Pueblos
Originarios: la lucha por la tierra
El corrimiento de la frontera agropecuaria, la
concentración de tierras y la sojización son algunas de las principales causas
de la expulsión de campesinos, pequeños productores e indígenas a lo largo y
ancho del país. El agronegocio es el principal enemigo de quienes trabajan y
viven en la tierra de otro modo.
Durante la etapa kirchnerista, este proceso
que tuvo sus comienzos en los '70, continuó con el menemismo y se siguió
profundizando en el nuevo siglo, se fue consolidando y fue arrasando con ese
'otro' campo. También fue creciendo la resistencia y la organización,
principalmente en las zonas donde el extractivismo no respeta el mínimo derecho
de los pobladores.
Para entender la situación de los Pueblos
Originarios es necesario revisar varios puntos.
Tierras en disputa
La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la
Nación presentó en abril de 2013 el informe “Relevamiento y sistematización de
problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”. El trabajo
dispara que existen al menos 9.293.234 hectáreas
en disputa que son pretendidas por sectores privados o por el propio Estado.
El estudio registró un total de 857 casos que
afectan a 63.843 familias. Del total de conflictos relevados, el 32% (278)
afecta a indígenas. En la mitad de los casos se registran hechos de violencia
para obligar a las familias a abandonar las tierras. Además, de la totalidad de
casos sólo el 39,6%o fue relevado hasta entonces como dispone la Ley 26.160
(aprobada en 2006, que frena los desalojos judiciales y ordena el relevamiento
de los dominios de esas tierras). Entre las razones que originan los conflictos
territoriales que afectan a pueblos indígenas se menciona en primer término el
pedido de reconocimiento de territorio indígena (19,3%), le sigue en
importancia títulos incompletos o inexistencias de títulos (12,1%), e invasión
y usurpación de tierras (10,3%) y despojo (9,4%).
En cuanto al tiempo de vigencia de los
conflictos relevados, se observa que el 33,5% tienen 20 años o más de
antigüedad (por lo que están amparados por la usucapión o el derecho
veinteañal, que permite reclamar al Estado el reconocimiento de sus derechos
posesorios), el 43,1% entre 1 y 9 años y el 20,9% entre 10 y 19 años. “Esto
podría atribuirse al impacto sobre la estructura agraria y los agricultores
familiares de los cambios en el uso productivo de la tierra y la expansión de
la frontera agropecuaria”, dispara el informe.
La región que cuenta con mayor conflictividad
dentro del trabajo realizado en este primer informe oficial es el Noroeste, que
concentra el 28,2% de los casos. Sigue la Patagonia (21,1%), NEA (19,8%),
Centro (19,1%) y Cuyo (11,7%). Las provincias con mayor cantidad de hectáreas
en disputa son Salta (1.673.308), San Juan (1.236.709), Mendoza (1.225.805) y
Jujuy (1.225.805).
Sin embargo, es Misiones la provincia con el
mayor número de familias afectadas: 20.249. Es seguida por Salta (14.908),
Neuquén (3.976) y Santiago del Estero con 3.528 casos.
Aunque cuenta con grandes limitaciones, sobre
todo dado que el relevamiento de conflictos fue realizado en sólo tres meses de
2011, es una muestra representativa de la situación pero que no la abarca en su
totalidad.
A modo de síntesis, el trabajo identifica al
menos tres problemáticas, no excluyentes entre sí, que pueden complementarse
según la particularidad de cada caso: 1) Inseguridad en la tenencia de la
tierras: desalojos de familias rurales y éxodo de población rural; 2)
Vulnerabilidad: dificultad o imposibilidad de acceso a la tierra y al agua; 3)
Situaciones de falta de titulación dominial (posesión).
Además, afirma que “los problemas de tierra se
han intensificado con el gran crecimiento que registra la megaminería, el
desarrollo del turismo y los procesos de patrimonialización”. También destaca
la aparición de “nuevos propietarios” con títulos inciertos, “entregas
indiscriminadas de tierras fiscales, cercamientos, desalojo de poseedores
ancestrales de campos de cultivo y sus viviendas, destrucción de los canales de
riego y pircas milenarias, ausencia de respeto a la propiedad de otros, tala de
árboles centenarios, riesgo de contaminación y apropiación de acuíferos
subterráneos, incumplimiento de la Ley de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico”.
Desalojos, leyes y
relevamientos
A finales de 2006 el Congreso Nacional
sancionó la Ley N º
26.160. Ésta declara la emergencia en materia de “posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspende la
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de las tierras”. Además, durante los primeros tres años
de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debía
realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de
las tierras.
El relevamiento nunca se concretó y, a partir de eso, en noviembre
de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley N º 26.554. En septiembre
de 2013 se volvió a repetir la situación y a través de la Ley N ° 26.894 se extendió el
plazo hasta el 23 de noviembre de 2017.
Durante todo el transcurso de aprobada la ley a la actualidad, los
desalojos, amenazas y violencia contra Pueblos Originarios no ha cesado. En
algunos casos, como en la provincia de Formosa, se han incrementado los niveles
de violencia.
Según la última investigación presentada en julio de 2013 por el
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que realiza un seguimiento de la
problemática, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5% de las
comunidades y se utilizó el 76% del presupuesto. Sobre un total de 1578
comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197 y las provincias con
mayores conflictos territoriales tienen un nivel de ejecución escaso y hasta
nulo, como en Neuquén y Formosa.
El trabajo titulado “Nueva advertencia sobre la
inejecución de la Ley 26.160”
advierte el mal uso y desvío de los fondos, la desinformación por parte de
funcionarios públicos, la falta de ejecución de los relevamientos y la
continuidad de atropellos a los derechos de los indígenas.
En las provincias con mayor presencia de
comunidades originarias y de mayor conflictividad territorial, el trabajo da
cuenta de la falta de cumplimiento. En Neuquén y Formosa, en las que existen al
menos 61 y 182 comunidades, respectivamente, para ese entonces y a casi siete
años de aprobada la ley, la ejecución había sido nula. En la provincia de
Chaco, que tiene registradas 101 comunidades, se relevaron sólo dos. En
Misiones fueron relevadas 18 de 103, en Río Negro 50 de 124, en Santiago del
Estero 12 de 52, en Chubut 14 de 108 y en Jujuy 30 de 295.
Recién para diciembre de 2013 comenzó el
relevamiento en la
comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. El
caso es quizás uno de los más mediatizados de los últimos tiempos, sin embargo
eso no impidió que se repita la misma situación que en conflictos más invisibilizados.
La comunidad denuncia una serie de irregularidades y rechaza el relevamiento
del INAI. El rechazo está bien fundado: 17 familias, incluyendo la de Félix Díaz ,
quedaron fuera del territorio comunitario reconocido. Además de la falta de
consulta y participación de la comunidad, entre otras irregularidades. En un
comunicado afirman que la comunidad “quedó sumamente decepcionada y enojada por
la forma de proceder y por los resultados del relevamiento territorial”.
“La contracara de esta prolongada demora en
consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el
elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los
derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y
provinciales han olvidado”, dispara el informe de Endepa.
En 2010 varias organizaciones campesinas
presentaron un proyecto de ley (que después del asesinato del campesino de
Santiago del Estero, miembro del Mocase-VC, Cristian Ferreyra, lleva su
nombre). El nuevo proyecto ordena frenar los desalojos por cinco años, realizar
relevamientos los tres primeros y declarar la función social de la tierra. Sin embargo y a pesar de haber contado con apoyo del oficialismo
en un primer momento, que se comprometió a aprobarla antes de que finalice el
2012, esto nunca ocurrió. Como tampoco el respeto de la Ley N º 26.160 y de ninguna
de sus prórrogas.
Según el relevamiento de las organizaciones que redactaron el
proyecto en ese entonces, 300 mil familias fueron expulsadas de sus territorios
ancestrales y destinadas a vivir en los barrios más pobres de las grandes
ciudades.
Los territorios son el principal campo de batalla donde se
encuentran distintos modelos de producción y donde chocan los intereses. Los
desalojos, las represiones, la violencia, la expulsión, crecen paralelamente
con el corrimiento de la frontera agropecuaria y la profundización del
extractivismo.
Profundización del modelo (sojero)
La primavera de 2011 fue testigo del anuncio
de una de las políticas más ambiciosas y a su vez más clara del gobierno
nacional: el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA 2020).
En 1991 se sembraron cinco millones de
hectáreas con soja en el país. Para el año 1996, cuando se aprobó el ingreso de
la semilla transgénica, la superficie sembrada era de seis millones. En el año
2003, cuando asume Néstor Kirchner, era de 11 millones. El año 2012 cerró con
un nuevo récord que fue presentado como un logro: 19,8 millones de hectáreas
fueron sembradas con soja, lo que equivale al 56% de la tierra cultivada en
todo el país. Con el PEA, para el año 2020 la superficie de tierra cultivada
con soja podría superar los 25 millones de hectáreas.
Según el informe “Producción de soja en las Américas:
actualización sobre el uso de tierras y pesticidas”, elaborado durante meses de
trabajo en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, en 2010, más del 50%
de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores
del país. Esto demuestra el grado de concentración de la producción, que va de
la mano con la sojización, y también la desventaja competitiva en la que se
encuentran quienes realizan agricultura en pequeña escala frente a la empresa
del agronegocio que cuenta con un combo de maquinarias, transgénicos,
agroquímicos, y toda la tecnología y los medios
de producción a su alcance.
Lo que no dijo la presidente cuando presentó con orgullo las metas
que “impulsarán al país como potencia alimentaria” es quiénes son los que pierden.
Los Pueblos Originarios y campesinos son los perdedores implícitos en el plan.
Para alcanzar semejantes cifras es necesario avanzar aún más sobre territorios
indígenas o campesinos, lo que se traduce en más desalojos y expulsiones, más
violencia, deforestación, y mayores usos de tecnologías como transgénicos y
agrotóxicos. Y por otro lado en mayor concentración de la tierra, mayores
ganancias para los empresarios del agronegocio, para las multinacionales, para
las exportadoras de granos y una cada vez más profunda reprimarización de la
cadena productiva.
De su propia voz
En el año 2010, en el marco del Bicentenario,
se dio un hecho histórico que recordó a aquel Malón de la Paz de 1946, pero que
esta vez reunió a indígenas de todas partes del país. Los Pueblos Originarios
llegaron hasta la Plaza de Mayo y luego, algunos representantes fueron
recibidos por la
Presidente. La principal demanda de los pueblos fue el
territorio y el respeto de sus derechos.
El periodista Darío Aranda, autor de Argentina
Originaria, en una crónica completa dio a conocer el diálogo entre la
Presidente y las autoridades indígenas. A partir de los audios de la reunión de
la mandataria con 15 autoridades indígenas pudo reconstruir el diálogo en el
que puede leerse claramente cuál es la posición de Cristina Fernández frente a
los reclamos y las incertidumbres presentadas por los referentes.
La reunión, como describe Aranda, comenzó con
agradecimientos mutuos y clima ameno, “pero pronto pasó a las respuestas
insatisfactorias, chicanas, reproches y se transformó, para las comunidades, en
decepción”. La Presidente aclaró que priorizará la actividad petrolera por
sobre las comunidades, les pidió ser “inteligentes” (varias veces) para
“aceptar los avances de la modernidad” y finalizó con una triste comparación
entre momentos históricos diferentes para negar u omitir una realidad: el
genocidio, el abandono y el silencio histórico del Estado argentino con los
Pueblos Originarios.
La crónica y los audios de la reunión son más
que claros y hasta chocantes. La prioridad del modelo extractivo sobre los
derechos de los indígenas, la falta de anuncio o respuesta concreta respecto a
los pedidos de la marcha, y el llamado constante a ser “realistas” e
“inteligentes”, son algunas de las conclusiones más directas que pueden
sacarse.
Pasaron cuatro años de aquella histórica
marcha y los reclamos llevados por las comunidades siguen aún vigentes, algunas
de las problemáticas se profundizaron, y la Presidente cumplió con su palabra
de darle prioridad al extractivismo.
Incompatibilidad
El extractivismo es la actividad que se basa
en la explotación de los recursos naturales. El agronegocio (con la soja como
pilar), la megaminería, las explotaciones hidrocarburíferas (sumadas las no
convencionales, y el fracking como nuevo recurso tecnológico) y el monocultivo
de árboles son las principales actividades extractivas en el país. El rumbo del
gobierno, que ya lleva más de una década, se dirige a seguir profundizando esta
política.
Comunidades indígenas en diferentes puntos del
país sufren las consecuencias. Los que son desalojados por el corrimiento de la
frontera agropecuaria, los que sufren las terribles consecuencias de la
megaminería, los que ven sus territorios tomados por petroleras, los que sufren
represiones por resistir o reclamar, los que son judicializados, los que son
asesinados, los que sufren violencia constante por parte de empresarios y
sicarios, los que sufren los efectos de los agrotóxicos, los que sufren el
hambre y el abandono. Junto con esto, va creciendo la cantidad de familias
expulsadas de sus territorios y obligadas a pasar a engrosar las villas en las
grandes ciudades.
Mientras tanto el extractivismo se cobró una
docena de vidas sólo en los últimos cinco años. Los asesinatos (y algunas
“muertes dudosas”) se dieron siempre en comunidades con algún grado de
conflictividad y/o resistencia. Javier Chocobar en Tucumán (2009), Sandra
Juárez en Santiago del Estero (2012), Roberto López y Mario López en Formosa
(2010), Mártires López en Chaco (2011), Cristian Ferreyra en Santiago del
Estero (2011), Miguel Galván en Santiago del Estero (2012), Celestina
Jara y la beba de diez meses Lila Coyipé en Formosa (2012), Imer Flores en
Chaco (2013), Juan Daniel Díaz Asijak en Formosa (2013), Florentín Díaz del Chaco
(2013).
Toda esa sangre regada en la tierra tiene como
correlato común el silencio de la Presidente que jamás se pronunció frente a
estos asesinatos. Tampoco de la grave situación de tantas comunidades que viven
en extrema pobreza sin recursos básicos como el agua, alimentación y vivienda
digna.
El Estado pone todas sus fichas en las
actividades extractivas, en la explotación de los recursos naturales,
principalmente de manos de empresas transnacionales. Es ahí cuando choca con la
vida y con los derechos de las comunidades originarias. Cuando Cristina
Fernández de Kirchner pedía que sean “inteligentes” en aquel acto de
subestimación, lo que estaba pidiendo es que dejen avanzar a las industrias
extractivas y que aprovechen las situaciones (los que pueden, si es que hay
algo).
Durante todos estos años eso no sucedió. Si
bien un gran sector es cercano al gobierno y otros apoyan ciegamente proyecto
“nacional y popular”, es un hecho que el movimiento indígena ha encontrado cada
vez más espacios para la organización y la lucha. Así también como
ha ido creciendo la resistencia en varias comunidades.
Jorge Nahuel, werken de la Confederación Mapuche
de Neuquén y miembro del Consejo Plurinacional Indígena, en una entrevista en
la edición de SURsuelo de enero de 2013 concluyó: “El modelo no es compatible
con la vida de los pueblos originarios, por el contrario, ese modelo de
depredación y destrucción confronta directamente con lo que los indígenas
vienen promoviendo: una vida basada en el respeto y la armonía con el entorno
natural que siempre nos rodeó y que queremos preservar”.
Fuente: http://brujulacomunicacion.com/index.php/cooperativa/periodico-sursuelo/item/801-pueblos-originarios-la-lucha-por-la-tierra
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