La marcha de la nación Qhara Qhara
y de los 11 pueblos indígenas
22 de febrero de 2019
Arturo D. Villanueva Imaña*
Esta marcha que partió de Sucre rumbo a la sede de
gobierno reclamando por sus derechos territoriales, políticos y culturales;
vuelve a la memoria aquella histórica Primera Marcha Nacional por el Territorio
y la Dignidad, en agosto de 1990, hace casi tres décadas.
Muy lejos de representar una movilización sectorial y
puntual que solo tiene que ver con algún territorio, como por ejemplo fue la
VIII marcha en defensa del TIPNIS; en este caso se trata de una movilización
nacional que involucra a diversos pueblos indígenas de las tierras altas y
bajas del país, que convocan la atención nacional
Como se recordará, aquella marcha histórica marcó un hito interpelatorio a las bases estructurales de la institucionalidad colonial representado por el Estado monocultural, discriminatorio y excluyente, de carácter neoliberal y republicano que se encontraba gobernando.
Como se recordará, aquella marcha histórica marcó un hito interpelatorio a las bases estructurales de la institucionalidad colonial representado por el Estado monocultural, discriminatorio y excluyente, de carácter neoliberal y republicano que se encontraba gobernando.
En aquella ocasión, más allá de los logros formales que se
alcanzaron (como el reconocimiento a la identidad cultural y los derechos
colectivos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas); lo que en
verdad se iniciaba era un proceso de transformaciones estructurales que
significaron una profunda remoción de los cimientos nacionales. La
incorporación de los derechos colectivos, el pluralismo, la interculturalidad y
la inclusión de diversas identidades culturales en el Estado monocultural que
en ese momento persistía, no significaban otra cosa que el reconocimiento de un
nuevo concepto y un nuevo imaginario sobre la sociedad y el Estado. Como todos
sabemos, tal fue el impacto de semejante proceso de interpelación que
cuestionaba las bases mismas de la sociedad y el Estado, que éste derivó
posteriormente en la convocatoria a la Asamblea Constituyente
que terminó refundando dichas bases.
¿Qué ha pasado entonces para que después de casi tres décadas
y un largo proceso de cambios y transformaciones, los pueblos indígenas vuelvan
a kilómetro cero (simbólica y literalmente), y repitan prácticamente el mismo
tipo de demandas y exigencias que en ese tiempo?
La pregunta marca la gravedad y
profundidad del significado de semejantes demandas, porque da cuenta al mismo
tiempo de la persistencia y resurgimiento de los mismos problemas de
conculcación y desconocimiento de los derechos que ya habían sido reconocidos
hace varias décadas, así como de un inocultable proceso regresivo y retrógrado
que ha permitido el restablecimiento de aquellas condiciones abusivas,
excluyentes y atentatorias que, como en el pasado, ponen en riesgo y desconocen
los derechos territoriales, políticos y de autogobierno que son reconocidos
constitucionalmente.
Es decir, se ha producido un retroceso tal en el
cumplimiento y aplicación de la Constitución y de los derechos colectivos, que
a tiempo de volver a movilizarlos, retorna nuevamente a los pueblos indígenas
al punto de origen de sus luchas históricas. Y no es para menos, porque a pesar
de los muchísimos años transcurridos, no solo continúan pendientes de
reconocimiento algunos derechos territoriales (principalmente en las tierras
altas del país), sino que están soportando una
muy agresiva arremetida de avasallamiento y destrucción de sus territorios, que
no solo implica un permanente asedio y asentamiento ilegal de terceros que
pretenden apropiarse
fraudulentamente de sus tierras (muchas veces con el aval de autoridades que
quieren favorecer otros intereses sectoriales a cambio de respaldo electoral o
económico), sino que ponen en riesgo de extinción su propia cultura y su forma
de vida. Sucede este extremo, porque se está procediendo a la destrucción de la
naturaleza, los territorios y el propio entorno, con tal de explotar e imponer
un extractivismo salvaje de los recursos naturales disponibles en dichas áreas.
Más aún si colateralmente se han puesto en vigencia normas que desvirtuando el
mandato constitucional, no solo afectan la autonomía indígena, sino que
supeditan también la justicia indígena originario campesina a la jurisdicción
ordinaria, impidiendo un ejercicio y aplicación plenos de su autonomía, su
derecho a la autodetermienación y sus competencias en la administración de
justicia.
En el caso de los pueblos indígenas de las tierras bajas
el drama no es menor, porque se trata de pueblos que viven en áreas como el
Tipnis, Bala – Chepete, Rositas, Tariquía, Parque Carrasco, etc., que desde
hace varios años sufren la embestida desarrollista y extractivista que, al
margen de atentar y destruir la naturaleza, quemar bosques y biodiversidad,
imponer megaproyectos que destruirán comunidades y desplazarán a la población,
etc., los pone en riesgo de desaparición y extinción.
Por esta situación de elevada gravedad que sin duda alguna
no se limita a la conculcación de los derechos de los pueblos indígenas que se
encuentran en marcha, sino que también tienen una enorme afectación a la naturaleza
y los medios de vida de los que dispone todo el país; es claro que nuevamente
están luchando y defendiendo los últimos espacios territoriales, naturales y de
vida que le quedan al país. Se trata de una oportunidad final para preservar la
esperanza y hacer prevalecer una relación armoniosa con la naturaleza, en vez
de que la misma termine desapareciendo bajo los impulsos salvajemente
destructivos del desarrollismo y el extractivismo imperantes, que tienden a
destruirlo todo.
(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Febrero 22
de 2019.
Fuente: https://www.bolpress.com/2019/02/22/la-marcha-de-la-nacion-qhara-qhara-y-de-los-11-pueblos-indigenas/
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