El desembarco del
fracking
en América Latina
11 de julio de 2016
11 de julio de 2016
Ariel
Pérez Castellón
Abogado del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente (AIDA)1.
Resumen Ejecutivo
De México a la Patagonia, las operaciones de
fracking se están diseminando por la región con la promesa de acceso a nuevas
reservas y recursos de hidrocarburos. Se trata de hidrocarburos no
convencionales como el gas y el petróleo de esquisto, recursos de difícil y
costosa extracción, la cual está asociada con severos impactos ambientales y
sociales. El fracking se está empezando a realizar en países tradicionalmente
productores de hidrocarburos como México y Argentina, pero también en
importadores netos de tales recursos como Chile y Uruguay.
El avance del fracking en la región se realiza a
ciegas. Ninguno de los países donde se aplica esta técnica, o donde se tiene
previsto hacerlo, posee un conocimiento integral de sus riesgos y los daños que
puede ocasionar. Tampoco tiene información ni experiencia sobre las medidas
para prevenir o mitigar sus impactos2. Esto resulta grave dado que
en países pioneros en el desarrollo de operaciones de fracking como Estado Unidos,
Canadá e Inglaterra, existe evidencia sobre los impactos severos de esta
técnica en la salud de las personas y el ambiente3.
Contexto. Leyes y operaciones de fracking en la región
América Latina es una región altamente dependiente
de los combustibles fósiles. El 77% de la energía que consumimos proviene de
ellos4. Como parte de esta ecuación, los países productores de
hidrocarburos de la región han estado extrayendo estos recursos a tasas muy
elevadas. Esta extracción acelerada de hidrocarburos, sumada a la inexistencia
de hallazgos significativos de nuevos yacimientos (más allá del Pre-Sal en
Brasil), está derivan do en
situaciones de crisis de reservas de petróleo o gas natural en varios países de
la región5. Este contexto energético, lejos
de impulsar a la búsqueda de alternativas energéticas sostenibles en los
Estados de la región, ha conllevado en muchos casos la penetración estatal de
nuevas fronteras extractivas cada vez más riesgosas en términos económicos,
ambientales y sociales. Así, Estados como el peruano, el argentino, el mexicano
o el boliviano alientan el avance de las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en sus áreas protegidas, territorios indígenas o
ecosistemas frágiles como la Amazonía6.
Una de las últimas fronteras del extractivismo es
la fractura hidráulica de hidrocarburos no convencionales. Los informes de la
Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas
en inglés) sobre el gas y el petróleo de esquisto a nivel global, constituyen
un factor importante de promoción del fracking en la región. Éstos señalan la
existencia de grandes cantidades de recursos recuperables de gas y petróleo de
esquisto en países de América Latina7. Por ejemplo, según la EIA,
Argentina sería el segundo país con los recursos más cuantiosos de gas de
esquisto a nivel mundial. No obstante, tales datos deben manejarse como meras
estimaciones. Las reservas probadas de hidrocarburos
no convencionales solo pueden cuantificarse con la perforación y fractura de los
pozos8, lo que desde ya no ocurre con las estimaciones de la EIA. En años recientes,
varios ejemplos de estimaciones generosas de recursos no convencionales se han
reducido a cantidades ínfimas una vez realizada la cuantificación de reservas
probadas9. El nivel de avance de las operaciones de fracking,
así como la recepción de éstas en las políticas públicas y la normativa de los
países de la región, presentan diferencias, pero también rasgos comunes.
Argentina, Brasil, Colombia y México cuentan con normas y políticas públicas
relativas al fracking. Pero el nivel de avance de la fractura hidráulica varía
entre los países que ya extraen hidrocarburos no convencionales, los que están
desarrollando actividades de exploración o prospección, o los que simplemente
han suscrito contratos para viabilizar el fracking sin iniciar aún operaciones.
Conozcamos brevemente la situación de algunos de
los países de la región:
Ø
Argentina
posee la mayor presencia de operaciones de exploración y explotación de
hidrocarburos no convencionales a través de fracking en la región. Hasta 2014,
existían allí más de 500 pozos de fracking en las provincias de Neuquén, Chubut
y Río Negro10, incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área
natural protegida, y en territorios indígenas de mapuches. El país cuenta con
dos normas principales de incentivo al fracking de hidrocarburos no
convencionales: la Ley de la Soberanía
Hidrocarburífera (2012) y la nueva Ley de
Hidrocarburos (2014);
Ø
México le
abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética
de 2013. El fracking de hidrocarburos no convencionales está en una fase de
exploración en el país. Hasta 2014 se perforaron 20 pozos11 con esa
técnica en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En 2015, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México publicó la Guía de
Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos
Contenidos en Lutitas
Ø
En Colombia, la Agencia Nacional
de Hidrocarburos ha otorgado seis bloques para la exploración y explotación de
hidrocarburos no convencionales12 en los Departamentos de Tolima,
Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Santander y Norte de Santander. En el país se
han aprobado varias normas de regulación de las actividades de fracking de
hidrocarburos no convencionales, entre ellas el Decreto N° 3004/13 y la Resolución N °
90341/14 del Ministerio de Minas y Energía;
Ø
En Brasil, a
través de la Ronda 12 de 2013, la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) licitó áreas
con la posibilidad de realizar exploración y explotación de hidrocarburos no
convencionales. En el país, cualquier operador de un contrato de exploración o
explotación de hidrocarburos puede realizar la fractura hidráulica de
yacimientos no convencionales si cuenta con las licencias y autorizaciones
específicas del Estado brasileño13.
No existe información a la fecha sobre la existencia de operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales en Brasil. En 2014, la ANP aprobóla
Resolución N ° 21 que regula y establece los requisitos para
actividades de fractura hidráulica de hidrocarburos no convencionales;
No existe información a la fecha sobre la existencia de operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales en Brasil. En 2014, la ANP aprobó
Ø
Las
operaciones de fracking en Chile se han concentrado en el sur del país, en la
Isla de Tierra del Fuego. En 2013, la empresa estatal ENAP hizo un
descubrimiento de gas natural en una formación de arenas compactas (Bloque
Arenal). A partir de entonces se han perforado nuevos pozos que han extraído
volúmenes crecientes de dicho hidrocarburo14. ENAP planea perforar
un promedio de 30 pozos al año entre 2015 y 2020 en la zona de Magallanes15.
Ø
En Bolivia, la
empresa estatal hidrocarburífera YPFB suscribió en 2013 un acuerdo de
cooperación con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de
hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano16. Asimismo,
instruyó a las empresas operadoras a extraer muestras de la formación Los Monos ,
donde se presume existen recursos de gas de esquisto, para realizar estudios
posteriores.
II. Resistencias e incidencia para detener al fracking y prevenir
sus impactos
Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos
indígenas, organizaciones vecinales e instituciones de la región están
desarrollando estrategias para generar información, sensibilizar a la
población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones
para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en:
·
Más de 50
municipios que han declarado la prohibición o moratoria del fracking en
Argentina, Brasil, México y Uruguay17. Muchos de ellos se han basado
en la aplicación del principio de precaución; así como en la preservación de
las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas;
·
Resoluciones
judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de
realizar fracking en cuatro Estados brasileños: Sao Paulo, Piauí, Bahía y
Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional
de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas
comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean
suficientemente conocidos en ese país18. Esas decisiones judiciales
han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de
Brasil;
·
Varias
publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y
un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20.000
personas para prohibir el fracking en México;
·
Información
sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil y
promoción del debate público en Colombia, Bolivia y Chile, entre otros.
III. Unidos es mejor
En noviembre de 2014, se conformó la Alianza
Latinoamericana Frente al Fracking para la generación de
información, articulación de esfuerzos y la incidencia internacional para
detener y prevenir sus impactos. Actualmente está integrada por 35
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de ocho países de la región19.
En diciembre de 2015, en ocasión de la 21° Conferencia de las Partes (COP21) de
la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en París, la Alianza
realizó un pronunciamiento público en el que urgió a los Estados a prohibir el
fracking en aplicación del principio de precaución20. Asimismo,
llamó la atención sobre el hecho de que “el fracking
es una técnica experimental y ni gobiernos ni empresas deben realizar
experimentos de alto riesgo con la vida, la salud de las personas ni el
ambiente.”
IV. Conclusiones
El fracking avanza a ciegas en América
Latina; avanza sin que nuestros gobiernos conozcan de modo integral los
impactos y riesgos de esta técnica, y sin que las empresas operadoras puedan
prevenir o mitigar adecuadamente los mismos. Las operaciones de fracking se
están realizando sin información, consulta previa ni participación de las
poblaciones o comunidades afectadas. Los contratos y proyectos relacionados con
el fracking, con muy pocas excepciones,
son inaccesibles a la sociedad civil, vulnerando la publicidad y transparencia
que deberían regir temas de interés colectivo como éste.
La
promoción del fracking es una mala decisión en términos sociales, ambientales y
económicos: nos lleva en la dirección incorrecta ante la urgencia global de
disminuir los gases de efecto invernadero, a la vez que pone en severo riesgo
los derechos a la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras.
También posterga la priorización de la inversión pública y privada en energías
renovables más económicas y sostenibles. Nuestros países tienen el derecho al
desarrollo, a beneficiarse de sus recursos naturales, pero el acceso a
combustibles o a la renta que éstos generan no justifica los medios. Nuestro
desarrollo debe basarse en el respeto a la dignidad y los derechos humanos de
las personas. Finalmente, nuestros gobiernos tienen la oportunidad y el deber
de prohibir el fracking o declarar su moratoria en base al principio de precaución.
Numerosas organizaciones sociales y ciudadanos de la región lo exigen. Demandan
de sus gobiernos una transición energética de los combustibles fósiles a las
energías renovables sin perder más tiempo.
INFORME AMBIENTAL ANUAL 2016 FARN
INFORME AMBIENTAL ANUAL 2016 FARN
Fuente: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2016/07/11Castello%CC%81n.pdf
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