PRO, K, PJ, FR, UCR, ARI y CC:
todos unidos
para encubrir el contrato con
Chevron
7 de noviembre de 2016
7 de noviembre de 2016
Por Leandro Ross
Después de quemadas
todas las instancias, la Justicia ordenó la publicación del contrato con
Chevron firmado por el kirchnerismo. Ante ello el actual Gobierno sacó de la
galera una ley de in transparencia pública, con la
finalidad de legalizar su encubrimiento, que fue aprobada por
Diputados. No obstante los senadores eliminaron las disposiciones que
posibilitaban eso, y devolvieron el proyecto de ley a Diputados. Y allí sobre
tablas y actuando como un solo bloque macristas, kirchneristas, peronistas,
massistas, radicales, y lilitos, etc, proveyeron los dos tercios necesarios
para aprobar el definitivo encubrimiento del contrato.
Ocultamiento que fue
disimulado, mostrando solamente la punta del contrato, y dejando el restante 95
% sepultado en el absoluto secreto. Perpetrando así un triple engaño a la ciudadanía. El de
la sanción de una ley de transparencia para concretar un ocultamiento. El del
verdadero motivo de esa ley. Y la supuesta publicación de un contrato, cuando
en realidad se mostró una ínfima parte de él. Striptease suministra la nómina
de los diputados que posibilitaron esta fechoría antidemocrática, para que
elector reflexione en la próxima votación, si puede confiar en esos
representantes, no del pueblo, sino de los intereses petroleros y Chevron.
**
La historia del
ocultamiento del pacto entre YPF y Chevron llevó tres años de peleas judiciales
y polémicas gubernamentales. Tanto durante el Gobierno kirchnerista, como
durante el Gobierno macrista, distintos momentos exponen un insistente uso de
estrategias por parte del Estado, para ocultar las cláusulas del contrato, que
ampara la ambición de realizar los trabajos oscuros para explotar la reserva
hidrocarburífera de Vaca Muerta, ubicada en la región neuquina y sus
alrededores, en un área de más de 30.000 kilómetros
cuadrados.
Se atribuye al geólogo
Charles Edwin Weaver el descubrimiento de esa formación hace 90 años, mientras
realizaba estudios de campo para Standard Oil of California, hoy Chevron. La
misma que había obtenido de Perón los contratos en Santa Cruz, que fue uno de
los motivos de su derrocamiento en 1955. Y la que ahora es pionera en la
explotación de esa área.
A la que se la pondera
como una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del mundo.
Habiendo sido estimados sus recursos, tal como se verá mas adelante, en billones de dólares a la europea, o sea millones de millones, no el millar de millones de
EEUU. Los que se extraen mediante el cuestionado método de fracking, acusado de
poner en riesgo el medio de ambiente de la región.
Desde la contaminación
de las napas y ríos, por la utilización de químicos para corroer la roca, hasta
la posibilidad de generar sismos por las fracturas del subsuelo. Y otros
peligros que se debaten en todo el mundo y que nuestro país ha optado por
ignorarlos olímpicamente, sin realizar audiencias publicas, ni los estudios de
impacto ambiental correspondientes.
Además el fracking es
un negocio caro, que requiere conocimientos técnicos, gran equipamiento, y
recursos financieros para llevarlo a cabo. Es por eso que la petrolera
argentina YPF, que como sociedad anónima comenzó a ser manejada en su mayoría
por el Estado desde el año 2012, optó por recurrir como principal socio para
este negocio a la estadounidense Chevron. Una de las tantas corporaciones
ligadas a la
familia Rockefeller , que carga sobre su responsabilidad el
pasivo ambiental que generó su filial Texaco, por los derrames petrolíferos que
hizo en la selva ecuatoriana, considerada como la peor catástrofe ambiental hoy
en día.
Es así que para
explotar Vaca Muerta, YPF y Chevron formalizaron un pacto secreto. Que contó
hasta el día de hoy, con la complicidad de fuerzas políticas de distintos
colores. Desde entonces, distintas acciones se llevaron a cabo en los
tribunales y en el Parlamento, para que la ciudadanía conozca de una buena vez
las cláusulas de este acuerdo oculto entre las dos petroleras, mientras los
pozos continúan sus trabajos a toda máquina. Y a pesar de los manejos
dilatorios, la verdad estuvo a punto de ser revelada, aunque al final la
intervención de fuerzas políticas de distintos colores, hizo que ello se
frustrara, y sólo apareciera en una mínima medida.
Del decreto Chevron a la ley Chevron
El primer acuerdo
secreto entre YPF y Chevron tiene fecha 16 de julio de 2013. Justo un día antes
-el 15 de julio de 2013- la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner había promulgado el Decreto Nro. 929,
bajo el nombre de Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos. Se trata de una normativa que otorgaba una serie de beneficios a
las petroleras extranjeras.
Entre otras, se
incluía: la comercialización libre en el mercado externo del 20% de la
producción de hidrocarburos, la cero retención a la exportación, y la libre
disponibilidad de las divisas. Todos estos beneficios eran para aquellos que
realizaran inversiones mínimas en nuestro país de 1.000 millones de dólares.
Precisamente, el acuerdo YPF – Chevron para Vaca Muerta, partía de la base de
una inversión de U$S 1.500 millones por parte de la petrolera norteamericana en
el territorio sudamericano. Semejante decisión no fue pasada por las cámaras
legislativas.
Si bien el decreto en
sí está fechado el 11 de julio 2013, su publicación se hizo en el Boletín Nro.
32.679, de fecha 15 de julio de 2013. De allí la acusación que el decreto 929, promulgado justo un día
antes del acuerdo entre YPF y Chevron, es el “decreto Chevron”.
Ese fue el disparador
que inició el litigio en la justicia, exigiendo la exposición publica del
acuerdo. El 22 de agosto de 2013, el entonces senador nacional Rubén
Giustiniani presentó ante las oficinas de YPF un pedido de información pública
sobre el acuerdo secreto, amparándose en el Decreto Nº 1172/03. En ese
entonces, Argentina no contaba con una ley sobre el derecho al acceso de la información
pública, solo existía ese decreto emitido por el presidente de ese entonces,
Néstor Kirchner.
No obstante la
petrolera argentina rechazó entregar la información, utilizando como
herramienta jurídica el Artículo 15 de la mismísima Ley de
Soberanía Hidrocarburífera (Nro. 26.741). Se trata de la ley que promulgó la
presidenta para la estatización del 51% de las acciones de YPF. A contracara de
lo que era el discurso kirchnerista sobre la “nacionalización” de la empresa,
YPF argumentó que al ser una Sociedad Anónima era una empresa privada, y por
ende no estaba obligada a exhibir la letra chica de sus negocios.
El artículo 15 de
dicha ley define a la corporación bajo carácter de S.A., “no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna
que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades
en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.
Quedó así expuesta la treta insertada en la ley de la estatización, para
garantizar el secreto sobre las operaciones de YPF.
El 10 de noviembre de
2015, justo un mes antes de abandonar el poder, la presidenta Cristina
Fernández recibió un duro coletazo judicial, cuando la Corte Suprema de
Justicia ordenó que se publicaran las cláusulas secretas del acuerdo entre las
petroleras YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. El fallo, de 22 carillas,
estableció la importancia del libre acceso a la información pública. Y que YPF
está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. No solo por ser titular de la mitad más
una de las acciones, sino que el propio Estado designó directivos, incluyendo
al que era en aquel entonces viceministro de economía Axel Kicillof, como así
también al propio CEO de la compañía, Miguel Galuccio.
Incluso la propia ley
de expropiación a YPF, declara “interés público nacional” el autoabastecimiento
hidrocarburífero, como así también sus tareas de exploración, explotación,
industrialización, etc. “La información no pertenece al
Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina ”, resalta el fallo
de la Corte.
Luego, el 10 de
diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación. Y designó a la macrista Laura Alonso ,
una de las que más activas denunciadoras del acuerdo YPF – Chevron desde su rol
como diputada nacional, como titular de la Oficina Anticorrupción.
Sin embargo, a
comienzos de marzo de 2016, la encargada de investigar la corrupción
administrativa, cambió su postura y decidió avalar la confidencialidad del
pacto YPF-Chevron. Según la
Agencia Télam , el cambio de postura radical ocurrió luego de
un encuentro entre Alonso y los directivos de YPF, Miguel Galuccio (CEO de la
compañía), Daniel González (gerente de finanzas) y Germán Fernández Lahore
(vicepresidente de servicios jurídicos). La reunión duró 15 minutos. 15 minutos
le bastó a la titular de la Oficina Anticorrupción para cambiar su postura,
mientras Galuccio se retiraba de su puesto, recibiendo una millonaria
indemnización.
En consecuencia
inmediatamente después, Alonso emitió la nota 602/16 dirigida al apoderado de
YPF, en la que consideraba que el secreto sobre contrato estaba
justificado. “A criterio de esta Oficina,
YPF ha fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas. En virtud de lo informado, la cuestión se encuentra sometida a consideración de la Justicia
en lo Contencioso Administrativo”, decía la nota.
Haciendo referencia
así por un lado, a un nuevo intento ante la justicia por parte de YPF, para
insistir con el secreto. Y dando la pista por otro lado, de la ley que
sobrevendría posteriormente al fracasar este nuevo intento ante la justicia, en
la que se fijaron las “excepciones” para
legalizar el secreto sobre el contrato con Chevron.
El caso es que en
febrero anterior, al reanudarse el funcionamiento de la Justicia, YPF había
presentado un recurso pidiendo que la entrega del contrato con Chevron sea sólo
a la Justicia, y no se difundiera públicamente. Insistió así en su trece, pese
el fallo de la Corte, aduciendo que ello era para “salvaguardar información geológica, comercial y financiera que
son de valor estratégico para ambas empresas”.
No obstante el 14 de
marzo, la jueza contencioso administrativa María Cristina Carrión de Lorenzo,
rechazó la petición, y le ordenó a la petrolera que hiciera público el contrato completo con Chevron en un plazo
máximo de cinco días. En el fallo, la magistrada expresó que “corresponde sin más trámite dar cumplimiento” a
lo estipulado, y dispuso una multa de 50 mil pesos diarios para la petrolera en
caso de no cumplir con ello.
De esta forma, Carrión
de Lorenzo ordenó ejecutar el fallo de la Corte Suprema , que
obligaba a revelar la totalidad del acuerdo. Aduciendo que YPF no expuso las
razones por las cuales “la revelación de la
información contenida
en el contrato y sus anexos afectaría sus intereses… La publicidad del acuerdo entre las
petroleras no viola el Decreto 1172/03 de acceso a la información pública ni la
Ley 25.831 de régimen de libre acceso a la información pública ambiental.”
Sin embargo, YPF
insistió con su trece, y presentó una apelación contra ese fallo. Que a esa
altura se trataba evidentemente de una chicana procesal, como tratando de ganar
tiempo para lograr ínterin la sanción de una ley ad hoc, que preservara el
secreto.
Luego el 14 de julio
la Sala 1 de la Cámara
Federal en lo Contencioso Administrativo Federal porteña, con
las firmas de los jueces Carlos Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio, rechazó
ese planteo. Y dispuso que YPF entregue toda la información vinculada con ese
convenio, tal como lo había ordenado el fallo de primera instancia.
“Una recta inteligencia del
pronunciamiento de la
Corte Suprema no puede llevar sino a la conclusión de que al
hacer lugar a la demanda acogió, indudablemente, la pretensión del demandante”, sostuvieron los
jueces. Y además, amenazó con iniciar una causa por ‘desobediencia’ contra las
autoridades de YPF, ante el caso que no cumpliera lo ordenado, siendo este un delito
penado hasta con un año de prisión.
No obstante
empecinadamente YPF insistió con su trece, presentado un recurso extraordinario
ante la Corte
Suprema. Que la misma sala, integrada por los mismos jueces,
rechazó de plano. Ratificando la obligación de la petrolera estatal YPF de dar
a conocer el acuerdo con la multinacional petrolera Chevron.
Este fallo fue dictado
el 13 de septiembre, en vísperas que el Congreso de la Nación aprobara la Ley Nacional de
Acceso a Información Pública 27.275, contando para ello inusitadamente, con el
apoyo de todos los bloques mayoritarios, pese estar enfrentados duramente entre
sí. Que como se verá seguidamente, consagra el secreto absoluto sobre el contrato con
Chevron, y todos los que se le ocurra firmar a YPF en Vaca Muerta, o lejos de
ella.
Posteriormente, pese
la sanción de la flamante ley que consagraba el secreto sobre el contrato con
Chevrón, YPF simuló ceder ante la Justicia, y el 22 de septiembre pasado
entregó a la Justicia el primer acuerdo que había firmado con Chevron. La cual
a su vez el 7 de octubre se lo entregó al ex senador y actual legislador de la
provincia de Santa Fe, Giustiniani, quien lo hizo público la semana siguiente
en una conferencia de prensa.
Ley Chevron
Sorpresivamente, el 07
de abril pasado -cuatro días después del escándalo internacional de los Panamá
Papers y el debate instalado sobre empresas ocultas en paraísos fiscales, donde
el presidente Mauricio Macri está metido en el ojo de la tormenta- y mientras
YPF apelaba el contundente fallo de la jueza Carrión de Lorenzo, ordenándole publicar el
acuerdo, el mandatario nacional anunció sorpresivamente el envío al Congreso de
un proyecto de ley de acceso a la información pública.
Expresó que se trataba
de una iniciativa que busca “transparentar” la información ligada a todas las
entidades estatales, brindándosele todos los documentos y datos relacionados
con la administración pública a cualquier ciudadano que lo requiera. “El Estado no es de los que gobiernan y el dinero no es nuestro, es
de la gente y tienen derecho a saber cómo lo destinamos“, sentenció
Macri. Y velozmente un día después, comenzó el debate del proyecto de ley en
comisión parlamentaria.
El 18 de mayo, al mes
siguiente de presentado, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el
proyecto del oficialismo, con el apoyo de casi todos los bloques que la conforman. Haciéndole
agregados a sus “Excepciones” -las mismas a las que había aludido Alonso- que
como se verá seguidamente, reforzaban el derecho de YPF a mantener un absoluto
secreto sobre el contrato.
No obstante el
proyecto no recibió el mismo tratamiento veloz por parte del Senado, donde
evidentemente quedó trancado. Al mismo tiempo de Giustiniani denunciaba
públicamente la demora por parte de YPF en exhibir el contrato, a la par que
algunas ONG reclamaban que se hiciera publico el mismo, con motivo de la
audiencia publica convocada para el 16 de septiembre por el ENARGAS, para
debatir respecto el megatarizafo del gas natural. Con la exigencia por parte de
la Corte Suprema ,
que en ella también se debería considerar el precio en boca de pozo a percibir
por los productores de gas y petróleo.
Esta situación lo
llevó al Gobierno a tirarse a una pileta vacía, pidiendo el tratamiento sobre
tablas en el Senado de dicho proyecto. Que se concretó la semana previa a las
audiencias públicas, el 7 de septiembre, durante el cual sorpresivamente, los
senadores justicialistas junto con Fernando “Pino” Solanas, realizaron
modificaciones al proyecto, echando por tierras las cláusulas con las que se
pretendía legalizar el secreto sobre el contrato con Chevrón.
Acerca esas
modificaciones, un cable de Télam señalaba que entre los cambios, “los más importantes son los que incluyen entre los entes que
deben brindar información al público a las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, como es el caso de YPF, ya que varios
legisladores apuntaron al acuerdo entre la petrolera argentina y Chevron por la
explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta”.
El proyecto fue
velozmente girado a la cámara baja para tratar sus modificaciones. Para lo cual
se requiere una mayoría agravada de dos tercios, a los efectos de rechazar las
modificaciones hechas por la otra cámara. Cosa que parecía imposible, ante la
actividad hostilmente obstructiva por parte del bloque kirchnerista, a toda
iniciativa proveniente del macrismo.
Pero milagrosamente,
el 14 de septiembre sucedió el milagro, que conjunto a macristas con
kirchneristas, y también a radicales, peronistas, aristas, lilistas, y alguna
otra ista. Y así dos días antes de la concreción de las audiencias por el
megatarifazo del gas natural, sobre tablas, o sea con una mayoría agravada de
dos tercios para obtener el quorum, Diputados rechazó con la mayoría agravada
de dos tercios de los votos, las modificaciones introducidas por el Senado.
La imagen muestra que
no hubo brotes verdes afirmativos, sino que casi todo era verde, ya que esa
postura fue aprobada con 182 votos a favor y 16 en contra. Quienes alzaron sus
manos en favor de la aprobación fueron los bloques de Cambiemos, el Frente para
la Victoria , el Frente Renovador, el
Bloque Justicialista, y la
Coalición Cívica , apoyando la iniciativa de explotar Vaca
Muerta, mediante convenios absolutamente secretos para los argentinos.
En alegre montón, al
que antes le llamaban contubernio, los votos afirmativos más notables por orden
alfabético fueron, ALFONSÍN, Ricardo, UCR / BOSSIO, Diego, PJ / CAMAÑO,
Graciela, FR / CONTI, Diana Beatriz, K / DE MENDIGUREN, José Ignacio, FR / DE
PEDRO, Eduardo Enrique, K / DE VIDO, Julio, K / di TULLIO, Juliana, K / GARRÉ,
Nilda, K / GIOJA, José Luis, K / HELLER, Carlos Salomón, K / KICILLOF, Axel, K
/ KIRCHNER, Máximo, K / MASSA, Sergio Tomás, FR / MASSOT, Nicolás María, PRO /
MESTRE, Diego Matías, UCR / NAZARIO, Adriana Mónica, esposa del ex gobernador
José De la Sota, FR / NEGRI, Mario Raúl, UCR / PEDRINI, Juan Manuel, K /
RECALDE, Héctor Pedro, K / RUCCI, Claudia Mónica, FR / TONELLI, Pablo Gabriel,
PRO, etc.
En cuanto los pocos
votos negativos notables fueron: ARGUMEDO, Alcira Susana, Proyecto Sur / BINNER,
Hermes, Partido Socialista / DONDA PÉREZ, Victoria
Analía, Libres del Sur. En cuanto los mas notables que oportunamente se
ausentaron para no dejar el mocho puesto fueron: CABANDIÉ, Juan, K / CARLOTTO,
Remo Gerardo, K / CARRIÓ, Elisa María Avelina, CC: DEPETRI, Edgardo Fernando, K
/ KUNKEL, Carlos Miguel, K / SOLÁ, Felipe Carlos, FR /STOLBIZER, Margarita
Rosa, GEN, etc.
Seguidamente el 29 de
septiembre, el presidente Macri emitió el decreto 1.044, promulgando la ley Nro. 27.275, también
conocida como Ley de Acceso a la Información Pública. Que
en honor de la verdad debería llamarse Ley de Impedimento a la Información respecto el contrato con
Chevron. Además del presidente, el mismo cuenta con la firma
del jefe de gabinete Marcos Peña, y el ministro del interior Rogelio Frigerio.
Toda excepción tiene su regla
Se dice que toda regla
tiene su excepción, pero en este caso, con el elocuente paralelismo que se fue
dando entre los avatares judiciales y legislativos, se podría decir que se
legisló arteramente, con el objeto de fijar las excepciones, no las reglas.
La noticia, desde los medios masivos de comunicación, fue que después de
12 años de espera, Argentina iba a contar con su primera ley que garantizaría a
todos los habitantes del país reclamar, exigir y recibir todos los datos requeridos
en referencia al funcionamiento de la administración estatal.
Sin embargo, tal como
lo han señalado distintos legisladores, el artículo 8 de la Ley de Acceso de
Información Pública en sus Excepciones, a las que se refirió tempranamente
Alonso,legalizó que YPF oculte para
siempre su acuerdo secreto con Chevron, y todos los otros
que ha firmado, o se le ocurra firmar en un futuro.
El Artículo 8,
tipifica cuáles serían las situaciones de excepción, por las que no corresponde
que el Estado –en este caso, YPF- otorgue a la ciudadanía determinada
información pública. A continuación, los incisos resaltados en negrita son los
más notables que legalizan la cerril postura adoptada por YPF en relación con
el contrato con Chevron. Estos son:
b) “Información que pudiera poner
en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”.
Parece una dislate,
pero seguidamente se verá que no. Según una estimación de YPF del 2013, las
reservas que cuenta Vaca Muerta alcanzarían un total de 16.200 millones de
barriles de petróleo, y 8,72 billones de metros cúbicos de gas natural (308
Trillones de pies cúbicos). Por ende, se habla de un negocio formidable con un
enorme circuito de dinero, que al precio actual del petróleo de u$s 50 el
barril, en petróleo representarían 81.000 millones de dólares.
Pero en gas natural,
con la meta de su precio de u$s 7 el Millón de BTU o 25 ctvs de dólar el m3
impuesta por el gobierno a los consumidores argentinos con el megatarifazo,
representan2,26 billones de dólares (2.260.000.000.000).
O sea cinco veces el actual PBI de Argentina. Y ademas debajo de la formación
de Vaca Muerta, se encuentra la formación de Los Molles, que se estima que
tiene aún mas recursos que Vaca Muerta.
Este enorme negocio es
el que está detrás de Vaca Muerta, y subrepticiamente detrás de Los Molles,
para convertirla en una gran exportadora de gas natural, por parte de las
multinacionales que operan allí. Y el actual Gobierno evidencia tener la
intención de que la inversión la costeen los consumidores argentinos, pagando
el gas como si fuera importado.
En lugar de convertir
esos enormes recursos energéticos, en una ventaja comparativa de los
argentinos, para aumentar la competitividad de su economía con energía barata.
De todas maneras, esa enorme fuente de pesos y divisas, también le cabría la
tipificación de “poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema
financiero o bancario”, si se dificultara su operación con los acuerdos
secretos que se están firmando al respecto.
c) “Secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación
pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del
sujeto obligado”.
Como se vio, gran
parte de las reservas de gas y petróleo son recursos no convencionales. Que se
se extraen mediante el método de fractura hidráulica o fracking. Dentro de
estos procedimientos, se utilizan químicos corrosivos, que se mantienen en
secreto. Esto ha generado grandes discusiones en distritos de Estados Unidos,
al negarse las empresas a publicar la composición de los productos químicos que
emplea. Siendo este otro punto más para justificar el ocultamiento al acuerdo,
para no perjudicar “el nivel de competitividad” de los agentes utilizados para
el fracking.
d) “Información que comprometa los
derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida de carácter confidencial”.
Simplemente ese
tercero sería Chevron. Ya que la publicidad del acuerdo, podría traerle
problemas a la hora de realizar negocios paralelos y posteriores.
l) “Información obtenida en
investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de
reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación”.
Precisamente, esas
“investigaciones” pueden aludir a las exploración de los datos geológicos de
Vaca Muerta, y la aplicación de las técnicas del fracking en ese lugar.
m) “Información correspondiente a
una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública”.
Este es el último
inciso, y el más notable en beneficio del secreto del contrato YPF – Chevron.
Ya que YPF es una Sociedad Anónima sujeta al regimen de oferta pública, tanto
en Argentina como en EEUU. Por tal motivo, quedó amparada para no presentar su
acuerdo con la multinacional estadounidense.
Esta condición no estaba
en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Fue introducida descaradamente
en su trámite en Diputados, rechazada en el Senado, y ratificada un día después
de que la justicia rechazara el recurso extraordinario de YPF ante la Corte, y
dos días antes de que se concretaran las audiencias por el megatarifazo del gas
natural.
“La posibilidad de acceder a este tipo de datos en adelante -sobre
el acuerdo YPF y Chevron-estaba contemplada en las
modificaciones que hizo el Senado a la Ley de acceso a la información pública,
y que en Diputados con el aval de los bloques de Cambiemos y del Kirchnerismo
se encargaron de podar, ratificando la media sanción original de la cámara baja”,
señaló en un comunicado el bloque Libres del Sur, con la firma de Victoria Donda.
Además Donda aseveró,
“votamos en contra de insistir en la redacción
de diputados porque tal como fue aprobada no cumple en forma íntegra con la
búsqueda de transparencia que la sociedad demanda. Teníamos una opción mejor:
aprobar la media sanción con las modificaciones que introdujo el Senado”.
También fue rechazado
por el bloque Proyecto Sur, señalando su senador “Pino” Solanas, respecto el
artículo 8 inciso m): “Este inciso fue escrito
exactamente en la cresta de la ola del conflicto con Chevron; expresión de la
degradación institucional de la que estamos viviendo, con el fallo de la Corte
para hacer público el contrato de YPF – Chevron que es de noviembre. Y fue
ratificado. Hasta la fecha, el gobierno que continuó al gobierno que lo había
firmado, lo mantiene oculto. YPF es una sociedad con mayoría estatal y los
argentinos pagamos más de 6.000 millones de dólares para recuperar el 51% de
sus acciones”.
También fue rechazado
por el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y los diputados
del socialismo de Santa Fe. E incluso, en una columna de opinión publicada en
Página/12, un docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) sentenció que la ley aprobada era conforme la pretensiones de YPF.
(Ver Ley a la medida de YPF)
La punta del contrato con Chevron hecha pública
Así se llegó a una
situación paradojal, en la que al mismo tiempo que la Justicia le ordenaba a
YPF que sin mas trámite hiciera público el contrato con Chevrón, el Congreso
sancionó una ley diciendo que debía ser secreto. Y en consecuencia se habría
suscitado un escándalo, sí YPF aduciendo las disposiciones de la flamante ley,
se negaba a entregar el contrato a al Justicia.
Lo cual habría puesto
sobre el tapete el engaño de sancionar una supuesta ley de transparencia
pública, para ocultar el contrato con Chevron, con su consecuente escándalo y
vergüenza para los legisladores intervinientes. Por ello en base a órdenes que
seguramente vinieron de arriba, y después de serías discusiones entre los
departamentos de comunicaciones y legales de YPF, se optó por la salida
política de compromiso, de mostrar solo la punta del contrato con Chevron, el
“Project Investment Agreement” o “Contrato de Proyecto de Inversión”. También
conocido por sus siglas como PIA.
Se perpetró así con el
consentimiento de sus intervinientes, un triple engaño a la ciudadanía. El de
la sanción de una ley de transparencia, para concretar un ocultamiento. El respecto
al verdadero motivo de esa ley. Y la supuesta publicación de un contrato,
cuando en realidad se mostró una ínfima parte de él.
En consecuencia el
martes 11 de octubre pasado, luego de que la Justicia le entregara a
Giustiniani el acuerdo YPF – Chevron entregado a ella por YPF, el ex senador y
demandante ante la Justicia concretó una conferencia de prensa, en la que dio
conocer algunas pautas del famoso acuerdo para explotar la reserva
hidrocarburífera de Vaca Muerta.
“Esto es un triunfo al derecho al acceso a la información
publica -se ufanó el diputado Giustiniani con micrófono en
mano-. Nosotros fuimos a la
justicia, porque cuando enviamos una nota a YPF en octubre de 2013, YPF nos
contestó que no tenía obligación de dar ningún tipo de información, porque
ellos eran una Sociedad Anónima. Lo consideramos una falta de respeto. Y por
eso habíamos presentado un amparo que el 10 de noviembre del año pasado,
después de un largo recorrido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
fallo ejemplar, dijo: ‘La información no es del Estado. El pueblo de la Nación Argentina
tiene derecho al acceso a la información pública’. Y ordenó a YPF entregar una
copia del contrato”. https://www.youtube.com/watch?v=RKgt2ueKtY4
La sorpresa que brindó
dicha conferencia de prensa, es que el PIA firmado el 16 de julio de 2013,
entre YPF y Chevron, no es en realidad un Proyecto de Inversión, sino un
contrato de préstamo entre filiales de dichas petroleras, instaladas en
paraísos fiscales. Si bien se sospechaba que los firmantes del pacto estaban a
nombre de sociedades offshore, lo novedoso es que no se hizo como un acuerdo
entre inversionistas, sino que se trata de un mutuo entre un prestamista y un
prestatario o deudor.
En la figura del
prestamista, aparece “Chevron Overseas Finance Limited”, radicada en las Islas
Bermudas. Mientras que el tomador del dinero es “YPF Shale Oil Investment I
LLC”, registrada en el distrito de Delaware (Estados Unidos) considerada
también como un paraíso fiscal. Esto quiere decir que YPF y Chevron no pactaron
de forma directa este préstamo, sino que interpusieron una serie de
intermediarios instalados en distintas regiones del continente, declaradas como
paraísos fiscales.
Según Giustiniani, el
contrato expone una red de sociedades offshore ligadas a YPF, que hace que la
trama sea realmente enmarañada. YPF SA sería la dueña absoluta de una empresa
denominada “Wokler Investment SA”, radicada en la República de Uruguay, país
sindicado también como paraíso fiscal. A su vez, este holding uruguayo es el
dueño de otra offshore, radicada en las Islas Bermudas, denominada “YPF Shale
Oil Holding Ltd”. Luego, esta misma es la dueña de la primera filial de YPF
mencionada en Delaware, que figura como la tomadora del préstamo que le
concedería la filial de Chevron radicada en el archipiélago del océano
Atlántico.
Además “YPF Shale Oil
Investment I LLC”, es dueña del paquete completo accionario de otra sociedad de
Delaware llamada “YPF Shale Oil Investment II LLC”. Tanto el “Investment I” y
el “Investment II”, manejan a su vez el paquete accionario de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada en Argentina, llamada “Compañía de Hidrocarburo No
Convencional (CHNC) SRL”.
“Esto determina que el ingreso de fondos, que se produce mediante
el Investiment I, vaya hasta CHNC. Y después, lo producido en el 50% de la
concesión que YPF le concede a esta SRL vuelva ese producido hacia arriba a una
cuenta de Nueva York, que por supuesto es de Chevron”, explicó el
legislador de Santa Fe.
Según los analistas,
surgen varios interrogantes a la hora de indagar porqué se armó esa simulación
jurídica de un contrato de préstamo, y la intrincada red de empresas radicadas
en paraísos fiscales implicadas en el mismo. Y la primera respuesta tiene que
ver si se hizo a los fines de la evasión impositiva, ya que el amparo
jurisdiccional para el no pago de impuestos es una de las claves que tienen los
distritos mencionados.
La explicación que por
su parte aportó YPF, es que esa maraña societaria tenía por objeto evitar
embargos por parte de los fondos buitres, que entonces mantenían vivas las
demandas contra Argentina. Al que se suma la penuria de divisas que por esos
mismos motivos aquejaban a Argentina.
Ante la cual puede
pensarse que ese PIA o contrato preliminar, fue la forma rápida de hacerlas
ingresar al país, hasta que se arribaran a acuerdos específicos de asociación y
participación en la explotación de Vaca Muerta. Razón por la cual lo importante
de esos acuerdos no radicarían en el PIA publicadi, sino en los que vinieron
después que se mantienen en secreto, como se verá seguidamente.
Otro interrogante
tiene que ver con la responsabilidad de Chevron sobre el perjuicio ambiental
que se pueda generar en la región de Vaca Muerta. “Porque Chevron no aparece nunca”, señala Giustiniani
en referencia al contrato de inversión. “Si
estamos hablando del fracking, estamos hablando de un método de extracción de
gas y petroleo que esta observado en muchos lugares del mundo, problematizado y
prohibido por contaminación ambiental. En el mismo Estados Unidos, hay estados
que no lo permiten. Y hay un control riguroso por parte de su agencia estatal
de qué tipo de productos se usan en este tipo de actividad”.
Otra cláusula del contrato
es la que que otorga garantías a la hora de girar dólares al extranjero, en
caso de que las leyes nacionales no lo permitan. Esto abre la puerta para que
la transferencias de utilidades se pudieran girar al exterior,
independientemente de las restricciones legales que existían entonces.
Y finalmente, otra
cláusula que se sospechaba estaba en el acuerdo secreto y que ahora quedó
confirmada, es que el Estado Nacional renuncia a cualquier tipo de inmunidad. Y
en caso de alguna disputa judicial con el concesionario (Chevron), será
resuelto en un tribunal de París. Es decir: lo resolvería algún “Thomas Griesa”
con acento francés.
“Acá finalizó una etapa, donde ganó el derecho al acceso de
información. Y empieza una etapa distinta, que es el análisis del contrato; de
ver si los intereses nacionales están resguardados o no”, aclaró
Giustiniani ingenuamente. Afirmando que entregaría copias del acuerdo al
Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, y a la Defensoría
del Pueblo de la Nación, para que se analice minuciosamente, y se tomen medidas
al respecto.
De la punta del iceberg, a lo que se oculta debajo del
agua
El asesor del senador
“Pino” Solanas, Alejandro Olmos Gaona, hijo del recordado investigador de la
deuda externa, fue uno de los pocos que obtuvo una copia del acuerdo. Y afirmó
que además del PIA, “existen otros contratos derivados de este que no se han dado a
conocer, debido a lo cual hay que realizar una nueva demanda judicial, a los
efectos de que se exhiban los mismos”.
La que de concretarse,
seguramente se encontrará con el blindaje legal que le puesto al resto de los
contratos, la flamante ley de supuesta Información Publica. Por su parte la
agencia estatal de noticias Télam, preciso que lo que YPF entregó, es solo uno
de los 26 acuerdos firmados con Chevron para explotar Vaca Muerta, o sea que se
habrían firmado otros 25 acuerdos después de firmado el PIA en julio del 2013.
Télam especificó que
de los 26 documentos, “12 fijan los términos y las
condiciones legales y comerciales de la inversión y operación, mientras que los
14 restantes hacen foco en el cumplimiento de las condiciones contractuales, en
función de las acciones de Chevron”. A su vez en distintas notas,
YPF fue informando a la
Comisión Nacional de Valores (CNV) la firma de esos nuevos
acuerdos. Tal como lo expone la nota presentada el 10 de diciembre del 2013,
que dice:
“… continuando con la información brindada al mercado mediante Hechos
Relevantes del 16 de Julio, 29 y 30 de agosto pasados en relación al tema de la
referencia, informamos que YPF S.A. y algunas de sus subsidiarias y
subsidiarias de Chevron Corporation, han completado exitosamente la
instrumentación de la documentación pendiente para el cierre del Acuerdo de
Proyecto de Inversión, que permitirá el desembolso por parte de Chevron de los
montos totales oportunamente informados, por una suma de USD 940.000.000
(dólares estadounidenses novecientos cuarenta millones) por parte de Chevron,
adicionales a los USD 300.000.000 (dólares estadounidenses trescientos
millones) que ya desembolsara dicha empresa .”
Finalmente, el 22 de
septiembre pasado, YPF informó a la CNV que ese día había entregado el PIA a la
Justicia, en cumplimiento de lo ordenado por ella. Recordando en la nota,
que “este Acuerdo tuvo como objetivo
generar el primer desarrollo de no convencional de la Argentina. Hoy ,
Loma Campana es el segundo
yacimiento más grande de la Argentina y el más grande en el mundo en petróleo no convencional fuera de Estados Unidos.”
Advirtiendo no
obstante que esas entregas no se iban a repetir en un futuro, gracias a la
flamante ley: “La entrega del referido
acuerdo no implica una renuncia de la Compañía a defender sus derechos ante
cualquier otro requerimiento de información y/o documentación confidencial de
la Compañía en el futuro.”
Así gracias al
contubernio entre macristas, kirchneristas, massistas, peronistas,
radicales, lilitos, etc, lo que era un derecho a la información respecto los
contratos de Chevrón, se transformó en un revés. Por lo cual con una música muy
conocida y letra parecida, todos ellos podrían cantar “La marcha de los muchachos crevronistas”, “Todos unidos
triunfaremos, y a Chevron le diremos, un grito de corazón, Chevrón, Chevron,
que grandes sos, sos el primer explotador”.-
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/pro-k-pj-fr-ucr-ari-cc-todos-unidos-encubrir-contrato-chevron/
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