Carola Bianco: “Hace años existe
una política de muerte del Estado con la juventud pobre”
La especialista en
niñez y adolescencia de la facultad de Derecho de la UNLP analiza el proyecto
oficial de reforma del Régimen Penal Juvenil. La identificación juventud-pobreza-drogas-delito
como claro dispositivo de dominación.
Es docente de
Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de La Plata y desde hace muchos años se especializa en temas relacionados a
niñez y adolescencia. Durante diez años dirigió el programa de extensión Niñez,
Derechos Humanos y Políticas Públicas de esa facultad.
Pero no fue el mero
desarrollo “académico” lo que la llevó a concluir que “la política de muerte, aplicada contra
los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, es una política de Estado”. La afirmación nace de la articulación
del trabajo universitario con el compromiso militante “en el terreno”. Ella es,
además, miembro del Espacio No a la Baja de Edad de Punibilidad, con fuerte
intervención política y judicial a favor de las pibas y los pibes
criminalizados de la región.
En diálogo con La Izquierda Diario ,
Bianco analiza a fondo el proyecto oficial de reforma del Régimen Penal
Juvenil, al considera inconstitucional y antidemocrático “por donde se lo mire”.
También cuenta qué le pasa a esa juventud que siempre sufre los ataques del
Estado y sus laderos. Y propone encarar posibles soluciones desde una
perspectiva opuesta a la de quienes solo buscan fortalecer el sistema penal.
Un proyecto inconstitucional
Carola Bianco dice con
total convicción que “hace muchísimo años que existe la propuesta de enfrentar
la problemática de los jóvenes a través del sistema penal”. Y encuentra la
razón de esa vieja campaña en “el modo en que el Estado se ha relacionado con la pobreza y cómo se
ha intentado asociar simbólicamente, a través de esas propuestas, a la pobreza
con el delito, despegando al mismo tiempo al delito de la riqueza. Es una vieja
fórmula, que funciona muy bien, y que sirve para quitar del centro la problemática
de la acumulación de la riqueza, que creo que es el verdadero problema”.
Para la especialista, “no es algo nuevo
que los jóvenes sean el chivo expiatorio. A quienes trabajamos con niñez y
juventud, nos preocupa muchísimo, porque nos obliga a intervenir en la ‘agenda’
para tratar de desnaturalizar algo que está muy consolidado como ‘solución’,
que es el castigo, y nos saca de la posibilidad de exigir y construir otro tipo
de política pública”.
En esa perspectiva, claramente, está el
proyecto oficial de reforma del régimen penal juvenil
Sí. Este proyecto busca
legitimar una política que se aplica desde hace mucho tiempo. Pero esa
legitimación simbólica no es menor, ya que hay una relación dialéctica en esto,
y si el Estado reconoce algo así a través de un régimen penal es muy grave. No
solo el Estado no establece nuevas formas de relaciones sociales sino que
refuerza y sostiene las que existen, dándoles mayor legalidad.
¿En qué dirías que este proyecto empeora
aún más lo que ya existe?
Lo empeora en todos los
sentidos. Esta situación se arrastra desde hace mucho, tanto por acción como
por omisión. Hasta 1994 el régimen vigente era compatible con el Estado
diseñado por la
dictadura. Cuando terminó el régimen de facto se elevó la
edad de punibilidad a los 16 años pero las figuras ambiguas y discrecionales,
donde los jóvenes eran considerados no personas y los adultos decidían sobre
sus vidas, siguieron vigentes. A partir de la Constituyente de 1994 el Estado
está obligado a incorporar el sistema de derechos humanos y la Convención de
los Derechos del Niño y, con ello, la no regresividad y la progresividad de
derechos.
¿Y por qué este proyecto empeora eso?
Lo empeora de hecho,
porque ingresa a los jóvenes al sistema penal a partir de los 15 años y porque
además amplía las posibilidades de prisión preventiva (lo que es
inconstitucional), no genera máximos de pena (con lo que se le puede llegar a
poner penas hasta de prisión perpetua) y, por otro lado, tampoco genera
regulaciones claras que pongan límites al arbitrio y discrecionalidad de los
jueces.
¿Se podría decir que esa reforma sería
inconstitucional?
Absolutamente. El
régimen que proponen es absolutamente inconstitucional e ilegal, por donde se
lo mire. Es demagógico e hipócrita.
¿Cuál es la base de esa inconstitucionalidad?
Jurídicamente, la
constitucionalidad de un proyecto de ley tiene que ver con que hay un piso
mínimo que se debe garantizar en materia de derechos humanos. El Estado puede
reglamentar las leyes para gestionar los recursos que tiene, pero siempre en
función de garantizar mínimos estándares en cuanto a derecho. Puede regular
pero no restringir derechos. La Convención de Derechos del Niño, en sus
artículos 37 y 40, establece cómo deben ser los sistemas penales en relación
con los jóvenes, que deben ser subsidiarios de los sistemas de promoción y
protección integral. En ese marco, el castigo no es aplicable a menores de 18
años.
¿Con qué matriz ideológica caracterizás a
proyectos como éste?
Son proyectos políticos
puramente liberales, donde se quitan recursos a la promoción de los derechos y
se genera mayor dependencia del Estado argentino respecto al FMI o al Banco
Mundial. Así todos los derechos humanos se encuentran perjudicados y,
especialmente, los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Criminalización de la juventud
y sistema económico van de la mano
Sí. Por un lado vemos una política regresiva, no de promoción de
derechos, de trabajo y de fortalecimiento de los espacios progresivos para los
jóvenes y sus familias; y por otro lado un reclutamiento permanente de jóvenes
por parte de las redes de trata para explotación laboral y sexual. Hay que
sacarse la careta, dejar de poner plata para el sistema penal y ponerla para el
sistema de promoción y protección de derechos.
Poder perJudicial
Carola Bianco considera algo “gravísimo que no haya parámetros
claros de hasta dónde pueden llegar los jueces a la hora de juzgar delitos
cometidos por los jóvenes y aplicarles penas”.
Y destaca que desde que la Convención por los derechos del niño se
incorporó a la
Constitución Nacional , “la obligación es que haya límites a
los adultos y no a los niños. Esos límites tiene que ser muy claros para que
los niños puedan participar como protagonistas de sus propias vidas, tanto en
el ámbito privado como en el público. Los adultos estamos obligados a generar
espacios protectorios de esa autonomía que debe ser progresiva”.
La afirmación es categórica: “ni los padres, ni la comunidad ni el
Estado deberían entrometerse en los proyectos de vida, sino crearles justamente
las condiciones para que esos proyectos se puedan desarrollar”.
En este debate se habla poco de
un actor central, el Poder Judicial
Sí, es un actor que parece estar ausente y que, por lo tanto, la
está pasando muy bien. Si hay algo que las leyes generan es un sistema de
símbolos, de legitimidad pública, que tapa relaciones sociales de explotación y
dominación hacia los jóvenes. Y si hay algo por excelencia que genera símbolos
son las sentencias del Poder Judicial, que no para de legitimar un sistema
estigmatizante y discriminador.
Si pudieras graficar ese rol,
¿cómo lo harías?
Hay dos ejemplos muy gráficos. Por un lado, hace unos diez años
presentamos un amparo en favor de los niños y niñas en situación de calle de la
ciudad de La Plata. Se
presentó en 2008 y en 2012 llegó a la Suprema Corte de la Provincia. Pasó
una década y todavía el máximo tribunal no dijo nada. Ni siquiera trató un
amicus curiae que presentamos junto a varios organismos de derechos humanos.
Otro ejemplo. En 2013 la Corte Interamericana
de Derechos Humanos dictó un fallo paradigmático en una causa conocida como
Caso Mendoza, donde sancionó al Estado argentino por haber generado penas de
prisión perpetua contra jóvenes. Cuando entrevistaron a los chicos, frente a la
pregunta de qué sentían ante la posibilidad de recibir esas condenas por parte
del Poder Judicial, respondieron que preferían morirse. Tener a un joven
encerrado en un lugar donde ni siquiera van a aprender cosas o a planificar un
proyecto de vida, evidentemente es como la muerte.
Araca, la cana
Desde hace décadas el Estado toma medidas represivas contra los
jóvenes y, al mismo tiempo, se justifica en una supuesta “falta de recursos”
para no establecer un verdadero sistema de educación, salud, vivienda, cultura
y esparcimiento para todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes que
viven en Argentina.
¿En qué deriva el
fortalecimiento policial?
El crecimiento del factor policial es proporcional al de la
represión a la juventud.
Hoy , estando prohibido, la Policía ingresa a los colegios con
total impunidad. Eso es impresionante. Y en la calle libra una guerra cuerpo a
cuerpo todo el tiempo contra niños y adolescentes. Hay un ejercicio del poder
de la Policía absolutamente directo, donde incluso nosotros, desde las
organizaciones, si queremos interceder e intervenir recibimos también el
ataque. Si la reforma sale, no sé si necesariamente van a empeorar estas
prácticas, pero sí les va a dar un viso de legalidad que es muy grave.
¿Cómo es la relación Poder Judicial /Policía?
Contra la niñez pobre, el sistema penal actúa a cielo abierto y
con impunidad. No es necesario que ingrese en escena el sistema penal formal
para que esos chicos lo vean en acción a través de la policía, en las calles,
con toda una cultura que lo sostiene. A la Policía y al servicio penitenciario
le dan todo el trabajo sucio, pero hay un montón de gente que está haciendo lo
mismo con otros formatos. Como el Poder Judicial, a través de sentencias
estigmatizantes y donde, por ejemplo, no generan responsabilización en causas
de gatillo fácil policial, donde si hay condenas es por la única acción de las
querellas.
Decís que hay una cultura que
sostiene, ¿hablás de los discursos mediáticos también?
Absolutamente. Hay una connivencia total entre los sistemas
represivos y los medios masivos. Y se da desde la manera misma de nombrar las
cosas, afirmando que los niños pobres son peligrosos, que ponen en riesgo la
seguridad ciudadana y que si los familiares no se encargan que se encargue el
Estado. El amparo que presentamos en 2008 se inspiró en la situación de un
grupo de chicos al que se bautizó “la banda de la frazada”. Ese nombre surgió
desde la comisaría
Primera , lo reprodujeron los medios locales y después llegó a
los medios nacionales. A partir de ahí la misma Policía desató
la represión a los chicos.
¿Legalmente los medios son
responsables también?
Sí, claro. Al ser conducidos por adultos, los medios (públicos y
privados) violan obligaciones que deben cumplir respecto a los derechos humanos
de la niñez y la
juventud. Los medios no pueden dar datos que permitan
identificar y asociar a niños con situaciones delictivas, no pueden hacer nada
que estigmatice ni perjudique a esos niños. Solo pueden darse datos, si los
niños están de acuerdo, cuando se los asocia con tareas constructivas hacia la sociedad. Sin
embargo eso nunca se hace. El Estado, que debería obligar a los medios a
cumplir con esa obligación, no hace nada para evitarlo.
Mueren potros sin galopar
Tras dirigir durante diez años el Programa Niñez, Derechos Humanos
y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNLP, Bianco tiene una
idea fuerza: nada sirve en este asunto si no hablan los pibes, se los escucha y
se involucra en la solución a los problemas.
Para ella “hay mucho trabajo por hacer desde las organizaciones de
derechos humanos, desde la izquierda y desde quienes trabajamos en este tema.
Tenemos que pensar que el cambio va a provenir de los propios jóvenes y niños,
que son el sujeto al que debemos ‘empoderar’. El poder lo tienen ellos y
nosotros tenemos que generar un diálogo que les permita desarrollarlo. En este
caso vemos con total claridad que los niños y jóvenes están totalmente ausentes
de la discusión”.
De tanto escucharlos y trabajar
con ellos, ¿cómo caracterizás a esa juventud?
Cuando un joven comete un delito está expresando algo. Es muy
preocupante que personas menores de 18 años estén tan enojadas con el mundo que
la única salida que encuentran es lanzarse a provocar daños a los demás. Eso no
hay que desoírlo y este proyecto lo hace deliberadamente. Es perverso y,
además, no cambia en nada esa situación de enojo de tantos jóvenes. Al
contrario, la profundiza.
¿Creés que tu visión la
comparte la mayoría de quienes trabajan en el tema?
No vas a encontrar a una sola persona que trabaje con jóvenes
diariamente que esté de acuerdo con esta reforma, porque se sabe que es
absolutamente ineficaz para resolver el problema. Y no es que no preocupe el
delito o que piensen que no hay que hacer nada. Yo pertenezco al espacio No a
la Baja de La Plata, Berisso y Ensenada y nos preocupa mucho la situación.
¿Esa juventud cumple el rol de
chivo expiatorio a nivel social?
Yo doy clases de Sociología Jurídica en la universidad. Ahí
analizamos bastante lo que es la construcción del chivo expiatorio enfocada en
la juventud pobre. La niñez, en todas las clases sociales, es como una ‘cosa’
que se inscribe en los proyectos de vida de los adultos, que les pertenece y
está para generarles placer. Eso lleva siglos siendo así y está muy marcado en
el capitalismo (no estuvo siempre en todas las sociedades). Ese estatus de
‘cosa’ está recontra instalado como parte del sentido común. Hasta en el
lenguaje se expresa, con ideas como ‘tenencia’, ‘guarda’, ‘depósito’ en el caso
de los institutos. El niño es una propiedad privada de la familia y, en el caso
de que pueda ser ‘peligroso’ para otros, se convierte en una propiedad del
Estado.
Y el Estado lo deja sin
perspectivas
En el caso de la niñez pobre, donde hay mucha desventaja y donde
hay menos recursos para enfrentar los problemas, ese “peligro” social que se le
adjudica imposibilita la generación de un proyecto de vida. Como dice el tema
“La bestia pop” del Indio Solari, son caballos que se mueren potros sin
galopar.
Pero al mismo tiempo no dejan
de ser un preciado “recurso”
Quizás donde se ve más crudamente eso es en los casos de trata
para la explotación laboral y sexual, donde la niñez y la juventud son las
primeras víctimas. Hay una cifra “negra” alarmante que, gracias a la lucha del
movimiento feminista, se está empezando a visibilizar. La cantidad de abusos y
atropellos que se aplican sobre el cuerpo de les niñes es impresionante, son
las personas más vulnerabilizadas, son las primeras víctimas de las catástrofes
naturales, de la pobreza y de todas las cuestiones estructurales donde los
Estados son parte directa.
Juventud = drogas = delito
Un aspecto central en este tema es la nada inocente identificación,
desde el discurso criminalizador, de juventud con las drogas y, de allí, con el
delito. Para Bianco respecto “al tema del uso de sustancias estupefacientes hay
una hipocresía total, teniendo en cuenta que quienes más consumen son aquellos
sectores que tienen plata”.
“En la calle lo que pasa con las drogas es que se usa para generar
en los chicos una mayor vulnerabilidad y dependencia. La droga, en general
provista por propios agentes estatales, sirve para que se pueda reclutar a
niños, y sobre todo a niñas, usándolas para el delito y las redes de trata”,
sentencia la especialista.
Entre los casos emblemáticos de la región, cita al de Johana
Ramallo como “uno de los más tristes que tenemos en La Plata. Nosotros la
conocemos, tanto a ella como a su familia. Cuando desapareció, sentimos que no
pudimos generar las condiciones mínimas para que lo que sabíamos que iba a
pasar no pasara. Lo mismo nos pasó con Omar Cigarán, con Pedrito Oyharce, con
Rodrigo Simonetti. Son pibes que se nos van de una manera que sabemos que va a
pasar y no podemos salvarlos”.
¿En esos casos el Estado no se
hace cargo de nada?
En todos los casos como los que nombré, el Estado siempre estuvo
anoticiado de las situaciones de esas chicas y esos chicos, pero nunca hizo ni
hace nada. Ni siquiera, como lo hemos exigido, se digna a resarcir a esas
familias por haberlas llevado a la situación en la que están.
¿Qué hacer?
El 4 de mayo Bianco realizará junto al Espacio No a la Baja una
jornada en la Escuela nº 8 de La Plata, junto a jóvenes en situación de calle y
estudiantes. El objetivo, dice, es “poder pensar herramientas para que ellos
mismos puedan debatir este tema y buscar soluciones. Para eso hay que empezar
por deconstruir la idea (legitimada desde las ciencias y las normas jurídicas)
del castigo como solución y empezar a preguntarnos qué hacer con tantos jóvenes
que, por estar enojados con la sociedad, generan esos daños”.
Para ella, “un actor clave en todo esto es la escuela. Al igual que
el Poder Judicial o la Policía, la escuela es parte del Estado y allí el
sistema de símbolos, las leyes y las sentencias cumplen un rol de autoridad muy
fuerte. Pero al mismo tiempo la escuela tiene un gran potencial, porque a
través de ella puede trabajarse de otra manera con las y los jóvenes”.
Obviamente en la escuela el rol de las y los docentes será
fundamental, ya que allí es donde la juventud “puede dar a conocer lo que le
pasa, cómo vive su sexualidad, qué sueños tiene y donde se puede empezar a
deslegitimar ese sistema de símbolos que busca oprimirla. Así como hoy es un
aliado del poder, la escuela pública podría ser un aliado del cambio social que
hace falta”, sentencia.
Vos sos parte de la academia,
pero con una mirada que no encaja mucho con el sentido común de las carreras de
Derecho, ¿no?
Hay una formación profesional en la universidad, sobre todo en
nuestra carrera, donde toso ese universo de legitimación se refuerza. Nuestra
visión diferente de las cosas se debe, centralmente, a nuestra experiencia en
la calle, en los barrios, con los pibes y con las organizaciones sociales. De
esa experiencia no académica surgió hace una década la necesidad de proponer un
proyecto de extensión en la facultad de Derecho de la UNLP, que dirigí durante
diez años, con la idea de formar profesionales a partir de la intervención
directa, con la reflexión sobre esa intervención y creando materiales que
eleven el piso del debate.
Eso, a su vez, plantea otros
modos de “construcción del conocimiento”, ¿no?
Yo pienso en una idea de construcción comunitaria, donde haya diversas
referencias y participación activa de las y los jóvenes. Porque además el
aprendizaje y el conocimiento propio no se acaban a los 18 años, no es que a
esa edad te recibís de adulto, pasás a ser racional y autónomo. En su relación
dialéctica con las estructuras políticas, creo que desarrollar una
“micropolítica” en ese sentido puede ayudar. Desde ya, pensado en sentido de ir
a una revolución, donde haya otras formas de relaciones sociales, opuestas a lo
que existe hoy.
Precisamente un revolucionario,
Lenin, acuñó una definición que dice que la igualdad ante la ley no significa
igualdad frente a la
vida. Siendo una mujer “de leyes” y a la vez con esta
perspectiva, ¿qué pensás de esa definición?
Coincido totalmente. A nosotros, lo digo como abogada y militante,
no nos une el amor por la ley sino el amor por la vida. Luchamos por
políticas para la vida y no para la muerte. Lo que hacemos desde nuestro lugar es
tratar de construir dispositivos donde eso sea disputable. Como el poder usa la
ley para someter, damos la lucha para que la ley pueda ser usada en su contra.
Disputarle el sentido a la ley, en última instancia, para demostrar que los
jóvenes no son los peligrosos, realmente están en riesgo y es urgente que
trabajemos con ellos.
Carola Bianco finaliza la conversación reflexionando sobre la
relación entre la niñez y la adolescencia pobres y criminalizadas y la sujeción
al Fondo Monetario Internacional ante la que se encuentra Argentina. Asegura
que en el marco del ajuste en curso “este grupo social, en término de
vulneraciones, es uno de los más expuestos y de los que sufren lo peor”.
Pero le da una vuelta más al asunto. “El Estado no puede
exculparse de cumplir con sus obligaciones respecto a la niñez y la
adolescencia diciendo que no tiene recursos. En ese sentido, al menos en cuanto
al ‘interés superior del niño’ que ampara toda la legislación internacional, el
Estado está en su derecho de negarse a pagar la deuda externa si es que alguno
de los derechos de esa parte de la población están en riesgo”.
Pese a lo “elemental” del planteo, esa idea no forma parte de las
propuestas políticas de los partidos tradicionales que van a disputarse el
sillón de Rivadavia en octubre. Sí se emparenta bastante con el histórico
programa de no pago de la deuda y ruptura con el FMI que hoy levanta el Frente
de Izquierda. Una idea basada en la experiencia, en la investigación y en una
visión anticapitalista del mundo y de las relaciones sociales.
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/carola-bianco-hace-anos-existe-una-politica-de-muerte-del-estado-con-la-juventud-pobre/
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