Apuntes
para la construcción de un programa político que potencie la energía
argentina
La energía en debate
(II)
4 de febrero de 2019
Por
Federico Nacif
El cohete
a la luna
Las dos
notas publicadas en este medio sobre las energías renovables en
Argentina y el mundo ( Verbitsky/Bernaly Bertinat/Svampa ),
tienen la virtud de ejemplificar, de manera clara y fundada, dos
posicionamientos sobre el problema del “desarrollo” que usualmente se
contraponen al interior de las distintas organizaciones sociales y
políticas que buscan construir una alternativa viable y superadora al
proceso de saqueo en gran escala que protagoniza el macrismo. Ambos
posicionamientos contrapuestos constituyen lo que se conoce como el
“dilema del desarrollo”, según el cual las necesidades de la acumulación
material (eficiencia y
productividad), más tarde o más temprano, entran en contradicción con
las demandas socialmente
virtuosas (participación
social y cuidado ambiental).
La crisis
energética y ambiental está en el corazón de la actual crisis social,
económica y política que atraviesa el país, caracterizada por factores
tanto globales como nacionales, tanto históricos y estructurales como
puramente coyunturales. No se trata aquí de juzgar los argumentos
esgrimidos en ambos artículos, ni tampoco de plantear una “tercera
posición” teóricamente superior, sino de apelar al carácter
eminentemente político de toda polémica pública y de proponer, en
consecuencia,
algunos lineamientos para la elaboración de un programa de
acción conjunta, de cara al proceso electoral que se avecina. Como le
gusta afirmar al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, las
verdaderas contradicciones históricas sólo pueden resolverse en la praxis.
El papel
central que ocupa el sector energético en relación al análisis del
desarrollo económico no es nuevo. Desde mediados del siglo pasado, la
antropología advierte que la aparición de excedentes
energéticos, producidos
más allá de las necesidades metabólicas, constituyó el punto de partida
de todas las organizaciones sociales relativamente complejas. Más
recientemente, la termodinámica
del no equilibrio aplicada
a los análisis económicos permitió incorporar la dimensión física de la
energía para estudiar la relación entre las distintas fuentes
energéticas y los procesos de cambio social. Sobre la base de estos
aportes, el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Diego
Roger ,
estudia las condiciones naturales, técnicas y sociales para impulsar en
Argentina la transición hacia un régimen
energético que esté al
servicio de la producción nacional. Para ello diseñó un novedoso modelo
analítico que permite caracterizar las distintas fuentes de energía
disponibles en el país en función de tres variables clave:
-
las tasas de retorno energético (que indican la cantidad de energía que se requiere para su explotación y el excedente de energía que queda disponible para el resto de la sociedad);
-
la fase de desarrollo tecnológico en que se encuentra la correspondiente generación;
-
las capacidades técnicas e industriales nacionales para poder desarrollarlas localmente.
A través
de esta matriz analítica, el autor no sólo pudo detectar las principales
fuentes energéticas que convendría desarrollar en el país, sino también
avanzar hacia la configuración del mapa de agentes sociales
involucrados, e incluso diseñar posibles soluciones financieras que
permitan viabilizar en el país un plan de transición energética que
estimule la producción nacional sin afectar la soberanía política. Pero
a los fines del presente debate, antes de presentar algunos de los
resultados, debemos detenernos brevemente en el diagnóstico general.
No es
necesario ahondar en los factores globales de la actual crisis
ambiental, ni en la respuesta que impulsan los organismos
internacionales a la medida del gran capital (suficientemente ilustrada
por Verbitsky/Bernal y Bertinat/Svampa). Nos bastará con resaltar dos
aspectos decisivos. En primer lugar, la caída de las tasas de retorno
energético de los hidrocarburos deriva en procesos de estancamiento
global, a la vez que prefigura la transición hacia un nuevo régimen
energético basado en un
mix centrado en energías renovables (con crecientes tasas de retorno
energético). Sin embargo, el tipo de transición neocolonial que impulsa
el centro industrializado no sólo agrava la histórica dependencia
extractivista de América Latina, sino que además muestra serias
dificultades para avanzar con “éxito” hacia sus propias metas de cambio
tecnológico, dada su total subordinación a la lógica del capital
financiero y los efectos imprevisibles de la guerra comercial desatada
entre Estados Unidos y China.
La actual
disputa geopolítica por el control de las reservas sudamericanas de
litio, para dominar la producción de baterías recargables que demandarán
los futuros vehículos eléctricos y los sistemas de generación solares y
eólicos en pleno despegue tecnológico, ilustra la complejidad de los
desafíos que nuestros países deberán afrontar. La política impulsada por
el macrismo en Energías Renovables (privatización, dependencia
tecnológica, endeudamiento), mientras los gobiernos de Jujuy, Catamarca
y Salta continúan rematando las reservas públicas de litio, son apenas
una muestra más de la endémica incapacidad que exhibe el bloque
dominante para impulsar en el país un proyecto de desarrollo que vaya
más allá del saqueo de nuestros bienes comunes y derechos sociales,
agravada por la inconsistencia de un gobierno cuyo único propósito es
amplificar sus negocios privados a costa del Estado, sin siquiera
comprender las complejidades del “sistema global” qué dice defender.
El
desguace del sector energético nacional, claro está, no es un hecho
reciente. Las tendencias iniciadas con la última dictadura militar en lo
que hace a la pérdida de soberanía tecnológica, desindustrialización,
extranjerización y mercantilización, fueron profundizadas con la total
privatización del sistema durante la década de 1990, configurando desde
entonces un régimen energético insustentable que, siguiendo con el
análisis de Diego Roger, alimenta la restricción externa y la fuga de
divisas. Incluso en el sector de la energía eléctrica, advierte el
autor, a pesar de la existencia de importantes capacidades locales en
hidreoléctrica y nuclear, la mayor parte de la generación se basa en
tecnologías importadas (ciclos combinados, turbogas, turbovapor,
motores). En la generación eólica, por ejemplo, con la honrosa excepción
del Parque Eólico Arauco, la última década se caracterizó por un franco
retroceso de la industria nacional, que el actual esquema de subsidios
del Plan Renovar no hace más que acelerar fatalmente hasta su
liquidación final.
¿Cuál es
entonces la mejor combinación posible de recursos energéticos y de
tecnologías de generación para inducir desarrollo en el país por la vía
del cambio estructural (mayor productividad, diversificación productiva,
energía limpia, abundante y barata)? La
respuesta de Roger es compleja pero a la vez contundente. Si se
caracterizan los stocks y flujos de recursos energéticos del país en
función de su rendimiento termodinámico y se analiza la oportunidad
tecnológica en relación a las capacidades científico-técnicas e
industriales del país, se obtiene un mapa bastante diferente al sentido
común imperante: el cuadrante de mayor desarrollo potencial lo ocupan
las energías renovables. No sólo por la calidad de nuestros recursos y
la capacidad tecno-productiva aún disponible en el país, sino también
porque se trata de “tecnologías jóvenes” que se encuentran en plena
etapa de despegue y que, por lo tanto, ofrecen gran potencial para
demandar trabajo humano calificado y elevar la productividad, a la vez
que no precisan enormes niveles de inversión, ni elevadas ventajas
comparativas previas.
En la
actualidad, según el investigador de la UNQ, la Argentina es el único
país del hemisferio sur con la capacidad para producir tecnologías de
generación hidráulica, nuclear y eólica, con más de un 80% de
componentes nacionales. Por otra parte, la dotación y distribución
geográfica de los recursos, permitiría impulsar a mediano y largo plazo
el desarrollo de nuevas renovables alternativas, como termosolar,
undimotriz o mareomotriz, e incluso integrar más componentes nacionales
al paquete tecnológico (como baterías de litio u otros medios de
almacenaje), a partir de mecanismos de financiamiento interno orientados
a captar y reorientar las rentas energéticas obtenidas.
Se trata,
en definitiva, de elaborar una verdadera estrategia productiva soberana
y de carácter federal, capaz de responder con pragmatismo a las
necesidades y demandas concretas manifestadas por distintos sectores
sociales especialmente golpeados por la crisis actual, como los
sindicatos metalúrgicos o metalmecánicos y las empresas argentinas
productoras de bienes de capital (hoy virtualmente paralizadas), así
como el sector científico-tecnológico nacional y las distintas
organizaciones sociales involucradas con la defensa del medioambiente.
Las energías renovables deberían ocupar un lugar central en el programa
político opositor, asociadas con un nuevo plan de reindustrialización
nacional que, de ser impulsado, a su vez demandará una nueva forma de
estatalidad capaz de incorporar los reclamos de las organizaciones
sociales, incrementando así el control social sobre los bienes públicos
del pueblo argentino.
No pretendemos clausurar los debates sobre el
patrón de consumo dominante, ni desconocemos la dimensión civilizatoria
de la crisis global y local. Pero la posibilidad de que las distintas
organizaciones sociales, gremiales y políticas comprometidas con el
cambio social puedan impulsar en el país la transformación cultural de
fondo que la transición hacia un régimen energético sustentable
requiere, dependerá de la vitalidad de la democracia realmente
existente. Esa vitalidad democrática, que el bloque en el poder busca
extinguir, es la que está en juego en 2019.
El plan de desarrollo de energías renovables esbozado permite identificar y viabilizar en torno a una problemática concreta las complejas articulaciones sociales y alianzas políticas necesarias para defenderla, asumiendo la crisis ambiental desatada por la actual fase del capitalismo mundial y la necesidad de avanzar, de manera soberana, hacia una transición de régimen energético acorde a las necesidades económicas y ambientales de las mayorías.
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