La explotación se perfecciona
Cinco años de una
desaparición impune
8 de noviembre de 2016
8 de noviembre de 2016
Por Darío Aranda (Página/12)
Daniel Solano fue a cosechar fruta a Río Negro
y terminó desaparecido tras protestar porque no le pagaban lo acordado.
Familiares y organizaciones sociales denuncian una red de complicidades que
incluye a la Justicia y la
empresa. Hoy habrá una protesta en Choele Choel.
Daniel Solano, del pueblo guaraní de Salta, viajó como trabajador
a la cosecha de fruta a la provincia de Río Negro para una empresa tercerizada
de la
multinacional Expofrut. Vivía hacinado y la paga no fue la acordada. Reclamó
sus derechos y comenzó a organizar a sus compañeros. Desapareció al día
siguiente, luego de que la policía lo golpeara y subiera a una camioneta. Nunca
más se supo de él. La familia denunció a la empresa, a policías, al fiscal y al
juez, por la inacción en la investigación. Un testigo señaló dónde estaría el
cuerpo, pero el Poder Judicial demora la búsqueda desde 2014. A cinco años de su
desaparición, hoy habrá actividades en Choele Choel con una consigna: “Daniel
Solano presente”.
Solano vivía en
Tartagal (Salta), formaba parte de la comunidad guaraní Cherenta. En 2011 viajó
con una veintena de personas hasta Lamarque (en el valle medio del río Negro).
Y comenzó a trabajar en la cosecha de manzana y pera para la empresa Agrocosecha
(que tercerizaba trabajo para la multinacional Expofrut ).
El viernes 4 de noviembre de 2011 le hicieron el primer pago, por 20 días de
trabajo. Le habían prometido 200 pesos por jornada, pero sólo le entregaron 870
pesos (43 pesos por día).
Reclamó al capataz.
Avisó a sus compañeros sobre el pago, y la necesidad de pedir reintegro. Por la
tarde llamó a su padre (Gualberto), conversó sobre la familia y avisó que el
lunes reclamarían el reintegro. Esa noche fue junto con sus compañeros al
boliche Macuba (en la
vecina Choele Choel ). A las 3 de la mañana fue sacado por los
policías. Los testigos aclararon luego que no hubo disturbio ni situación que
ameritara que lo echaran.
“Está probado por
decenas de testigos que lo sacan y entregan a otros policías, que están fuera,
lo golpean y se lo llevan en una camioneta. Lo asesinan y desaparecen”, afirmó
el abogado de la familia, Leandro Aparicio (que trabaja con su colega Sergio
Heredia).
La versión oficial de la empresa Agrocosecha
es que Solano se fue a Neuquén en busca de otro trabajo. El padre de Daniel
viajó a Choele Choel. La compañía le brindó asistencia de una abogada (María
Cecilia Constanzo), que intentó convencerlo (incluso con falsos testigos) de
que su hijo estaba en Neuquén.
El involucramiento de
otros abogados y de organizaciones sociales y personas del lugar, mostró otra
realidad. Afirmaron que los policías actuaron por orden de la empresa, el
fiscal (Miguel Flores) no investigó y la jueza (Marisa Bosco, del Juzgado 30 de
Choele Choel) actuó en el mismo sentido de inacción.
Gualberto Solano y el
abogado Heredia dejaron Salta y se instalaron en Choele Choel. Nació un acampe
en pedido de justicia, que se mantiene aún hoy. Luego de meses de
investigación, denunciaron una red de complicidad que incluía a más de 30
personas: policías, jueces, fiscales, dueños del local bailable, empresarios y
falsos testigos. Los acusaron de abuso de autoridad e incumplimiento de los
deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, apremios
ilegales seguidos de muerte y falso testimonio.
En 2012, y por acción
de un juez subrogante (Víctor Soto), se ordenó el procesamiento y detención de
siete policías, que (según diferentes testigos y pruebas) intervinieron en la
noche de la
desaparición Solano. La familia denunció que no se avanzó con
el resto de los responsables (comisarios, miembros del Poder Judicial y los
dueños de la
empresa Agrocosecha Argentina , Pablo Andrés Mercado Navarro, Gustavo Lapenta y Adrián Lapenta).
En 2015, cuando se
cumplieron tres años de prisión sin condena, los policías fueron liberados.
“Siguen procesados, con muchos testigos que confirman las torturas. Y esos
mismos policías van armados, en El Bolsón algunos y otros por las mismas calles
donde desaparecieron a Daniel”, explicó Andrea Alán, de la organización Familiares
y Amigos de Daniel Solano. Alán resumió las sucesivas injusticias: “Policías
que desaparecen a trabajadores, empresas que hacen trata de personas, fiscales
que no investigan, jueces que no quieren justicia”.
En 2014, mediante un
testigo de identidad reservada, se aportaron pruebas de que el cuerpo de Solano
estaría en un jagüel (pozo profundo para obtención y reserva de agua), a 15 kilómetros de
Choele Choel, en un campo donde solía verse a policías. El juez Julio Martínez
Vivot, en base al testimonio de un “jagüelero” (trabajador que hace
mantenimiento de pozos) desistió de buscar por supuesto “riesgo de derrumbe”.
La familia de Solano
pidió otra opinión. El geólogo Walter Ovejero viajó desde Salta y confirmó que
se podía bajar hasta los 80
metros de profundidad, con recaudos. Dos peritos
provinciales apoyaron la
evaluación. Pero el juez Martínez Vivot se negó.
“En el medio se
mandaron una jugada judicial de disputar dónde queda la causa, si en el ámbito
provincial o en el federal. Mientras, la causa está frenada desde hace dos
años”, denunció el abogado Aparicio y resaltó otros aspectos de la causa:
fraude laboral, trata de personas y narcotráfico. El expediente está en la Corte Suprema de
Justicia de Nación.
Gualberto Solano, que
estuvo meses en el acampe, reclamó en Plaza de Mayo y estuvo en el borde del jagüel,
tiene un solo pedido: “Quiero el cuerpo de mi hijo para llevarlo a nuestra
comunidad en Salta”.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218864
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