martes, 26 de febrero de 2019

III. Estamos, abajo, sumidos en la degradación de la política o en la politiquería tanto que convertimos a Cristina y Néstor Kirchner en líderes emancipadores. Es volverlos impunes por...

TRATA DE MUJERES

Río Gallegos: cómo opera 

la red de prostitución

que denunció la iglesia.

3 de mayo de 2009

 

Según información a la que accedió Clarín, las chicas llegan de todas las provincias.

La trata de personas en los prostíbulos de Río Gallegos pareciera estar aceptada por muchos de quienes forman el entramado institucional que debería controlarla: el poder político, la Policía y la Justicia locales no trabajan tanto como dicen, y se pasan las culpas, mientras el consentimiento de la sociedad ampara la desidia. La Iglesia, a través del obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, avaló la denuncia de la fundación La Alameda sobre esclavitud sexual en Las Casitas, como publicó este diario el miércoles pasado; y se refirió a "mafias que manejan la trata de mujeres". Clarín accedió a informes que revelan que las redes operan desde distintos puntos del país. Registros de fuentes judiciales nacionales a los que accedió este diario muestran investigaciones sobre trata de mujeres desde hace más de una década. "Hace años que vienen chicas de todas las provincias y de países como Paraguay o República Dominicana. La mayoría piensa que tendrá otro trabajo o un gran sueldo", cuenta una fuente policial que conoce los movimientos en Las Casitas y no comparte lo poco que se hace. 

Según se pudo constatar, dos grupos manejan la mayoría de los burdeles. Se habla de "Los Flores" y las hermanas Moyano, dos clanes pesados que se reparten el mapa de chicas: uno trabaja con mujeres de la región de Cuyo, y el otro en Salta y Tucumán. Informes de la Justicia a los que tuvo acceso este cronista aseguran que "Los Flores" se dedican a la prostitución y a la venta de drogas. Regentean locales en Las casitas y en el centro de Río Gallegos -dice el documento- a metros de la comisaría N° 2 con jurisdicción sobre la zona. Aseguran que la red funciona aceitadamente. Los proxenetas de cada provincia negocian con los dueños de las "casas" de Río Gallegos; les venden una "plaza", es decir, el servicio de una mujer por 45 días. Muchas (entre ellas hay menores) llegan engañadas. Una vez aquí las obligan a prostituirse para juntar el dinero que deben devolver por lo invertido: se ofrecen al sexo, y encima pagan. Pasado este tiempo, algunas pueden cambiar de local si pagan por ellas como un pase de un futbolista. Muy pocas lograrían irse terminado el plazo. "Yuliana", una chica de 21 años que el año pasado logró salir de un prostíbulo, lo cuenta a Clarín. Llegó hace dos años desde una provincia del norte. Es una bella morocha. Habla asustada en el auto de una amiga que da vueltas por la ciudad porque no quiere que alguien las escuche. "Me dijeron que era para trabajar en un prostíbulo. Me prometieron $6.000 por mes y nunca los cobré. Al tiempo me fui, pero después de pagarles $1.000 gracias a alguien que me ayudó. Otras no tienen esa suerte y les sacan todo, hasta les hacen un DNI trucho. Están esclavas". 

Las chicas se llevan no más del 30%, con lo que se les complica completar la "deuda". "Yuliana" vio políticos y policías dentro del local. "Los ves muy tranquilos. No pagan el pase, pero gastan fortunas en alcohol, por algo no los cierran." "Es de sospechar la íntima connivencia entre burdeles, Policía y poder político. Es una organización cuasi mafiosa que maneja mucho dinero", dice el concejal de Encuentro Ciudadano, José Luis Janezak, un ferviente denunciante que habla de zona "liberada".Tras el escándalo, el secretario de Gobierno municipal, Ernesto Cruz, dijo a Clarín que esta semana cerrará las casas que no inicien el trámite de habilitación como cabarets clase C (salvo 4, el resto, unas 30, figuran como casas de familia); lo que suena a chiste: por regla, los cabarets pueden tener "alternadoras", pero no prostitutas que ofrezcan sexo en el local, algo que ocurre.

 La Comuna las controla con una libreta sanitaria en la que, según "Yuliana", figuran como alternadoras, cuando trabajan en "casas de familia". "Sólo podemos entrar sin orden del juez si están habilitadas y le dan el poder de policía al Municipio. Este año rescatamos 12 chicas; en 2008, otras tantas. No es verdad que la Policía esté arreglada. Investigo, trabajo y me quieren sacar del medio", se defendió en su despacho Alejandro Martín, jefe de la Policía de Santa Cruz, acusado por La Alameda de haber estado en "Venus", de Moyano, en un video presentado a la Justicia. Pero Martín y el Gobierno provincial niegan que sea él. 

Tanto, que el gobernador Daniel Peralta amenazó con renunciar si se prueba que era Martín. A pesar de la denuncia de la Iglesia, el poder político mantiene su frialdad. El jueves, Peralta dijo que Las Casitas "son parte de la cultura local" y que la Provincia demandará a La Alameda. Esta fundación aprovechará mañana sus declaraciones para ampliar la denuncia. Mientras, Las Casitas siguen abiertas. Y dentro quedan sus chicas, comiendo las sobras de la impunidad.
Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/rio-gallegos-opera-red-prostitucion-denuncio-lglesia_0_HymXcy9Ratg.html

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