“Los
derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el
mundo”
26 de mayo de 2019
En
plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital
financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y
financiación de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la
violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las
semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre
y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros
flagelos.
Por
Desinformemonos
Esta
arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde ,
potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la
tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único
objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa
de graves consecuencias para la humanidad.
En el
campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo
esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de
millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso
avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la
persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el
campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y
encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los
recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin
posibilidad de acceso a créditos y mercados.
La
propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del
intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría
del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a
desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.
En el
plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas
instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de
jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la
democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar
a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo
es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de
legitimar la apropiación de conocimiento genético.
Las
organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La
conformación de La Vía
Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la
tierra y contra la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de
libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los
continentes.
A
medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria
global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además
de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza.
No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de
la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del
capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos
debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando
que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el
desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la
democratización de la tierra.
Así, la
discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a
propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis
alimentaria.
En 2001
se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia,
coordinado por la
Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a
plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en
la ONU.
En el
año 2003, en la
IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo,
Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de
impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde
las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos
Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y
FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los
derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH
En
junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional
de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de
representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de
todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en
octubre, la
V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en
Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de
las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de
luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades
rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.
Esta
carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace
directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso
podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su
reconocimiento en Naciones Unidas.
En
2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene
la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de
los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia
acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces
un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto
en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de
ONU.
Bolivia
garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5
borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de
los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso
representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales,
pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos
(DDHH) que participaron activamente con propuestas.
Durante
los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana
de DDHH, donde la CLOC LVC ,
junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación
a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.
El 28
de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada
votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una
perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación
del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la
labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000
millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una
elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la
FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo
de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a
alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su
vida cotidiana.
Este
proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el
reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre
violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las
legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de
las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben
primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental
para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de
garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva
de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del
sistema.
El
proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración
latinoamericana, la
propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de
países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo
camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de
esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y
de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así
EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron
permanentes en su negativa.
Sin
embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General
de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos
y de otras personas que trabajan en áreas rurales.
Brasil
y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de
Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había
puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó
afirmativamente.
La
adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del
campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la
identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las
violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global,
con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados
105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017
asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.
Según
el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras
agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la
agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras
agrícolas, sólo llega al 25% de la población.
Garantizar
la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide
con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar ,
ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.
Derechos campesinos y obligaciones de los
Estados
La
Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los
campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental
para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus
niveles.
Algunos
elementos para destacar:
El
Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas
agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la
soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y
reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los
debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la
crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el
mundo.
El
Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los
mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen
que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a
esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de
condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos
y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la
importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e
ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se
paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%,
situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga
en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.
El
Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen
derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen
derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a
utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida
adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y
desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria , para facilitar el
acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.
Este
artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América
Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras
agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta:
el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la
extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente
alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).
En
Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias
detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar
representa a ⅔ de los
productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En
2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la
tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de
hectáreas en conflicto.
La
concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una
nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.
En el
Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger
los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de
decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible
de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente
al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material
genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el
ultraje, este artículo toma especial relevancia.
Otro
dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización
masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000
personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial
sobre el derecho a la
alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en
12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos
agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.
En
Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados
en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron
la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a
la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.
La
adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando
poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses
del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y
respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos
colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.
Nuevos desafíos
Ahora
iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración
sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar
para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma,
articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la
misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de
convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para
avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados
en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante
insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al
instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en
procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos
mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas,
así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los
derechos de las campesinas y campesinos.
En el
actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo
norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende
profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos
sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La
Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para
el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y
campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y
la formación política de los líderes y lideresas del campo.
Los derechos
campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo,
que garanticen la
Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria ,
fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que
esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la
gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del
campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son
protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte
indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca
y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.
– Diego
Montón- Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina. Movimiento Nacional Campesino
Indígena Vía Campesina MNCI
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Fuente: https://www.anred.org/?p=115658
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