El mejor
alumno
8 de abril de 2018
Siguiendo la línea impuesta
por la
administración Macri , el gobernador de Río Negro, Alberto
Weretilneck, ya inició su propio plan de ajuste sobre los trabajadores del
Estado. El anteproyecto enviado esta semana a ATE y UPCN ofrece un 70% del
básico y en cuotas a aquellos agentes que adhieran al retiro voluntario. La
intención de Weretilneck es reducir en dos tercios
la planta del Estado.
Por En estos Días.
El plan de retiros del Estado elaborado por el
Gobierno de Juntos Somos Río Negro es analizado por los gremios, pero UPCN ya
expresó su rechazo con fuertes críticas.
En el anteproyecto, que el Ejecutivo se
apresta a enviar a la Legislatura, se fija un adelanto al contado en el momento
de adherirse al régimen y un monto restante en cuotas iguales y consecutivas.
De la antigüedad de cada trabajador dependerá la liquidación final.
La iniciativa rionegrina contempla tres
modalidades diferentes: un “plan de retiro voluntario”, un “plan de retiro
anticipado” y un “plan de retiro para agentes mayores”, e involucra a los
trabajadores incluidos en las leyes 1844 y 1904 (profesionales de la salud) de
los tres poderes del Estado provincial, sus reparticiones u organismos
centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado
rionegrino, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado.
Podrán optar por el retiro aquellos
trabajadores de planta permanente que hayan ingresado al Estado provincial con
anterioridad al 1 de enero de 2016.
Pero los gremios ponen la lupa especialmente
sobre el plan de retiros dirigido a los agentes que aún no tienen la edad para
ingresar al sistema previsional, y que refleja, además, el pedido expreso del
presidente Mauricio Macri.
La intención de Weretilneck es reducir en dos
tercios la planta del Estado. Tal como lo estipula el anteproyecto, el Gobierno
solo podrá incorporar un agente por cada tres que se retiren. Todo lo cual se
traduce en achicar la administración provincial para equilibrar el déficit, sin
un estudio de impacto sobre el crecimiento demográfico y la necesidad de los
servicios del Estado en este sentido.
Aquellos que se acojan al sistema de retiro
voluntario además no podrán volver a trabajar en la administración pública como
funcionarios o empleados, ni tampoco como prestadores de servicios tercerizados
bajo contrato de locación por el término de diez años.
A modo de ejemplo, una simulación realizada
por la Mesa Directiva
de UPCN, muestra que un agente estatal con 10 años de antigüedad, encuadrado en
la categoría 12 de la ley 1844 y con un sueldo neto de 16.450 pesos por mes,
recibirá al retirarse una indemnización de 63.660 pesos, y el saldo en 16
cuotas de 15915 pesos, sin actualizaciones por paritarias, salario familiar ni
aportes previsionales.
Este cálculo se realiza sobre el 70% del
salario percibido, más la antigüedad, aproximadamente 4.400 pesos para el caso
analizado.
Siempre tomando como referencia los sueldos de
los trabajadores de la ley 1844, el 70% del neto teórico para la categoría 1
(la más baja) sería de 13.684 pesos, y la más alta (18) de 23.934 pesos. De
aprobarse el proyecto, estos serán los importes sobre los cuales deberán
calcularse las indemnizaciones.
El régimen de retiro voluntario que ofreció la
provincia es igual al nacional en cuanto al número de cuotas. Este estipula que
quienes tengan entre 2 y 4 años de antigüedad no cobrarán indemnización y sólo
recibirán 6 sueldos. Quienes tengan entre 4 y 6 años de antigüedad, cobrarán 2
sueldos como indemnización y 8 cuotas consecutivas.
Aquellos agentes que tengan entre 6 y 8 años
de antigüedad recibirán 3 y 12 cuotas respectivamente; para los que tengan
entre 8 y 10 años de trabajo en el Estado provincial serán 4 y 16 cuotas;
mientras que los que superen los 10 años de antigüedad obtendrán 6 y 24 cuotas,
según el caso.
Para los retiros anticipados y de agentes
mayores, el plan prevé en su escala de indemnizaciones un máximo de 12 sueldos
al momento del retiro y hasta 36 cuotas consecutivas, siempre sobre el mismo
cálculo: 70% de la remuneración neta mensual, sin aguinaldo, salario familiar
ni horas extras.
En la argumentación del proyecto del Gobierno,
dado a difusión por la
Mesa Directiva de UPCN previo a su ingreso a la Legislatura,
se acude al eufemismo de “modernización tecnológica” para no mencionar la
palabra “ajuste”, mucho más precisa, y se alude a presuntos deseos atribuidos a
los propios empleados “que se han dado cuenta de que sus intereses y
preferencias se encaminan por un carril distinto” (vale decir, que estarían
felices de abandonar sus trabajos) y eso “colisiona con el Compromiso Federal
para la Modernización del Estado”.
Por supuesto, nunca se mencionan los
crecientes niveles de desempleo ni de recesión de la actividad privada.
Sin alternativas, crecerá el desempleo
Arrastrada por la baja en la producción y
comercialización de la industria minera (con base en los hidrocarburos), la
región patagónica fue la que registró una mayor caída del empleo formal durante
2017.
En Río Negro, además, la crisis fruti
hortícola, víctima de las condiciones del mercado interno y el abandono del
Estado ayudó a profundizar el magro desempeño, completando una pérdida del 2,7%
del trabajo registrado en términos interanuales 2016/2017.
Pero los tiempos políticos cambian, y en ese
escenario es curioso que el propio gobernador Weretilneck haya sido el
principal promotor de los ingresos de agentes al mismo Estado que hoy quiere
reducir.
Por ejemplo, durante el primer semestre de
2017 se registraron 7 ingresos por día hábil a la administración provincial,
que se sumaron a los 56.580 empleados que ya había a fines de 2016. Cuando el
gobernador inició su gestión a fines de 2011 los agentes estatales totalizaban
47.322.
Este año, también el titular de la Asociación Personal
Empleados Legislativos (APEL), Alejandro Gatica, le recordó
al Presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, que aún está pendiente el pase
a planta de los trabajadores de ese Poder y de los organismos descentralizados.
No obstante, Río Negro se encuentra en el
registro de la media nacional, con una incidencia del 22% del empleo público
sobre la población económicamente activa. Es además la provincia con menor
porcentaje de empleados públicos de la Patagonia, con un 22%, contra el 29% de
Tierra del Fuego, el 31% de Neuquén o el 41% de Santa Cruz, de acuerdo a datos
del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (Cippec).
Nación dio a conocer su plan de retiros la
semana pasada y Río Negro será una de las primeras provincias en sumarse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario