La masacre que incomoda
9 de mayo de 2019
Es posible que
una masacre ocurrida hace más de setenta años y que supone cientos, o quizás
miles de personas asesinadas, sea aún hoy desconocida. Que el único registro
existente hasta entrado este siglo fuera solo la voz del victimario a través de
algún medio regional o la de su propia pluma. Valeria
Mapelman se sorprendió de esto, allá por el 2006, cuando empezó a recopilar
testimonios de los sobrevivientes: «no me imaginé nunca la magnitud del
acontecimiento». Unas 140 horas de relatos de ancianos Pilagá «en el que
ninguno se contradecía» y en el que abundaron aberrantes detalles que luego
dimensionó al volver a Buenos Aires y traducirlos. «No pude trabajar más, era
demasiado.
Tuve que dejar todo por tres
meses. Cuando volví a arrancar, fue en busca de los archivos». El tránsito de
semejante investigación la llevó a una respuesta: «la masacre de Rincón Bomba
es muy incómoda». No por haber sido contra los olvidados pueblos originarios,
sino por haberse ejecutado durante el primer
peronismo.
Por ANRed
| Imágenes: Valeria Mapelman.
Hoy, el
juicio civil por daños y perjuicios contra la nación Pilagá en
Rincón Bomba (hoy Formosa) podría tener sentencia y aquella mancha en la
historia vuelve a emerger porque fue Gendarmería quien emplazó las
ametralladoras Colt que dispararon aquel 10 de octubre de 1947 contra la
multitud, asesinando a niñas y ancianos, a cualquiera que no pudiera escapar al
monte.
De 1983 a esta parte, en todos
los gobiernos, Gendarmería fue incrementando sus efectivos, de 17 mil a los
actuales 34 mil, asumiendo cada vez más tareas de control interno. Pero es con
la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia y de Patricia Bullrich al
Ministerio de Seguridad, que Gendarmería pasó a ser fuerte en espionaje y
represión contra las comunidades indígenas. El gobierno se refugió en esta
fuerza inyectándole mayor partidas presupuestarias, un 123.9% más en el último año, por sobre otras
dependencias. El ejemplo de ello fue la implicancia del gobierno en la represión
al Lof Cushamen, que se cobró la vida de Santiago Maldonado y en la cual quedó
al descubierto la red de inteligencia que espió a la propia familia Maldonado y
allegados. «¡¿Cómo no iba a molestar a este gobierno?!», exclamó la documentalista. Este
juicio que tiene como masacrador a su claro predilecto.
Pero tampoco le fue muy bien a Valeria Mapelman durante los años gobierno
kirchnerista cuando culminó su investigación con el documental «Octubre Pilagá.
Relatos del silencio» y padeció el ninguneo de los organismos estatales de
Derechos Humanos y algunos centros culturales ligados al oficialismo que veían
poco conveniente difundir que desde los ministerios de Guerra y de Interior del
gobierno de Juan Domingo Perón partiera la orden de iniciar aquella matanza,
que se extendió durante casi un mes con la participación de un avión Junker
provisto por la Fuerza
Aérea disparando sobre la huida pilagá, dejando a sus heridos
y ancianos morir por la sanguinaria persecución que minó de fosas comunes sus
tierras. El trabajo de Mapelman echó por tierra el relato dominante sobre la
culpabilidad de un subcomandante fuera de sus cabales.
El
relato del gendarme desacatado se reflotó durante el menemato en 1991, a un año de cumplirse
los 500 años del «descubrimiento de América» y fue complementaria al primer
relato oficial del «último malón indio», surgido como justificación inmediata
del crimen. Esta versión agregaba el necesario contenido romántico: entre los
indígenas que protestaban por la falta de pago en el ingenio San Martín del
Tabacal del oligarca Patrón Costas, algunos alzaban retratos de Perón y Evita.
Teófilo Cruz, el gendarme que escribió esta historia, no descartó el principal
elemento que justificaba el fusilamiento: los indígenas portaban «viejos
fusiles y escopetas». Quien habría tomado la iniciativa era un segundo
comandante, José Aliaga Pueyrredón, quien abrió fuego, desobedeciendo órdenes y
exonerando de culpas a toda la cadena de mandos.
La
causa judicial
En el
2005 tras
una denuncia, se inicia la investigación que derivó en una demanda civil por
daños y una acción penal por homicidio. La fuente usada fue la versión del
gendarme Teófilo Cruz. Los abogados Carlos Díaz y Julio García tomaron la iniciativa pero sin tener
en cuenta el testimonio de los sobrevivientes que iban contra la versión
escrita por Gendarmería.
Es el
juez federal Marcos Bruno
Quinteros quien
ordena la búsqueda a un equipo forense que en marzo del 2006 encuentra restos humanos de27 cuerpos.
El primer descubrimiento es en las instalaciones de Gendarmería en Rincón
Bomba, luego, los otros tres son en diferentes lugares: Paraje La Felicidad y 30 km , las dos en
jurisdicción de la localidad de Pozo del Tigre; también en 7 km , colonia Muñiz, cerca de
Las Lomitas. Las excavaciones coinciden con la investigación de Mapelman: en el
documental se puede observar las intervenciones del equipo -con el reconocido
perito Enrique Prueger a la cabeza- mientras Valeria recoge testimonios. «Cuando empiezo a
trabajar en la investigación encuentro dos documentos secretos y reservados del
Ministerio del Interior que se desclasificaron a los 70 años de la masacre.Esos documentos
prueban que el ministro de Guerra, Sosa Molina, le informa al ministro del
Interior, Borlenghi, que fue dada la orden para movilizar a todos los
escuadrones de Formosa para reprimir.Está la firma de Natalio
Faverio que era el Director de Gendarmería. Cuando nosotros encontramos esos
documentos la hipótesis inicial de los abogados que habían iniciado el juicio
se cae. Era el mismo Estado quien había emitido aquella documentación».
En 2010 se amplia la denuncia y se llama a
indagatoria a gendarmes implicados. El 27 de abril del
2012 se declara tratar a «prima face» el posible crimen de Lesa Humanidad por lo tanto no prescriptible a pesar
de haber pasado casi sesenta años. «A raíz de estos documentos -relata
Mapelman- se encuentra a uno de los imputados en el juicio penal que era Leandro Santos Costas y luego a Carlos Smachetti, que era el copiloto del avión. Contra
ellos dos se llevó adelante la causa penal. Lamentablemente murieron antes de
ser condenados por crímenes de lesa humanidad (Costas falleció en la etapa
requisitoria y el único que estaba en condiciones de ser condenado era
Smachetti ante un tribunal oral). En la causa penal declararon abuelos que en
ese momento estaban vivos, un total de diez personas. También declaré yo y
presentamos todos los documentos que obtuvimos en archivo y en contaduría
general de la nación que probaban que los sobrevivientes
fueron llevados a las colonias indígenas con la participación de la Secretaria
de Trabajo y Previsión. Ahí sale otro camino de investigación
porque no solo la masacre de Rincón Bomba se acabó en ese acto sino que empieza
el 10 de octubre y culmina a fin de mes. Los sobrevivientes que van capturando
son enviados a las reducciones en ese momento llamadas ‘Colonias’ y en eso
colabora el administrador de las reducciones Abel Cáceres, quien acompañaba a
Gendarmería capturando en distintos parajes a los grupos Pilagá que quedaron
vivos y se los lleva a cortar quebracho a las colonias de Muñiz y Bartolomé de
las Casas. Las reducciones para el primer peronismo estaban a cargo de la
Dirección de Protección al Aborigen que dependía de la Secretaria de Trabajo y
Previsión. Perón estuvo a cargo de las reducciones, conocía bien cuál era su
sistema. En estas había un reglamento desconocido por los indígenas que era
administrativo. La documentación decía que no podían practicar la ‘brujería’,
no podían practicar su religión ni llevar sus nombres: eran bautizados y se le
asignaba nuevo nombre. Al ingresar a las «colonias» se los clasificaba como
carreros, hacheros, cosecheros. Eran semiproletarios cuando podían escapaban a
ese circuito. Los Pigalá fueron los últimos en ser controlados».
El 8 de
mayo de 2014 muere Norma Navarrete Seecholé, sobreviviente de la masacre. Hay muchos
testigos que van falleciendo por la edad avanzada. El proceso judicial todavía
sin sentencia se da al final de sus vidas.
Para el
2016 la Federación Pilagá decide
cambiar de patrocinio y lo otorga a la abogada Paula Mercedes Alvarado quien solicita una revisión de las
pruebas aportadas en la causa civil para tener en cuenta la voz de personas que
habían padecido los acontecimientos. Hay una cambio en el nombre de la carátula
del expediente civil que pasa a denominarse «Federación de Comunidades
Indígenas del Pueblo Pilagá contra el Estado Nacional» y el 8 de marzo de este
año se incluyeron los testimonios y pruebas aportadas por la investigación de
Mapelman.
El 6 de
enero del 2017 fallece
el único imputado, Carlos Smachetti, con 97 años, quien había sido procesado en
el 2014 por delitos en carácter de lesa humanidad. Smachetti fue el copiloto
que disparó a los grupos que huían desde el avión el 16 de octubre del 47. Esto
dificultó el avance de la causa penal pero las querellas de la Federación Pilagá
y el sobreviviente Julio Quiroga solicitaron llevar adelante un “juicio de la
verdad” que
continúa esperando respuesta.
El
próximo viernes 10 de mayo finaliza
el plazo de 40 días de producción de pruebas en la que dieron su testimonio
Mapelman y Clara Olmos, sobreviviente, y Luisa Quiroga, hija de otro
sobreviviente. Tras la verificación, el Juzgado Federal N°1 de Formosa estará
en condiciones de dictar sentencia en la demanda civil contra el Estado por
“daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y determinación de la verdad
histórica”. Las comunidades esperan un sentencia para este año. Piden una
reparación no solo económica sino integral. Que abarque políticas públicas que
incluyan salud y educación, entre otras; pero también el reconocimiento por
parte del Estado y que pida disculpas.
Hoy, en
la Secretaria del juzgado, yacen los 27 cuerpos encontrados en las fosas
comunes. La comunidad quiere volver a tener los restos de sus familiares pero
no encuentra la forma de recuperarlos por la imposibilidad que implican los
costos de traslados, estructura, para luego darles su correspondiente
sepultura.
Una
continuidad de despojos y represión
«Formosa siempre fue una zona militarizada. Todos esos escuadrones
que vos ves hoy en Formosa; en Lomitas, Pozo del Tigre, Comandante Fontana,
antes eran fortines del ejército de línea. Es decir, el control militar siempre
existió. No se podían mover libremente sino que tenían salvoconductos para
desplazarse. Se los perseguía y se los reprimía constantemente. Hay muchas
represiones previas a la masacre de la Bomba. En los años treinta hubo varias. En 1919,
por ejemplo, fue la matanza de Fortín Yunká: el supuesto ataque había sido de
los maká pero la represión la padecieron los Pilagá.
-Cuando
hablas de controlar a los Pilagá, ¿a que te referís?
-Formosa es una zona de frontera; imaginate que hacía muy poco
tiempo había sucedido la guerra del Chaco. Era una zona que había sido
declarada zona militar. Desde cada fortín, por ejemplo en Las Lomitas, salen en
abanico otros fortines pequeños que iban controlando el territorio. La idea era
tener bajo control la mano de obra y así cuando los ingenios azucareros de
Salta, Jujuy y del Chaco necesitaban trabajadores, los administradores de los
ingenios iban a las estaciones de trenes que estaban en Lomitas, Pozo de Tigre,
etc. y reclutaban gente. Estamos hablando de miles, llevaban trenes llenos.
Entonces este movimiento de gente estaba controlado militarmente. Cuando se
acababa la zafra trataban que los ingenios se ocupen de hacerlos volver a sus
lugares de origen pero esto a veces no sucedía y el ingenio se desligaba
dejando solos a los indígenas volver a pie desde Salta. Esta masa de gente
debía ser controlada por los militares y recordemos que en esta época la tierra
se estaba repartiendo en manos privadas tanto en Chaco como en Formosa. Estamos
hablando de grandes latifundios en la que incluso está involucrada la Iglesia. Por ejemplo
a la misión Laishi ,
Julio A. Roca le entregó unas 80 mil hectáreas, entonces había un proceso de
privatización iniciado luego de la campaña de Victorica y desde ahí el control
de las personas era clave.
No estaba previsto en el proyecto estatal que los Pilagá hicieran
lo que quisieran. La idea era llevarlos como mano de obra. Cuando ocurre la
masacre de La Bomba se juntan cientos de personas en torno a un sanador,
Tonkiet (Luciano Cordoba), quien
había tomado la religión pentecostal y curaba heridas psíquicas. Venía gente de
todos los parajes a conocerlo y la Gendarmería quiere desalojar esa
concentración desafiante a este orden. Los Pilagá se negaron. Todos los
intentos de desalojo no logran sacarlos, ellos no querían irse: en aquel lugar
habían construido una corona donde Luciano
se detenía a sanar. Era una marca territorial: «¡Este es nuestro lugar no nos
vamos a mover!».
Cuando la masacre se va desarrollando, van atrapando personas que
llevan a trabajar a las reducciones. Al capturar a los diferentes grupos los
ponen a cortar quebracho, a cosechar algodón, etc. Allí pasan un año, algunos
pueden escapar, otros aprovechan para volver a la Bomba aunque nadie regresa
porque Gendarmería no permitía el ingreso al lugar. En la época que filmamos la
película todavía había un cartel muy grande que decía «prohibido pasar».
En aquellos años, los indígenas del Chaco estaban fuera de los
márgenes del proyecto del peronista. Había que transformarlos y eso se daba
dentro de las reducciones. Darles herramientas para enseñarles a «arar la
tierra», sembrar, etc. Se les prometía un pedazo de tierra que nunca se otorgó.
Aquel
fatídico homenaje
En un capítulo del libro, Mapelman relata como apenas unos días
después de iniciada la matanza, el 12 de octubre de 1947, en un salón del
Instituto Cervantes, se dan cita las autoridades del ejecutivo nacional para
celebrar el «Día de la Raza». El propio Perón pronuncia el discurso de apertura
que será transmitido en directo por las radios de toda la España franquista.
Entre los presentes está Eva Duarte y el ministro Ángel Borlenghi, quien ya
estaba al tanto de la movilización de tropas el día anterior. En su discurso
hay un enaltecimiento al conquistador: «Nada los detuvo en su empresa, ni la
sed ni el hambre, ni el desierto con su monótono desamparo, ni la montaña que
les cerraba el paso, ni la selva con sus mil especies de oscuras y desconocidas
muertes. A todo se sobrepusieron. Y es ahí precisamente, en los momentos más
difíciles, en los que se los ve más grandes, más serenamente dueños de sí
mismos, más conscientes de su destino, porque en ellos parecía haberse hecho
alma y figura la verdad irrefutable de que «es el fuerte el que crea los
acontecimientos y el débil el que sufre la suerte que le impone el destino».
Ese mismo día las gráficas del gobierno había difundido un afiche en la que un
conquistador protegía al criollo y en la cual se ignoraba la figura del nativo.
La imagen estaba acompañada por la máxima: “Por una Raza Fuerte, Laboriosa,
Pacifista y Soberana”.
Ver el documental
Contraseña:
rinconbomba
Fuente: https://www.anred.org/?p=114814
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