El CELS sobre Luciano
Arruga:
“La impunidad se construyó en los primeros momentos”
31 de enero de 2020
Para conocer detalles de la causa
judicial ante un nuevo aniversario del secuestro, asesinato y posterior
desaparición de Luciano Arruga, los
medios comunitarios, alternativos y populares* que acompañamos a la familia,
dialogamos con Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Durante la charla destacó el rol
activo del grupo de Familiares y Amigos, y resaltó que la impunidad se
construyó desde la
justicia. Este viernes a las 18 se realizará una radio
abierta frente a la Municipalidad de San Justo. El sábado, desde las 17, será
la marcha desde Gral. Paz y Mosconi (Lomas del Mirador), hasta la Plaza Luciano
Arruga en el Barrio 12 de octubre, donde a las 20:30 se
proyectará la película «¿Quién mató a mi hermano?».
Por Medios
comunitarios, alternativos y populares.
Entrevista | Natacha Bianchi (La
Retaguardia/Radio Zona Libre), Daniel Giovannini y Graciela Gurvitz (La
Colectiva), Paulo Giacobbe (La Retaguardia), Paula Lorenzo (La Tribu) y Nicolás
Carral.
Edición | Daniel Giovannini, Fernando
Tebele (La Retaguardia), Giselle Ribaloff y Nicolás Carral.
La
trama de la represión estatal, deja golpes, pérdidas y también preguntas. La
causa judicial de Luciano , a 11 años
de su desaparición, secuestro y muerte, sigue teniendo en vilo a la familia con
una respuesta en deuda. La verdad no cuenta como moneda corriente en los
pasillos de la
justicia. Quien acompaña la causa judicialmente hace más de 6
años es el CELS.
Es una tarde de mucho calor, típica de enero, y acordamos
encontrarnos con Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el edificio de la calle Piedras , en
los bordes del centro porteño. Somos siete periodistas en total. Nos consultan
si todos y todas preguntaríamos; respondimos que sí. En el segundo piso del
Centro de Estudios legales y Sociales, a salvo del sol y de las calles angostas
de San Telmo, prendimos los grabadores, acomodamos la cámara, y luego de casi
una hora de entrevista colectiva, salió un relato con la información necesaria
para dejar en claro que la lucha por verdad y justicia por Luciano no va a cesar.
La primera pregunta aparecía como obvia, ¿qué pasa con la causa
judicial? Paula Litvachky, a cargo del área de Justicia y seguridad del CELS,
respondió: “se están haciendo algunas medidas de prueba que estaban pendientes
y en un marco de grandes dificultades para conseguir líneas de investigación
que tengan alguna perspectiva de encontrar verdad y justicia. Estamos tratando
de impulsar que se tomen medidas de prueba, hay que revisar lo que se hizo para
encontrar líneas. Es una situación difícil y es una causa judicial difícil y
muy trabada. Sobre todo por la pésima investigación, para ponerle un título que
no hable del juez y las fiscales. Lo que pasó con la investigación en los
primeros momentos de la desaparición de Luciano
construyó las condiciones para la impunidad y para que todos estos años sea muy
difícil”, indica, responsabilizando por primera vez en la charla al juez Gustavo Banco y a las fiscales Roxana Cejas y Celia
Castelli. “Lo que uno puede plantear en el marco de una causa judicial siempre
está muy condicionado por cómo se hicieron las cosas en su momento y cómo uno
puede lograr timonear y mover las cosas dentro de la causa judicial como para
que se abra un escenario que despliegue alguna posibilidad de darle respuesta a
las familias y construir verdad y algún tipo de justicia y reparación”,
refuerza. “Lamentablemente no tengo para decir ahora que la causa tiene una
perspectiva súper optimista”.
El
jury, una historia de nunca empezar
En el último tiempo, Vanesa Orieta, la hermana de Luciano , mostró su preocupación por el estado de los
pedidos de enjuiciamiento contra Banco, Cejas y Castelli. Litvachky detalla cómo
está esa parte de la batalla contra la justicia, un trámite que comenzó en
2012. “En paralelo a eso hay otro proceso, que no es una causa judicial sino
que es el Jury de enjuiciamiento a quienes estuvieron a cargo de la
investigación en los primeros momentos, en la Provincia de Buenos Aires. Eso
también se viene promoviendo y es muy dificultoso. Ahí lo que tenemos es algún
avance por el esfuerzo, básicamente, de la familia, de la red de amigos y
colaboradores de la familia de Luciano .
Y la expectativa es que durante este año podamos hacer que se abra el Jury para
poder llevar a la discusión pública cómo fue la investigación de Banco, de
Castelli y de Cejas. En eso sí tenemos alguna expectativa de que avance porque,
con mucha dificultad y después de muchos años, logramos llegar al punto que
podemos llegar a tener lo que sería un juicio, no es un juicio criminal sino
que es un juicio disciplinario”. Sin embargo da cuenta también de las
dificultades que se presentan: “viene un poco trabado también por otro tipo de
dificultades. Por un lado, que el sistema político de la provincia de Buenos
Aires en su totalidad no acompañó nunca la promoción de ese juicio político y
evaluar las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de una
investigación que llevaron directamente al fracaso. Por distintas razones, por
impericia, por connivencia, por clasismo. Me parece que eso es lo que podría
definir más que nada la razón por la que en su momento hicieron lo que
hicieron. Y por vínculos y, bueno, relaciones con la propia policía que era el
objetivo principal de la investigación”.
La referente del CELS subraya responsabilidades políticas en el
encubrimiento, aunque las limita a la órbita provincial. “El sistema político
de la provincia de Buenos Aires puso muchos obstáculos y muchas trabas a que
ese Jury avance. Con mucho esfuerzo se logró llegar hasta este momento. Y sólo
acusamos nosotros: la familia con el acompañamiento del CELS. No hubo acusación
ni de la Procuración ni de la Comisión de acusación de la Legislatura provincial.
Eso me parece que es todo un dato del sistema político provincial. Y además no
fue noticia. No pasó nada. Sólo nosotros dijimos ‘hay que llevarlos a juicio’
para que por lo menos se conozca públicamente la acusación y que ellos se
defiendan públicamente y no acompañó ni la Legislatura ni la Procuración”. Esos
no son los únicos escollos sino que además se fijó un monto inaccesible para la
familia de Luciano a modo de
caución: “Son 250 mil pesos, que es una especie de lo que ellos dicen
resguardo, porque si uno acusa y pierde, el perjuicio que les causó a las
personas que acusó tiene que estar de alguna manera resguardado por ese dinero.
Nosotros estamos discutiendo esa decisión y no deja de ser un obstáculo más que
va a demorar que se lleve a juicio. Estamos tratando ahora de ver si se abre un
poco más el sistema político provincial y se logra tener más apoyo, porque,
evidentemente, llegar tan solos a esa instancia de acusación es una situación
compleja y se va a necesitar de apoyo fuera y de apoyo político también para
llevar adelante esa acusación. Lo que queda claro es que la corporación
judicial y la política no están sosteniendo la posibilidad de que se pueda
investigar a quienes llevaron al fracaso la investigación y en un caso además
tan público, que se convirtió en un caso de agenda. Parece bastante sintomático
eso”.
Modelo de
impunidad
Sentada ante una mesa con varios grabadores, tazas de café y
jarras con agua, Litvachky se apresta a repasar momentos clave de la causa
impulsada por los Familiares y Amigos de Luciano
Arruga, pero antes define una vez más la acción de la justicia provincial
durante casi cinco años: “Es un trabajo práctico de cómo se puede frustrar
construir verdad. Si uno estudia un poco qué pasó ahí, claramente se dieron las
condiciones para que el caso no pueda ser investigado o sea de muy dificultosa
investigación”. Los despropósitos judiciales que se fueron descubriendo con el
paso de los años muestran “ cuestiones que son muy relevantes para ese
análisis, porque, por ejemplo, todo lo que fueron las escuchas a la familia…
eso es un indicador muy claro de que la investigación estaba siendo desviada,
de alguna manera, o pensada de una forma en que nunca iba a lograr construir
verdad. Y además de eso, cuando la familia planteó que eso era algo que había
afectado su privacidad, que había afectado su derecho, que ellas se sentían
totalmente ofendidas con lo que había hecho el Estado y demás, eso no fue nunca
asumido o tomado como tal. Tan es así que para nosotros la cuestión de las
escuchas es una de las cuestiones principales de la acusación y del jurado de
enjuiciamiento y durante un montón de tiempo estuvimos peleando porque los
acusados, el juez y las dos fiscales, pretendían que el contenido de esas
escuchas se volcara al trámite del expediente del trámite de enjuiciamiento
como si el contenido de esas escuchas pudiera representar alguna posible
defensa para ellos. Y nuestra discusión, que hasta ahora la venimos ganando,
fue todo el tiempo que eso sería revictimizar, profundizar la privación del
derecho a la privacidad, que de ese contenido no hay nada que pueda salir
vinculado a nada que tenga que ver a una defensa posible de una investigación.
Por ahora eso venimos ganándolo”.
Yo la
hago, yo la investigo
“La otra cosa central de la discusión —indica Litvachky— es cómo la
Policía bonaerense estuvo metida dentro de la investigación desde el primer
momento. Bueno, las escuchas, de alguna manera tuvieron que ver con eso, porque
fueron parte de las recomendaciones a la primera fiscal sobre lo que había que
hacer y a la segunda también, para seguir investigando. Quienes venían pensando
en las posibles hipótesis de investigación eran de la propia bonaerense. Otra
de las razones principales de la acusación fue no haber cumplido con la
resolución 1390. Es una resolución de la provincia de Buenos Aires,
del Ministerio Público, que dice que si en una causa judicial está siendo
investigada una fuerza de seguridad, esa fuerza de seguridad no puede estar en la investigación. No
puede tener ningún tipo de involucramiento en la investigación y menos que
menos llevar adelante la investigación, meterse en la casa de la familia como
se metieron,”, repasa.
—Nosotres: ¿Se investigó sólo a la familia o también a la
policía, al Santojanni, a gente de la morgue?
—Paula Litvachky: En los primeros momentos de la investigación
no hay investigación sobre la
policía. Eso es lo que se tardó un montón de tiempo hasta que
el caso finalmente se logra federalizar. Ahí es donde se empieza a pensar la
hipótesis de involucramiento policial y al mismo tiempo se hace el habeas
corpus y se logra encontrar a Luciano .
Luego de eso escuchas no hubo, porque además, era difícil después de tanto
tiempo justificar ese tipo de intervención. Sí se hicieron otras medidas de
prueba, entrecruzamientos, la cuestión del ABL (rastreo de ubicación y
velocidad) de los patrulleros para ver por dónde habían pasado. Es decir,
varias cosas todas muy demoradas, todas muy dificultosas. O sea, ellos pueden
decir en su defensa, ‘ hicimos todas estas pruebas’ El tema es cómo lo
hicieron, en qué tiempo, con qué profundidad, ahí hay que discutir una cosa un poco
más profunda. En el ámbito federal, ahí se lograron algunas declaraciones, pero
tampoco con tanta profundidad y hay que reconstruir todo eso y eso es lo que
viene muy demorado.
—N: ¿Y qué medidas de prueba son las que se podrían hacer a
futuro?
—PL: Eso es parte de lo que venimos discutiendo, algunas pruebas
van a dar negativas porque después de tanto tiempo va a ser muy difícil que
eso… entrecruzamientos de llamadas, cosas que se pierden… Estamos pensando en
algunas declaraciones nuevas que tampoco queremos poner sobre la mesa por
completo.. A veces, cuando te pasa esto tenés que hacer una especie de lectura
de nuevo de absolutamente todo para volver a pensar líneas que te quedaron
sueltas en su momento y que ahora, ya después de descartadas algunas líneas,
tenés que volver a tomar. Entonces, sobre todo, seguir explorando sobre algunos
testimonios más y algunos cruces de llamadas para ver si podemos lograr alguna
hipótesis distinta. Que también esa es otra dificultad, porque uno como
querella tiene potestades limitadas. O sea, uno puede proponer alguna cosa,
pero tiene que convencer a quien está a cargo de la investigación de las
hipótesis nuevas y que todo el esfuerzo estatal se dirija hacia ese lado.
—N: Y vemos que las irregularidades son hábito, también, no pasa
sólo en lo de Luciano eso.
—PL: ¿Las irregularidades policiales? Si, por supuesto. También
en la de torturas, que finalmente después de muchos años se logró tener una
condena que fue importantísima. Permiten abrir todo otro ámbito de cuestiones
para mirar, para discutir, para denunciar, porque lo que te muestran es un
trabajo absolutamente degradado de la Policía bonaerense en aquel momento y que
persiste hasta hoy. Entonces, cuando vos vas y ves qué pasaba en las distintas
comisarías en ese momento y mirás los libros, que están adulterados, el
personal que supuestamente tenía que estar en funciones no estaba en funciones,
había uno que tenía que estar en un lado y se había ido a buscar a
otro…entonces, eso también hace muy difícil cualquier tipo de investigación.
Para poder descartar irregularidades, funcionamiento muy, muy sospechoso,
pongámosle, de quienes están involucrados en la investigación y que a vos
después te dicen “no, en realidad me fui a buscar a mi amante a la estación de
tren”. Entonces ¿eso estaba vinculado al desvío de la investigación y el
encubrimiento o que el tipo estaba en cualquiera? No estoy diciendo que no
tengan responsabilidades, lo que estoy diciendo es que todo le va agregando una
cantidad de capas de dificultad, pero lo que queda en evidencia es que todo eso
está construido también para garantizar impunidad, porque no hay absolutamente
ningún control de la función policial. Además, la función policial está
degradada, porque lo que vos ves es que hacen cualquier cosa. Y no lo vemos
únicamente en la causa de Luciano .
Los primeros meses de la causa de Luciano ,
si uno lo mira ya en términos de investigación sociológica y no tanto jurídica,
puede ir sacando eso. Nosotros tenemos, y otras organizaciones también, causas
en donde está involucrada la policía bonaerense: la muerte de los pibes de
Esteban Echeverría por el incendio a la comisaría o la de Pergamino , y vos
te acercás y pedís los libros, a ver ¿quién estaba, quién no estaba, qué
estaban haciendo? El sistema anti—incendio, si estaban los patrulleros
¿llamaron o no llamaron? Y empieza a haber condiciones de posibilidad para que
se cometan infinitos delitos para generar violencia y para generar impunidad.
Porque no hay chances de que eso después alguien lo pueda controlar de alguna
manera o pueda exigir respuesta o responsabilidad. Y si se logra, como se logró
ahora en Pergamino, es por una pelea con un esfuerzo impresionante de los
familiares de las víctimas y de las organizaciones que ponen el cuerpo para
romper esa lógica de impunidad. Claramente ahí se ve un patrón. Se ve un patrón
en el funcionamiento policial y se ve un patrón también en el modo en que el
sistema de justicia responde en estos casos y donde sin duda aparece una
cuestión clasista, discriminatoria, de falta de empatía total con algunas
víctimas, cruzada por la violencia, por la estigmatización y por lógicas muy
extorsivas. Además, generan o reproducen lógicas de violencia con quienes
tienen contacto con el sistema penal. Eso mismo también mostró la causa en la
que se condenó a los policías por la detención arbitraria y las torturas de Luciano .
N:
Hay tres legislaturas que le han dado la espalda al Jury. Apelando a la
experiencia del CELS ¿Qué habilitó en paralelo el tratamiento de la causa por
torturas que pareciera haber sido ejemplar?
—PL: Yo creo que fue la lucha de la familia y la capacidad de
instalar públicamente que eso estaba pasando. Logramos vencer un poco la
estigmatización y la idea de que en realidad Luciano
era el culpable y que era mentira lo que estaba pasando. Ahí se logró construir
algún nivel de empatía y de verdad sobre que él había sido víctima. El hecho de
gran éxito del caso fue que se haya considerado tortura. Logramos probar que el
sufrimiento y la violencia psíquica sobre él había sido tal que el tribunal
confirmó que esto podía ser considerado tortura. Cuando termina pasando esto
uno puede encontrar una multiplicidad de factores que te van allanando el
camino hacia un hecho positivo. Creo que tuvo que ver con cómo se construyó
eso, cómo la familia movilizó para construirlo y que después de muchísimos años
de luchar y batallar por la cuestión de la desaparición en sí se pudo ir por
este otro lado para mostrar que esa desaparición había sido consecuencia de
violencias previas que había sufrido. Bueno, se logró probar y a veces uno
tiene un poco de suerte con la integración del tribunal, porque hay veces en
las que uno hace más o menos lo mismo y el tribunal no hay forma de que logre
vencer sus prejuicios.
—N: La sentencia de Torales, ¿se toma en cuenta en la causa
federal?
—PL: Se lo tomó en cuenta para que se califique el hecho de modo
tal que pueda ir a federal. Esa concatenación de violencias daban verosimilitud
o indicios para que se pueda decir ‘esta desaparición tiene que ser investigada
en el ámbito federal’. Lo que pasa es que hasta ahí llegamos y uno después
tiene que construir y conseguir más prueba para demostrar qué fue lo que pasó
en ese momento concreto y ahí ya no sirve y lo que hayamos logrado probar en
los momentos previos. Pero sí para poder haber llegado hasta acá. Sin duda, va
a servir para el Jury, porque, entre otras cosas, esos funcionarios judiciales
que intervinieron en ese momento no hicieron las denuncias que tenían que hacer
sobre esos hechos. Eso es otro punto para nosotros que habla de la mala
intervención que tuvieron, lo que sería técnicamente la violación de sus
deberes funcionales, que es la razón por la que están sometidos al Jury de
enjuiciamiento.Es una información muy relevante de contexto que una vez que
tenés que investigar exactamente los hechos no te alcanza para abrir y decir
“voy a imputar a tal persona, voy a avanzar en la investigación”.
Un silencio se interpone entre cada pregunta y cada respuesta.
Un ping-pong de miradas sobre la mesa que reúne a los medios populares,
alternativos y comunitarios con la directora del área de Justicia y Seguridad
del CELS. Nos encuentra atentos y atentas a cada detalle de lo que se desliza
en esta entrevista. Todo conduce a lo fundamental de la verdad.
—N: Pasados tantos años ¿Se puede llegar a la verdad, a qué
realmente pasó con Luciano ?
—PL: Yo sólo puedo decir que sí. Hay que mantener ese nivel de
esperanza, de expectativa, porque no somos nosotros quienes tenemos que bajar
los brazos. Además, nuestra historia de lucha por verdad y justicia en crímenes
de Terrorismo de Estado también muestra que en ese sentido la pelea no se
abandona. Después uno se enfrenta a obstáculos y a problemas con el Estado. A
veces la causa judicial tiene impacto en la construcción y en la construcción
política y de agenda, y uno tiene frustración o dolor porque no tiene un resultado
muy concreto de la causa judicial, pero en el proceso ése va construyendo un
montón. Eso es lo que uno admira también de la familia de Luciano , la fortaleza en momentos cuando nadie
hablaba del tema. Ahora está más instalado, está más abierto, tienen mayor
conocimiento público. En ese momento era una situación muy cerrada.Cuando uno
mira para atrás todos estos años y ve el recorrido de Vane, el recorrido de la
mamá de Luciano y cómo fueron
convirtiéndose en figuras públicas y fueron haciendo de su vida también una
militancia, eso es absolutamente admirable y tiene mucho que ver con la
Argentina, en ese sentido. Pero eso a veces no necesariamente se traduce en que
uno va a tener una respuesta judicial con la que esté satisfecho. A veces pasa,
a veces no pasa. Pero ese proceso, ese camino de construcción por fuera de lo
judicial es impresionante.Para nosotros es central ver que logramos con el Jury
de enjuiciamiento porque hay una gran discusión sobre la responsabilidad
estatal en la desaparición y hay una gran discusión también sobre la
responsabilidad estatal en la
impunidad. Y la discusión sobre la impunidad es una discusión
sobre el poder judicial. Entonces tienen que dar respuesta, se tienen que
sentar ahí a responder qué es lo que pasó.
—N: Hablabas de impunidad y un tema que me parece que aparece en
la causa de Luciano y aparece en
muchísimas otras causas es el tema morgues. Recuerdo parte del documental Antón
Pirulero que trata mucho la temática¿Cómo ve el CELS un tema que nos parece que
representa no solamente la causa de Luciano ,
no solamente la inundación de La Plata, sino también causas de lesa humanidad
de la última dictadura cívico-militar?
—PL: Es un tema determinante también en los casos de
desaparición de mujeres. Es de los primeros en importancia para nosotros, en la
agenda política y en la agenda judicial y de la agenda institucional. Y hay que
trabajar para construirlo socialmente, porque me parece que lo que le pasó a Luciano , lo que le pasó a la familia, de encontrarlo
a él después de tantos años (enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita)
muestra cómo funcionan las instituciones en ese sentido, las irregularidades,
la ausencia de una política en serio de búsqueda de personas desaparecidas. Eso
no alcanza únicamente a la discusión sobre la violencia policial o únicamente
sobre cuestiones de femicidios, que tienen mucho que ver a veces, o cuestiones
de lesa. Cruza varias agendas. La Provincia de Buenos Aires tiene un problema
gigantesco de irregularidades sobre cómo funcionan los cementerios o como
funciona ese circuito, sobre lo que hay que prestar mucha atención. Y a nivel
nacional, también muy importante, cómo se busca personas desaparecidas. El
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabaja y piensa mucho sobre
este tema, que tiene que ver con algo central también construido en Argentina
sobre el derecho a la
verdad. Y la incapacidad de las instituciones. De nuevo, por
connivencia, por irregularidades, por desidia, por falta de presupuesto. Porque
no se generan ámbitos estatales que se pongan a hacer las cosas como se tienen
que hacer y a pensar seriamente el trabajo vinculado a desaparición, a personas
enterradas que no se sabe quiénes son ni dónde están. Se cruzan prácticas
históricas de violencia policial, de violencia estatal. En la medida que no
podamos designar alguna de esas cosas, siempre todo va a quedar como
enmarañado, turbio y sospechoso. Lo que le pasó a Luciano ,
muestra todas estas cosas, y tendríamos que poder trabajar para intervenir
también en estos aspectos, sobre la cuestión de la morgue, de los cementerios,
de la búsqueda de personas, los hospitales, los certificados, los poderes
judiciales que tienen causas y que entierran personas sin que se haga la más
mínima averiguación de nada. Con una desidia que en general, de nuevo, voy a
ser repetitiva, está cruzada por la clase. Es un pobre que no le importa
absolutamente a nadie. Ahí hay una madre que estaba buscando a ese chico…
¿ Quién
mató a mi hermano?
En la película que se estrenó el año pasado, dirigida por Ana
Fraile y Lucas Scavino, salió a la luz un informe médico forense realizado por la Dra. Virginia Creimer.
En él se da cuenta de que Luciano
estaba vestido con prendas que no eran suyas al momento de haber sido
atropellado en la Av.
Gral Paz , mientras “corría desesperado, como escapando de
alguien”, según relató el joven que conducía el vehículo que lo embistió. La
familia se sorprendió cuando tuvo acceso a ese informe, durante el proceso de
investigación de la
película. Quienes han podido ver la película también sufren
el impacto de una prueba del sadismo que debió haber sufrido Luciano en sus últimas horas de vida. “Fue la
bonaerense”, asegura Creimer que pensó apenas vio las fotos del cuerpo de Luciano .
—N: El año pasado salió una película que se llama ¿Quién mató a
mi hermano? Sobre el final del documental que cuenta la historia de Luciano , sobre todo la lucha y la búsqueda de la
familia, habla la
perito Virginia Creimer. Allí cuenta cómo encuentran a Luciano sobre un peritaje que ella hace y habla
sobre la vestimenta, ciertas lesiones ¿Ustedes tuvieron acceso a eso? Los
medios por lo menos quedamos impactados porque ese dato no lo teníamos.
—PL: ?Te referís al análisis que hace ella misma en el marco
cuando trabajaba en el Ministerio Público Fiscal? Bueno eso no está incorporado
formalmente al expediente. Eso es parte de lo que estamos trabajando ahora para
ver cómo se puede incorporar.
—N: ¿Hay una razón política de por qué no se incorporó?
—PL : No sé. Estamos en conversación con la familia para pensar
cómo se va a incorporar y qué validez va a tener eso una vez incorporado. Si
pasa a ser una cosa como parte del trabajo del Ministerio Público Fiscal o es
algo incorporado de la familia que lo hizo una perito con experiencia. Pero al
mismo tiempo habrá que discutir entonces qué validez jurídica va a tener eso en
el marco del expediente.
—N: ¿Pero sí lo vieron?
—PL: Yo lo leí, sí, sí
—N: ¿Y qué opinión tenés?
—PL: Es una opinión muy técnica sobre ciertas lesiones que ella
pudo constatar a partir de evaluar los restos, que tiene que ser sometida a
discusión y validada con otros elementos de prueba en el marco de la investigación. No
es que únicamente eso se puede analizar en sí mismo, es algo que tiene que ir
concatenado con otros elementos que estén también en la causa y que puedan
armar nuevas hipótesis. Lo que te da es algún elemento para evaluar si Luciano tenía esas heridas como producto del
supuesto accidente o si esas lesiones eran previas y que pueden estar dando
cuenta de la violencia que pudo haber sufrido. Es medio una evaluación de
peritos, no de abogados sino de peritos.
—N: ¿Los policías están en funciones?
—PL: Estaban en funciones algunos. No tengo ahora la información
si todos, porque posiblemente alguno quizá no lo está por alguna otra razón. Lo
que sí te puedo decir es que ninguno se fue de su función por esta causa.
—N: A Luciano querían
obligarlo a robar para la policía, pero quizás esos mismos policías no se
quedaban con todo lo robado, tal vez que eran parte de un eslabón de otra
cadena ¿Algo de eso surge en el expediente?
—PL: Lo que nosotros podemos decir es que es una lógica que se
repite en otros casos, sobre extorsión a los pibes, redes ilegales dentro del
barrio que son policías, no policías y que viven un poco de esa situación de
extorsión. Y que esa recaudación a veces tiene que ver con las lógicas de la
propia policía, con lógicas también de algún tipo de la política local. Eso en
general se puede ver en términos de lógicas que se repiten. No aparece este
tema en el expediente o en la causa judicial con nombre y apellido. Lo que
aparecen son algunos testimonios de algunos amigos de Luciano .
Testimonios que fueron tomados en situaciones muy conflictivas, y eso es parte
de las irregularidades de la causa también. Allí aparecen dichos de ellos
mismos o que ellos mismos sabían de situaciones de Luciano
en donde esa interrelación y la extorsión estaban. Lo que no está es la
información y la evaluación sobre quienes dirigían eso ni para donde iba esa
recaudación. A veces es recaudación y a veces es…lógicas de funcionamiento territoriales
de disciplinamiento. Esto se vio más que en esta, en la causa de torturas. Las
razones por las que lo detenían, lo que le pedían hacer y lo que no, la idea de
que podía caminar por el barrio pero no por otros lugares. Que lo levantaban en
un lugar o en otro. Estos antecedentes de la causa de Torales pasan a la causa
federal, pero no hay elementos ahí para seguir tirando del hilo. Para eso se
necesitaría también una investigación de distinto tipo y condiciones políticas
y sociales para que la gente quiera decir. Para que las declaraciones sean
distintas. Eso es muy difícil de romper. Eso fue parte de la conversación
siempre con Vane y con la familia: la situación de vulnerabilidad tan, tan
fuerte de los amigos y de quienes tenían que ser llamados a declarar. Qué
garantías pone el Estado para que esas personas vayan a declarar y declaren
todo lo que saben y aporten realmente a la verdad de la causa en la situación
de riesgo y de vulnerabilidad en la que están. Ese es un tema central, también,
de las investigaciones de las redes territoriales. Si en esas redes no se da
una mínima garantía de que las personas van a tener contención, seguridad,
protección, esas redes son muy difíciles de romper. Para eso, quienes
investigan tienen que generar un nivel de confianza que en general no está
dado. Es una responsabilidad estatal construir las condiciones para que eso
pase.
—N: ¿Qué incidencia tiene la Policía Federal en
la muerte de Luciano ?
—PL: Formalmente asisten a una situación de un hecho vial.
Llaman al SAME en una intervención porque la General Paz es
interjurisdiccional.
—N: Además del Santojanni y la morgue, ¿qué otros actores
participaron de la red de encubrimiento?
–PL: A mí me es difícil decirles que existe una red de
encubrimiento porque me van a venir a decir mostrame los papeles y no te voy a
poder mostrar los papeles. Lo que uno tiene son algunos indicios y la
experiencia de otros casos, la experiencia de las irregularidades de lo que
pasa ahí. Si vemos qué instituciones o qué actores tienen incidencia en la
construcción de impunidad y que pueden tener que ver en que no se sepa la
verdad, aparecen la policía bonaerense, el sistema político provincial de
distinto modo, en distintos momentos, en algunas veces se abrió más, en algunas
veces se abrió menos. En los primeros momentos estuvo muy cerrado, ya lo
sabemos, en la gobernación de Scioli. Los actores judiciales locales, muy
claramente en su interrelación, también, con la policía bonaerense con la que
conviven todo el tiempo, pero también los responsables. Cuando íbamos a la Suprema Corte a
decir que estaba pasando algo, no están investigando, eso no se abría. A veces
porque tienen solidaridades corporativas, no necesariamente podemos decir que
estaban encubriendo el caso concreto porque sabían quién había sido, sino más
bien por una lógica de protección de la corporación y una falta de empatía
absoluta sobre que esa persona de la que le estaban hablando era una víctima.
Las víctimas están en otro lado, les pasan otras cosas y nos debemos a esa otra
clase, para, en todo caso, ser demandados por responsabilidad.Sin duda el
sistema de salud (forma parte de la red de encubrimiento). La morgue, los
hospitales, el circuito burocrático, todo eso, también tienen responsabilidad
sobre eso. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en ese expediente en el
que decidió sin ninguna responsabilidad de lo que estaba haciendo, sin hacer
ninguna investigación, sin determinar realmente la identidad de esa persona…
nadie preguntó nunca qué pasó ahí, por qué… la responsabilidad funcional
también de hacer eso (enterrar a una persona como NN), que además no es en el
único caso, es una cosa que se repite, es una práctica. Ahí hay que hacer mucho
para que eso deje de ser así y hay incluso, algunas propuestas, que sobre todo
surgen, y me parece que esto es importante también pensarlo por como los temas
se van instalando políticamente a partir de las discusiones sobre los
femicidios y como se fue instalando socialmente ese tema. A partir de que
mujeres aparecen también enterradas sin saber quienes son, aparecieron algunas
demandas y algunas propuestas de que los responsables judiciales que tienen
causas de personas que se encuentran y no se saben quienes son, no puedan
disponer un entierro sin saberlo. O sea que tienen que hacer mínimamente
algunas cosas y tienen un procedimiento que se está discutiendo y hay que
trabajar para que eso se instale. De nuevo; se construyó socialmente eso, se
instaló el femicidio apoyado socialmente que cruza las clases sociales y eso
puede que sea un motor para que se den algunos de estos cambios. Si lo que se
trata en realidad es de violencia policial en barrios pobres, bueno, eso no
mueve el amperímetro social y no genera esos cambios que estamos pensando.
A 11 años de la desaparición forzada de Luciano
Arruga, este sábado 01/02 se realizará una nueva marcha exigiendo Justicia, por
la condena a los policías responsables y por el Jury al juez y las fiscales
cómplices.El sábado 1 de febrero desde las 17hs comienza en Av. Mosconi y
General Paz, hasta la
plaza Luciano Nahuel
Arruga en Pringles y Perú, Lomas del Mirador.
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