El tratamiento
neoliberal
de la cuestión ambiental
27 de septiembre de 2017
Por José Seoane (Opsur)
En la última década el uso de la palabra “verde” para adjetivar
ambientalmente variadas iniciativas gubernamentales, empresariales o
institucionales ha ido extendiéndose hasta ocupar un lugar importante en el
discurso político, corporativo y de los organismos internacionales. Se habla
así de las “compras verdes”, en referencia a las compras del sector público;
las “energías verdes”, como sinónimo de las llamadas renovables; los “edificios
verdes”, los “impuestos verdes”, el “turismo verde”, las “industrias verdes” y
hasta de las “ciudades verdes”. Esta difusión del enverdecimiento del mundo
económico y social, como política ambiental, expresa el despliegue a nivel
internacional de lo que se ha denominado “economía verde”, impulsada desde
parte de las elites del capitalismo central para entender e intervenir sobre la
problemática ambiental.
La Argentina no es ajena a este proceso. Bajo el gobierno de
Mauricio Macri la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una de las primeras
latinoamericanas en bautizarse como “verde”. Una vez en la presidencia de la
Nación, Macri acordó promover una agenda verde, en el marco de la visita del
mandatario estadounidense Obama en marzo de 2016. A fines de año,
durante la inauguración del Primer Congreso sobre Economía Verde, organizado
por la ONG estadounidense Fundación Advanced Leadership, desarrolló esta
perspectiva, señalando que permitía cuidar el medio ambiente y,
simultáneamente, generar oportunidades de trabajo e inversión. En esa instancia
también convocó a la población a ahorrar agua, luz y apagar los aires
acondicionados, afirmaciones que, lejos de ser originales, vienen planteando
los organismos internacionales promotores de la economía verde, desde, por lo
menos, 2008.
En
esta dirección, el neoliberalismo no sólo supone una profundización y
agravamiento de la cuestión social y ambiental, sino que asimismo promueve una
manera particular de entender e intervenir sobre este deterioro y destrucción
del ambiente y las condiciones de existencia de la vida humana y no humana.
Propone así una propia política ambiental neoliberal. Justamente este artículo
plantea algunas reflexiones sobre las significaciones y consecuencias de la
economía verde, entendida como nuevo paradigma del tratamiento neoliberal de la
cuestión ambiental.
La aparición de la economía verde en el debate del desarrollo
sostenible
La
propuesta de la economía verde comenzó a desplegarse desde fines de los años
’80 a partir del trabajo de académicos vinculados al campo de la economía
ambiental, que propone un cruce entre lo ambiental y la economía liberal. Este
grupo realizó un trabajo de investigación encargado por el gobierno británico
sobre lo que implicaba el desarrollo sostenible (Pearce, Markandya y Barbier,
1989). Recordemos que desde 1987 –con la presentación del Informe Bruntland– el
desarrollo sostenible se propuso y fue convirtiéndose en el paradigma
internacional dominante para abordar la cuestión ambiental.
Este
camino, el desarrollo sostenible, implicaba de por sí una neoliberalización del
ambiente. Por un lado, porque diluía la contradicción entre crecimiento
económico y protección del ambiente. Por el otro, porque tendía a identificar
la problemática ambiental con la naturaleza; por ejemplo, con la difusión del
término “medio ambiente”, que todavía tiene un uso extendido y que promueve una
concepción del ambiente como sinónimo de un “mundo natural” diferente, e
incluso, opuesto al social o la sociedad. Pero la supervivencia de la noción de
desarrollo y una visión centrada en la conservación de la naturaleza, sus
bienes y ecosistemas despertó simultáneamente debates y cuestionamientos de
parte de las visiones más liberales. Interviniendo en esta discusión sobre la
interpretación del desarrollo sostenible emergió, a fines de los ´80, la
propuesta de la economía verde.
La
misma pretendía resolver los límites que imponía a la economía una visión conservacionista
de la naturaleza, así como la tensión todavía existente entre economía y
ambiente, integrando definitivamente este último a la primera, de manera
subordinada. Es decir, restringe la cuestión ambiental a una simple
modificación de las prácticas económicas. La atención de la problemática
ambiental se transformaba así en un cambio en los tipos o ramas de la actividad
económica, sin alterar, sino confirmando la racionalidad del lucro, la
competencia y el mercado. Lejos de implicar el enverdecimiento de la economía
suponía, entonces, la economización de lo verde; dimensión que aparece
claramente en la promoción que hace la economía verde de todos los procesos de
valorización (monetaria) del ambiente –tan presentes en las prácticas de la
contabilidad ambiental, de la construcción del capital natural y los servicios
ecosistémicos. Al mismo tiempo afirmaba la primacía de los mecanismos de
mercado en el tratamiento de las problemáticas ambientales con, por ejemplo,
los mercados de carbono respecto del cambio climático. Un movimiento típico del
arte de prestidigitación neoliberal, donde el tratamiento de las consecuencias
que conlleva su implementación sirve a reafirmar la profundización de estas
mismas transformaciones.
La
economía verde supuso también otra cuestión. La problemática ambiental que en
los años ´70 era consideraba por muchos como vinculada a la pobreza, la
desigualdad, la explotación, la colonialidad y las formas productivo tecnológicas
capitalistas o de las sociedades pretendidamente desarrolladas; ahora quedaba
reducida al color de la clorofila. Posiblemente , no podía pretenderse
mayor desocialización de la noción de ambiente que transformarla en un adjetivo
de color. Ambos procesos –simultáneos y complementarios– distinguen al
tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental expresado en la economía verde:
por un lado, la mercantilización (o capitalización) de la naturaleza; por el
otro, la naturalización del ambiente.
La internacionalización de la economía verde
Años
después de su consideración académica, la economía verde llegó finalmente como
recomendación política al sistema de Naciones Unidas y al debate internacional.
En 2008 el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó la Iniciativa Economía Verde ,
en 2009 presentó el informe Un New Deal verde global, y en 2011 el documento
Hacia la economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza, orientado a incidir en los debates de la Cumbre mundial de
Río+20 del año siguiente.
El
arribo de la economía verde al PNUMA tuvo lugar en un contexto particular
marcado por una crisis económica global con epicentro en EE.UU. y Europa,
disparada por el colapso del mercado de las hipotecas inmobiliarias. Esa crisis
fue considerada, en estos documentos internacionales, una oportunidad para
impulsar el enverdecimiento de la economía. Sin embargo, el “New Deal verde”
propuesto –en engañosa referencia al rooseveltiano de los años ´30– lejos de
suponer mayor intervención estatal, gasto público o políticas sociales,
significaba solamente reorientar parte de los planteados rescates públicos al
sistema financiero para promover (o financiar) actividades económicas
consideradas “verdes”. Así, reafirmando el significado construido en los años
anteriores, la economía verde reducía la intervención sobre la cuestión
ambiental a una mera modificación de la composición del capital manufacturado.
Se podía presentar entonces, como decíamos al principio, como una oportunidad
de abordar simultáneamente lo ambiental y promover la inversión y los negocios.
Pero
además, los documentos de Naciones Unidas sobre la economía verde proponían
impulsar todos los procesos de valorización de los activos ambientales, así
como las soluciones de mercado, para el tratamiento de la problemática ambiental.
Como puede fácilmente entenderse, esta monetarización de un conjunto de bienes
naturales, formas de vida y ecosistemas que permanecen aún fuera del mercado y
la propiedad privada, justificada ahora por la urgencia de la cuestión
ambiental, resulta un paso necesario a su mercantilización y explotación
privada. Y, ciertamente, puede pensarse que no es una casualidad que estos
mismos años de crisis económica global se caracterizaran también por una
intensificación y extensión de los procesos de apropiación privada de bienes
naturales en el Sur del Mundo, que fueron denunciados por Vía Campesina en su
campaña contra el acaparamiento de tierras, especialmente dramático en África,
y que para la realidad latinoamericana significó una verdadera ofensiva extractivista.
Más
allá de la fuerza de sus promotores, las resistencias planteadas por los
movimientos sociales y los países del Sur del Mundo en la Cumbre de Río+20
circunscribieron la economía verde a sólo 5 de las 59 páginas que tuvo el
documento final. Sin embargo, sus dispositivos particu- lares avanzaron, entre
ellos, la propuesta de reformar los sistemas de cuentas nacionales, incor
porando la contabilidad ambiental; la conside- ración y valorización de la
naturaleza como capi tal; la construcción y medición de los ecosistemas en
tanto servicios; y los acuerdos de conformación de mercados ambientales
internacionales para el tratamiento del cambio climático. Entre todos ellos, se
destaca la llamada gobernanza ambiental y sus instrumentos más conocidos: la Responsabilidad
Social Empresaria (RSE) y los procesos de mediación y
negociación de conflictos. Examinemos esto más de cerca.
La gobernanza ambiental
El
término gobernanza –traducción de la palabra anglosajona governance– apareció
como reemplazo del concepto clásico de gobierno y se difundió aceleradamente en
los años ´90, en el contexto del despliegue de la llamada globalización o, de
lo que llamaríamos más propiamente, un nuevo ciclo de mundialización
capitalista y de construcción de un mercado mundial, esta vez bajo el signo del
neoliberalismo. Por gobernanza se entendía así una serie de mutaciones que
redefinían la autoridad y poder de los Estados nacionales, particularmente en
el Sur del Mundo. De esta manera, se refería a que la regulación de la sociedad
dejaba de ser monopolio del Estado para pasar a ser una función compartida; por
una parte, a nivel global, con los organismos internacionales (incluidos los
acuerdos de libre comercio y protección de inversiones); y, por la otra, a
nivel nacional y local, con un conjunto de actores privados que abarcaban tanto
a las empresas como a las llamadas organizaciones no gubernamentales
–consideradas ahora los representantes legítimos de la sociedad civil. La
gobernanza se inscribía así en los procesos de privatización,
desnacionalización y desdemocratización del Estado y lo público, propios del
neoliberalismo. En este proceso, el término gobernanza ambiental se difundirá
una década más tarde, en los años 2000, para remitir a los mismos procesos en
relación con los bienes comunes naturales y la naturaleza.
La
misma se entiende habitualmente como un conjunto de procesos e instituciones,
tanto formales como informales –que incluye normas y valores, comportamientos y
modalidades organizativas– a través de los cuales las empresas, las ongs y
diversos actores sociales, y las instituciones públicas, articulan sus
intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en
relación al acceso y usos de los bienes naturales. En conclusión, la promoción de
la gobernanza culmina desplazando y asignando funciones antiguamente propias
del gobierno a las empresas, así como se propone configurar, desde ciertos
modelos legítimos, la participación de la sociedad civil.
De
esta manera, la extendida percepción de que las grandes corporaciones
extractivas actúan en los territorios como un propio Estado dentro del Estado
no es, entonces, un error o un exceso, sino el efecto específico de una buscada
reformulación del Estado y del poder bajo el neoliberalismo. Instrumento y
ejemplo de ello es la llamada responsabilidad social empresaria o corporativa
(RSE). Parecida a la caridad o filantropía oligárquica del pasado, se
diferencia por concebirse también como una forma de hacer negocios. Así, el
financiamiento corporativo de establecimientos escolares o sanitarios en los
territorios donde impera el extractivismo – que es uno de los ejemplos más
conocidos de RSE–, no sólo implica la intervención directa de las empresas
sobre las poblaciones, que opera en el desmantelamiento y ausencia estatal. Es
también la contrapartida oposición patronal a cualquier incremento de las
contribuciones fiscales y regulaciones estatales, incluso si las mismas
constituyen una de las primeras demandas de la movilización y protesta de los
pobladores, como suele ocurrir.
Así,
siguiendo a la economía verde, la gestión de la problemática ambiental es,
simultáneamente, una oportunidad de negocios y ganancias. Y, en el sentido de
lo planteado por la economía verde, la gobernanza ambiental –o la RSE– promueve
un proceso de economización de un ámbito de la vida humana; pero esta vez se
trata de lo político, de la privatización de la autoridad común, en consonancia
con la mercantilización de los bienes naturales comunes. Ciertamente,
señalamientos similares pueden hacerse respecto de los dispositivos de
mediación de conflictos, donde el Estado se transforma en un facilitador de la
negociación entre intereses particulares de la sociedad civil, entre actores
privados considerados iguales; habitualmente entre grandes corporaciones
trasnacionales y las poblaciones de los territorios afectados por esos
emprendimientos. La mediación, así como todo un conjunto de políticas e
instituciones, han sido desplegados en las últimas décadas para enfrentar la
creciente conflictividad que despiertan estos procesos de destrucción de las
condiciones de existencia social; incluido, claro está, el ejercicio de una
violencia estatal y paraestatal, tan presente en los territorios del extractivismo
latinoamericano, con su trágica serie de muertes, desapariciones, detenciones y
migraciones forzadas.
A
pesar de ello, la conflictividad frente a los emprendimientos extractivistas,
la mercantilización y despojo de los territorios y la vida, no ha dejado de
crecer en nuestra región. Y con estos cuestionamientos y denuncias también ha
emergido, se ha extendido y constituido, una extremadamente valiosa
programática de cambio y crítica a estos procesos, desde las visiones del Buen
Vivir a las experiencias de defensa y construcción del carácter público común
de los bienes naturales y sociales y de las formas de la vida social y de la
autoridad colectiva. La nueva ofensiva neoliberal que se despliega trágicamente
en Nuestra América en estos últimos años –con sus cuotas de violencia y
profundización del extractivismo– no alcanza para disipar ni borrar estas
prácticas y los horizontes alternativos que han postulado y que –como las
utopías, parafraseando a Eduardo Galeano– siguen alumbrando en la dirección por
donde avanzar.
Bibliografía
-
AA.VV. (2012) Capitalismo verde. IEETM, Quito
- Markandya, Anil y Barbier, Edward (1989)
Blueprint for a green economy. Earthscan, Londres.
-
Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (2011) Hacia una economía
verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Síntesis
para los encargados de la formulación de políticas públicas.
-
PNUMA, Nairobi. Seoane, José (2017) Las (re)configuraciones neoliberales de la
cuestión ambiental. Una arqueología de los documentos de Naciones Unidas sobre
el ambiente 1972-2012. Ed. Luxemburg – IEALC, Buenos Aires. Puede descargarse
gratuitamente de http:// gealyc.blogspot.com.ar/
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