Fiscalia
denuncia al empresario Adolfo Navajas Artaza por delitos de lesa humanidad en
Las Marias
19 de junio de 2019
Mientras
se espera que Casación Penal resuelva la apelación a la inocencia del militar y
estanciero Torres Queirel, en el juicio realizado el año pasado, los fiscales
Flavio Ferrini y Juan Martín Garcia pidieron la declaración a indagatoria a
Navajas Artaza, por represión a los trabajadores de sus empresas en Virasoro.
Cabe recordar que el empresario de la dictadura no fue culpado en el anterior
pedido dado que 17 jueces federales del NEA se inhibieron de juzgarlo. Alegaron
que no podían intervenir en la causa dado que tenían vinculación con los
Navajas Artaza. El último directamente sobreseyó al empresario sin siquiera
tomarle declaración indagatoria.
Por Lucho
Soria para ANRed
Si bien
hubo sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria al único imputado
HECTOR MARIA TORRES QUEIREL respecto al secuestro y desaparición forzada del
trabajador rural Marcelo Peralta en la Estancia María Aleida ,
propiedad del imputado Torres Queirel en los despojos de la causa caratulada:
“RESTON, LLAMIL; SACCO, JUAN CARLOS Y TORRES QUEIREL, HECTOR MARIA S/
ASOCIACIÓN ILÍCITA, TORTURA, PRIVACIÓN ILEGAL LIBERTAD PERS. (ART.142 BIS
INC.1)”, Expte. Nº FCT 36001586/1991/TO1, juicio que se llevó a cabo en Julio
del 2018, esta sentencia fue apelada por el Ministerio Publico fiscal a cargo
del Dr Flavio Ferrini.
El
Fiscal Ferrini ahora además se presenta en el expediente original
“INVESTIGACION DELITOS DE LESA HUMANIDAD-VICTIMAS RAMON AGUIRRE Y OTROS” Expte
Nº 1-1586/77 para retomar investigación sobre Adolfo Navajas Artaza, y la
responsabilidad de su empresa yerbatera, principal beneficiaria del
desmembramiento de las organizaciones sindicales de la las detención de la
cúpula gremial, de la militarización y el hostigamiento a los trabajadores
sindicalizados y del efecto disciplinador ocasionado, por estos delitos de lesa
humanidad cometidos en el marco del terrorismo de estado bajo la lógica del
enemigo interno que el Terrorismo de Estado estaba llamado a aniquilar.
Las
detenciones y secuestros de dirigentes sindicales, desde abril de 1976 hasta
los hechos de julio de 1977, donde mas trabajadores fueron privados ilegalmente
de su libertad, de los cuales dos permanecen desaparecidos, constituyen delitos
de lesa humanidad, en los cuales existen fuertes y variadas evidencias de
responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas
Artaza, quien era en ese entonces su presidente. Por medio de la
instrucción realizada en la
causa Expte. N ° 2526/1976, se materializan las detenciones de
los dirigentes gremiales la intervención de las instituciones sindicales, la
información necesaria para profundizar las tareas de inteligencia secuestrando
la nómina de afiliados, y toda la información que obtiene por medio de las
testimoniales de la causa, donde se interroga sobre‖ “Si los imputados
(Acuña/Franco y Aguirre), hicieron reuniones con el personal del
Establecimiento las Marías.
La
persecución y detenciones quedo también plasmado en las planillas de personal
aportados por la
empresa Las Marías agregados a autos, donde puede advertirse
que de una planta de personal de 1233 para el año 1975 disminuye a 1150 para el
año 1976.Lo más relevante de esas declaraciones juradas lo constituyen las
marcas sobre cada uno de los nombres del personal de Las Marías de los años en
análisis, los que se corresponden con las de los obreros que fueron víctimas de
ilegítimas detenciones, desapariciones y despidos, corroborando la existencia
de un aporte especifico de información, que necesariamente tuvo que
proporcionar el cuerpo directivo de la empresa, ya que por sí misma las fuerzas
represivas no pudieron haberla obtenido.
Otro
elemento a valorar es el que aporta una de las víctimas, el Sr. Juan Gómez al
revelar la presencia de las fuerzas de seguridad en el interior del
establecimiento una vez desarticuladas las organizaciones gremiales, y la orden
impartida por el presidente del establecimiento en presencia del Capitán Sacco,
de que se terminaban los sindicatos, evidenciando el aporte de la estructura
organizacional de la empresa a las fuerzas represivas para la realización de
los secuestros.
En el
presente caso, la responsabilidad de la empresa y particularmente de su
presidente, Adolfo Navajas Artaza, en crímenes de lesa humanidad cometidos
contra sus trabajadores, se desprende como ya se ha dicho de los testimonios
respecto de los hechos, de las causas armadas contra los detenidos a modo de
legalización de los procedimientos ilegales de secuestro, de la provisión de
información, recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los
delitos, la presencia de personal policial participante de esos hechos dentro
de la empresa de manera permanente, la pertenencia gremial de la mayoría de los
trabajadores víctimas, las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades
subversivas que realizó la propia empresa contra sus empleados. El
análisis integral de la causa y sus expedientes acumulados como prueba, nos
llevan a la convicción de un grado de involucramiento empresarial en las
políticas dictatoriales represivas, que ampliamente superan las figuras de la
complicidad.
La
Argentina a partir del juzgamiento en estos procesos ha logrado conocer la
verdad sobre el accionar del aparato represivo durante el último golpe militar,
y al mismo vislumbrar que algunas empresas no tuvieron roles pasivos en las
decisiones, sino todo lo contrario compartieron la responsabilidad en el
entramado social, político y económico de un país claramente definido de ante
mano: transformar el sistema económico del país, y para ello entregaron
información relevante, como listas, direcciones, todo lo que era necesario para
definir el perfil del oponente a destruir, tareas a las que se avocaban las
fuerzas represivas.
Este
contexto general y lo expuesto en particular permite por un lado situar los
hechos dentro del ataque generalizado y sistemático del que fue objeto parte de
la población civil por las fuerzas represivas y por otro la participación del
presidente y de los directivos de la empresa Las Marías.Es
por ello que concretamente este Ministerio Público entiende que debe ser
responsabilizado el Sr. Adolfo Navajas Artaza por las privaciones ilegítimas de
la libertad agravada sufrida por Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco , Juan
Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena.
Presentación
se realizo en el juzgado federal Paso de los Libres y ahora resta esperar que
decide el Tribunal.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=117048
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