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El gobierno uruguayo concretó la privatización del agua

Resumen Latinoamericano*, 13 de febrero 2019   
Víctor L. Bacchetta
El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), con la firma del titular interino Jorge Rucks, otorgó Autorización Ambiental Previa (AAP) a la firma TRUST Administradora de Fondos de Inversión SA, a cargo del Fideicomiso Financiero Campos Sustentables, para construir una represa con fines de riego en dos padrones rurales del Departamento de Durazno.

Este es el primer proyecto bajo la nueva Ley de Riego (N° 19.553), cuestionada en la discusión parlamentaria y tras ser sancionada en octubre de 2017, por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y otras organizaciones sociales que la consideran inconstitucional, tanto por permitir la gestión del agua a inversionistas ajenos a la actividad rural como por sus consecuencias ambientales.

El terraplén, el vertedero y el embalse de la represa se sitúan en los padrones N° 11277 y 10987 del Establecimiento El Repecho, ocho kilómetros al norte de Villa del Carmen, sobre el arroyo Rolón, afluente del arroyo Tomás Cuadra, tributario a su vez del río Yi en la cuenca del Río Negro. Con un terraplén de 10 metros de altura, el embalse ocupa unas 133 hectáreas para regar una superficie de 765 hectáreas.

La administradora TRUST ha gestionado hasta ahora dos fideicomisos financieros, el de construcción y venta del proyecto Torres Nuevo Centro y el denominado Campos Sustentables, dedicado a la compra y arriendo de tierras. Los principales accionistas de TRUST son los argentinos Federico Huergo, Hugo y Mariano Bunge Guerrico, seguidos por Gustavo Licandro Bosc, Gonzalo Alonso y Horacio Bonavía.

Huergo, Mariano Bunge y Bonavía tienen dirección registrada en San Martín 344, piso 11, en la ciudad de Buenos Aires. Huergo y Bonavía figuran en los Panama Papers  como accionistas de Nelford Assets LTD. y Bunge aparece a su vez como accionista de Ardisia Commercial LTD., ambas con sede en las Islas Vírgenes. Las firmas Nelford Assets y Ardisia Commercial están representadas en Uruguay por Konrad & Asociados, con su sede en el World Trade Center de Montevideo.

El uruguayo Gustavo Licandro, propietario de El Repecho y presidente de TRUST, fue ministro de Economía de Luis A. Lacalle Herrera y asesor económico principal del gobierno de Paraguay. Docente de Economía Política en las universidades Católica, UdelaR y ORT y en el Instituto Militar, Licandro ha sido también Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos de Uruguay y Presidente del Banco Comercial.

Minimizan los impactos
Entre los mayores impactos ambientales de estos proyectos están los cambios aguas arriba de la represa por el enlentecimiento de la corriente y el estancamiento del agua en el embalse, y aguas abajo al reducir el caudal natural del arroyo. No obstante, los proponentes minimizaron estos efectos y proponían inicialmente un “caudal mínimo” de 12,5 litros por segundo (l/s) y un “caudal ecológico” de 20 l/s. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) obligó a la empresa a cambiar el caudal mínimo propuesto por no coincidir con el 60% de la frecuencia acumulada en cada mes fijado por el decreto reglamentario 368/018. El proyecto se comprometió a aplicar una tabla de caudales mensuales que va desde un mínimo de 87 litros por segundo en enero hasta el máximo de 369 litros por segundo en octubre. La represa atenderá un sistema de producción intensivo mediante rotación de cultivos para obtener dos cosechas anuales de soja, una de maíz y otra de trigo, además de los cultivos de cobertura. Se aplicarán agroquímicos como el glifosato para controlar las malezas e insecticidas específicos para las plagas, mientras que en la fertilización se utilizará peróxido de fósforo, fosfato de amonio y cloruro de potasio. El proyecto prevé asimismo una fase de abandono al llegar al fin de la vida útil de la represa, estimada en 30 años, donde se propone destruir simplemente la represa. Bajo el supuesto de que se recrearía la topografía original del lugar y se dejaría a la vegetación “evolucionar a una sucesión secundaria” (sic), el informe considera los impactos de esta etapa como “de baja magnitud y reversibles”. De todas maneras, la Dinama le adjudicó al proyecto la Categoría A correspondiente a “aquellos proyectos de actividades, construcciones y obras, cuya ejecución solo presentaría impactos ambientales no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes” y, con ese ajuste en los caudales mínimos a ser mantenidos aguas abajo de la represa, recomendó conceder la autorización ambiental. El MVOTMA condicionó la autorización del proyecto a que la represa “deberá permitir el escurrimiento del caudal ambiental calculado para cada mes del año” así como “mantener los registros diarios del caudal erogado” y “realizar un monitoreo de calidad de agua a la salida de la represa a una distancia entre 30 y 50 metros del punto de descarga con una frecuencia trimestral en los primeros dos años”.
Acumulación explosiva

La autorización ambiental de este nuevo proyecto de riego sigue una lógica aplicada hasta el presente por el MVOTMA y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) consistente en aceptar sucesivos proyectos que individualmente pueden no tener impactos muy graves, pero cuya acumulación está generando fenómenos de contaminación explosivos como ocurre hoy con las cianobacterias.
La reproducción exponencial de cianobacterias es provocada por tres factores: aguas dulces transparentes y de poca o nula movilidad, elevada temperatura ambiente y un aumento artificial del fósforo y el nitrógeno presente en el agua, los llamados nutrientes, que provienen básicamente del drenaje hacia ríos y arroyos de fertilizantes utilizados en exceso por el modelo de agricultura predominante.
Como se puede apreciar en el proyecto propuesto, se utilizarán fertilizantes fosforados y serán aplicados en gran escala dadas las metas productivas planteadas. Si a esto se le agrega la retención y escasa movilidad del agua en el lago de la represa, se está generando una nueva fuente de reproducción de las cianobacterias, que irán aguas abajo al irse liberando, hasta desembocar en los ríos Negro y Uruguay.
A lo anterior se agregan los agrotóxicos requeridos por los cultivos que se propone el proyecto, en especial el glifosato, que forma parte del “paquete tecnológico” de la soja y el maíz transgénicos. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), elevó la categoría de riesgo del glifosato a probablemente cancerígeno.
La IARC modificó el riesgo de carcinogenicidad del glifosato por sus resultados en animales de experimentación y estudios epidemiológicos en seres humanos. La industria de pesticidas, liderada por Bayer-Monsanto, reaccionó violentamente ante la nueva categorización y consiguió que la Unión Europea prolongase por cinco años más el uso del glifosato alegando que la IARC sobrestimaba el riesgo.
Estudios asocian el glifosato además a malformaciones congénitas, insuficiencia renal crónica, demencia, diabetes, enfermedad celíaca, entre otras consecuencias para la salud humana. Uruguay no tiene un programa de vigilancia sanitaria en la población más expuesta al glifosato, ni de vigilancia de los niveles del pesticida en orina y sangre. En 2018, el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina admitieron que no tienen instrumental para estos análisis.
(sudestada)

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/02/14/el-gobierno-uruguayo-concreto-la-privatizacion-del-agua/