Vicentin y la deuda pública en discusión
15 de junio de 2020
Por Julio C. Gambina (Rebelión)
El
Estado capitalista gestionado por Macri facilitó créditos vía Banco de la Nación Argentina
(BNA) por más de 18.000 millones de pesos al grupo Vicentin que, en diciembre
2019 con el cambio de gobierno, denunció “estrés financiero” ante deudas
acumuladas en el país y en el exterior por más de 99.000 millones de pesos.
Traducido en lenguaje sencillo, dificultades del grupo Vicentin para cancelar
sus deudas, con bancos locales y extranjeros; con proveedores diversos,
especialmente miles de productores que entregan su materia prima para la
industrialización y exportación al Grupo; incluso accionistas y agencias de
recaudación del Estado, como Aduana y DGI. La estafa empezaba a hacerse
pública.
Lo
que ocurrió es una cesación de pagos, que no escandaliza a los “privatistas”,
tal y como se preocupan cuando es al revés, caso del Estado sustentando un
default de su deuda con privados. La gran preocupación del poder económico es
que el país no suspenda los pagos de deuda, mucho menos que se la investigue. Por
eso ejerce una fuerte presión para ceder y acordar con los acreedores,
otorgarles los “endulzantes” que estos solicitan, aún con un gran costo que va
en desmedro de insatisfechas necesidades sociales.
Al contrario, si el default
es privado, para los defensores del mercado, el Estado no debe inmiscuirse,
salvo subsidiando, aun cuando un banco oficial haya sido una pieza
imprescindible para garantizar la estafa de imposible cancelación. Es más,
seguramente agregaran que, ante las dificultades de la entidad financiera, esta
debería privatizarse por ineficiencia.
Más
curioso aún resulta, cuando los empresarios explican que el tema que complicó
la situación fueron las elecciones primarias que anticiparon un cambio de
gobierno en la
Argentina. Es insólito, pero eso sostienen, con lo que los
responsables serían los votantes, que al no elegir lo que la empresa quería, se
les dificultaron los negocios. ¿Acaso, de haber continuado Macri no habría
habido problemas económicos en Vicentin? Claro, en el imaginario empresario se
incluía la canilla financiera abierta de la banca pública y la fantasía del
apoyo internacional, en similar situación que la esperada lluvia de inversiones
por el macrismo que nunca llegó. El argumento pone de manifiesto el carácter
inescindible entre economía y política que siempre hemos sustentado, que para
el caso en cuestión hace evidente el sentido del Estado capitalista al servicio
del capital. Un Estado que gestiona créditos del mercado mundial para financiar
el capitalismo local, a costa de la sociedad y que ahora negocia para pagar el
préstamo del FMI y las inversiones especulativas de los Fondos de Inversión.
Resulta
evidente que el default de Vicentin tiene un elevado costo para sus
trabajadoras y trabajadores con incertidumbre sobre el presente y futuro
cercano, para los pequeños y medianos proveedores de la firma, para la banca
pública y las agencias de recaudación, que en la lógica del mercado debían
esperar que alguna otra empresa (por las dimensiones de los negocios imaginamos
extranjera) la absorba y luego, quizá, restablecer los negocios para atender
las obligaciones. Son argumentos dentro de una lógica que imagina al mercado
resolviendo todo por sí mismo. Claro que esa lógica de mercado incluyó la
previa decisión estatal de prestarle al grupo empresario una gigantesca e
impagable cifra que, por ahora, de no mediar intervención pública, tenía
destino en la cuenta de pérdidas del BNA. Del mismo modo imaginan cumplir, sin
investigar, con una deuda pública sospechada de ilegal, ilegitima y odiosa.
El anuncio oficial de expropiación genera debates sustantivos
A
seis meses del estrés aducido por Vicentin y la convocatoria de acreedores, el
Presidente de la Argentina anunció la “intervención” de la empresa por parte
del poder ejecutivo, la “expropiación” por medio de una ley a discutir en el
Congreso Nacional, y un nuevo rumbo en política productiva agraria orientado
por la “soberanía alimentaria”. Se habilitó entonces un debate trascendente.
La
respuesta del sector privado concentrado en empresas y cámaras empresarias fue
inmediata y crítica, de desaprobación, con un rotundo no al “estatismo”,
incluso desmereciendo la alusión al rumbo soberano de la producción agraria.
Resulta interesante el desinterés del “sector privado” por criticar la estafa del
grupo empresario, que incluye la evasión y elusión fiscal, muy bien estudiado
por el grupo rosarino MATE[1],
sin ninguna preocupación por la investigación de esas deudas. Queda pendiente
aún la calificación del delito incurrido por los responsables de la gestión
empresarial ante los entes de recaudación y las autoridades monetarias y del
comercio exterior, e incluso de quienes favorecieron desde la banca pública los
incobrables préstamos. ¿Quién y porqué se facilitó el endeudamiento desde el
BNA y otros bancos oficiales? ¿Qué destino tuvieron los recursos? ¿Se
orientaron esos fondos a la actividad específica de la empresa o se destinaron
a otros fines? Son interrogantes similares que nos hacemos ante la estafa de la
deuda pública y por eso impulsamos la auditoria de la deuda con participación
popular, al tiempo que se demanda se suspendan los pagos.
Toda
la argumentación del poder económico se concentra críticamente en la intervención
estatal, que insistamos, excluye la previa al momento del financiamiento del
BNA, el principal banco del sistema financiero local. Es una lógica de poder,
sustentada con el aporte de medios de comunicación que actúan en la disputa del
consenso social. Puede parecer ilógico que sectores sociales objetivamente
perjudicados por el accionar delictivo empresarial actúen en sustento de las
posiciones esgrimidas por el poder, sin embargo, es un resultado de la lucha
ideológica que afirma un rumbo reaccionario en buena parte de la región y del
mundo. No es menor el impacto ideológico de una subjetividad individualista y a
contramano de la satisfacción social de necesidades, construida por casi medio
siglo. A no sorprenderse por caceroleos a favor de la propiedad privada del
núcleo concentrado del poder.
Desde
el gobierno se insiste que se trata de “rescatar” la empresa, las fuentes de
trabajo directas e indirectas, tanto como asegurar el papel de exportador y
receptor de divisas. No queda claro entonces, como sostener el modelo
productivo del agro-negocio de exportación al que se asocia la empresa con la
propuesta de avanzar en el rumbo de la soberanía alimentaria. Esta última es
una categoría sustentada por el movimiento campesino a fines del Siglo XX, en
confrontación con el concepto de seguridad alimentaria, que remite a la
posibilidad de atender la alimentación de la población sin discutir el modelo
productivo. Por el contario, la soberanía alimentaria sustenta un debate
relativo a qué producir, cómo producir, distribuir e incluso que tipo de
consumo es necesario estimular. Con la seguridad alimentaria no hay problema en
un destino mayoritario de exportación de la producción, ni en la subordinación
a la lógica de las trasnacionales que definen el paquete tecnológico. Tampoco
preocupa el despoblamiento de las zonas rurales o su contaminación vía
fumigaciones o difusión de químicos diversos. El privilegio pasa por el rinde y
la ganancia, por encima de la salud y el deterioro del suelo, las aguas o el
medio ambiente.
Por
eso aludimos a la importancia del debate sobre la soberanía alimentaria y el
cambio del modelo del agro-negocio. No debe extrañar la estafa empresaria en
una lógica de mercado con el Estado a su servicio. ¿Es posible cambiar el
modelo productivo y el Estado? Desde luego, lo que supone acudir a objetivos de
transformación de las formas de organización de la producción y las relaciones
socioeconómicas, base de sustentación del objetivo por la soberanía
alimentaria. Se sepa o no, la categoría es antagónica con la lógica del orden
capitalista, por lo que en sí misma la propuesta solo funcionará si existe la
decisión de confrontar con el poder e iniciar un proceso de transición hacia
otra lógica de organización social de la economía.
Ese
es el debate que se habilitó en estas horas y que anima la discusión por el
presente y el futuro. No es solo el tratamiento de qué hacer con la deuda de
una empresa, o si se quiere con la deuda pública, sino de identificar qué tipo
de Estado y de Sociedad es la que se
pretende construir.
Nota:
[1] Cómo funciona la compleja operatoria con la que muchas grandes
agroexportadoras evitan el pago de impuestos en el país. Entrevista a Sergio
Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario, asesor de la
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y experto en
seguimiento de mecanismos de triangulación. Infobae del 2/05/2020, en: https://www.infobae.com/economia/2020/03/02/como-funciona-la-compleja-operatoria-con-la-que-muchas-grandes-agroexportadoras-evitan-el-pago-de-impuestos-en-el-pais/
(consultado el 13/06/2020)
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de
Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Fuente: https://rebelion.org/vicentin-y-la-deuda-publica-en-discusion/
No hay comentarios:
Publicar un comentario