Otra vez soja
MU noviembre 2016
Quita de impuestos a las
exportaciones cerealeras. Desguace del área de agricultura familiar. Falta de
presupuesto para campesinos. Impulso a una nueva ley de semillas, en línea con
el avance del modelo transgénico y de agroquímicos. El gobierno de Cambiemos:
continuidades y profundización de los agronegocios.
Por Darío Aranda (Página/12)
La primera señal clara del rumbo que tomaría el gobierno
de Mauricio Macri con respecto al modelo productivo fue la elección del
ministro, Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex
vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las patas de la
Mesa de Enlace de los empresarios del campo. Segunda pista: el nuevo gobierno
rebautizó el Ministerio. Cambió el nombre histórico, “Agricultura”, por el de
“Agroindustria”, un término propio del sector de los agronegocios, que prioriza
la producción de commodities, exportaciones, agrocombustibles y alianza con
grandes empresas. La composición del Ministerio fue coherente con el perfil del
gobierno: Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, Aacrea), Néstor Roulet
como secretario de Valor Agregado (proviene de CRA), Ricardo Negri como
secretario de Agricultura (Aacrea), Beatriz Pilu Giraudo en la flamante Coordinación
de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación
de Productores de Siembra Directa: Aapresid). A cinco días días de asumir la
presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los
productos agropecuarios y la baja de cinco puntos a la soja (pasó del 35 al
30). Una medida de 10.000 millones de pesos, reconoció el gobierno. Desde el
diario económico El Cronista estimaron una cifra distinta, por ladevaluación:
60.000 millones de pesos.
La secretaría vacía
A l frente de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF)
fue nombrado Oscar Alloatti, con experiencia en gestión en Santa Fe (donde fue
secretario de Agricultura entre 1999-2003). De inmediato comenzó un proceso de
ajuste y despidos. En Jujuy avanzaron sobre los delegados sindicales de la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en Chaco el nuevo delegado
provincial, Gustavo Nuñez (protegido
del ex gobernador y actual legislador radical, Angel Rozas), hizo lo propio,
con despidos masivos y amenazas. Un caso insólito se vive en Santiago del
Estero, donde el referente provincial de la SAF, Carlos Cejas Lescano, está
vinculado con inmobiliarias denunciadas por vender ilegalmente predios de
familias campesinas. Desde la conformación de la Secretaría (en 2014), los
trabajadores organizados en ATE exigieron el fin de la precarización laboral,
pases a planta permanente y presupuesto para el sector. El entonces secretario,
Emilio Pérsico (Movimiento Evita), nunca dio respuestas satisfactorias. Hubo
paros, movilizaciones y mesas de diálogo, pero no llegaron las soluciones. El
macrismo aprovechó la precarización, redobló la apuesta y comenzó con los
despidos.
El plenario de delegados de ATESAF en septiembre pasado se
reunió en Buenos Aires. Denunciaron que la gestión Buryaile-Alloatti
despidió 250 trabajadores. “El gobierno viene atacando las políticas y derechos
de la agricultura familiar mediante el cierre de programas y reparticiones,
recorte presupuestario, despido de trabajadores y judicialización”, denuncia el
largo escrito firmado por los delegados gremiales. Los propios trabajadores del
Ministerio de Agroindustria cuestionan que el gobierno “garantiza beneficios y
políticas públicas para los grandes dueños de la producción y la tierra
(agronegocios), en desmedro de campesinos, indígenas y agricultores
familiares”. Exigieron la aplicación de la Ley de Agricultura Familiar, más presupuesto
para el sector, reincorporación de los trabajadores despedidos y alertaron
sobre la quiebra de las economías regionales. Tanto los trabajadores de la
Secretaría como las organizaciones rurales sostenían que Alloatti no decidía la
política para el sector y que nunca daba respuestas. El 12 de octubre se hizo
pública su renuncia. No habló con la prensa. Su equipo solo dejó trascender que el
motivo fue la falta de presupuesto. En Paseo Colón 982, sede del Ministerio,
también mencionaron las disputas con el sector más PRO del gobierno. La
importancia asignada al área quedó en evidencia con la decisión posterior: a un
mes de la renuncia de Alloatti, la Secretaría de Agricultura Familiar se
mantiene acéfala.
Los CEOs pioneros
El ministro de Ciencia, Lino Barañao, no fue el único
funcionario que el macrismo acogió en su gobierno. Martín Lema, director de
Biotecnología en el Ministerio de Agroindustria también dejó las banderas del
Frente Para la Victoria y se
mantiene en el cargo. Incluso su área fue ascendida a dirección nacional, con
planificación de mayor estructura y presupuesto. Lema tiene gran influencia en
el aspecto clave del modelo agropecuario: la aprobación de transgénicos, ya que
está al frente de la
Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio
fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas de soja, maíz,
algodón y papa. La Conabia fue creada en 1991 por Carlos Menem. Su composición
fue secreta hasta fines de 2014, cuando se filtró su composición: 47
integrantes, de los cuales más de la mitad (27) pertenecen a las grandes
compañías de semillas (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Ledesma, y sectores
empresarios como Aapresid). Quedó en evidencia lo insólito: las empresas que
venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Otros dos hechos que tanto
el gobierno anterior como el actual permiten: el Estado no hace estudios
propios sobre los transgénicos. SÓlo “analizan” los trabajos de las empresas y
los validan. Y los expedientes de aprobación de transgénicos son secretos. Nadie
(ni organizaciones sociales ni académicos ni productores o consumidores) pueden
acceder a la información básica de aprobación de transgénicos.
En un claro conflicto de intereses, Martín Lema escribió
en 2014 un “paper científico” junto a miembros de las mismas empresas que debe
controlar. Desarrollo de construcción basada en criterios de evaluación de
riesgo para cultivos, es el nombre de la investigación. Entre
los firmantes están (además de Lema), Clara Rubinstein y V. Cuadrado
(Monsanto), Griselda Noe (Syngenta), María Pía Beker (Bayer), Silvia Lede
(Basf) y Cecilia Roca (Dow Agroscience). Todos ellos tienen también distintos
cargos en la
poderosa Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), espacio
que reúne a todas las grandes empresas del sector. En marzo el actual gobierno
dio luz verde, además, a un nuevo maíz transgé- nico de la multinacional
Pioneer-Dupont , que conlleva el uso de dos agrotóxicos:
glifosato y glufosinato de amonio. Se anunció que en breve se aprobarán otros
cuatro transgénicos. Germinando patentes res compañías controlan el 60 por
ciento de las semillas: Monsanto-Bayer (29,3 por ciento), Dow-Dupont (21,3) y
Syngenta-ChemChina (9,2). Exigen desde hace años una nueva ley de semillas en
Argentina, que contemple “regalías extendidas”: no quieren solo cobrar al
momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas. Esto
implica limitar el uso propio, práctica milenaria que implica sembrar, cosechar
y con esas semillas obtenidas volver a sembrar.
En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett
Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con
el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías. La agencia oficial Telam señaló que entre los ejes del encuentro se
discutió “que se transparente el mercado de semillas y se pague por la
tecnología lo que se tiene que pagar”. Brett Begemann destacó: “Fue una buena
reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y
tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema
confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el
cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”. El
viernes 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria envió una gacetilla de prensa
titulada El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso. Afirmó que se
busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio
remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos
necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de
regularizar el mercado de semillas”. No fueron convocados ni se escuchó la
opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al
modelo, ni consumidores. En el Congreso Nacional también existen proyectos de
ley presentados por el Frente Renovador, la Asociación de Semilleros Ar -
gentinos (ASA) y la
Federación Agraria.
El control de la
cadena
Medio centenar de organizaciones sociales, campesinas,
ambientales y sectores académicos conforman la Multisectorial contra la Ley Monsanto de
Semillas. “Expresamos nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier
modificación de la ley vigente”, señala el documento emitido el 18 de octubre y
denuncia que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria “es
producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones
transnacionales y los grandes productores”. Precisa que el nuevo proyecto busca
limitar el derecho al “uso propio” (y obligar a pagar regalías) y alerta que
se pretende “instalar un sistema policial de persecución de los
agricultores, en el cual el Estado asume la tarea de trabajar para las corporaciones vigilando y controlando toda la cadena productiva”. La Multisectorial
recuerda que las semillas fueron cuidadas y mejoradas genéticamente durante
miles de años por pequeños agricultores y rechazan que, por la sola modificación
de un gen, una compañía pueda apropiarse del trabajo e historia de
generaciones. “Rechazamos de manera absoluta la posibilidad de cualquier tipo
de patente sobre la vida”, explicaron. Para quienes creen que sólo se trata de
un debate entre empresas y sectores del agro, la Multisectorial recordó un
hecho básico: “Quien controla la semillas, con - trola la alimentación”.
Los reclamos
Desde el 10 de diciembre cambió drásticamente el contexto
para algunas organizaciones campesinas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena y la
Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino formaron
parte de la gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar, con Emilio
Pérsico al frente. También había buen diálogo y articulación con el Frente Nacional Campesino y con sectores del Movimiento Agroecológico de América Latina.
En 2014 lograron -con impulso también del Foro de la Agricultura Familiar-
la aprobación de la Ley 27118, llamada de “reparación histórica” para las
familias campesinas, que contempla políticas activas para el sector. Pero en
un hecho insóli - to, los propios legisladores del kirchnerismo le sacaron a
último momento el artículo 33 que estipulaba un presupuesto de 1.500 millones
de pesos anuales. “Sin presupuesto, no hay ley”, denunciaron las organizaciones
mediante un comunicado. Se llegó a un acuerdo. “El ministro de Agricultura,
Carlos Casamiquela, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich,
anunciaron que el presupuesto del proyecto de Ley de Agricultura Familiar será
de 1.500 millones de pesos y lo regla mentará el Ejecutivo de manera inmediata”,
afirmó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura el 15 de diciembre
de 2014. La
presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca reglamentó la
ley de reparación histórica. Tampoco le asignó el presupuesto prometido. El 15
de septiembre pasado se reunió el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena, un espacio reconocido oficialmente como asesor de la Secretaría de
Agricultura Familiar, creado por el anterior gobierno y en el que participan
muchas de las organizaciones que acompañaron al kirchnerismo. “El sector está
siendo seriamente perjudicado por las decisiones políticas del Gobierno”,
afirma el documento firmado por la Asamblea Campesina
Indígena de Norte Argentino, el Movimiento Nacional Campesino
Indígena, el Foro de la
Agricultura Familiar , el Movimiento Campesino Liberación, la Unión Argentina de
Pescadores Artesanales y el Movimiento Agroecológico de América Latina, entre
otros. Cuestionaron el quite y baja de retenciones a productos del agronegocios
y denunciaron el vaciamiento de políticas para el sector campesino. Las
organizaciones exigen la urgente reglamentación de la Ley N ° 27118 (de Agricultura
Familiar). “Es de suma urgencia que se tomen medidas con fondos específicos
para atender las necesidades de nuestros productores”, plantearon los
campesinos.
Verdura al asador
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) es una
organización con - formada por familias productoras de alimentos del Gran La
Plata, Berazategui, San Vicente, Luján y Escobar. Trabajan pequeñas parcelas,
de hasta cuatro hectáreas, y sufren el asedio de barrios privados y
especuladores inmobiliarios. El 14 de septiembre protagonizaron un hecho contundente:
un “verdurazo” en Plaza de Mayo, cuando entregaron veinte mil kilos de verduras
a quienes se acercaron. Esa acción directa logró poner en primer plano los
reclamos de agricultores familiares y campesinos ante el gobierno nacional. La
UTT, que también había realizado medidas similares durante el kirchnerismo,
reclamó precios justos para los productores rurales y apuntó a una de las
causas del problema estructural: la tierra en poca manos. “Constitúyese el
Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar
como política de desarrollo económico y social, cuyo objeto es facilitar el
acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras para la agricultura
familiar”, señala el primer artículo del proyecto de ley presentado por la UTT
en el Congreso Nacional. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile,
cuestionó el reclamo de la UTT: “En vez de regalar verduras en Plaza de Mayo
que vayan a vender a la feria”. Y vol - vió a dejar en evidencia para qué
sectores se gobierna: “Para nosotros las retenciones deben desaparecer. El
compromiso del presidente Macri es bajar las retenciones, las vamos a bajar
(más) porque entendemos que es un mal impuesto”. Buryaile también anunció
que el plan del gobierno es aumentar el 50% la producción agrícolo-ganadera
para 2020, lo que implica avanzar sobre nuevos territorios y una película
conocida: más desmontes, desalojos rurales y más uso de agrotóxicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario