La minería acapara
tierras y golpea
a la agricultura en
América Central
19 de febrero de 2019
Por Edgardo Ayala
IPS
IPS
SAN SALVADOR, 14 feb 2019 (IPS) - Como un pulpo que lo abarca todo, la
minería metálica ha ido extendiendo sus tentáculos por América Central y
golpeando la agricultura y los ecosistemas del área, de acuerdo a pobladores
afectados, activistas y un nuevo informe sobre el problema.
“Donde está la empresa minera eran terrenos
que arrendaban los campesinos para sembrar maíz y frijol, la base fundamental
de nuestra agricultura, pero con la llegada de la compañía no hay tierras donde
cultivar”, explicó Lesbia Villagrán, residente en el municipio de San Rafael
Las Flores, en el este de Guatemala.
En esa localidad rural con algo más de 9.000
habitantes se instaló en 2007 la Minera San Rafael , subsidiaria de la compañía
canadiense Tahoe Resources, y desde entonces los residentes en diferentes
asentamientos esparcidos por ese municipio y otros vecinos se organizaron para
detener sus operaciones.
La lucha de los pobladores contra el
yacimiento de plata El Escobal obedeció a que consideran que sus actividades
afectan sus medios de vida, como la agricultura, el agua y la biodiversidad de
la zona.
“Cuando yo era pequeña, mi papá arrendaba
cuatro o seis manzanas (algo más de cuatro hectáreas) de tierra y para nosotros
era alegría trabajar en la cosecha, abundante, pero cuando los dueños de esos
terrenos los vendieron a la empresa, mi papá ya no pudo cosechar nuestros
granos básicos”, agregó Villagrán, de 28 años, en entrevista con IPS desde San
Rafael.
El yacimiento cambió de dueño en enero, y
ahora la empresa se llama Minera San Rafael El Escobal, subsidiaria de la
también canadiense Pan American Silver , que según su portal de Internet
es el segundo productor mundial de plata. Es propietaria y opera seis minas en
México, Perú, Argentina, Bolivia y ahora en Guatemala.
“La situación agrícola es complicada debido a
las operaciones de la empresa”, señaló Alex Reynoso, un caficultor de un
municipio vecino a San Rafael.
De acuerdo a Reynoso, los mercados del país no
quieren los productos cosechados cerca al yacimiento, porque temen que estén
contaminados con los metales pesados utilizados en el proceso de extracción.
“Los mercados más importantes del país evitan
comprar nuestros productos, así de sencillo”, subrayó a IPS desde su localidad.
IPS intentó obtener comentarios tanto de Tahoe
Resources como de Pan American Silver, sobre las críticas de los residentes en
San Rafael Las Flores en contra del yacimiento, sin lograr respuesta hasta el
momento de publicar este reportaje.
Las operaciones de la mina se mantienen
suspendidas desde julio 2017, debido a una resolución de la Corte de
Constitucionalidad de
Guatemala, que asumió el alegato de organizaciones de pobladores de la zona,
pertenecientes al pueblo amerindio xinca, de que no fueron consultados sobre
el proyecto.
El alto tribunal ratificó la
medida de paralización en septiembre de 2018.
Este caso en Guatemala es un ejemplo de las
tensiones que provoca en América Central la extracción de metales, una
actividad que ha estado presente en el área, aunque en forma rudimentaria,
desde los tiempos de la colonia española, en el siglo XVI.
Pero ha sido en las últimas décadas que ha
mostrado una amplia expansión con la llegada de consorcios internacionales
dedicados al sector.
El arribo de compañías extranjeras ha generado
un conflicto social a partir de la oposición de residentes de los poblados
donde se asientan las actividades mineras, especialmente en Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Por medio de las licencias ganadas, los
consorcios han ido acaparando tierras de tradición agrícola o forestal, así
como a los recursos hídricos vitales para la vida en las comunidades, sobre
todo indígenas, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.
El estudio “Estrategias para la defensa del
medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en
Centroamérica”, hecho público el 11 de febrero en San Salvador, da cuenta de
esa expansión y sus impactos.
En Honduras, hasta enero de 2017 se habían
otorgado 172 concesiones de minería metálica, que en una extensión total de 7.275 kilómetros
cuadrados, equivalentes a 6,47 del territorio del país.
En Guatemala, hasta la misma fecha, se habían
otorgado 55 concesiones, con una superficie de 4.143 kilómetros
cuadrados, un 3,81 por ciento de la superficie nacional.
Nicaragua, para mayo de 2017 había otorgado
concesiones para 146 operaciones extractivistas, y aún procesa 20 solicitudes
más. En conjunto, incluyendo las solicitudes pendientes, engloban 11.143 kilómetros
cuadrados, es decir, 8,55 por ciento de su superficie total.
El Salvador hizo historia a nivel
internacional, al ser el primer país en el mundo en prohibir de tajo toda forma
de minería, en marzo del 2017.
Pero hasta 2006 se registraban 31 concesiones
metálicas, que cubrían un área de 1.088 kilómetros
cuadrados, 5,17 por ciento de su territorio.
América Central es una región de grandes
carencias sociales, con una población de 48 millones de habitantes y una
extensión de 524.000
kilómetros cuadrados, y de la que forman parte también
Costa Rica y Panamá.
Es además, una de las regiones más vulnerables
a los impactos del cambio climático, con pérdidas anuales en cosechas, ya sea
por exceso de agua, en el periodo de lluvias, o por sequías, en el seco.
Siguiendo el ejemplo salvadoreño, “hay casos
de movimientos que están solicitando territorios libres de minería” en países
vecinos, explicó a IPS la investigadora nicaragüense Angélica Alfaro, una de
las responsables del nuevo estudio.
“Pero la realidad es que en países como
Honduras, Guatemala y Nicaragua se han creado leyes orientadas directamente a
promover al sector minero”, dijo Alfaro, que trabajó en el documento en su
calidad de consultora de la Asociación para el
Desarrollo de El Salvador .
El informe fue publicado por la Alianza Centroamericana
frente a la Minería ,
un conglomerado de organizaciones ambientalistas de la región.
El sector minero pone en riesgo la seguridad
alimentaria del istmo porque impacta directamente la agricultura, pues afecta
varias cuencas, aseguró a IPS el activista Julio González, del colectivo
guatemalteco Madre Selva.
Por ejemplo la mina Cerro Blanco ,
localizada en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, limítrofe con el
occidente salvadoreño, es parte de la cuenca Ostua- Güija-Lempa .
La contaminación producida por el yacimiento
pasa al lago Guija, en El Salvador, y de ahí al río Lempa, que serpentea por
este país y cuya agua es aprovechada para el riego y para el consumo humano,
luego de ser purificada.
“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital
para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos,
como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”, destacó González,
quien participó en la presentación del estudio en San Salvador.
Agregó que las tierras usadas por el sector no
son precisamente las enormes extensiones propiedad de terratenientes, sino las
zonas usadas para la agricultura de subsistencia, sobre todo en territorios
indígenas, expulsados históricamente de sus tierras y asentados en zonas
boscosas.
“Pero esa es la agricultura que sostiene la
seguridad alimentaria”, subrayó.
El informe “ Impactos
de la minería metálica en Centroamérica ”, publicado en 2011, advertía ya
que “el acceso al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble
que el dedicado a la producción de granos básicos, es decir, por cada kilómetro
cuadrado que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen
dos kilómetros cuadrados sobre los cuales la industria minera ejerce control”.
Edición: Estrella Gutiérrez
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252676
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