Los Lucianos
31 de enero de 2019
*Por
Noelia Luque, Especial para Contrahegemonía Web
Luciano y los Lucianos
El
31 de enero de 2009, Luciano Arruga con 16 años salía de su casa,
ubicada en el barrio 12 de octubre de la localidad de Lomas del Mirador,
para ir a lo de su hermana Vanesa Orieta.
Desde
ese día, estuvo desaparecido durante la intendencia de Fernando Espinoza
y la gobernación, a nivel provincial, de
Daniel Scioli. Desaparición sin
rastros, cuerpo ausente y el terror de la incertidumbre. La policía
bonaerense le había puesto los ojos en la nuca, ofreciéndole robar para
el destacamento policial de Loma del Mirador, con armas y garantías.
Pero Luciano les dijo que no.
A los
cinco días de su desaparición, la familia presentó el primer habeas
corpus pero fue rechazado por el Juez Gustavo Banco y la fiscal Roxana
Castelli. Dos meses después, la fiscal es desplazada por irregularidades
en la investigación tales como delegar la búsqueda de Luciano a los
mismos policías señalados por torturarlo y desaparecerlo, desoír las
denuncias de la familia sobre la policía, y tomarle declaración a Vanesa
con uno de los policías acusados a sus espaldas. A la fiscal Roxana
Castelli la reemplaza Celia Cejas Martin.
En enero de 2013, el Juez Gustavo Banco se declara incompetente y la causa, ahora a cargo del Juez Salas, pasa al fuero federal, cambiando la carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona”, dándole veracidad a lo que la familia venía denunciando desde un principio. Diez meses después de este hecho, se demuestra que la fiscal Cejas (autorizada por el Juez Banco) había intervenido los teléfonos de la hermana, mamá y abuela de Luciano durante más de un año.
En
abril del año 2014, el Juez Salas rechaza el segundo hábeas corpus
presentado, aunque meses más tarde es aceptado por la Cámara Federal de
Casación Penal. El 17 de octubre de 2014, el cuerpo de Luciano aparece
enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita tras haber sido
atropellado por un auto en Mosconi y Av. Gral Paz. Días más tarde, la
familia pide el juicio político para las fiscales Castelli y Cejas
Martin y para el Juez Banco.
Otra vez,
la impunidad judicial se refleja en la perversidad del Estado de
entregarle a la familia restos óseos, cinco años y ocho meses después de
la desaparición. A Luciano
finalmente su familia pudo reconocerlo por una fractura en las
costillas, provocada en
septiembre de 2008, cuando fue detenido ilegalmente y torturado durante
diez horas en el mismo destacamento de Lomas del Mirador. Por aquel
hostigamiento fue sentenciado a diez años, el policía bonaerense Julio
Diego Torales, el único preso en la causa.
Actualmente, el Juez acusa a la familia de presentar testigos “falsos”, casualmente son quienes hablan de Luciano golpeado y encerrado en el destacamento de Lomas del Mirador. Además, hay otros dos testigos importantes, por un lado quien atropelló a Luciano que confesó que corría desesperado, escapando de algo o de alguien; y, por otro lado, un testigo que vio un patrullero de la Bonaerense sobre la colectora, yéndose con luces bajas en ese momento.
A
Luciano lo recordamos como el negro villero que se negó a robar para la
policía, pero si hubiese robado, también lo recordaríamos. No hay pibes
más importantes que otros, todos son igual de imprescindibles. Luciano
duele, por él y por todos los Lucianos. La vida para los Lucianos sabe
de finales abruptos y feroces, devoradores de presente y futuro. Después
de 35 años de democracia, el Estado se muestra ante los Lucianos en
forma de tortura, secuestro, asesinato y desaparición. De esta manera,
el Estado se presenta en su forma más horrorosa, junto a la exclusión y
la marginalidad, la represiva. Sigue siendo, éste, un país de
invisibles, de personas que el Estado elige no ver, que la sociedad no
ve, a la que se le cierran las puertas constantemente. Y que cuando se
hacen visibles, por necesidad o sobrevida, les mandan a la policía.
Para las familias y amigxs de los Lucianos, las respuestas también son las mismas: desgaste, hostigamiento, amedrentamiento, criminalización, generar miedo y terror para que no sigan luchando.
Criminología mediática
Los
medios masivos de comunicación marcan diariamente la agenda
periodística. Cuando miramos la televisión apenas comienza el día o
leemos algún portal o diario mientras viajamos en algún transporte
público, vamos al encuentro directo con significaciones que aportan a
construir nuestra realidad cotidiana, ofreciéndonos una mirada de cómo
entender al mundo. Desde ya que nada ni nadie nos obliga a aceptar lo
que los medios nos afirman. Sin embargo, ocupan un rol importante al
momento en que imaginamos nuestra realidad.
Los Lucianos suelen aparecer en medios masivos sólo desde miradas estigmatizantes y criminalizantes, en términos de “menores de edad” y nunca como “niños” o “jóvenes”.
Los
medios-portales de alcance masivo como Clarín e Infobae suelen valerse
de narrativas que responden a sostenes de la criminología mediática que
no es un fenómeno aislado sino que hay que enmarcarla en la política
general.
En los pueblos latinoamericanos, es necesaria para el desbaratamiento
del estado de bienestar. En particular, en Argentina, surge a partir del
retorno a la constitucionalidad, cuando ya no era posible el retorno a
dictaduras militares. Se caracteriza fundamentalmente por legitimar
desde los medios todas las medidas represivas hacia la población
excluida con la particularidad de presentarse como medidas que evitan el
caos. Tal es así que la desaparición de Luciano, tanto en Clarín como en
Infobae, apareció como noticia meses después de aquel 31 de enero de
2009.
Para
muestra de la criminología mediática, hace falta un botón. El momento de
mayor cobertura mediática que tuvieron los familiares y amigos de
Luciano Arruga por parte de estos medios masivos, fue el 17 de octubre
de 2014, cinco años y ocho meses luego de que hayan desaparecido a
Luciano, cuando su cuerpo aparece enterrado como NN en el Cementerio de
Chacarita. Pero la cobertura no fue alrededor de un desaparecido en
democracia sino como una víctima de un accidente, atropellado por un
automóvil en una avenida.
Uno de los sostenes de la criminología mediática es la construcción de
un ellos, separado del resto de la sociedad por ser un conjunto de
diferentes y malxs. Lxs ellxs funcionan como chivos expiatorios, aunque
suelen variar según el lugar y el tiempo.
Suelen ser amplios sectores de
la población de los que provienen todos los implicados en la violencia
del poder punitivo. Para formar lxs ellxs, se seleccionan los delitos
más cargados “violencia gratuita” y los demás se minimizan o se muestran
de formas distintas porque no son funcionales. En la construcción que se
hacía para ese entonces de Luciano por estos medios, no era tan notoria
la construcción del ellxs debido a que la violencia se había cometido
contra quien generalmente es construido como quien la propicia. Luciano
era la víctima pero esto no cuadraba para la tirada masiva quien quiso
solapar su desaparición. Tal es así que Clarín publicaba “Durante todos
estos años, su familia acusó directamente a policías de un destacamento
de Lomas del Mirador de haberlo asesinado y hecho desaparecer porque el
chico se negaba a robar para ellos. Pero ahora el caso tuvo un giro
inesperado y revelador: ayer se descubrió que el adolescente fue
atropellado por un auto el día de su desaparición y que tres días
después fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. El caso
era hasta ahora un emblema de las peores prácticas de la Policía
Bonaerense. Antes de su desaparición, Luciano había sido detenido sin
motivo por agentes de Lomas del Mirador (La Matanza) en al menos dos
oportunidades y había sufrido apremios ilegales. Pero ayer su familia
fue informada por la Justicia de que su final habría sido ajeno a todo
esto.”[1] e
Infobae no se quedaba atrás titulando “Luciano Arruga fue atropellado el
día de su desaparición y enterrado como NN”[2] o
afirmando que “Los médicos que hicieron la autopsia no describieron
signos de tortura en el cuerpo”[3]
La criminología mediática puede más que la voz de la familia. Vanesa, en la conferencia de prensa en la que anunciaban que habían encontrado a Luciano, anticipó lo que luego varios medios harían: “ustedes pueden informar que fue un pibe que cruzó la autopista y lo atropelló un auto y ya. Pero van a estar mintiendo. Porque la familia denunció que hubo acoso policial. Que está confirmado que el 22 de septiembre de 2008 fue víctima de una golpiza. Y que cuando mi hermano desaparece, hubo peritajes positivos que arrojaron que Luciano había estado en un patrullero, había estado en un descampado, que los patrulleros se salieron de la cuadrícula. Esto no cierra con un pibe que cruzó la autopista. Hay que saber la verdad”.
Estado de implosión policíaca y punitiva
Diez
años pasaron desde aquel 31 de enero en que a Luciano lo desaparecían.
Afirmamos que Lucianos los hay, así, en plural y muchísimos. Entonces,
desde el Estado, ¿algo cambió desde aquel día?
Cada
etapa histórica genera ideas que son respuestas a fenómenos sociales,
producto de cambios en el orden social. El abordaje de estas ideas, sólo
tienen coherencia dentro de los contextos culturales, políticos,
sociales, económicos e ideológicos en los que surgieron. Todos los
discursos se construyen en determinados contextos, es impensable un
discurso sin su contexto de surgimiento. En este sentido, el discurso
sobre lo punitivo y sus prácticas, no escapan a mencionada premisa.
El poder punitivo es detentado por el aparato estatal. Es un poder fortalecido en una discursividad compleja. Es por esto que resulta imposible pensar lo punitivo por fuera de la categoría del Estado. Tal como afirma Federico Arnedo “puede uno identificar un modelo punitivo para cada modelo de Estado y así habrá uno para el inquisitivo, otro para el capitalista incipiente, otro para el modelo capitalista en crisis, otro para el estado de bienestar y finalmente uno para el modelo del capitalismo financiero, de los servicios, las comunicaciones y las tecnologías”[4]. Específicamente, desde mediados de los 70´, se han producido una serie de cambios tanto en los modelos de Estado como en sus estructuras sociales. Estas transformaciones han sido fruto de otras dadas en el marco del mercado mundial y en las modalidades de producción industrial.
Todos estos cambios son producto
de la incesante tendencia del capitalismo por concentrarse y expandirse
cada vez más, se trata de un proceso de globalización como aceleración
expansiva del capital. Y
esto trae aparejada la internacionalización de la economía, la
interacción creciente entre los distintos países y una homogeneización
de lógicas sociales. En el marco de esa misma homogeneización, se genera
también la coexistencia de un sector pequeño de riqueza y modernización
junto a miseria, explotación, pobreza y marginación de las mayorías.
Se abre lugar así, a un mercado globalizado e internacional que
intercambia bienes pero que fundamentalmente se aboca al mercado de
capitales (inversiones que controlan las unidades productivas en
economías extranjeras e inversiones especulativas de corto plazo)
Con el
desarrollo del neoliberalismo se reorientan las formas de control social
en la sociedad capitalista. La novedad es que la clase social que
aparece como hegemónica no es una clase nacional sino una clase
transnacional que surge de la articulación e integración de diversas
burguesías nacionales formada por los sectores más dinámicos del
capitalismo globalizado (financiero, tecnologizado, de las
comunicaciones y los medios masivos).
Al
nuevo modelo económico, dentro de los márgenes del sistema capitalista,
le corresponde un modelo político que ante su incapacidad de dar
respuestas a la conflictividad social, subordina su esencia democrática,
constitucional y de derecho, quedando así su poder limitado a una simple
formalidad y cediendo, en los hechos, todo el espacio de las
instituciones al dominio exclusivo del estado de policía. Este fenómeno
es el que Arnedo denomina “de implosión policíaca y punitiva” o “de
irracionalidad estatal descontrolada”.
Esta
situación es la que necesita el poder transnacional hegemónico para
lograr imponer sus reglas de mercado afianzando el paradigma de
exclusión, pobreza, e indigencia.
Asimismo, este modelo de Estado se
caracteriza por instaurar un paradigma de seguridad que intenta
mostrarse como el objetivo que justifica la violencia detentada en
nombre del propio Estado. Así, el planteo de la “seguridad” es el cohesionante y dinamizante de nuestras sociedades globalizadas. No
obstante, la “seguridad” que se busca es la defensa de los mercados
económicos y financieros, nacionales y transnacionales.
Para lograr esta “seguridad”, el poder hegemónico construirá un discurso tendiente a disfrazar el verdadero problema (de la imposibilidad de la obtención del mayor beneficio económico con el mínimo costo o con costo cero), y reorientarlo a problemas de naturaleza local como la “inseguridad”. Allí es donde se instrumentan discursos de sociedad en riesgo y control, y donde las corporaciones de comunicación cumplen su rol de constructores de realidad y manipuladores del imaginario social.
Punitivismo como demagogia electoral
Llegadxs a este punto, es necesario volver la mirada a la actualidad.
Cambiemos está pasando por una crisis de confianza. En este contexto y
de cara a las elecciones de este año, el gobierno necesita desplazar el
centro de atención y mantener el apoyo que lo llevó a la presidencia en
elecciones anteriores. Es por esto, justamente que, cuando no se puede
hacer campaña con el empleo, la salud, la educación, la vivienda, etc.,
sólo resta echar mano en otros aspectos nodales para el entramado
social. Y uno de los pocos lugares que les queda para revalidarse es la
“seguridad”.
De esta forma, se publicó la Resolución 956/2018 (“Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”) que permite el fusilamiento en manos de las fuerzas federales, se anunció del Programa Restituir que impulsa el reingreso a las fuerzas de seguridad federales de agentes que cursaron procesos judiciales por exceso en el uso de la fuerza, se compraron armas como las Taser para torturar, etc.En esta profundización de las políticas de mano dura, se enmarca también el proyecto de bajar aún más la edad de punibilidad a 15 años, medida defendida por Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Sergio Berni. Este proyecto, que cuenta con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano, y con el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es el caballito de batalla de este y de anteriores gobiernos. Fue el propio gobierno de Cristina Kirchner, quien en acuerdo con la oposición, en 2009 el que impulsó la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, impulso que recibió media sanción en el Senado. Nada puede empeorar aún más la vida de los Lucianos y sus familias que penarlos con cárcel. En los lugares de encierro se viven condiciones infrahumanas, con niveles de hacinamiento y sobrepoblación sin precedentes a nivel nacional, y en particular en la provincia de Buenos Aires. Lxs detenidxs y presxs en Argentina padecen torturas sistemáticas, desatención de la salud, muertes por enfermedades curables, hambre y escasas posibilidades de trabajar o acceder a la educación. Y acá es necesario retomar a Alberto Morlachetti, quien decía “¿A qué edad imputamos a un pequeño? ¿A los 14 años? Parece no ser suficiente. ¿Quizás a los 12? ¿Hay discernimiento en esas edades? ¿Sabe un niño diferenciar lo bueno de lo que no lo es? ¿Lo prohibido de lo permitido? Manuel Ossorio, hombre de prestigio del derecho, dice que “quien obra sin discernimiento absoluto no puede darse cuenta del alcance, del valor ni de las consecuencias de las acciones que realiza”. El discernimiento puede estar disminuido por varias causas, las anímicas, el miedo, la ofuscación y ese príncipe de las tinieblas llamado paco. ¿No está mutilado un niño que sufre hambre, abandono, que ha sido violentado, que vive a la intemperie? ¿No está afectado el niño que no tiene los insumos básicos de la crianza humana: la familia, la ternura, el abrigo, el pan?
Es
entonces que dentro del ámbito del Derecho Penal los niños, afectados
por la ausencia de derechos que nunca le otorgaron, no pueden discernir
plenamente la índole delictiva del acto que realizan, porque no pueden
diferenciar entre el bien y el mal.
Invocar discernimiento precoz es condición, pero no suficiente. Entonces
invocan las figuras más nefastas del oscurantismo penal, nos recuerdan
la concepción positivista del “delincuente natural”, las genéticas
irreparables de nuestros niños.
Responsabilidad penal juvenil para los de “otra raza”, los pobres que no
lo pueden disimular: tienen que robar gallinas para comer.”[5]
Se inicia así un período, previo a las elecciones, de medidas irresponsables y demagógicas (cuanto menos), de mayor incidencia en el menoscabo de derechos. Siguiendo este camino, se logra el “policiamiento” de la conflictividad social y tal como exponía Arnedo, se subordina la esencia democrática, constitucional y de derecho, quedando así su poder limitado a una simple formalidad y cediendo, en los hechos, todo el espacio de las instituciones al dominio exclusivo del estado de policía. Al subordinar la esencia democrática, el Estado propuesto a los Lucianos es penal, nunca un Estado social.
Se precisan Lucianos para amanecer
Como decíamos al principio, la historia de Luciano es también la
historia de tantísimos otros Lucianos igual de imprescindibles. De
Lucianos cuyas vidas son arrebatadas en última instancia por la
represión estatal. Pero cuando hablamos de represión estatal es
necesaria una aclaración.
No suponemos un Estado en términos de un todo homogéneo u homogeneizado,
ni un sistema cerrado. No es “algo” que se toma, acumula o pierde. Por
el contrario, entendemos al Estado como una constelación de relaciones
contradictorias y desiguales de poder, complejas y cambiantes. Son
partes relacionadas alrededor de una razón y organizadas según un mando
en particular.
Concebir al Estado como dispositivo es suponer elementos muy distintos como discursos, imaginarios sociales, juicios morales, instituciones, rutinas sociales, etc, enmarcados en la arena de las relaciones de poder. Esta aclaración es necesaria para pensar al Estado represor no sólo en las distintas fuerzas de seguridad sino que podemos encontrarlo desde el momento en que como sociedad pensamos con valores y criterios punitivistas. Tal como expresa Estaban Rodriguez Alzueta “el policiamiento no es una política que define la agenda del Ministerio de Seguridad -solamente-, es también las maneras de pensar, sentir y obrar de la comunidad que tienen como telón de fondo el imaginario social que se expresa en el sentido común y se rastrea en las habladurías del barrio”[6]
Entender al Estado como dispositivo
también nos permite suponer que donde hay disputa de poder, hay
resistencia y líneas de fuga.
En definitiva, el Estado tiende a estabilizar lo que se corre de lugar,
imprime regularidad a las palabras y a las acciones. Pero esa
estabilidad no es ni única ni para siempre, y ahí está el rol de la
lucha organizada.
Queremos más espacios para las infancias y las juventudes dignas,
queremos espacios en donde puedan elegir, encontrarse, organizarse,
expresarse, jugar, bailar, hacer deporte, tocar música o lo que les
guste, queremos más y mejores escuelas, que no sean discriminadxs nunca,
queremos para ellxs, toda la ternura.
Asimismo como organizaciones sociales, tenemos la tarea de intentar
promover otros sentidos comunes alternativos al policiamiento, al
punitivismo y a la criminalización de las infancias y juventudes. Y para
esto, también es fundamental, acompañar a las familias de todos los
Lucianos, en las luchas y disputas que cada familia se proponga, que en
cada pelea por sus hijos/hermanos/sobrinos se cargan de profunda
tristeza.
Tenemos pendiente acompañar a todas
las familias, a las que lograron convertir su dolor en organización y a
las que por ahora no encontraron la forma de estar acompañadas y
organizarse.
Por
último, otra de nuestras tareas, como organizaciones es continuar
construyendo espacios donde lxs pibxs puedan encontrarse y saberse
capaces de tomar decisiones acerca de su propia vida, desde sus propios
símbolos y lenguajes (tan propios de sus identidades) y desde ahí,
fomentar su participación y organización junto a otrxs.
[2] https://www.infobae.com/2014/10/17/1602460-luciano-arruga-fue-atropellado-el-dia-su-desaparicion-y-enterrado-como-nn/
[3] https://www.infobae.com/2014/10/17/1602526-que-determino-la-autopsia-que-le-realizaron-luciano-arruga-2009/
[4] Arnedo,
F. Estado,
poder punitivo y seguridad: una posible explicación de cómo la abusiva
práctica de encarcelar personas en forma preventiva se construye como
única respuesta a la conflictividad social multifactorial.
[5]https://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-19/2017/3527-penalizaciones.html?fbclid=IwAR2hqXLLPeK4ad9kqtKScCx4ESSfz8ZTD2lKulWPn0qmsSdsWzy_KyE86_o
[6] Rodríguez
Alzueta, E.(2014) Temor
y control: La gestión de la inseguridad como forma de gobierno.
CABA, Argentina. Editorial Futuro Anterior.
*Militante
Corriente Popular Juana Azurduy
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