Litio
y espejos de colores
27 de diciembre de 2018
Por Darío Aranda
Pressenza
“Es innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos
presenta: lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural que
es central para la sociedad del posdesarrollo que viene”.
Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)¹
Bruno Fornillo (investigador del Conicet y Clacso)¹
La minería de litio es parte del modelo
extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como
punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la
violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio
para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural
estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede
industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”,
resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que
se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del
litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y
autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores)
impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas
y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los
pueblos originarios.
Veinte
años
El litio se encuentra en esas enormes
planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de
comunidades indígenas (kollas y atacama en Jujuy y Salta).
El proyecto minero de litio Fénix entró
en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta
de la Sierra (Catamarca) y está en manos de la multinacional multinacional FMC
Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000
comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas
internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos
provinciales). La publicidad corporativa y los gobiernos, llaman “triángulo del
litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más
del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en
explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una
sociedad entre la
empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y
las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto
Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium
Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi ).
Ambas están en Susques, 200
kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades
indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada
que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner,
PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los
mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en
particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma
retirada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder”
en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia
mundial”.
¿Desarrollo
nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del
proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por
los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el
proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso
natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la
exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También
propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería,
decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de
explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén
debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El
diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio
drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones
a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del
Estado”.
Heller es también presidente del Banco
Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo
banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda
porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio
tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos
indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades
originarias” en el directorio de la Comisión Nacional
del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación
ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a
fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad
de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión
indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como
establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran
coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos
(incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora
toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que
actuó como asesor del proyecto de la
“YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum
vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University,
Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema
Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu
explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la
renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta,
reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni
muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
El Grupo de Estudios en Geopolítica y
Bienes Naturales es heterogéneo, en formación (economistas, cientistas
políticos, historiadores) y miradas sobre el extractivismo: desde el no a la
minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del
Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro
publicado en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los
coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en ciencias
sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro
y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y
secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la
charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y
Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea
empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar
al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia
de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio
“plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo
energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa
del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de
la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la
consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que
provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta
de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a
buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres
por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin
calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el
litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se
plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos
inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz
emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de
“los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy
importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo reivindicó el modelo
boliviano, donde –remarcó– se estatizó “el recurso y se intervino en toda la
cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para
que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet,
Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería
menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones
energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear
una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones
de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la
idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol
de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del
ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas
en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Entrevista a Slipak.
–¿Cuál es el rol de las comunidades en
la minería de litio?
–La participación de las comunidades es
crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas
involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho
básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en
Argentina), pero necesitan información.
–¿Qué sucede si la comunidad dice no a
la minería?
–Mi posición, no de todo el Grupo de
Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.
–Usted reivindicó el trabajo del
científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, “menos
contaminante”. Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que
sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.
-Es cierto que Calvo hace ciencia pero
no dialogó con las comunidades involucradas.
Slipak aclara que, además de la
consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”,
vigente en la Ley General
del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como
afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún
si no hay certeza científica de la afectación.
Lucha
Las comunidades indígenas ya dijeron
“no a la minería de litio”. Algunos académicos, con discurso progresista,
impulsan la explotación (Foto de Iwgia).
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca dela Puna. Las empresas
mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de
Las 33 comunidades kolla y atakama del
lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de
Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña
informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones
legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales
(entre ellas, la
Constitución Nacional ), el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una
audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal
(con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan
Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra
vez preguntaron qué implicaba la consulta, cómo debía ser, qué implicaba. De
manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las
comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se
desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde el
Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los
voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y
accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques.
Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la
organización territorial.
Flores también cuestiona al sector
científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se
puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los
argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no
creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa,
no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer
ellos en nuestra casa”.
Ambiente
y presiones
La minería del litio forma parte del
modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería
metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos
y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema
sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a
Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por
el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de
infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora
de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en
biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una
zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección
minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos
de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes ”,
se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando
impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La
perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad
provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el
sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales
(…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de
sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es
Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas
del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo
Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya
violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre,
previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance
de mineras y la situación está complicada por que el Gobierno entró a las
comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de
trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites
de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por
una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de
extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc
(donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad
comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y
nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el
territorio indígena.
EEUU
y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo
Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el
vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento
de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de
litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de
Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros
son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”,
subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades
indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y
momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el
hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por
la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de
goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar
lo innegable, la
represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales
hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios
alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del
21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la
grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la
megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que
destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad,
contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
¹ Libro “Geopolítica del litio”. Página
87.
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