La
lucha por el derecho a decir NO:
el
Tribunal Permanente de los Pueblos del Sur de África
El Tribunal Permanente ha sido
una herramienta clave para que las comunidades compartan sus luchas y
construyan solidaridad, a la vez que desafíen el status quo diciéndole NO al
poder de las empresas, la impunidad de los Estados y una agenda de desarrollo
destructiva.
“No
queremos la minería. No
queremos a su hijo. No queremos a su abuela. No queremos a su familia. No
tenemos ningún deseo de conversar o tener conversación alguna con la gente de
la mina”.
Estas
fuertes palabras fueron pronunciadas por dos representantes del Comité de
Crisis de Amadiba en el Tercer Tribunal Permanente de los Pueblos sobre
empresas transnacionales en los países del Sur de África, celebrado en
noviembre de 2018. El Comité de Crisis de Amadiba representa a la comunidad de
Xolobeni, que ha estado luchando durante dieciséis años para evitar que el
conglomerado minero australiano Transworld Energy and Minerals (TEM) extraiga la arena rica en
titanio que se extiende a lo largo de la zona conocida como Wild Coast (costa
silvestre) de Sudáfrica. (1) Para el Comité de Crisis de Amadiba, la tierra es
parte intrínseca de la identidad pasada, presente y futura de la comunidad. Nonhle
Mbuthuma , miembro fundadora del grupo, dice: “Creemos que sabemos quiénes
somos por la tierra.
Creemos que cuando pierdes la tierra, pierdes tu identidad”.
En abril
de 2018, el Comité llevó su caso ante el Tribunal Superior de Sudáfrica, en un
valiente esfuerzo por establecer justicia. (2) Ahora, meses después y poco más
de una semana después del Tribunal de los Pueblos, las cortes fallaron en favor de
la comunidad, declarando que, antes de otorgar derechos para la extracción
minera, el Departamento de Recursos Minerales debe obtener el consentimiento
“total y formal” del pueblo de Xolobeni.
En toda
Sudáfrica, y no solamente allí, la lucha de Xolobeni se ha convertido en un
caso emblemático para las comunidades que se resisten a las agendas de
desarrollo enfocadas en las actividades extractivas, y que luchan por el
derecho a decir NO. Esta victoria histórica ha sido inspiradora para las
comunidades de todo el continente, un positivo recordatorio de que es posible lograr justicia a
través de la organización sostenida, la construcción de movimientos y la solidaridad.
Fue este
mismo espíritu de solidaridad y valiente resistencia contra el poder
empresarial que impulsó el tercer período de sesiones del Tribunal Permanente
de los Pueblos sobre empresas transnacionales en los países del Sur de África.
(3) Ésta fue la última instancia de un proceso de tres años de audiencias en el
que las comunidades presentaron denuncias contra empresas transnacionales,
exponiendo sus abusos contra los derechos humanos y los derechos colectivos,
así como la sobreexplotación y destrucción desenfrenada de territorios. Las
empresas, en connivencia con Estados e instituciones financieras
internacionales como el Banco Mundial, propagan esta devastadora agenda de
desarrollo extractivista, que prioriza las ganancias sobre las personas y el
planeta, todo en nombre del “progreso”.
“Nos ha
sorprendido la magnitud de la despiadada extracción, despojo y desplazamiento,
así como la brutalidad demostrada por las empresas transnacionales en su
búsqueda de ganancias”, dice la declaración final de los jurados al final de
los tres días del tribunal. “Todo
esto se ha hecho frecuentemente con la complicidad de los Estados y sus actores
y organizaciones a la hora de reprimir, y en algunos casos masacrar,
ciudadanos”.
A lo largo
del proceso del tribunal, las comunidades presentaron un total de veinte casos
contra las transnacionales presentes en Madagascar, Malawi, Mauricio,
Mozambique, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Estos casos
involucran desde compañías mineras y mega represas hasta grandes agronegocios y
acaparamientos de tierras, y cada uno habla de la complicidad entre empresas,
gobiernos e instituciones financieras para defender un sistema de impunidad
global. (Pueden leer más
información sobre los casos aquí, aunque de momento solo en inglés)
La lucha
contra las mega represas: ¡No más Inga 3!
Uno de los
casos presentados ante el Tribunal fue el de las comunidades que se
pronunciaron en contra del proyecto de la mega represa hidroeléctrica Grand
Inga, en la
República Democrática del Congo (RDC). (4) Con la promesa de
“brindar energía a la industrialización regional y desbloquearla” mediante la
electrificación de la RDC y el continente africano, el Plan de represas
hidroeléctricas de Inga (Inga 1 y 2) ya ha desplazado comunidades en la RDC. Si Inga 3 sigue
adelante según lo planeado, unas 37.000 personas cuyos medios de vida dependen
del río Congo sufrirán la misma suerte.
Las
empresas mineras se han beneficiado al máximo de la energía hidroeléctrica
generada por los dos primeros proyectos Inga, dejando a numerosas comunidades
sin suministro de energía confiable. Actualmente, el 85% de la población de la
RDC no tiene acceso a la electricidad. (5) El reciente Plan de Recursos
Integrados de Sudáfrica avanza por un acuerdo entre la RDC y Sudáfrica que
garantizará 2.500MW de electricidad para Sudáfrica en 2030. (6) Mientras tanto, las personas más directamente
afectadas por este megaproyecto no se beneficiarán en absoluto de la
electricidad, que se enviará a través de seis países para impulsar la minería y
otras industrias extractivas en Sudáfrica.
“Dormimos en el sitio de la represa de Inga, pero vivimos en la oscuridad”,
dijo Jane*, una activista congoleña que habló en el Tribunal de los Pueblos.
En el
Tribunal, las activistas también destacaron la carga especial que recae sobre
las mujeres cuando llegan megaproyectos como Inga, que amenazan vidas y medios
de supervivencia. Una activista expresó: “Dependemos de la agricultura – ¿cómo
vamos a alimentarnos? ¿cómo vamos a alimentar a nuestros hijos? ¿cómo
vamos a sobrevivir? Las mujeres que vivimos en Inga dependemos de la
agricultura, eso es lo que nos permite alimentar a nuestros hijos. Ahora
estamos sufriendo una sequía a causa de la represa. La producción
de alimentos ha disminuido por culpa de la infraestructura. Mi
esposo tiene que ir a la aldea vecina para encontrar algunos animales de caza,
porque aquí los animales han comenzado a desaparecer. Nosotros, que vivimos
cerca de la represa, ni siquiera tenemos electricidad”.
Las
comunidades que luchan contra la represa Inga 3 se han enfocado también en los
Estados involucrados, y escribieron una carta al gobierno de Sudáfrica. También
lanzaron la campaña Stop Inga 3 (). Exigen la retirada de empresas
chinas, españolas y sudafricanas, así como cualquier participación estatal en
el plan. Su
resistencia es inspiradora. Trabajan en un contexto cada vez más represivo para
luchar por el derecho a Decir NO y para reclamar una compensación para quienes
fueron desplazados por las represas Inga 1 y 2.
Las
comunidades de Sudáfrica ya han comenzado a responder al llamado, visualizando
una clara oportunidad de realizar estrategias conjuntas y solidarizarse en el
reclamo ante el gobierno sudafricano para que se haga responsable. “El
río Congo pertenece a la gente, pero nos lo han quitado. Nunca consultaron a
las comunidades. En Sudáfrica nunca nos dijeron que recibiríamos electricidad
proveniente de la RDC. Y
aún si la comunidad la recibiera, no podríamos disfrutarla, conociendo la
violencia, la militarización y la destrucción que aplican en la RDC”, declaró
Caroline Ntaopane, de la red de mujeres africanas contra la extracción destructiva
de recursos (WoMin
Alliance).
El
Tribunal de los Pueblos ha sido una plataforma importante para que las
comunidades de la región del sur de África compartan sus luchas y construyan
solidaridad, presenten casos graves de violaciones por parte de las empresas y
desafíen el status
quo al
exponer la brutalidad y la insustentabilidad del llamado “desarrollo”.
Ésas y
muchas otras comunidades trabajan juntas en la organización de una campaña por
el Derecho a decir No.
Esta campaña es “una amplia movilización y convergencia del activismo y
solidaridad transnacionales”. Se basa en los principios del consentimiento
libre, previo e informado. (CLPI) y se apoya en la organización dinámica de
movimientos, sindicatos, organizaciones de mujeres y muchos otros en comunidades
como Xolobeni en el sur de África e Inga en la República Democrática
del Congo, quienes se están luchando para decir NO al poder empresarial, la
impunidad de los Estados y una agenda de desarrollo nociva para los pueblos y
el planeta.
Maggie
Mapondera
WoMin African Alliance, http://www.womin.org.za/
WoMin African Alliance, http://www.womin.org.za/
* El nombre de la dirigente fue cambiado por razones de seguridad
(1) CIDSE, Xolobeni Community and the Struggle
for Consent, noviembre de 2017
(2) The Guardian, South African community wins court battle over mining rights, noviembre de 2018
(3) https://www.stopcorporateimpunity.org/permanent-peoples-tribunal-transnational-southern-africa/
(4) Daily Maverick, SA does not need the Grand Inga Project, noviembre de 2018
(5) No to Inga 3, Yes to accessible energy across Congo
(6) South African government releases Integrated Resource Plan draft, agosto de 2018
(2) The Guardian, South African community wins court battle over mining rights, noviembre de 2018
(3) https://www.stopcorporateimpunity.org/permanent-peoples-tribunal-transnational-southern-africa/
(4) Daily Maverick, SA does not need the Grand Inga Project, noviembre de 2018
(5) No to Inga 3, Yes to accessible energy across Congo
(6) South African government releases Integrated Resource Plan draft, agosto de 2018
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