Hay un agravamiento de la carnicería de
líderes sociales
26
de junio de 2019
Por Himelda
Ascanio
Insurrección
El asesinato en Tierralta este 21 de junio de la reclamante de
tierras María del Pilar Hurtado por sicarios, al frente de su hijo de 9 años y
a plena luz del día, deja ver la
sevicia a la que las élites han llevado el exterminio de líderes sociales, ex
combatientes y opositores políticos.
El sur del Departamento de Córdoba es una de
las regiones más azotadas por la persecución política y los planes de
exterminio. El primero de febrero pasado el Presidente de la Fundación Cordobexia ,
denunció que en Córdoba hay más de 22 líderes amenazados, y desde el 2018 han asesinado 33
líderes de este Departamento.
Ante el asesinato de María del Pilar Hurtado,
el ex jefe negociador del Acuerdo de Paz con las FARC, Humberto de la Calle
pidió a Duque que tome medidas para detener esta matanza:
"Señor presidente. Con respeto, no digo
que la carnicería de líderes sociales haya comenzado con usted; pero está claro
qué hay un agravamiento
indiscutible. Mire bien cuáles ingredientes de su política han
contribuido"[1].
La persecución crece aunque el Gobierno dice
que decrece
En la visita de la semana pasada a Europa del
Presidente Duque, fue recibido en Londres por una manifestación que protestaba
por el creciente genocidio de los líderes sociales y la indolencia del Gobierno
para ponerle fin.
Duque había dicho que “en lo corrido de
nuestro Gobierno registramos una reducción cercana al 32 por ciento de los
crímenes en contra” de los líderes [2].
Human Rights Watch (HRW) dijo que entre enero
y marzo ha recibido 76 denuncias de asesinatos de defensores de los derechos
humanos, de los 25 homicidios de líderes sociales y defensores, el 27 por
ciento pertenecen a comunidades afros e indígenas [3].
La Misión de Observación Electoral (MOE),
señala que desde octubre de 2018 hasta mayo de este año, se han presentado 228
hechos de violencia contra líderes sociales, el 29 por ciento de ellos
culminaron en asesinato; las agresiones se han presentado en 111 municipios de
22 departamentos [4].
Piden plata para la paz, pero implementan la
guerra
El pasado 13 de mayo la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció que iba a entregar 160
millones de dólares para la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el
Gobierno colombiano y las FARC [5], los que en realidad van destinados a lograr
el control y sometimiento de los territorios, mediante planes ejecutados por
fuerzas militares estatales y paraestatales con lo que aseguran la extracción
aceleradas de recursos naturales.
Mientras tanto es evidente el desmorone de los
Acuerdos de Paz y la agresión permanente contra los excombatientes; en lo que
va de 2019 han asesinado 31 integrantes de las FARC, un promedio de cinco ex
combatientes por mes.
Sumado a ello le agregan más represión contra
las comunidades cultivadoras, originada por la decisión del Gobierno de imponer
una erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito al fumigarlos con
Glifosato, en vez de cumplir los Programas de sustitución voluntaria que hacen
parte de los Acuerdos de Paz.
Los condenados a muerte de este semana
Anderson Pérez Osorio se desempeñaba como comunicador social
de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución de Zonas de Reserva Campesina
de Caloto (ASTRAZONACAL), también era integrante de la Comisión de Juventud de
las FARC, fue asesinado en Caloto, Cauca, el pasado 17 de junio.
Daniel Esterilla Grueso de 61 años, perteneció al Frente 29 de
las FARC y se acogió al Proceso de Paz, actualmente se dedicaba a la
agricultura en el municipio de Iscuandé, fue asesinado en el Charco, Nariño, el
17 de junio.
Carlos Miranda , de 30 años, fue asesinado el 19 de
junio en la vereda
Malvinas de la Macarena, Meta. La denuncia la hizo la Asociación Campesina
Ambiental del Losada Guayabero (ASCAL-G), quien señala que
los responsables del crimen son los miembros del Ejército adscrito a la Fuerza
de Tarea Omega, bajo el mando del Brigadier General Jairo Alejandro Fuentes
Sandoval.
María del Pilar Hurtado Montaño de 36 años, se desempeñaba como líder
reclamante de tierras en Tierra Alta, sur de Córdoba; fue asesinada el pasado
21 de junio, por sicarios que le dispararon desde una motocicleta. Perteneció a
la Fundación
Cordobexia , quien había denunciado la circulación de un
panfleto en el que amenazaba de muerte a los ocupantes de un predio propiedad
del padre de Fabio Otero, el alcalde del municipio.
Notas:
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257630
No hay comentarios:
Publicar un comentario