Historia de un saqueo
Terrorismo de Estado,
aparición con vida de Santiago Maldonado
12 de septiembre de 2017
América Latina siempre fue un importante atractivo a la codicia
extranjera, sobre todo de los países del Norte. Durante el proceso de
extracción de riquezas naturales en suelo latinoamericano, se destaca Potosí y
el simbólico Cerro Rico. La avaricia por el oro y la plata transformaron la
minería en un importante instrumento de saqueo. Junto a estos desalojaron los
pueblos originarios, se estableció un régimen de esclavitud. Más de 1 millón de
personas murieron como resultado de las condiciones precarias y exhaustivas de
trabajo las cuales eran sometidos los pueblos convertidos en esclavos por los
saqueadores a quienes la historia insiste en nombrar conquistadores.
Pasados más de 500 años, cambiaron las formas, pero no los
objetivos. En la Argentina, la minería sigue siendo una de las principales
fuentes de interés por parte de las empresas extranjeras. Los intereses y los
métodos no han cambiado sustancialmente. La invasión de ayer dio lugar a la
negociación por vía institucional de hoy. Lo que fue genocidio, hoy es validado
por el Estado por medio de mecanismos de represión y regulación de movimientos
sociales. Luchar por los derechos está previsto en la constitución, pero
mientras no moleste a los neoinvasores con dólares en sus bolsillos y promesas
de inversión. Hace 500 años los saqueos llegaban vía marítima, hoy llegan a
través de rondas de negociación que son una subasta de recursos. Hoy, Argentina cuenta
con 55 Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), todos ellos de extracción de
recursos naturales.
Las evidencias de que el Estado y las
corporaciones trabajan juntas para contener la resistencia en los territorios y
así garantizar los negocios de los cuales sólo las empresas ganan son nítidas. El Grupo Benetton,
uno de los motivos del enfrentamiento entre el gobierno de la provincia del
Chubut y la
comunidad Mapuche culminó en la desaparición del militante
Santiago Maldonado. El grupo Benetton posee concesiones mineras en las
provincias de Chubut, Santa Cruz, San Juan y Río Negro.[1]
La ley antiterrorista es una forma jurídica de
deslegitimar la protesta social y proteger a los inversores, terratenientes
–muchos de ellos invasores de tierras indígenas con el aval del Estado- y al
propio gobierno en detrimento de la voluntad del pueblo y de la legítima
propiedad de tierras de los pocos indígenas que quedaron después de su casi
exterminio.
La Ley antiterrorista fue aprobada en junio de
2007. La Argentina como miembro de La Financia lAction Task Force on Money
Laundering (FATF) fue presionada para la promulgación de esta ley. El FATF
había adelantado que en caso que no se promulgue una Ley antiterrorista con sus
recomendaciones, consideraría a Argentina como “pais no confiable para las
inversiones”.
La FATF, es grupo de acción financiera en
contra del lavado de dinero, también conocida por su nombre en francés como
Grouped’actionfinancière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Es una
institución intergubernamental creada en el año 1989 por el G7. El propósito
público de la FATF es desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo.
Por esta presión se aprobó la Ley 26.268. Asociaciones ilícitas
terroristas y financiación del terrorismo. Modificación de la Ley N º 25.246 de Encubrimiento
y Lavado de Activos de origen delictivo. La aprobación de esta ley en la Cámara
de Senadores, solo tuvo la oposición de Ruben Giustiniani. La Ley, expresa como
punto fundamental el agregado del artículo 213 en el Código penal. Este
artículo da lugar a la interpretación de una Jueza/Juez respecto que es un acto
terrorista.
El texto agregado es el siguiente: Artículo
213 ter.- Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al
que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la
comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre
que ella reúna las siguientes características: a) Tener un plan de acción destinado
a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizada en
redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos,
agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en
peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas. En
función de las críticas recibidas por diversas organizaciones de DD.HH. se
promulgó la Ley 26.734, en diciembre de 2011 que modifica la Ley 26.268. La Ley
26.734 modifica el artículo 41 quinquies, incorporando la figura de los DD.HH.
y/o sociales, Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando
el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.
Asimismo modifica el fuero de la ley, siendo la misma el fuero federal, según
el artículo 7, Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del
código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente, e)Los delitos previstos
por los artículos 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter,
170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal.
Las votaciones para su promulgación han sido,
134 votos afirmativos y 90 negativos en la cámara de diputados, y 39 votos a
favor y 22 en contra en la cámara del senado. Los votos negativos han sido de
la UCR, PRO y Coalición Cívica entre otros, siendo que la ley previa, Ley
26.268 la han votado en forma afirmativa.[2]
En el año 2014, la oposición al kirchnerismo
intentó derogar la ley antiterrorista a partir de su aplicación contra la imprenta Donnelley. Esta
empresa fue adquirida por uno de los principales tenedores de bonos de
Argentina y en forma posterior cerró dejando sin empleo a 400 personas en forma
directa. Esta derogación no ha sido efectiva en función de la mayoría del FPV
(Frente para la Victoria ) y aliados
en ambas cámaras.
Sobre la derogación de la ley antiterrorista
Mauricio Macri expresó en el 2014 “no está bueno que inventen permanentemente
instrumentos que lo único que hacen es generar desconfianza” y acusó al
Ejecutivo de utilizar “la
Ley Antiterrorista para casos desopilantes”[3]. Para Mauricio
Macri, actual presidente, reprimir las protestas del pueblo Mapuche y la
desaparición de Santiago Maldonado, no es desopilante.
Los partidos de mayor representación en las
elecciones de los últimos años en Argentina -FPV, CC, PRO, UCR- votaron y
sostienen la ley que permite en términos legales la represión de los
movimientos populares con las fuerzas represivas del estado.
Santiago Maldonado y la comunidad mapuche son
emblemas de la que es hoy la
democracia. La garantía delos privilegios de las
corporaciones. No se lucha por nada distinto de lo que fue hace 500 años. La
diferencia es que hoy son llamados terroristas, una confusión de roles difícil
de entender cuando pensamos que Santiago fue desaparecido por el Estado y en
democracia por aquellos que deberían tratar de proteger y cuidar de la
integridad física de ciudadanos y ciudadanas. La pregunta que nos hacemos en
Virginia Bolten es: ¿Qué hacemos con el terrorismo del Estado?
Notas:
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231421
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