Chile: Declaración pública de ANAMURI
frente a la situación de los presos políticos mapuche
29 de septiembre de 2017
Nosotras, la Asociación Nacional
de Mujeres Rurales e Indígenas, declaramos públicamente nuestro total rechazo a
la persecución y violencia que ejerce el Estado de Chile hacia el Pueblo Nación
Mapuche, persiguiendo a quienes resisten desde su cultura, al olvido
sistemático que busca implantar el modelo neoliberal hegemónico en el
territorio chileno.
El pueblo mapuche, busca liberar a los
territorios del extractivismo -lucrativo sólo para el empresariado-, el cual trae muerte y
contaminación, además de la pérdida total de los ecosistemas, a costa de la
flora endémica, las aguas y de la vida de sus habitantes. De esta manera, creemos que la lucha mapuche por
recuperar los territorios para la vida, es hoy más que nunca una tarea urgente,
que el pueblo Mapuche lleva adelante de manera digna, arriesgando la vida por
el bien común de todos/as quienes habitan los territorios. La
criminalización del pueblo mapuche es realizada por el empresariado nacional y
transnacional, por el Estado de Chile, con nuevas operaciones que suman
hermanos/as en prisión, aún sin pruebas condenatorias ni juicios justos,
siempre apoyados en montajes judiciales, y reaccionarias campañas
comunicacionales, acostumbrando al pueblo de Chile a que la justicia garantiza
derechos sólo a ricos y a empresarios.
Demandamos de manera urgente, poner fin a la
Ley antiterrorista, instrumento que fue promulgado por el dictador Pinochet,
para criminalizar a los movimientos sociales y a los pueblos originarios, y que
sólo se aplica hoy de manera racista, para condenar a luchadores y luchadoras
Mapuche, sin castigar a los verdaderos causantes del terror en la población,
quienes lucran con la vida y causan: contaminación minera, salmonera y
forestal, llevando al exterminio de bienes comunes; jubilaciones de hambre;
salud negligente; educación elitista y mercantil; y en el caso específico del
pueblo Mapuche, hostigamiento y violencia desde la niñez, atacando con gases y
armamento, incluso escuelas, liceos y los hogares de las comunidades.
La
ley antiterrorista chilena atenta contra el estado de derecho toda vez que
contiene elementos que afectan las garantías procesales de un juicio justo y
que debiese asegurar un Estado que se dice democrático. Debemos recordar la
prisión preventiva a autoridades ancestrales como la Machi Francisca Linconao ,
o el juicio a Lorenza Cayuhán, quien además de ser obligada a parir bajo los
ojos de un carcelero, engrillada, fue condenada con el testimonio de un
“operador ocasional” sin rostro, ni nombre, amparado por el Ministerio Público.
La utilización de la ley antiterrorista es arbitraria, con prisiones
preventivas que se transforman en condenas efectivas aún sin juicios; con
declaraciones de testigos anónimos y protegidos que impiden una defensa justa.
Hoy
cuatro hermanos, cuatro weichafe, ponen en riesgo su vida para exigir al Estado
de Chile el derecho a vivir en paz sin dejar de ser mapuche.
LUCHAR POR LA VIDA, LA SOBERANÍA Y
LOS PUEBLOS NO CALLARÁN
FRENTE AL AVANCE CAPITALISTA EN LOS
TERRITORIOS:
NUESTRO DEBER ES LUCHAR.
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