Demo-cidio
Publicado el: 25 de noviembre de 2016
Por Raúl Prada Alcoreza
El democidio vendría a ser el asesinato
de la población. No es exactamente un genocidio, tampoco un etnocidio,
aunque a la larga parezca serlo o termine siendo; pues se trata de población, del asesinato
de la población. No así de la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un
contingente social, dados por motivaciones raciales, políticas o religiosas,
como en el caso del genocidio; tampoco de la destrucción de
un conjunto étnico, así como de su cultura, como en el caso del etnocidio.
Sino de la población; concepto referencial del biopoder. Intervención de estructuras de poder en la corporeidad
extensa demográfica, ocasionando efectos en masa, cuantitativos y estadísticos.
Un Estado puede ser genocida, en un caso, o etnocida, en otro caso; también democida,
en el tercer caso; el que nos interesa analizar, considerando comportamientos
singulares de un
gobierno y los otros órganos de Estado, así como parte de la sociedad civil,
que es prácticamente cómplice de este democidio; cuando avala la demagogia de un gobierno, que encubre una
flagrante irresponsabilidad ante la atención de necesidades vitales de la población.
La crisis del agua en cinco regiones de Bolivia,
particularmente agudizada en las ciudades, ha develado el comportamiento
democida del
gobierno, del Congreso, del órgano judicial, del partido oficialista, incluso,
de la llamada “oposición”. Unos, al secundar la desatención, la desidia, la irresponsabilidad gubernamental y de las instituciones públicas
encargadas; otros, al enfrascarse en debates irrelevantes y banales, que caen
fuera del tiesto; que no tocan la médula del problema; tampoco ayudan a
orientar soluciones adecuadas.
Como el refrán del cojo
que echa la culpa al empedrado, el presidente dice que la crisis
del agua se debe al cambio
climático. Lo del cambio climático se sabe, por lo menos, hace más de
tres décadas, sino es mucho más; la conducta indolente de estados, gobiernos, organismos,
nacionales e internacionales, también es conocida durante este lapso.
Este es el contexto del problema, si se quiere, la estructura
del problema de lo
que llamaremos, rápidamente, causa; pero, de aquí, no se puede
deducir, ni siquiera inocentemente, que la desatención al problema singular de la crisis
del agua en ciudades
y cinco regiones del país, se debe al contexto estructural del cambio climático. Esto es lavarse
las manos, dejando el agua sucia, como lo ha hecho EPSAs, la empresa estatal
del agua, al cerrar los grifos del flujo del agua a los barrios, y volverlos a
abrir, entregando a la población,
en cuotas módicas, por cierto, insuficientes, agua contaminada, que es lo mismo que
decir, agua envenenada.
A la población sedienta no se le satisface con golpes
en el pecho, con arrepentimientos, con escenas teatrales compungidas, sino con soluciones
certeras, adecuadas e inmediatas; además, estratégicas y orientadas
al largo plazo. En las gestiones del “gobierno progresista” lo que ha
preponderado ostensiblemente es la ineptitud de su burocracia,
de sus directores, de sus empresas, de su gabinete y del Congreso, sumándose
los actos delictivos del
Órgano judicial. No es otra cosa, no solo su concomitante y cómplice conducta
de encubrimiento, sino su abuso de autoridad, el empleo de la violencia simbólica y también violencia
descarnada en
persecuciones inauditas a los que se considera oponentes al gobierno, no solamente de los
partidos de la “oposición”, sino dirigentes de organizaciones sociales y de las naciones
y pueblos indígenas. Lo grave radica no solamente en esta actitud
delictiva de jueces y magistrados, sino también, obviamente, de la fiscalía
general, sino en el ocultamiento avieso de las fechorías del gobierno, de
la estructura de poder del
gobierno. Solo tomando algunos pocos ejemplos; los Contratos de operaciones,
que son, en efecto, la desnacionalización de los hidrocarburos,
al entregar el control técnico a las empresas trasnacionales,
implican un atentado a la soberanía del Estado, a los recurso naturales,
propiedad del pueblo boliviano; que cuantitativamente denota una excesiva
millonaria perdida. La Ley
Minera , es una traición a la patria, tipificada por la
Constitución, al convertir a Bolivia, a sus normativas promulgadas, en un paraíso
fiscal y financiero para
las empresas trasnacionales extractivistas. Sin contar delitos velados de
sobreprecios en las plantas separadoras; en compras de barcazas, que nunca
llegaron; en concesiones de mega-proyectos, que nunca terminaron de efectuarse,
o no se materializaron como corresponde, como es el caso de San Buenaventura.
Sin mencionar sobreprecios en carreteras; además de decidir, inconsultamente,
contra todo criterio técnico, establecer la planta de fertilizantes en el
Chapare y no en Puerto Suarez, cerca de la fuente de energía y del
mercado. Todos estos delitos de envergadura son cubiertos por el Órgano
judicial y la Contraloría.
Volviendo a la crisis
del agua, lo que sobresale no solamente es la inoperancia de la empresa estatal del agua, sino
su absoluta decidía ante el problema, que podríamos llamar la crisis
del agua anunciada, con gran anticipación; además, ahora, entrega a la población agua contaminada. El último discurso del presidente,
como dijimos, es culpar al cambio climático de lo que ocurre.
El presidente del
Congreso pidió que los de EPSAs se vayan a su casa; el presidente destituyó sólo
a los máximos directores, dejando toda la empresa como estaba antes; llena de
gente incorporada políticamente, que no cuenta con formación técnica para
ejercer su tarea encomendada. Si bien ingresaron, en vez de los directores
destituidos, dos técnicos, que fueron antes desalojados por el “gobierno
progresista” y el partido oficialista, no están en condiciones de solucionar
tamaño problema de la crisis del agua. Haciendo eco del
pedido del presidente del Congreso, todos los que no cumplen con su tarea
deberían irse a su casa; esto incumbe a
gobernantes, a la burocracia estatal, al Congreso, al Órgano judicial; así como
también a la llamada “oposición”, que sigue enfrascada en inútiles escaramuzas,
a las que se acostumbró la clase política en la historia
política de Bolivia. No se puede seguir en el mismo círculo
vicioso del péndulo
rutinario de la rotación
del poder, dibujado
por los “oficialistas” y “oposición” de hoy, u otros “oficialistas” y
“oposición” de mañana; sobre todo, ante problemas de mayúscula amenaza de la población.
Por otra parte, lastimosamente,
parte del pueblo es
cómplice, aunque no lo quiera, de lo que pasa; pues deja hacer a los
gobernantes lo que hacen; ejercer el poder de la manera más indolente. O en su
caso, incluso, parte de esta parte de la población expresa un comportamiento adulador,
apologista o directamente cómplice, al apostar por semejante decadencia.
Fuente: http://www.bolpress.com/2016/11/25/demo-cidio/
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