El sistema de la crueldad XI :
encierro y políticas de seguridad
y justicia
24 de septiembre de 2017
La Comisión Provincial por la Memoria presentó en el anexo de la Cámara
de Senadores en La Plata “El sistema de la crueldad XI ”, informe
anual sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de
Buenos Aires, confeccionado por el Comité contra la Tortura y el área de
Justicia y seguridad democrática de la entidad. El informe coincide con el primer año de
gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en un marco
general de consolidación de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos.
Por Indymedia Derechos Humanos.
Ante más de 500 personas, integrantes de la Comisión Provincial
por la Memoria llevaron adelante la presentación de un informe resultado de la
acción de monitoreo del sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires
(cárceles, comisarías, cárceles de jóvenes y manicomios) y de las políticas de
seguridad y justicia durante el año 2016.
En representación de la Comisión Provincial
por la Memoria, tomaron la palabra la Directora General Sandra
Raggio; el Coordinador de la institución, Roberto Cipriano García; los dos
presidentes de la
institución Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil; y Nora
Cortiñas, que integra el organismo desde diciembre de 2015.
El panel de
presentación del informe también contó con la presencia de Cristina y Silvia,
madres de dos de las víctimas de la Masacre de la Comisaría de Pergamino en
marzo de este año.
Desde el público,
acompañaron la presentación distintas organizaciones de familiares en lucha
contra la violencia institucional, referentes de agrupaciones políticas,
sindicales y de derechos humanos; de distintos espacios de facultades de la Universidad Nacional
de La Plata, funcionarios judiciales, del gobierno provincial y de áreas de
diversos municipios vinculadas a las políticas de derechos y de niñez.
El sistema de la crueldad: lugares de encierro,
justicia y políticas de seguridad
Las intervenciones y
acciones de monitoreo del Comité contra la Tortura tienen la característica
particular de aplicarse sobre el sistema de encierro más grande del país: el de
la provincia de Buenos Aires. Año tras año, el incremento de las condiciones de
hacinamiento y la superpoblación se presentan como la consecuencia más evidente
de las políticas implementadas por los distintos gobiernos provinciales.
Esta situación agrava
cada año las condiciones inhumanas ya existentes en los lugares de encierro,
donde la tortura es una práctica sistemática que no se hace presente sólo en
las agresiones físicas, sino en la situación estructural de falta de atención
médica, en las condiciones de vida denigrantes, el hambre, el frío, el
aislamiento, los traslados constantes, las requisas violentas.
Lejos de tratarse de
excesos o hechos aislados, estas prácticas estructurales y sistemáticas de
torturas son parte de un sistema racional de gobernabilidad en los lugares de
encierro a través de la violencia estatal y la precariedad.
Las denuncias ante
hechos de torturas son sistemáticamente rechazadas por el Poder Judicial y, en
aquellos casos en que son tomadas, en la mayoría de los tribunales los fallos
son absolutorios. "Es en la Justicia donde el sistema de la crueldad se
convalida y se legitima", señalaron en la presentación del informe.
Las políticas de
seguridad impulsadas por los distintos gobiernos son así el tercer eje en que
se apoya el sistema de la crueldad, cara oculta de las políticas de mano dura y
la demagogia punitiva. "Desde 1999 hasta la actualidad, a la demanda
social de más seguridad se le ha respondido con el endurecimiento de las leyes
penales, se aumentaron las penas, se limitaron las excarcelaciones y salidas
transitorias, se dificultó el acceso a la justicia, se ampliaron las facultades
policiales".
Las palabras de
presentación del informe estuvieron a cargo de Sandra Raggio, que definió la
situación en los lugares de encierro de la provincia como espacios de gestión
de la violencia estatal a través de "prácticas sistemáticas de tortura que
tienen como objetivo el gobierno de las poblaciones más vulnerables y excluidas
de los derechos elementales”.
Informe 2016: primer informe durante la gestión Vidal
El informe presentado
coincide con el primer año de gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de
Buenos Aires y de Mauricio Macri en el gobierno nacional.
El sistema de encierro
de la provincia de Buenos Aires cuenta actualmente con 41.000 personas
detenidas. Este incremento se ha dado de manera continua incluyendo las
gestiones provinciales, superándose cada año en su propio récord histórico.
Los miembros de la Comisión Provincial
por la Memoria señalaron que, durante el 2016, el Comité contra la Tortura
relevó más de 16.000 hechos de torturas y malos tratos en lugares de encierro
en la provincia de Buenos Aires, padecidos por 3054 víctimas incluyendo adultos
y jóvenes. En el mismo año, murieron 156 personas detenidas en cárceles, 12 en
comisarías y 107 en neuropsiquiátricos. el 71% de las muertes fue producto de
desatención de la salud, una situación de gravedad extrema en los lugares de
encierro. Además, 109 personas fueron asesinadas por agentes de fuerzas de
seguridad.
"En estos 11
informes que llevamos, no sólo estamos hablando de los resabios de la dictadura
militar sino de un problema estructural de las democracias, de las
desigualdades que todavía imperan en nuestras sociedades y que los gobiernos
constitucionales no han logrado resolver y, en algunos casos, a estas
situaciones las ha profundizado", señalaron.
Por su parte, Adolfo
Pérez Esquivel se refirió a las pésimas condiciones de detención en la
provincia dentro de los lugares de encierro destinados a jóvenes a disposición
del fuero de responsabilidad penal juvenil. En ellos, se profundizó un proceso
de transformación convirtiéndolos en cárceles, con regímenes de vida cada vez
más parecidos a los de los adultos. A esto se sumó la decisión de la actual
gestión de trasladar a los mayores de 18 años directamente a las cárceles sin
dispositivos propios y adecuados a la ley de responsabilidad penal juvenil.
Esto se da en el marco de la intención del gobierno actual de bajar la edad de
punibilidad. Pérez Esquivel alertó también sobre el aumento de la pobreza y de
personas en situación de calle. "Estamos preocupados, no sólo por lo que
se vive en la provincia sino por lo que se vive en todo el país (...) Las
democracias delegativas hacen agua por todos lados. La única forma de cambiar
esto es cuando el pueblo se pone de pie", concluyó.
La situación actual fue enmarcada en una consolidación
general de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos
humanos. La mirada punitivista, imperante en las políticas de las últimas dos
décadas, se profundiza en el paradigma de las supuestas "nuevas
amenazas" a nivel global establecidas por Estados Unidos, como la guerra
contra el narco y la lucha contra el terrorismo, habilitando el despliegue
territorial de las fuerzas federales y provinciales, legitimando la profundización
de la militarización del espacio público y alimentando una retórica en contra
de las garantías constitucionales.
Se advirtió también
sobre la radicalización del discurso manodurista del actual gobierno, el avance
en reformas regresivas del ordenamiento legal y la represión sistemática de la
protesta social. Entre estos, la aplicación del Protocolo Antipiquetes, la ley
de derribo, las técnicas especiales de investigación que incluyen la figura del
agente encubierto y agente revelador, la interpretación del proceso de
flagrancia a nivel federal, la reforma de la ley nacional de ejecución penal,
la modificación de la ley nacional de migraciones.
En el caso de la
provincia de Buenos Aires, se señaló que estas políticas nacionales
fortalecieron la continuidad de las políticas de seguridad desarrolladas por el
ministro de la anterior gestión Granados, confirmado por la designación del
subjefe policial de Granados como nuevo Jefe de la Policía bonaerense del nuevo
gobierno.
En cuanto al ámbito
carcelario, desde la
Comisión Provincial por la Memoria se refirieron a la
declaración de crisis del Servicio Penitenciario por parte de la gobernadora Vidal ,
una medida tomada también por los gobiernos provinciales anteriores de Ruckauf,
Solá y Scioli. "Sabemos que las declaraciones de crisis sólo sirven para
dos cosas: para profundizar la crisis que intentan solucionar y para poder
actuar sin tener que respetar las leyes administrativas y de control
vigentes", señalaron.
También como parte de
las continuidades con las políticas de los gobiernos anteriores, se hizo
referencia al nombramiento de Fernando Díaz, quien como Jefe del Servicio
Penitenciario fue el máximo responsable de la Masacre de Magdalena en octubre
de 2005, hecho por el que actualmente se lleva adelante el juicio contra dos
funcionarios y quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados
por la muerte de 33 personas que se encontraban en el pabellón 16 de la Unidad
28 de Magdalena. Los anuncios gubernamentales de una reforma estructural para
combatir "el autogobierno del Servicio Penitenciario bonaerense"
quedaron sólo en anuncios de las autoridades.
Exigencia por la aparición con vida de Santiago
Maldonado
Además de tratarse del
informe que incluye en su relevamiento el primer año de gestión de Vidal en la
provincia, la presentación se realizó a 50 días de la desaparición forzada de
Santiago Maldonado. Desde el panel se expuso la preocupación por el encubrimiento
a la Gendarmería desde el Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia.
El hecho fue
caracterizado como parte de una escalada discursiva y represiva que el gobierno
nacional puso en marcha contra los sectores populares que reclaman por sus
derechos vulnerados, convirtiéndolos en los enemigos a los que hay que
perseguir y detener. "La desaparición de Santiago Maldonado es la
expresión más grave de las orientaciones de la política criminal actual",
señaló Roberto Cipriano García, Coordinador de la Comisión Provincial
por la Memoria.
Familiares de la Masacre de Pergamino
El panel de
presentación del informe también contó con la presencia de Cristina y Silvia,
madres de dos de las víctimas de la Masacre de la Comisaría de Pergamino el 2
de marzo de este año, cuando siete jóvenes de entre 18 y 27 años de edad que se
encontraban detenidos en la Comisaría Primera de Pergamino perdieron la vida
asfixiados, quemados y calcinados por la perversidad policial.
Al igual que lo que
ocurre sistemáticamente con las muertes en cárceles, la Masacre intentó ser
tapada por una versión oficial que buscaba garantizar la impunidad de los
responsables.
La maniobra quedó en
evidencia, no sólo por los testimonios de 12 detenidos sobrevivientes, sino
porque al momento de los hechos los mismos jóvenes que luego fallecieron
comenzaron a enviar mensajes a los teléfonos celulares de sus familiares
contando lo que estaba pasando y pidiendo ayuda.
Entre los policías
imputados en la causa se encuentran Alexis Miguel Eva, Matías Ezequiel
Giulietti, César Brian Carrizo, Carolina Denise Guevara, Sergio Rodas y el
titular de la dependencia (aún prófugo) Sebastián Alberto Donza, quienes no
hicieron nada para evitar que el fuego terminara con las vidas de Sergio
Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Chillito
Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre.
“Para nosotros, los
familiares, no es simplemente abandono de persona seguida de muerte, como está
caratulada la causa o como lo encuadra el Código Penal. Para nosotros, y para
el sentido común, fue un claro homicidio premeditado, ya que con todas las
acciones y omisiones se demuestra claramente la intencionalidad que tuvieron.
Se demuestra claramente que esa era su voluntad. Porque el fuego no tendría que
haber ocurrido, porque pudieron haber apagado el pequeño fuego inicial con agua
o con los matafuegos, que sí había en la dependencia, y no lo hicieron. Porque
debían llamar a los bomberos voluntarios de manera inmediata y se constata que
el llamado a los bomberos fue realizado 45 minuto después y no desde la Comisaría. Porque
tendrían que haber ayudado a la labor de los bomberos, y no obstruyendo su
trabajo como lo hicieron (…) porque mínimamente pudieron habilitarle el agua de
las duchas y no lo hicieron. Por eso, los cuerpos de nuestros hijos se
encontraron amontonados en el baño”.
“Desde ese 2 de marzo,
las siete familias de las víctimas nos encontramos transformando todo el dolor
en lucha, exigiendo verdad, justicia y castigo a los responsables, chocando con
absurdas decisiones de la justicia”. A meses de la Masacre, el responsable de
la Comisaría de Pergamino continúa prófugo y el juez de garantías Cesar
Alejandro Solazzi otorgó el arresto domiciliario a los cinco policías que se
encontraban con prisión preventiva, sin contemplar los peligros de fuga y
entorpecimiento. La resolución fue ratificada por la Cámara de Apelaciones,
encontrándose actualmente sólo uno de los policías detenidos, a la espera de la
resolución de un nuevo pedido de arresto domiciliario.
“Nadie nos va a
devolver a nuestros seres queridos, luchamos por un antes y un después de la Masacre. Luchamos
para marcar un precedente que quiebre con la impunidad que la caracteriza. Luchamos
por un nunca más y por todos los jóvenes que se encuentran en peligro. Basta de
muertes por portación de cara”, concluyó Cristina, madre de uno de los jóvenes.
Nora
Cortiñas: "A Santiago Maldonado lo tiene la gendarmería"
El público presente en
el anexo del Senado recibió con un fuerte aplauso a Nora Cortiñas, Madre de
Plaza de Mayo, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria desde
diciembre de 2015. "Pregunto ¿sabe alguien dónde está Santiago Maldonado?
Lo tiene la gendarmería", afirmó y reflexionó sobre lo que significó y
significa la desaparición forzada de una persona para sus familias, la
incansable lucha de los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos
humanos en la búsqueda de la verdad y la justicia.
En su intervención
Nora Cortiñas valoró el trabajo realizado desde el Comité contra la Tortura
frente a la vulneración sistemática de derechos dentro de los lugares de
encierro y las políticas de mano dura. "Ustedes habrán visto ya alguna
presentación de la Comisión donde están las fotos de las cárceles: es la
suciedad, la porquería, no los alimentan, los maltratan (...) y muchos no
tienen sentencia. Nosotros no queremos esto para Argentina. Queremos una
Argentina con justicia social, porque también el hambre es un crimen que se
comete".
Sobre la causa por la
desaparición forzada de Santiago Maldonado, Nora Cortiñas se refirió al juez
federal de Esquel Guido Otranto: "Pedimos que el juez que está en esta
causa se deje de tapar, de maltratar a la familia y de decir mentiras todos los
días embarullando la investigación, porque lo mismo que le hacen a la familia
de Santiago nos hicieron a nosotros" y denunció la complicidad de Patricia
Bullrich.
"Estamos en 2017.
Es hora de que tengamos una Argentina grande, con una democracia real, y no tener
que decir simplemente que tenemos gobiernos constitucionales porque no nos
animamos a decir que tenemos un país democrático", señaló.
Nora convocó a la
concentración que se realizará el próximo miércoles 27 de septiembre frente al
Congreso Nacional para exigir la prórroga de la ley 26160, que suspende los
desalojos en tierras de las comunidades originarias; y recordó a Jorge Julio
López y los intentos del gobierno anterior de instalar la versión de que se
trataba de una persona perdida, ocultando que se trataba de una desaparición
forzada.
Finalizando su
intervención, Nora invitó a los presentes a ponerse de pie: "Yo los invito
a que nos paremos y digamos todos: 30.000 detenidos desaparecidos, ¡Presentes!;
30.000 detenidos desaparecidos, ¡Presentes!; 30.000 detenidos desaparecidos,
¡Presentes!; Aparición con vida de Julio López, de Santiago Maldonado y de
todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales ¡Ya!; ¡Hasta la
victoria siempre! ¡Venceremos!".
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15087
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