Ayuntamientos y movimientos
ciudadanos tumban la
Directiva Bolkestein (de momento)
6 de mayo de 2019
Por Yago Álvarez
El Salto
El Parlamento Europeo
guarda en el cajón la directiva que pretendía que la Comisión Europea
pudiera vetar las decisiones de las administraciones locales en temas como el
suministro de agua, la electricidad o la gestión de residuos.
La propuesta Directiva de Procedimiento de Notificación,
conocida como la
Directiva Bolkstein al tomar su nombre de Frits Bolkestein,
comisario europeo para el mercado interno durante la presidencia de Romano
Prodi y gran defensor de su aplicación durante la década de los 2000, le habría
otorgado a la Comisión poderes de veto sobre normas y reglamentos propuestas
por municipios y comunidades autónomas que pudieran afectar a las regulaciones
existentes en el sector servicios.
Según revelaron documentos
hechos públicos por la organización Corporate Europe Observatory y de
los que se hizo eco El Salto , la Comisión Europea
podría usar dicha directiva para evaluar el impacto sobre el libre comercio de
servicios en la Unión
Europea, de la misma manera que ya lo ha hecho desde 2006 con
los Estados, pero aplicado también a administraciones locales y regionales.
También podría evaluar, y por lo tanto paralizar o sancionar, a las
administraciones públicas que quieran llevar a cabo, sin su consentimiento, las
reformas legislativas o de normativas que puedan imponer restricciones en
cuanto a la forma jurídica de las empresas, la participación, impongan tarifas
mínimas, máximas o fijas de un servicio, prohibición de actividades
multidisciplinares, regímenes de autorización o derecho exclusivo concedido a
un único operador. Según esos mismos documentos, hasta 79 sectores podrían verse afectados
por la directiva Bolkestein de
haberse aprobado.
Pero en los últimos meses una
fuerte oposición por parte de muchos gobiernos locales en toda Europa, algunos
Estados miembros y una coalición de movimientos sociales ha plantado cara contra
esta directiva mediante la presentación de mociones en los ayuntamientos,
recogida de firmas y apoyos o el envío de cartas a la Comisión Europea.
Finalmente, tras la oposición
y unas largas negociaciones entre gobiernos en el Consejo, el Parlamento Europeo
ha abandonado el expediente. “El fracaso de la reforma es una buena noticia
para la democracia local en Europa”, ha declarado Olivier Hoedeman, de CEO.
“Cientos de organizaciones de la sociedad civil, partidos municipales y
regionales, así como alcaldes, tenían razón al luchar contra este poder sin
precedentes de la Comisión”, ha enfatizado.
“Esta victoria representa un
avance para todos los pueblos de Europa y abre una ventana para seguir luchando
por lo público, por la democracia y por los derechos de la mayoría”, ha
declarado a El Salto David Acera, coordinador político de
Somos Oviedo. Dicha agrupación fue una de las que firmó la carta que se envió a
la Comisión Europea
y presentó una moción en el Ayuntamiento de la ciudad para rechazar la
directiva, aunque fue votada en contra por toda la oposición, incluidos sus
socios de gobierno, el Partido Socialista. “El PSOE siempre que puede abraza en
lo económico las tesis del liberalismo más extremo —lamenta Acera—, pero
nosotros creemos que es imprescindible enfrentarnos a aquellas políticas que
buscan acabar con lo público y que atentan contra la democracia”.
PUEDEN VOLVER A LA CARGA
Aunque desde el Observatorio de la Deuda en la
Globalización (ODG), una de
las organizaciones ciudadanas que han promovido la recogida de firmas contra la
directiva en el Estado español, advierten: “Volverá a ser una amenaza si la nueva Comisión, que
asumirá el cargo a finales de 2019, decide volver a poner la propuesta sobre la
mesa”. No creen que este sea el final de la historia y temen que se tomarán
nuevas iniciativas desde la UE para imponer disciplinas más estrictas a nivel
local para garantizar la disciplina del mercado y llaman a la prudencia con
esta victoria: "Debe servir como una llamada de atención para los y las
que se preocupan por la democracia local; para unir sus fuerzas e identificar
formas de garantizar el derecho a tomar decisiones que defiendan y amplíen el
bienestar, para asegurar servicios públicos universales y dar forma a ciudades
de acuerdo a los deseos de quienes viven en ellas".
Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, donde se
decidirán los nuevos componentes del Parlamento Europeo, el ODG exige que un
debate público sobre cómo garantizar que la Comisión Europea
reciba instrucciones claras para "detener de una vez por todas su cruzada
antidemocrática contra las sociedades europeas".
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255563
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