México: El crimen
organizado opera como brazo armado de las mineras en Guerrero
10 de noviembre de 2016
10 de noviembre de 2016
Para las mineras
resulta más sencillo operar en tierras despobladas que lidiar con asambleas
ejidales y comunitarias, así que los ejidos fueron dispersados"
En la sierra de Guerrero, entre la Costa Grande y la Tierra Caliente ,
decenas de poblados y núcleos ejidales se encuentran abandonados o en poder de
la delincuencia organizada. Están prácticamente deshabitados, salvo por los
pobladores que aceptaron o fueron obligados a trabajar para los criminales.
Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María
Morelos y Pavón (Centro Morelos), con sede en Chilapa, Guerrero, describe la
situación con elocuencia.
Señala que detrás de esta condición están los
intereses de las empresas mineras, tanto trasnacionales como nacionales. La
delincuencia organizada opera como brazo paramilitar de ellas. Aunque no existe
un registro completo de los afectados, se trata de centenares de familias en
circunstancias trágicas, muchas de ellas dispersas en la entidad, el resto del
país o en Estados Unidos.
En la llamada región Sierra de Guerrero hay
comunidades deshabitadas por completo, en los municipios de San Miguel
Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Coyuca de Catalán, refiere
Olivares. La Laguna, por ejemplo, se encuentra deshabitada desde 2011. Lo mismo
en las partes serranas de la
Costa Grande , en los municipios de Petatlán, Coyuca de
Benítez y otros.
Entrevistado por La Jornada, Olivares destaca
sin ironía alguna: Casualmente, en todas esas localidades existen varias
concesiones mineras que no se habían podido instalar a causa de los ejidos y
poblados que se resistían. Casi todos los ejidos que actualmente sufren
ocupación de la delincuencia organizada se habían negado a titular sus parcelas
con los programas de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos (Procede) y el de Certificación de Derechos Comunales (Procecom) del
gobierno.
Para las mineras resulta más sencillo operar
en tierras despobladas que lidiar con asambleas ejidales y comunitarias, así
que los ejidos fueron dispersados. Comisariados y delegados ejidales han huido
con sus familias, al igual que los demás ejidatarios o comuneros. Muchas veces
dejan atrás la documentación del territorio que tienen. En los hechos se
volvieron tierras desocupadas, algunas hace más de cinco años. De acuerdo con
la ley, si nadie las habita ni trabaja, se consideran abandonadas.
Un caso: Guajes de Ayala. Salieron casi todos,
incluidas sus autoridades. Ahora no tienen documentos que prueben su calidad de
ejidatarios. Pero “no toda la gente dejó los anexos. De 16 mil hectáreas, sólo
5 mil están sin dueño. En las otras, la gente que se quedó paga ‘impuesto’ o
trabaja para las organizaciones criminales”, agrega el director del Centro
Morelos, el cual lleva decenas de casos de desaparición en la región, todos en
el contexto de la invasión de la delincuencia organizada. Las familias que
buscan a sus hijas e hijos suman decenas.
“Las mujeres son un verdadero botín de guerra.
Ahí ve uno a las muchachitas viviendo con los narcos. Las mujeres y los
niños son los que más sufren; no queda ningún código de honor, ningún derecho.
Los hombres y jóvenes sirven para el sicariato, cultivan
amapola o mariguana, les trabajan”.
Olivares expone que otro factor de esta
situación desesperada es “la lucha entre las organizaciones criminales por el
control de territorio y la ‘necesidad’ que tienen de mayores extensiones de
tierra. Y como también requieren mano de obra, incorporan la población al grupo
o le exigen recursos económicos. Por eso tantos se van; es insoportable”.
La dispersión de las comunidades llega ser
total. Algunas decenas de familias se han refugiado en otros municipios de
Guerrero. Pero son incontables las familias que migraron a Michoacán, Jalisco,
Baja California o Estados Unidos, y ahora son jornaleros. El Centro Morelos
trabaja ahora con grupos de nueve, 16 o 34 familias desplazadas en la misma
entidad, que reclaman sus tierras y el derecho a vivirlas y trabajarlas.
A la pregunta de si se trata de comunidades
indígenas, Manuel Olivares responde terminante: No lo son. Los lugares
abandonados estaban habitados por campesinos mestizos o pueblos que dejaron sus
lenguas y costumbres hace tiempo. Resulta más fácil que ellos abandonen sus
ejidos. Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión diferente respecto de la
tierra y la oposición a las minas y la delincuencia organizada. En las
comunidades indígenas de la Montaña, la Sierra y la Costa se han formado
policías comunitarias para contener la delincuencia y la minería.
Así, las comunidades indígenas se defienden y
no abandonan tan fácil sus lugares en estas y otras regiones de Guerrero,
también asoladas por la delincuencia y codiciadas por las mineras.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_El_crimen_organizado_opera_como_brazo_armado_de_las_mineras_en_Guerrero
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