciones ilegales en 88% de los casos. Esto es una reducción del 6% en relación con el área deforestada el año anterior, pero según el documento publicado por el Instituto Centro de Vida, la tasa de destrucción del bioma sigue siendo “alarmante” por el alto grado de ilegalidad en las acciones. Una gran parte de la deforestación ilegal identificada proviene de propiedades rurales registradas en el Registro Ambiental Rural (CAR). Este registro electrónico es obligatorio y tiene como objetivo integrar la información ambiental para la preservación de bosques y vegetación nativa. De la deforestación ilegal identificada en estas propiedades registradas, 64% se concentra en grandes propiedades, con más de mil 500 hectáreas. Según Vinícius Silgueiro, coordinador del Centro de Inteligencia Territorial de ICV, los datos muestran que la destrucción es realizada por aquellos que ya tienen poder económico y, por lo tanto, es fácil identificarlos por las agencias ambientales para rendir cuentas por delitos. “Cuando observamos el universo de propiedades que se desmonta ilegalmente, se concentra en menos de 900 haciendas, un número muy pequeño en comparación con el número total de propiedades en el Cerrado, un 3%. Es preocupante que pocas propiedades que podrían estar bajo inspección sean las que destruyan más del 60% del bioma y pongan en riesgo la producción agrícola”. Philip Vidon, “Las grandes propiedades rurales son responsables de más del 60% de la deforestación en El Cerrado”, Epoca, 6 de febrero de 2020
El capitalismo industrial es parecido a un iceberg. En la parte visible los valores de uso producidos
autónomamente son sustituidos por valores heterónomos o “industriales”
La destrucción de los saberes locales y de las tradicionales bases de subsistencia asegura un proceso de irreversibilidad. Su eficacia no se fundamenta en la supresión brutal de libertades prácticas, sino en volverlas improductivas.
En la parte invisible del iceberg el capitalismo industrial cobra la mayor parte de su tributo en esfuerzo físico y fatiga. Agobia sobre todo a quienes considera “improductivos”: los indígenas de todo el mundo, las mujeres, los jóvenes y los viejos, pero también a los mismos asalariados durante sus horas “improductivas”. Debemos cuestionar radicalmente el desprecio del que hace gala el modo de producción dominante (heterónomo, industrial, “capitalista”, “masculino”) respecto de todas las formas que se apartan de su norma (autónomas, conviviales, “corporales”, “femeninas”).
Al atribuir a los discrepantes un escaso “valor del tiempo”, los planificadores sancionan, castigan su aparente poca “productividad”. [...] Con el fin de sobreexplotar a estos discrepantes, industrializando la producción obligatoria de ciertos tipos de “valores de uso”, el modo de producción dominante confiesa que en realidad se alimenta de la discrepancia respecto de la norma que pregona.
El hecho decisivo es que el plusvalor no pueden realizarlo los trabajadores ni los capitalistas, sino los estratos de la sociedad o las sociedades que no producen de modo capitalista, escribía Rosa Luxemburgo en un pasaje profético [..]
Rosa Luxemburgo no se limita a la realización del plusvalor. Explora sus orígenes, o mejor dicho, el modo de creación de las condiciones que hacen posible su acumulación.
Decir que el capitalismo vive de formaciones no capitalistas es decir más exactamente que vive de la ruina de esas formaciones; y si tiene una necesidad absoluta del medio “no capitalista” con fines de acumulación lo necesita como un suelo nutricio: un manto donde la acumulación pueda realizarse por absorción. En una perspectiva histórica, la acumulación de capital es un proceso metabólico que se desenvuelve entre modos de producción capitalista y precapitalista. La acumulación no puede efectuarse sin éstos, pero además, vista desde las formaciones no capitalistas o precapitalistas, la acumulación consiste en su corrosión y su asimilación. La acumulación capitalista tampoco puede existir sin las formaciones no capitalistas que no logren durar junto a ésta. El desmoronamiento continuo y progresivo de las formaciones no capitalistas es la condición para la existencia del capital. Jean Robert, Los cronófagos. Próxima aparición
Dijo Emiliano Zapata: “Y la lucha sigue: de un lado, los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el petróleo. Y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios o injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus casas por la codicia del gran señor, y que quieren recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra que les permita trabajar y vivir como personas libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias”. Francisco Pineda: “Emiliano Zapata: maíz, azúcar y petróleo”, Desinformémonos, 5 de agosto de 2012
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