Pueblos originarios
Sin
territorio no hay vida
18 de septiembre de 2017
En los tiempos que vivimos
hablar de derechos humanos ha perdido mucho espacio y sentido en las grandes
declaraciones políticas. Es una realidad que evidencia que éstos, en el pasado
más reciente, se usaron en demasiadas ocasiones como arma arrojadiza con fines
más de contienda político-ideológica que de preocupación
verdadera por el ser y estar de la humanidad.
Por Revista Viejo Topo
Así, aun hoy, pese a la escasez de esos discursos, todavía
estos derechos son usados con evidentes intencionalidades, cuando menos, muy
discutibles. Se echa mano de ellos para condenar al gobierno de Venezuela, pero
se olvidan los mismos cuando se habla, por ejemplo, de México (200.000
asesinados, 30.000 desaparecidos y 350.000 desplazados en la última década).
Qué decir cuando se da asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a
Arabia Saudí o cuando algunos gobernantes, pese a la constante violación de
esos derechos y al financiamiento ideológico y dinerario del yihadismo que hace
la monarquía saudí, justifican con no se sabe qué argumentos hacer negocios con
ese país, ya sea vendiendo trenes de alta velocidad para el desierto o
armamento de todo tipo y condición. El negocio es el negocio y los derechos
humanos son otra cosa que no deben mezclarse con los primeros.
Sin embargo, esto no debe hacernos caer en el pesimismo.
En su mayoría el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos,
individuales y colectivos, y para todas las personas y pueblos, debe de seguir
siendo una constante en las acciones por construir sociedades realmente más
justas y democráticas de hecho. Subrayaremos este último término, de hecho, en
complementariedad imprescindible con otro, de palabra, que en demasiadas
ocasiones se queda simplemente en eso, en la palabra, en el discurso sin su
concreción en obra.
Este mes de septiembre se cumple la primera década de una
de las últimas declaraciones internacionales de derechos de las Naciones
Unidas. La Asamblea
General de este organismo aprobó el 13 de septiembre de 2007 la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La misma suponía un
hito en la lucha de más de 400 millones de personas que, a lo largo del
planeta, siguen existiendo y exigiendo que se les reconozca como tales, al
tiempo que como pueblos con los mismos derechos que los demás. Desde los
procesos coloniales se había intentado eliminar, y así se había hecho en
demasiadas ocasiones, a estos pueblos negándoles incluso el derecho a ser
considerados personas, en un evidente ejercicio de racismo y xenofobia en sus
grados más extremos.
Pero la persistencia del movimiento indígena logró no sólo
volver a hacer visibles a estos pueblos ante el mundo, sino ir sentando en las
mesas de negociación a muchos gobiernos para avanzar en el reconocimiento de
sus derechos. A lo largo de las décadas 80 y 90 del siglo pasado se reformaron
numerosas constituciones y se aprobaron leyes en múltiples países,
especialmente de América Latina, que supusieron ostensibles avances en estos
procesos. Incluso llegando a poner sobre la mesa de discusión nuevos conceptos de
organización política como es la posibilidad del estado plurinacional en el
marco del ejercicio del derecho de autodeterminación, o la filosofía del Buen
Vivir como forma de organización del pensamiento, pero también social, política
y económica, con especial reflexión sobre la relación con la naturaleza. Pues
bien, uno de estos momentos culminantes está precisamente, por su globalidad
planetaria, en la aprobación referida en la que la Asamblea General
de Naciones Unidas reconocía y establecía el carácter específico de los
derechos individuales y colectivos de estos pueblos.
Evidentemente el paso siguiente, una vez conseguido
dicho reconocimiento, está en el ejercicio verdadero y con garantías de la
totalidad de los derechos, empezando por algunos centrales como es la
posibilidad real de ejercer el de autodeterminación y a definir su propio desarrollo
como pueblos, evidentemente, ambos en directa relación con el ejercicio de los
derechos territoriales. Y este es el gran problema hoy, hasta el punto de que
esa visibilidad y supervivencia recuperada vuelve a estar en peligro.
El artículo 23 de la Declaración establece que “los
pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades y
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo”. Si entendemos éste
último término como un todo que contiene la posibilidad de definir los caminos
y formas de caminar por parte de estos pueblos, su ejercicio se convierte en
elemento irrenunciable para poder seguir existiendo y siendo lo que ellos
mismos definan y quieran. Porque además, el artículo 26 establece que “los
pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido”,
con el añadido de que “los Estados asegurarán el reconocimiento y protección
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento
respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”. Poco más
habría por añadir ante la claridad de este artículado.
Sin embargo, en el sistema neoliberal hoy impuesto estos
derechos son permanentemente violados por agentes tales como las empresas, ya
sean éstas nacionales o transnacionales, con la aquiescencia de los estados
que, en la inmensa mayoría de los casos, prefieren proteger los “derechos” de
las élites económicas en vez de los de estos pueblos. Así se ha denunciado en
muchas ocasiones a lo largo de esta última década, y así hoy se sigue haciendo
por parte de las organizaciones indígenas; estos pueblos soportan las mayores
violaciones sobre sus tierras y territorios por parte de empresas cuyo único
objetivo es la explotación salvaje de los recursos naturales para la obtención
del máximo de beneficios económicos.
Un repaso por diversos paises, sólo en el continente
americano, permite entender perfectamente la realidad de la afirmación anterior. En los últimos
tiempos del gobierno de Obama y los más recientes de D. Trump saltó a los medios de comunicación la protesta de los pueblos
sioux (dakotas) ante la construcción de un enorme oleoducto en sus tierras y el
alto impacto medioambiental que éste podría suponer. En Guatemala, el país “se
vende barato” a transnacionales mineras o hidroeléctricas, irrespetando el
reconocido derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los
pueblos indígenas que día a día se posicionan contra estas violaciones
territoriales. Honduras ocupó cierto espacio en la prensa tras el asesinato de
la dirigente lenca Bertha Cáceres por la defensa de este pueblo del río que le
da la vida; pero en este país es continuo el asesinato de líderes indígenas que
luchan por esto mismo. La firma de acuerdos de paz en Colombia, a pesar de los
grandes beneficios que éstos suponen para el país, ha traído consigo un aumento
de las muertes de líderes sociales e indígenas en todo el territorio, tras los que se
esconden interés del paramilitarismo en abierta confluencia con los de
oligarquías y trasnacionales por explotar los recursos naturales que ahora, con
el fin de la guerra, quedan abiertos a una carrera sin freno. En un salto al sur del
continente, en estas semanas, se protesta en Argentina por la desaparición (1
de agosto) del joven Santiago Maldonado, quien participaba en actos del pueblo
mapuche en la Patagonia en defensa de sus tierras y derechos. Argentina
rememora así una de las páginas más negras de su historia, como fue la última
dictadura y los miles de desaparecidos; el pueblo mapuche rememora el
permanente expolio de los últimos 150 años sobre su territorio, hoy de la mano
de empresas internacionales, como Chevron o Benetton que posee, ésta última,
casi un millón de hectáreas en este extremo del mundo.
Por todo esto en América Latina y por mucho más en ese
mismo continente y lo invisibilizado en los demás (África, Asia…), cuando se
cumple la primera década de la aprobación por las Naciones Unidas de la
Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el grito de éstos es
claro. El reconocimiento de derechos debe ir acompañado de su ejercicio porque,
por ejemplo, sin territorio no hay derechos, hay empobrecimiento y aculturación
que les aboca a la desaparición, no hay autodeterminación posible y desarrollo
propio, en suma, sin territorio no hay vida. Y esto es algo sencillo de
entender porque a todos los pueblos nos pasa lo mismo y así lo sentimos.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15033
No hay comentarios:
Publicar un comentario